quarta-feira, 26 de junho de 2013

El incendio político en Brasil




En las dos últimas semanas las calles de Brasil se han incendiado. Como en todo incendio, el comportamiento de las llamaradas es imprevisible, y para el entendimiento de los hechos, puede que sea ocioso entretenernos tan solo con juicios de valor, apasionadamente abrasados, sobre la naturaleza o el rumbo de las ellas. Lo único cierto, aunque asimismo unos no lo crean, es una trágica pragmática finalista: fuego quema.No se sabe hasta el momento si el fuego se extinguió efectivamente o si el pretendido trabajo del rescoldo apuntalado por la presidente Dilma va a ser eficaz. Tampoco se sabe, dado lo inesperado y lo indomesticado del fenómeno, si el fuego se va a prender otra vez. Por todo esto, nos parece sugerente tomar en serio este signo, para quizá alumbrar mejor las ideas. La figura del incendio quiere servirnos aquí para una hermenéutica provisional que puede ser útil al entendimiento, incluso en la inevitable ingenuidad de sus metáforas. Así que, en lugar de que nos ofusquemos con la imponderable fenomenología de los ardores, quizá nos valga algo la físico-química del fenómeno.
Lo más analíticamente sencillo que sabemos acerca de él es que, para que empiece, se necesita la presencia simultánea de los tres componentes del así llamado “triángulo del fuego”: combustible, comburente y calor (o energía de activación). Para que la combustión siga adelante se requiere una reacción en cadena, que sostenga la quema. La condición de combustible no es ontológica, es decir, una cosa no existe necesariamente para quemarse. Ninguna sociedad, grupo o clase social (o incluso las calles) existe para precipitarse en esta suerte de reacción química, sin embargo, ella es siempre una posibilidad, para cualquier materia que sea. Es el comburente, en reacción con la materia del combustible, que lo hace quemar. Frente a la política, el fuego es algo demasiado sencillo: su comburente universal es el oxígeno. Pero lo que es lo más sencillo en uno, puede ser lo más complejo en otro.
Así que, empecemos por el combustible. Una enormidad de periodistas ha hablado de la juventud, así no más, en seco. Como yo prefiero las relacionas causales en lugar de los fetiches conceptuales ―ya Marx nos acordaba de que cuando uno se agarra al fetiche de las mercancías se olvida de los procesos sociales de producción―, me quedo con la lección de Bourdieu, de que la juventud es tan sólo una palabra [1]. Otra gente, pretendidamente más prudente, se fue a buscar los misterios de la sociología incendiaria en otro imponderable conceptual: las clases medias. A la rancia imagen de la pequeña burguesía se le agregó en unos cuantos análisis el estrato novedoso de los recién alzados al mundo del consumo ―hay que acordarse que el desarrollismo petista tuvo por principio e intención, en sus diez años de vigencia, producir más consumidores, y tan sólo por alguna casualidad secundaria, más ciudadanos. El argumento de las nuevas demandas (por servicios públicos) del mundo clasemediero añadidas a las nuevas frustraciones de la vieja clase media es una especie de actualización de la fórmula del liberal Alexis de Tocqueville, de que las revoluciones ocurren cuando las cosas están mejorando y no cuando la crisis se extiende [2]. Pero, en lo que tiene de imponderable, no deja de ser una fórmula mágica. Mágica, tan sólo. En realidad, tanto juventud cuanto clase media no son necesariamente buenos combustibles. Son materia inerte como madera: cuando bien remojaditas no prenden fuego. El combustible puede ser una enormidad de cosas, y las podríamos sintetizar bajo el término “la gente”, en la que alguna (trabajadores, jubilados, indígenas, estudiantes, barriales, homosexuales, etc, etc, etc), por contextos más específicos, puede que se encuentre particularmente predispuesta, como madera seca. Como cualquier materia puede oxidarse a la escala inflamable, el nudo de la cosa no está en el combustible por sí sólo, sino en las condiciones ambientales que disponen comburente y calor frente a él.
El calor o “energía de activación” es probablemente el componente de la combustión más fácil de identificarse, por medio de una suerte de conteo de factores de deflagración. Es lo más visible, es lo que se siente en la piel. El primer de ellos es la intensidad de utilización de un nuevo canal de comunicación: las (o mejor, ciertas) redes sociales digitales. No se trata de disponer del Facebook (o, más bien, del Twitter), se trata de tener armada ahí una red de comunicación eficaz. Hace pocos años, antes del Facebook, la sociabilidad digital en Brasil giraba alrededor del Orkut. Hoy día si se convoca una protesta por Orkut, nada va a pasar.
En el último día 19, el presidente del directorio estatal (provincial) del Partido de los Trabajadores (PT) de San Pablo, en una de las características autocríticas burocráticas de las que los dirigentes del partido suelen hacer ―a veces por cambiar algunas cosas para que todo siga igual―, acusó a su partido de no haber sido capaz de reconocer a los “movimientos sociales generados por la integración virtual” [3]. Desde hace un par de años que los ideólogos del campo de la izquierda en Brasil se han agarrado a la panacea sociológica de los “nuevos actores” (o “nuevos sujetos”), olvidándose por entero de las (viejas) relaciones. Ahora, reviviendo a Marshall McLuhan, fetichizan también a los medios como generadores de “nuevos” mensajes. Así como la gente de El Alto utilizó a los móviles, hablando por ellos en aymara, para administrar las comunicaciones del movimiento que llevó a la derrocada del presidente Gonzalo Sánchez de Lozada en el 2003, los canales y los medios sirven como elementos funcionales, no generan por sí solo sentidos y mensajes; abren un espacio de comunicación, pero la inteligibilidad y la legitimidad de los mensajes no son intrínsecos al canal. El medio NO ES el mensaje. La crítica más bien burocrática y tecnicista del dirigente del PT puede que tenga que ver con estrategias de comunicación (o propaganda) del partido, pero no con “movimientos sociales”.
En el caso de las manifestaciones de las últimas semanas en Brasil, quién generó los textos de los mensajes fue el llamado Movimiento Pase Libre (MPL), pero la semántica (o la gramática) de estos mensajes ha sido progresivamente amalgamada desde 1990, cuando Luiza Erundina, alcaldesa de la ciudad de San Pablo por el PT, puso en marcha los primeros estudios sobre la subvención social del transporte urbano. La causa siguió su curso, se agrandó en la vieja agenda histórica del PT hasta ser marginada por el partido en su proceso de acobardamiento político, institucionalizándose fuera de él, como movimiento, a lo largo de varios foros sociales que ocurrieron en Brasil, llegando a albergarse finalmente en pequeños partidos de izquierda. No hace sentido el dirigente del PT hablar de “nuevos movimientos”. Éstos movimientos ya son viejos conocidos del PT. Muchos, sino la mayoría o casi totalidad de ellos, son parte de la propia constitución histórica del partido.
Pero sí, en lo que toca más bien a la “energía de activación” del fuego, la intensidad del uso de ciertas redes sociales le dio su calentamiento inicial. Sin embargo, el detonador máximo de la combustión no parece haber sido otro que la indignación de la población frente a la violenta represión policial que se desató junto con la infame arrogancia, la afrentosa prepotencia de los grandes medios en tratar a una manifestación de la ciudadanía como una amenaza a (su) orden. Como una suerte de termodinámica social (¡esto es tan sólo una metáfora!), mucho de la energía desatada tiene que ver con la energía imprimida, es decir, con la percepción del significado de la violencia y su reconocimiento en un contexto de violencias sistemáticas.
Pero tanto este contexto cuanto la existencia de un mensaje acerca de derechos sociales forman más bien parte del componente que metafóricamente llamamos “comburente”, es decir, tiene que ver con el oxígeno social que se respira. Aquí es donde lo que es sencillo en la naturaleza, se vuelve complejo en la política.
Para producir una reacción en una materia polifacética en principio inerte, el comburente debe agarrarla por medio de muchos radicales libres. Por evidente, para algo sirven los radicales, aunque mucha gente no crea en la química. En los últimos años, en Brasil, se han acumulado los reactivos. Esto, en realidad es un truismo de toda política. Como las dinámicas sociales son multicausales, no hay previsión correcta, y las interpretaciones son siempre, irremediablemente, posteriores a los hechos. Ahora podemos comprender mejor a los reactivos. Lo que sí sería una tontera política es, en nombre de alguna testarudez ideológica, no aprender con ellos. El revés, de otra parte, sería la teoría del caos cómodamente llevada al paroxismo de la incomprensión. En los últimos días el ex sociólogo y ex presidente Fernando Henrique Cardoso intentó explicar los acontecimientos por su “teoría del cortocircuito”, de los años ’70, por la que cualquier cosa puede pasarse si hay un montón de variables en el aire. Esta preciosa perla teórica es característica de la genialidad sociológica del ex presidente. A los liberales les encantan las fórmulas mágicas, como la teoría de la utilidad (no importa si general o marginal); estas fórmulas que fetichizan a los elementos y se desentienden de las relaciones (de todo orden, no sólo económicas) que sostienen los procesos sociales. Intentemos, por consiguiente, poner algunas cosas en relación.
El primer fenómeno que me resulta notable fue urdido por el fisiologismo político de los partidos tradicionales, que se tragó al PT en el momento en que éste depositó sus fichas políticas en la gobernabilidad y descuidó de representar a los movimientos sociales que le habían dado origen. Esto fue el ápice del proceso de burocratización del partido gubernista, que comenzó hacia 1996, con el intento de transformarlo ante todo en una máquina de ganar elecciones. Las ganó al precio de su alma. A la pérdida de su capital político de origen, la burocracia dirigente se vio obligada a darle otro en que se estribara. Éste fue construido sobre dos movimientos realizados en el ejercicio del poder:
1. la inclusión económica de los más pobres, bajo la condición de nuevos consumidores, lo que agrandó cuantitativamente la economía (pero no cualitativamente), lo que implicó la apertura de nuevas fronteras de explotación económica sobre los recursos naturales (que van de las nuevas reservas de petróleo a las tierras de Amazonía);
y 2. la demarcación de un espacio político cautivo y discursivamente sobredeterminante en el campo progresista, definido más bien por la negativa: si se sale el PT, la derecha vuelve con sus programas concentradores, con la alienación masiva del patrimonio público y con su obediencia al consenso de Washington, que va sacar a Brasil del Mercosur, de Unasur, de cualquier posibilidad de construcción de una comunidad política sudamericana y de un relativo protagonismo diplomático en un escenario global multipolar.
Hay que reconocer que este último discurso no es tan sólo un fantasma cómodo. La experiencia pasada y las sistemáticas declaraciones presentes de los representantes de la derecha lo aseveran con bastante contundencia. Esto se explica por una razón muy sencilla: este discurso es exactamente lo que ellos (la derecha) no son; eso se les presenta como una exterioridad; es la otredad que no les hace sentido ni cobra razón.
Sin embargo, el resultado de estos dos movimientos es que el PT, que se preciaba por ser un partido de masas, con una relación orgánica con los movimientos sociales, se volvió un partido casi netamente electoral, en los términos de la democracia formal, en donde la militancia histórica y las representaciones sociales se fueron quedando progresivamente alejadas de las instancias de decisión estratégica, vinculadas más bien por viejas pasiones, ni tanto por nuevos desafíos. Por fin, el PT se fue volviendo un partido “como otro cualquiera”, en que pese a su tonalidad algo más rojiza en el espectro de las tiendas partidarias. Y como “otro cualquiera” pasó a subordinarse mansamente al juego de las viejas zorras del fisiologismo partidista. La política para esta fuerza dejó de ser algo que el viejo PT siempre había cultivado que fuera: invención. El analista Marcos Nobre llamó “peemedebismo” [4] a este fenómeno de deglución del PT, que ocurrió bajo el paradigma de su gran partido aliado (¿ ? ), el PMDB: a igual modo que el fenómeno de la “democracia pactada” de los años neoliberales en Bolivia, la política partidaria resulta ser una indistinción que pasa a operar en los términos de una gramática clientelar de los despachos. El condominio del poder se cerró, y las fuerzas vivas de la mediación social se quedaron fuera de él. El saldo que se fue acumulando de todo esto a lo largo de un decenio resultó ser un déficit de ciudadanía. En este momento, como en el 2003 en Bolivia, la lógica clientelar parece demostrar su límite en las protestas que se desprenden a lo largo del país. Si el enemigo del clamor popular no carga ahora de forma tan evidente el marbete de neoliberal, su lógica político-institucional es bastante similar. En este caso, el gobierno Dilma tiene suficiente apoyo para encontrarse todavía muy lejos de un colapso masivo, como ocurrió con el gobierno de Sánchez de Lozada, pero la diferencia, puede que sea tan sólo de grado. Como en aquella ocasión, las protestas expresan con bastante contundencia que la siniestra opacidad de las prioridades administrativas anda codo a codo con el reconocimiento de su hijo natural, la corrupción ― aunque aquí ésta tenga que ser algo relativizada.
Al parecer, el gobierno Dilma cree todavía que la respuesta a esto es la de siempre: una operación técnica suficiente y eficaz, una cuestión tan sólo de perfeccionarse la gestión. Una prueba de esta clase de actitud ha sido dada en el último día 20, un día antes de que la presidente hiciera su discurso público en cadena nacional acerca de las manifestaciones. Uno de los termómetros del alejamiento del PT de los movimientos sociales es la política indigenista del gobierno Dilma. En nombre de alianzas sospechosamente convenientes con el agro business y los terratenientes, las demarcaciones de tierras indígenas (que jurídicamente son tierras del Estado) no sólo se han prácticamente paralizado en Brasil como empezaron a encontrar una serie de obstáculos institucionales y administrativos puestos por el propio gobierno sobre su propio órgano indigenista. Además, las señales políticas emitidas por ministros y secretarios del gobierno han dejado a los terratenientes muy a gusto para incrementar las presiones y conflictos locales con grupos indígenas, produciendo varias muertes, en especial en la conflictiva región de Mato Grosso. En el día 20, el secretario de gobierno de Dilma anunció con gala que la presidente había autorizado a que se comprara no se sabe qué tierras en este Estado para que fueran entregadas a los indígenas [5]. Estricta solución técnica puntual. Por evidente, necesaria en un cuadro dramático. Sin embargo, el problema no se ciñe a entregar a los indígenas, en situación de emergencia, campos agricultables donde vayan a plantar yuca, en una suerte de asilo agrario. Se trata de reconocer sus derechos constitucionales, sobre todo a los territorios ancestrales de reproducción cultural, es decir, a sus espacios de memoria, en contra de la lógica de la producción. Y en cuanto a esto, nada se cambió en el cuadro de la política indigenista de Dilma. Éste es un ejemplo del déficit de ciudadanía todavía creciente, mientras el actual gobierno del PT no alcanza pensar en términos políticos, sino en términos estrictamente tecnocráticos.
De otra parte, la bronca de los manifestantes contra “todos los políticos” ha sido alimentada no sólo por la opción del PT de encerrarse en el condominio fisiológico del poder del Estado. Aquí, la derecha, a través de los grandes medios, ha sido bastante eficaz en coronar discursivamente el alejamiento y hermetismo de la burocracia dirigente del partido, su “peemedebización”, con el estigma difuso y general de la corrupción. En realidad, en ningún otro gobierno como los del PT, la corrupción ha sido combatida de forma tan sustentada e institucionalmente aprestada. Por eso mismo, se ha hecho más visible. A la paradoja hay que añadir los aliados inconvenientes, sobre todo cuando tienen un pasado por demás sospechoso.
Sin embargo, la operación mediática clave se ha dado sobre un juicio, en instancia judicial exclusiva, que condenó por corrupción a varios dirigentes del PT. El juez relator del caso, Presidente de la Suprema Corte, sustrajo del proceso una enormidad de pruebas que contrariaban su interpretación condenatoria y las reservó a un proceso aparte, sin trámite y prontamente clasificado como sigiloso [6]. Las demás pruebas de inocencia de los reos que él no se había dado cuenta y que quedaron en el proceso, fueron sumariamente desechadas en el juicio [7]. La cantidad de pruebas sustraídas que eximen a los reos es de tal orden que se puede decir que este juicio ha sido la más grande farsa judicial de la historia del país. Hubo sí, a lo que todo lleva a creer, un crimen electoral de omisión contable de recursos, como hubo en el caso de los partido de derecha. Con todo, los procesos de los partidos de derecha en cuanto a esto, aunque hayan sido formados, fueron hábilmente bloqueados por el Judiciario, con la ayuda del mismo Presidente de la Suprema Corte [8], que hace dos meses recibió una condecoración del ya candidato a presidente por la derecha en las próximas elecciones [9].
No obstante, toda la escenificación condenatoria, bombardeada por los medios con una intensidad no antes vista, ha servido para el linchamiento moral de los reos, como forma de condenar por corrupción toda la fuerza política a la que pertenecían y echar todo el condominio del poder federal a una misma fosa común. El mesianismo político de la “limpieza moral” ha sido uno de los tonos de las manifestaciones callejeras de las últimas semanas. Sin embargo, y esto hay que notarse, no se trata de un componente aislado. Es un componente que entra en sintonía con el déficit ciudadano que, de su parte, da consistencia a la burda simplificación con que este mesianismo opera. En el momento en que él empezó a agrandarse, en la marcha del 20 de junio realizada en San Pablo, que recibió el aporte organizado de grupos de extrema derecha, los medios dieron particular destaque al hecho de que el candidato a presidente preferido de los marchistas era... el Presidente de la Suprema Corte. Así como lo hicieron en el 88/89 con Fernando Collor, los grandes medios otra vez parecen enfrascarse en buscar a un “salvador de la patria”.
Al estrechamiento del campo político, al secuestro de los espacios de mediación, de intervención y contestación, a los sentimientos difusos de que “ellos no nos representan” y “está todo viciado”, hay que añadir la experiencia cotidiana del desamparo (servicios públicos de educación y salud de pésima calidad), de la autoridad arbitraria y discrecional de las normas urbanas y de la acción policial (a las que se debe agregar la lógica de la precedencia comercial en las exigencias de la FIFA para los eventos futbolísticos, en desmedro de los valores afectivos de la gente), en fin, la experiencia de todas estas pequeñas (¿?) violencias cumulativas que pueden hacer de la vida urbana en Brasil actualmente algo muy exasperante. Todos estos factores, unos reforzándose a los otros, han servido de comburente para el incendio que se desató en las calles en las últimas semanas. Yo quise leerlos bajo la metáfora del comburente porque el combustible es la propia gente. Las calles son tan vivas cuanto la gente que pasa por ellas. Y las razones que las hace mover, a veces furiosamente, es el oxígeno de la vida política. En la víspera del partido entre Brasil e Italia por la Copa de las Confederaciones, realizado en Salvador de Bahia, el periódico italiano La Gazzetta dello Sport estampó en la portada una inmensa foto de las manifestaciones pala ilustrar su llamada “Italia-Brasile nel caos”. Lo que ellos llaman “caos” nosotros llamamos “democracia”.
Muchos analistas se han quedado mirando las llamaradas, condenándolas como una conspiración de la derecha, lastimándose de sus efectos, apasionándose irreflexivamente por su naturaleza ígnea, sin llegar a querer comprender cualquier cosa más sobre el fuego.
Hay tres modos de apagarse un incendio: o se quita el combustible, o se quita el comburente, o se quita el calor. En cuanto a quitarse el combustible, esto me acuerda la imagen de la guerrilla como un pez en el acuario. La guerrilla es el pez; la gente local, el agua. Si no se puede agarrar el pez, se saca el agua para matarlo. Este método Estados Unidos probó en Vietnam, con ráfagas de napalm. Después fue utilizado contra las guerrillas de Guatemala y Perú. En democracia, los métodos norte-americanos no son aplicables. Así que nos queda dos métodos: el resfriamiento (quitarse el calor) y el ahogo (quitarse el oxígeno). Si la represión policial sigue en los niveles de bestialidad que se han visto, la temperatura va a seguir alta. En cuanto al comburente, bueno, esto puede ser lo mejor o lo peor de la política. Lo peor es el bluf, las soluciones bonapartistas, lo tacaño del tecnicismo, la tentación de resolvérselo todo por la presumida ilusión de la gestión y de las ingenierías, lo que puede ser no más que aplazar los problemas. Lo mejor es volver a hacer de la política el arte de la invención, en el sentido más grande y osado que esto comporta.
Notas
[1] Bourdieu, Pierre [1978] 1984. “La ‘jeunesse’ n’est qu’un mot”. In: Questions de sociologie. Paris, Éditions de Minuit, pp. 143-154.
[2] Tocqueville, Alexis de [1856] 1952. L’ancien régime et la Révolution. Paris, Gallimard.
[3] http://www.valor.com.br/politica/3169234/para-presidente-do-pt-paulista-partido-nao-soube-interpretar-protesto
[4] http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/o-peemedebismo-por-marcos-nobre
[5] http://www.midiamax.com.br/noticias/856926-dilma+diz+ministro+autoriza+compra+terras+para+resolver+conflito+indigena+sidrolandia.html
[6] http://www.jornalggn.com.br/blog/joaquim-barbosa-e-antonio-fernando-de-souza-esconderam-provas-que-poderiam-mudar-julgamento-do-%E2%80%9Cmensalao%E2%80%9D
[7] http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/60318-acusacao-e-defesa.shtml
[8] http://www.novojornal.com/politica/noticia/mensalao-mineiro-5-anos-mais-antigo-nao-sera-julgado-em-2013-01-01-2013.html y http://www.novojornal.com/politica/noticia/comecam-a-aparecer-as-ligacoes-de-azeredo-com-joaquim-barbosa-27-05-2013.html
[9] http://noticias.r7.com/brasil/barbosa-recebe-medalha-de-aecio-e-cala-sobre-mensalao-mineiro-22042013
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

EUA - Estado paranoico

Estado paranoico



Uno no querría describirlo así porque suena desorbitado, pero ahí están las pruebas: entre las administraciones de George W. Bush y las de Barack Obama, Estados Unidos se ha vuelto el gobierno más paranoico del mundo y hoy lo es mucho más que en los tiempos del macartismo y de la guerra fría, cuando poseía, al menos, argumentos verosímiles –aunque no necesariamente verdaderos– para mantener a millones de personas, estadunidenses o no, bajo un régimen de vigilancia estrecha y secreta: en aquellos tiempos la confrontación entre las superpotencias tenía entre sus perspectivas la del cataclismo nuclear o destrucción mutua asegurada (MAD, por sus siglas en inglés) y era propagandísticamente fácil dividir al mundo en buenos y malos. Ese telón de fondo dio a Washington pretextos para espiar y hostigar a individuos tan ajenos a una bomba atómica como Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes, por ejemplo.

En los años 90 del siglo pasado tuvieron lugar dos fenómenos que habrían debido reorientar en forma radical la política exterior y la estrategia de seguridad estadunidenses: la desaparición del bloque soviético y el inicio de la masificación de Internet. El primero hacía obsoleta tanto la fuerza armada como la enorme infraestructura mundial de vigilancia y espionaje montada por Washington y la segunda conllevaba dos reglas de signo contrapuesto: si por un lado la proliferación de nodos de Internet facilitaba la tarea de espiar a los usuarios, por otro colocaba en un nivel de gran vulnerabilidad una gran cantidad de secretos de Estado, toda vez que éstos, de una forma u otra, irían a parar a contenedores (servidores) conectados a la red mundial.

Pero, en vez de redimensionar a la baja sus fuerzas ofensivas y de vigilancia, la Casa Blanca, entonces a cargo de George Bush padre, optó por proyectar a Estados Unidos como superpotencia única, autoerigida en promotora de un nuevo orden mundial de matriz neoliberal. Esta decisión se tradujo, en el ámbito del espionaje electrónico, en la reorientación de los sistemas de inteligencia de señales (Signint) hasta entonces usados para espiar a la URSS y sus aliados, cuyo conjunto se conoce popularmente como Echelon. Operado por los integrantes del Acuerdo Ukusa (EU, Inglaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda), actualmente es empleado para monitorear señales satelitales, telefónicas, celulares y de microondas, lo que pone a sus operadores en posibilidad de espiar el contenido de toda suerte de mensajes. En diversas ocasiones se ha señalado que Echelon es usado por sus socios como mecanismo de espionaje industrial y comercial que ha sido aplicado contra la Unión Europea. Ya en 2001 un informe del Parlamento Europeo recomendaba a ciudadanos y corporaciones del viejo continente que usaran sistemas de encriptación en sus telecomunicaciones, a fin de evadir la vigilancia ilegal por medio de Echelon (http://goo.gl/BVwRn).

En el ámbito interno, la FBI instaló en 1997 un software conocido como Carnivore (DCS1000) para monitorear los intercambios de correo electrónico en territorio estadunidense. Tres años más tarde la Electronic Frontier Foundation presentó un documento al Congreso, en el que señalaba los peligros del sistema y la respuesta de la FBI fue que no había motivos de preocupación, porque el programa permitía a las autoridades distinguir entre las comunicaciones que pueden ser legalmente interceptadas de las que no. Durante el gobierno de George W. Bush, Carnivore fue remplazado por NarusInsight, software desarrollado por una subsidiaria de Boeing de origen israelí.

Los programas de espionaje masivo dados a conocer el mes pasado por Edward Snowden se refieren a llamadas telefónicas dentro y fuera del territorio estadunidense (Verizon, Sprint y At&t), así como la intromisión mundial en correos electrónicos, chats, videos, fotos, videoconferencias y transferencias de archivos, e involucra a las compañías Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Paltalk, Youtube, Skype, Aol y Apple. De acuerdo con lo revelado por Snowden, el gobierno de Washington ha espiado por igual a estadistas, universidades, empresas y ciudadanos privados de un sinnúmero de países.

Uno de los problemas obvios de esa red de espionaje es que su operación requiere de grandes cantidades de personas. Hoy, casi 5 millones de personas –tanto empleados públicos como personal de empresas contratistas– tienen acceso a información confidencial y secreta del gobierno de Washington, en tanto que un millón 400 mil empleados gubernamentales tienen acceso a información clasificada como ultrasecreta. La debilidad estructural del sistema es evidente.

En cuanto a su debilidad política y moral, nada la ilustra mejor que el hecho de que el gobierno de Obama haya presentado contra Snowden cargos por... espionaje.

Fuente: http://www.jornada.unam.mx/2013/06/25/opinion/026a1mun

África - Do Consenso de Washington ao Consenso de Pequim

Mapas chinos en África

El Viejo Topo


La reciente celebración, en la ciudad sudafricana de Durban, de la quinta cumbre del grupo de países denominados BRICS ha inaugurado un nuevo escenario donde sus miembros han anunciado con claridad su intención de trabajar por un nuevo orden internacional. El encuentro tuvo por objetivo la discusión sobre el desarrollo y la industrialización, junto a la cita con los países del continente impulsada por la Unión Africana; no en vano, la conferencia se celebró bajo el lema de la “cooperación con África”. Estuvieron presentes el sudafricano Jacob Zuma, la brasileña Dilma Roussef; Vladímir Putin, el nuevo presidente chino, Xi Jinping, y el indio Manmohan Singh.Muchas cosas han cambiado desde la primera cumbre (que se celebró en la ciudad rusa de Yekaterinburg, en 2009) de unos países que, si bien tienen grandes diferencias entre sí, comparten en lo esencial el rechazo al actual sistema financiero internacional, al predominio norteamericano en las instituciones surgidas en la postguerra mundial, y a unas relaciones económicas que fuerzan a utilizar el dólar estadounidense como moneda de pagos y de reserva internacional, y que, en fin, defienden el papel de la ONU como garante de la paz y árbitro de las disputas, frente a la política de fuerza que han llevado a cabo Washington y algunas naciones europeas como Gran Bretaña y Francia. En suma, los cinco países de Durban postulan un sistema multilateral que rompa con las inercias del pasado y sea más equilibrado entre viejas y nuevas potencias. Su creciente protagonismo, incluso, ha llevado a Egipto a solicitar su incorporación, aunque los BRICS no piensan en articular una organización convencional, una nueva estructura internacional añadida a las existentes, sino en impulsar acuerdos de desarrollo desde las diferencias entre los cinco países.
No faltan, pese a ello, las voces que califican a los países BRICS como “cómplices del neoliberalismo” que, supuestamente, refuerzan el poder norteamericano, y la construcción de infraestructuras que llevan a cabo en África es considerada el requisito imprescindible para una nueva “explotación neocolonial” de las riquezas mineras y de hidrocarburos, en una suerte de nueva Conferencia de Berlín (en referencia a la celebrada en la capital prusiana en 1885). Curiosamente, muchas de esas críticas expresadas desde la izquierda coinciden con las difundidas por los grandes medios de comunicación internacionales que amplifican el discurso de Washington y de Bruselas, sin que esa izquierda tenga en cuenta que la mayoría de los BRICS no apuesta, hoy, por un modelo económico alternativo al capitalismo, con la excepción de China, que mantiene su propio camino al socialismo. Eso explica la actuación de las empresas de esos países, que buscan el fortalecimiento de sus economías nacionales, y que, en general, actúan con criterios de rentabilidad. El papel de Putin es el de portavoz de la nueva burguesía rusa; Jacob Zuma es el valedor de la nueva identidad del Congreso Nacional Africano, una compleja aglomeración de fuerzas donde conviven la nueva burguesía negra enriquecida, como la que representa Cyril Ramaphosa, vicepresidente del CNA, y el alma de izquierdas de la lucha contra la segregación racial; la India del Partido del Congreso defiende también una visión neoliberal, escindida entre la vieja relación con Moscú, la atracción por el rápido desarrollo chino y la desconfianza histórica hacia Pekín, y los cantos de sirena de Washington; y el Brasil de Lula y Roussef (ésta, con orígenes guerrilleros) apuesta por el desarrollo nacional y la visión de Brasil como potencia regional con intereses mundiales, rasgo que le distancia y le enfrenta a Estados Unidos. China continúa defendiendo su condición de país socialista.
En Durban, China y Brasil suscribieron un acuerdo para la utilización de sus propias monedas en los intercambios comerciales, convenio que puede estimular una dinámica de relación económica con otros países, en detrimento del dólar norteamericano. China se ha convertido en el principal socio comercial de Brasil. La cumbre sudafricana acordó la creación de un banco para el desarrollo que dispondrá de un capital inicial de 50.000 millones de dólares, aunque su definitiva puesta en marcha se dejó al examen posterior, y la idea de crear un Fondo Anticrisis dotado de 100.000 millones de dólares se pospuso, en una muestra de las complejas relaciones entre los BRICS. El banco de desarrollo (una idea del gobierno hindú) impulsado por el foro de Durban pretende convertirse en una alternativa al Banco Mundial y al FMI, según indicó el ministro brasileño de Hacienda, Guido Mantega, y su objetivo sería el fomento de las infraestructuras. También fue abordada la creación de una agencia de calificación de riesgos que permita escapar al monopolio norteamericano en ese campo: aunque China dispone de la Dagong Global Credit Rating, son las tres agencias norteamericanas (Standard & Poor'sMoody's y Fitch Rating) quienes controlan más del noventa por ciento de la actividad, con enormes repercusiones económicas y financieras.
Las posibilidades del grupo BRICS fueron subrayadas por Putin: dispone del cuarenta por ciento de la población mundial, de casi el treinta por ciento de la producción, y crece de forma notable, mientras los países del viejo G-7 permanecen estancados en la crisis. Además, aumenta la colaboración en iniciativas científicas, tecnológicas y de investigación y desarrollo del cosmos, proyectos médicos (India, por ejemplo, produce medicamentos baratos y de buena calidad), y el grupo ha decidido impulsar el crecimiento en África, la transferencia de tecnología, y la concesión de créditos al desarrollo. De igual forma, el creciente comercio entre los países miembros, utilizando sus monedas y no el dólar, contribuirá decisivamente al debilitamiento de la moneda norteamericana; sin olvidar, por ejemplo, que China puede contribuir de forma decisiva a la urgente construcción de las infraestructuras indias, una de las principales debilidades de la India.
Esos intereses comunes no deben hacer olvidar que el grupo BRICS está compuesto por países con sistemas muy diferentes y que tienen evidentes puntos débiles, por no hablar de notorias contradicciones. Sudáfrica, por ejemplo, votó en 2011 junto a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU para autorizar los bombardeos de la OTAN sobre Libia. Pese a ello, la articulación de los BRICS y la apuesta conjunta por una nueva arquitectura política y económica mundial es una excelente noticia, y aunque Rusia, India, Brasil y Sudáfrica no discuten muchos de los aspectos de la globalización impuesta por Occidente, y mantienen dependencias económicas con los principales países capitalistas, mantienen una cierta autonomía financiera respecto del sistema mundial controlado por Washington, Londres y Bruselas. No es así para China, cuyo sistema financiero y bancario es enteramente público, y que ha sido capaz de construir una estructura industrial que está, sustancialmente, en manos del Estado. El sistema nacido en Bretton Woods recibe así la indicación de que su tiempo termina: tanto el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el papel del dólar, y la propia hegemonía de Estados Unidos y de Europa, son cuestionados de forma abierta.
La cita de los BRICS en África imponía la agenda de la reunión, porque los problemas africanos no admiten espera, y el interés de esas potencias emergentes en el continente negro abre nuevas posibilidades, aunque también muchos riesgos. La ronda de Doha no avanza en la solución a los problemas agrícolas, y, cincuenta años después de las independencias, las abundantes riquezas del continente no han servido para cambiar sustancialmente la pobreza africana, pese a mejores parciales y al retroceso del hambre. Pese a todo, en los últimos años, la tasa de crecimiento africana ha alcanzado el cinco por ciento, aunque el modesto punto de partida limita el desarrollo.
China, la principal potencia de las que se reunieron en Durban, tiene un protagonismo evidente en el futuro de África, y el primer viaje al exterior de Xi Jinping ha sido revelador: Rusia y África (Tanzania, Congo-Brazzaville y Sudáfrica). Además, la asociación estratégica entre Moscú y Pekín se ha consolidado: Andrey Denisov, viceministro ruso de Asuntos Exteriores, enfatizó que todas las fuerzas políticas rusas están de acuerdo en fortalecer la relación con China, lejos ya de las apocalípticas e interesadas profecías occidentales sobre una “invasión amarilla” en Siberia. Xi Jinping, que comienza su mandato, ha sido criticado en medios informativos internacionales y cancillerías occidentales por haber mostrado su pesar por la desaparición de la Unión Soviética, y por sus frecuentes citas de Mao.
Las relaciones africanas con Pekín se iniciaron en los años de Bandung, y, hoy, China se ha convertido en el principal socio comercial de África: en 2011, la cifra de intercambios alcanzó casi los 170.000 millones de dólares, con un crecimiento espectacular: se ha multiplicado casi por veinte en el plazo de la primera década del siglo XXI. En conjunto, Sudáfrica protagoniza casi la tercera parte de los flujos comerciales con Pekín. China está hoy presente en prácticamente todos los países africanos, aunque la envergadura de los proyectos y de las inversiones depende de muchos factores, y otorga créditos a bajo interés para el desarrollo económico; más de dos mil empresas chinas trabajan en infraestructuras, construcción, minería, energía. China es, desde 2009, el principal socio del continente africano, y no es una casualidad que la incorporación de Sudáfrica (la economía africana más dinámica) al BRICS fuera propuesta por Pekín. India y Brasil tienen también una significativa y creciente presencia en el continente negro: Brasil, por ejemplo, está explotando uno de los yacimientos de carbón más grandes del mundo (en Tete, Mozambique) a través de la multinacional carioca Vale, una de las compañías mineras más grandes del mundo, y las comunidades indias en África son un creciente estímulo para las empresas hindúes. Los intercambios económicos entre China y África son cada año mayores: en 2012, el comercio entre ambos llegó ya a los 200.000 millones de dólares, y el programa de créditos chinos a países africanos, previsto hasta 2015, supera los 20.000 millones de dólares.
África es un escenario de competencia sin cuartel entre las grandes potencias, lo que explica guerras y conflictos, aunque los intereses locales y el papel de caudillos, señores de la guerra y dictadores, juegan también un papel muy relevante. Así, la división del Sudán en dos países no se explica sin los intereses petroleros norteamericanos, y la situación en Nigeria y en Angola, grandes productores de petróleo, no es ajena a la actuación de las multinacionales occidentales. En ese marco, la política seguida por las potencias del BRICS, y, singularmente, por China, es la del pragmatismo y la no injerencia en los asuntos internos, en un complicado equilibrio, pese a que ello obliga a mantener relaciones con presidentes como Yoweri Museveni (protagonista de las rebeliones contra Idi Amin, junto a Nyerere, y contra Milton Obote), reelegido en elecciones fraudulentas, o con el presidente de Zimbabwe, Robert Mugabe, dirigente de la independencia, implicado hoy en flagrantes casos de corrupción, sin olvidar que la Sudáfrica libre de Mandela, Mbeki y Zuma no ha acabado con la corrupción, las matanzas (como la que causó la muerte de treinta y cuatro mineros en la mina de platino de Marikana, en agosto de 2012) y la tortura.
Xi Jinping se reunió con Museveni, presidente de Uganda, así como con Armando Guebuza (dirigente del FRELIMO y presidente mozambiqueño), y con Hailemariam Desalegn, primer ministro etíope y actual presidente de la Unión Africana. Reforzar la cooperación china con Etiopía, Mozambique y Uganda estaba entre las previsiones del viaje del presidente chino. El primer ministro etíope enfatizó que su país confía en China para impulsar su desarrollo, y la cooperación china en Mozambique cuenta con importantes proyectos en infraestructuras, agricultura y energía. El presidente chino anunció que su país formará a treinta mil técnicos y profesionales africanos, y que esa educación irá acompañada de transferencias de tecnología. Durante la visita de Xi Jinping a Tanzania se firmaron acuerdos para la construcción de puertos, hospitales y centros culturales, y el presidente tanzano, Jakaya Kikwete, afirmó: “No dudamos de que China continuará trabajando con el pueblo africano”, al tiempo que calificaba a quienes critican la actuación china en África de estar anclados en los años de laguerra fría.
Tanzania desempeña un papel muy relevante en la estrategia china en África. En septiembre de 2011, el gobierno tanzano propuso a Pekín la construcción de un gasoducto de quinientos cuarenta kilómetros entre las ciudades de Mtwara y Dar es Salaam, a lo largo de la costa del océano Índico, proyecto que supone una inversión de más de mil doscientos millones de dólares sufragada con un crédito bancario chino. El acuerdo para el desarrollo firmado con Tanzania supone inversiones por valor de 10.000 millones de dólares, aunque las cancillerías occidentales filtraron a los medios de comunicación que el interés de Pekín radicaba en el futuro uso militar de un puerto tanzano. En realidad, la construcción del puerto de Bagamoyo, frente a la isla de Zanzíbar, es una iniciativa civil que pretende el desarrollo comercial. En todo el continente, China construye carreteras, centenares de kilómetros de vías férreas, puertos, colegios y hospitales, explota yacimientos, contribuye al desarrollo agrícola y forma a decenas de miles de nuevos técnicos de países africanos, además de enviar numerosas misiones médicas, dentro de un esquema de colaboración que contempla la búsqueda del mutuo beneficio, como recuerdan los responsables del gobierno chino.
Tras la cumbre del BRICS, Xi se reunió con Denis Sassou Nguesso, presidente congoleño, país que espera desarrollar su infraestructura ferroviaria y sus carreteras con ayuda china: Pekín se ha convertido también en el principal socio comercial del Congo-Brazzaville. Sassou Nguesso (un presidente de orígenes marxistas, y dirigente del Partido Congolés del Trabajo) descalificó las acusaciones occidentales sobre el supuesto “colonialismo” chino, afirmando que los africanos conocen perfectamente el colonialismo por su experiencia histórica. El presidente chino aseguró que su país continuará su colaboración con África, impulsando la paz y el desarrollo, y apostando por un mayor protagonismo del continente en las instituciones internacionales, frente a la marginación a que Occidente sometió a los africanos. Para ello, China cuenta con unas reservas que superan los 3’3 billones de dólares: más que el conjunto de Europa, y el nuevo presidente chino ha puesto de manifiesto que no apuesta por un mundo gobernado por un G-2, Washington y Pekín, como gustaría en la Casa Blanca.
Helen Clark, que fue presidenta del gobierno de Nueva Zelanda, y, hoy, es administradora del PNUD, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mantiene que la cumbre de los BRICS es una oportunidad para África y, también, la muestra de los rápidos cambios en los equilibrios planetarios. Por su parte, Donald Kaberuka, un economista ruandés, presidente del Banco Africano de Desarrollo, ve en la colaboración de los BRICS una magnífica posibilidad de crecimiento para África, aunque Lamido Sanusi, gobernador del banco central nigeriano y hombre ligado a los intereses occidentales, criticaba (en un reciente artículo que publicó en marzo de 2013 en el Financial Times) la actitud de China: “China se lleva nuestras materias primas y nos vende los productos manufacturados. Esta fue también la esencia del colonialismo”. Pese a ello, Sanusi no deja de reconocer que China está creando importantes infraestructuras en África, y no defendía el fin de la relación africana con Pekín. Sin embargo, al criticar el supuesto “colonialismo” chino, Sanusi ignoraba deliberadamente las diferencias de actitud entre el colonialismo occidental y la actuación de Pekín en África: China no dispone de un solo soldado en el continente, no ha incorporado ningún territorio como colonia, y, además, compra las materias primas y los productos africanos, frente al histórico expolio occidental, y se ha convertido en el país del mundo que más créditos concede a los países en desarrollo, sin exigencias económicas y políticas como las que imponen el Banco Mundial, el FMI o Estados Unidos. En contraposición, no hay que olvidar que Occidente invadió África, se apoderó de países enteros, los convirtió en colonias sujetas al poder de la metrópoli, y robó durante décadas las materias primas del continente e impuso formas de conducta regidas por la corrupción y el soborno, por no hablar de que la intervención militar continúa, y que Estados Unidos ha forzado en los últimos años a más de una decena de países africanos (desde Egipto, Marruecos y Argelia, a Kenia, Gambia, Somalia y Sudáfrica) a colaborar con su programa de cárceles secretas y de secuestros extrajudiciales en nombre de la política “antiterrorista”. Las diferencias entre Washington y Pekín son evidentes.
El consenso de Washington ha muerto, aunque su cadáver siga apestando las instituciones internacionales con su fanatismo de mercado y su énfasis en la desregulación y el ataque a los derechos cívicos y a las conquistas sociales de los trabajadores. Frente a ello, el nuevo consenso de Pekín se revela atractivo para buena parte del mundo en desarrollo, y singularmente para África, con sus ideas sobre la planificación centralizada y un rápido desarrollo que si bien tiene inevitables hipotecas del pasado, apuesta por unas nuevas relaciones internacionales, por otro sistema financiero, y por un modelo de conducta que renuncie a la fuerza y a las intervenciones militares. La vieja y dolida reflexión de Julius Nyerere (“No necesitamos ayuda de Occidente. Basta con que levante su bota de nuestro cuerpo”) ilustra todavía la forma en que África busca el futuro, desconfiando de las viejas potencias coloniales y de Washington, y ayudándose con mapas chinos.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

segunda-feira, 24 de junho de 2013

Brasil ¿Un nuevo ciclo de luchas populares?




Las grandes manifestaciones populares de protesta en Brasil demolieron en la práctica una premisa cultivada por la derecha, y asumida también por diversas formaciones de izquierda -comenzando por el PT y siguiendo por sus aliados: si se garantizaba “pan y circo” el pueblo –desorganizado, despolitizado, decepcionado por diez años de gobierno petista- aceptaría mansamente que la alianza entre las viejas y las nuevas oligarquías prosiguieran gobernando sin mayores sobresaltos. La continuidad y eficacia del programa “Bolsa Familia” aseguraba el pan, y la Copa del Mundo y su preludio, la Copa Confederación, y luego los Juegos Olímpicos, aportarían el circo necesario para consolidar la pasividad política de los brasileños. Esta visión, no sólo equivocada sino profundamente reaccionaria (y casi siempre racista) quedó hecha añicos en estos días, lo que revela la corta memoria histórica y el peligroso autismo de la clase dominante y sus representantes políticos a quienes se les olvidó que el pueblo brasileño supo ser protagonista de grandes jornadas de lucha y que sus períodos de quietismo y pasividad alternaron con episodios de súbita movilización que rebasaron los estrechos marcos oligárquicos de un estado apenas superficialmente democrático. Basta recordar las multitudinarias movilizaciones populares que impusieron la elección directa del presidente a comienzos de los años ochentas; las que precipitaron la renuncia de Fernando Collor de Melo en 1992 y la ola ascendente de luchas populares que hicieron posible el triunfo de Lula en el 2002. El quietismo posterior, fomentado por un gobierno que optó por gobernar con y para los ricos y poderosos, creo la errónea impresión de que la expansión del consumo de un amplio estrato del universo popular era suficiente para garantizar indefinidamente el consenso social. Una pésima sociología se combinó con la traidora arrogancia de una tecnocracia estatal que al embotar la memoria hizo que los acontecimientos de esta semana fueran tan sorpresivos como un rayo en un día de cielos despejados.La sorpresa enmudeció a una dirigencia política de discurso fácil y efectista, que no podía comprender -y mucho menos contener- el tsunami político que irrumpía nada menos que en medio de los fastos futboleros de la Copa Confederación. Fue notable la lentitud de la respuesta gubernamental, desde las intendencias municipales hasta los gobiernos estaduales y el propio gobierno federal.Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo la lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor que en lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas gubernamentales hacia un nuevo actor social, la juventud, dirigieran su mirada hacia los déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en un amplio abanico de temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía. Plantear que las protestas fueron causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que la Revolución Francesa se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de la zona de la Bastilla habían aumentado en unos pocos centavos el precio del pan. Confunden estos propagandistas el detonante de la rebelión popular con las causas profundas que la provocan, que dicen relación con la enorme deuda social de la democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de la transportación para concurrir a su trabajo equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero esto sólo pudo desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba con la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y racista del acceso a la educación; la corrupción gubernamental (un indicador: la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta causa), la ferocidad represiva impropia de un estado que se reclama como democrático y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente: caso de la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria o los reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes represas en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de “posneoliberalismo” revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu crítico; en el peor, una deplorable sumisión incondicional al discurso oficial.
A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante, incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos, que burlan la voluntad del electorado sacrificando identidades partidarias y adscripciones ideológicas. No por casualidad todas las manifestaciones expresaban su repudio a los partidos políticos. Un indicador del costo fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al erario público que podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo que en Brasil se denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento de una maquinaria meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese “príncipe colectivo”, sintetizador de la voluntad nacional-popular del que hablara Antonio Gramsci. Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población exige infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios básicos que hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de distribuir 729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en el 2012, y está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme cifra habla con elocuencia del hiato que separa representantes de representados: ni los salarios reales ni la inversión social en salud, educación, vivienda y transporte tuvieron la prodigiosa progresión experimentada por una casta política completamente apartada de su pueblo y que no vive para la política sino que vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo.
¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda “política de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador global” en la política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó una sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968. Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el día de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y se estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún mayor. Conviene aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser responsabilidad y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en su hogar no dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la educación y una adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado cuando gasta lo que no tiene en una costosísima fiesta.
La dimensión de este despropósito queda graficado, como observa con perspicacia el sociólogo y economista brasileño Carlos Eduardo Martins, cuando compara el costo del programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de reales, con el que devoran los intereses de la deuda pública: 240.000 millones de reales. Es decir, que en un año los tiburones financieros de Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno, reciben como compensación a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes “Bolsa Familia” por año. Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la Deuda, en el año 2012 el desembolso por concepto de intereses y amortizaciones de la deuda pública insumió el 47.19 por ciento del presupuesto nacional; por contraposición, se le dedicó a la salud pública el 3.98 por ciento, a la educación el 3.18 por ciento y a l transporte el 1.21 por ciento. Con esto no se quiere disminuir la importancia del programa “Bolsa Familia” sino de resaltar la escandalosa gravitación de la sangría originada por una deuda pública-ilegítima hasta la médula- que ha hecho de los banqueros y especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil. Por eso tiene razón Martins cuando observa que la dimensión de la crisis exige algo más que reuniones de gabinete y conversaciones con algunos líderes de los movimientos sociales organizados. Propone, en cambio, la realización de un plebiscito para una reforma constitucional que recorte los poderes de la partidocracia y empodere de verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de auto-amnistía de la dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la turbia génesis de la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el Ecuador). Agrega también que no basta con decir que el 100 por ciento de los royalties que origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del Pre-Sal serán dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida en que no se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo mediante una democrática consulta popular?
Como puede colegirse de todo lo anterior, es imposible reducir la causa de la protesta popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro prever cual será el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno podría volver a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia popular. Más aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y Ecuador demostraron que sus flaquezas y su inorganicidad -como las que hoy hay en Brasil- no le impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor de los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su alianza con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado pronosticar que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría dando comienzo en el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería una reorientación de la política brasileña, lo cual sería una muy buena noticia para la causa de la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.
* Una versión resumida de esta nota salió publicada en la edición dominical de Página/12, del 23 de Junio del corriente año.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Los militares de EE.UU. y la desintegración de África



TomDispatch

Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens

El Golfo de Guinea. Lo dijo sin el menor indicio de ironía o embarazo. Era uno de los grandes triunfos del Comando África de EE.UU. El Golfo… de Guinea.
No importa que la mayoría de los estadounidenses no puedan encontrarlo en un mapa o no hayan oído hablar de las naciones que están en sus costas como Gabón, Benín, y Togo. No importa que solo cinco días antes de que yo hablara con el principal portavoz de AFRICOM, el Economist haya preguntado si el Golfo de Guinea estaba a punto de convertirse en “otra Somalia”, porque la piratería había aumentado un 41% de 2011 a 2012 e iba rumbo a empeorar aún más en 2013.
El Golfo de Guinea era una de las áreas primordiales en África donde “la estabilidad”, me aseguró el portavoz del comando, había “mejorado significativamente”, y los militares de EE.UU. habían jugado un papel importante en lograrlo. ¿Pero qué decía eso sobre tantas otras áreas del continente que, desde el establecimiento de AFRICOM, habían sido devastadas por golpes, insurgencias, violencia, y volatilidad?
Un cuidadoso examen de la situación de la seguridad en África sugiere que está en camino a convertirse en la Zona Cero para una verdadera diáspora del terror puesta en movimiento después del 11-S y que solo se ha acelerado en los años de Obama. La historia reciente indica que mientras las operaciones de “estabilidad” de EE.UU. en África han aumentado, la militancia se ha propagado, los grupos insurgentes han proliferado, sus aliados han tambaleado o cometido abusos, el terrorismo ha aumentado, la cantidad de Estados fallidos ha crecido, y el continente se ha desestabilizado.
El evento sintomático en este tsunami contraproducente fue la participación de EE.UU. en una guerra para deponer al autócrata libio Muamar Gadafi que ayudó a enviar al vecino Malí, un bastión apoyado por EE.UU. contra el terrorismo regional, a una espiral descendente, provocando la intervención de los militares franceses con respaldo estadounidense. La situación podría empeorar a medida que las fuerzas armadas de EE.UU. se involucran aún más. Ya están expandiendo sus operaciones aéreas en todo el continente, participando en misiones de espionaje para los militares franceses, y utilizando otras instalaciones previamente no reveladas en África.
La diáspora del terror
En el año 2000 un informe preparado bajo los auspicios del Instituto de Estudios Estratégicos del U.S. Army War College examinó el “entorno de la seguridad africana”. Aunque mencionaba “movimientos internos separatistas o rebeldes” en “Estados débiles”, así como protagonistas no estatales como milicias y “ejércitos de señores de la guerra”, no mencionó el extremismo islámico o importantes amenazas terroristas transnacionales. De hecho, antes de 2001, EE.UU. no reconocía ninguna organización terrorista en África subsahariana.
Poco después de los ataques del 11 de septiembre un alto funcionario del Pentágono afirmó que la invasión estadounidense de Afganistán podría hacer salir “terroristas” de ese país hacia naciones africanas. “Terroristas asociados con al Qaeda y grupos terroristas indígenas siguen estando presentes en esa región”, dijo. “Esos terroristas amenazarán, por supuesto, a personal e instalaciones de EE.UU.”
Al ser apremiado sobre peligros transnacionales existentes, el funcionario mencionó a los militantes somalíes, pero finalmente admitió que incluso los islamistas más extremos en ese país “no se han involucrado realmente en actos de terrorismo fuera de Somalia”. De la misma manera, al ser interrogado sobre conexiones entre el grupo central de al Qaeda de Osama bin Laden y extremistas africanos, mencionó solo los lazos más débiles, como el “saludo” de bin Laden a militantes somalíes que mataron a soldados estadounidenses durante el infame incidente de Black Hawk derribado en 1993.
A pesar de esto, EE.UU. envió personal a África como parte de la Fuerza Combinada Conjunta de Tareas – Cuerno de África (CJTF-HOA) en 2002. El año siguiente, CJTF-HOA se estableció en Camp Lemonnier en Yibuti, donde reside hasta la fecha en la única base de EE.UU. oficialmente reconocida en África.
Mientras CJTF-HOA iniciaba sus actividades el Departamento de Estado lanzó un programa multimillonario en dólares en contra del terrorismo, conocido como Iniciativa Pan-Sáhel, para reforzar las fuerzas armadas de Malí, Níger, Chad y Mauritania. En 2004, por ejemplo, equipos de entrenamiento de Fuerzas Especiales se enviaron a Malí como parte de esa iniciativa. En 2005 el programa se expandió para incluir a Nigeria, Senegal, Marruecos, Argelia y Túnez, y se rebautizó Cooperación de Contraterrorismo Transahariana.
En un artículo del New York Times Magazine Nicholas Schmidle señaló que el programa incluía despliegues durante todo el año de personal de Fuerzas Especiales para “entrenar a ejércitos locales en el combate contra insurgencias y rebeliones y para impedir que bin Laden y sus aliados se expandan en la región”. Cooperación de Contraterrorismo Transahariana y su programa acompañante del Departamento de Defensa, conocido entonces como Operación Libertad Duradera-Transahariana, fueron, por su parte, incorporadas en el Comando África de EE.UU. cuando se hizo cargo de la responsabilidad militar por el continente en 2008.
Como señaló Schmidle, los efectos de los esfuerzos de EE.UU. en la región parecían estar en conflicto con los objetivos declarados de AFRICOM. “Al Qaida estableció refugios en el Sáhel y en 2006 adquirió una franquicia norteafricana [Al Qaida en el Magreb Islámico], escribió. “Los ataques terroristas en la región aumentaron tanto en número como en letalidad”.
Así es. Una mirada a la lista oficial de organizaciones terroristas del Departamento de Estado indica un continuo aumento de los grupos islámicos radicales en África junto al crecimiento de los esfuerzos en contra del terrorismo de EE.UU. , con la adición del Grupo de Combate Islámico Libio en 2004, al-Shabaab en Somalia en 2008, y Andar al-Dine en Malí en 2013. En 2012, el general Carter Ham, entonces jefe de AFRICOM, agregó a los militantes islamistas de Boko Haram en Nigeria a su propia lista de amenazas extremistas.
El derrocamiento de Gadafi en Libia por una coalición intervencionista que incluyó a EE.UU., Francia y Gran Bretaña, empoderó de la misma manera a una serie de nuevos grupos islamistas como las Brigadas Omar Abdul Rahman, que desde entonces han realizado múltiples ataques contra intereses occidentales, y Ansar al-Sharia, vinculado a al-Qaida, cuyos combatientes atacaron instalaciones estadounidenses en Bengasi, Libia, el 11 de septiembre de 2012 y mataron al embajador Christopher Stevens y a otros tres estadounidenses. De hecho, justo antes de ese ataque, según el New York Times , la CIA estaba rastreando a “una serie de grupos militantes armados dentro y alrededor” de esa ciudad.
Según Frederic Wehrey, un veterano analista político en la Fundación Carnegie por la Paz Internacional y experto en Libia, ese país es ahora un “terreno fértil” para militantes provenientes de la Península Arábiga y otros sitios en Medio Oriente así como de otros sitios en África para reclutar combatientes, recibir entrenamiento, y recuperarse. “Se ha convertido realmente en un nuevo centro”, me dijo.
La rebatiña de Obama por África
La guerra respaldada por EE.UU. en Libia y los posteriores esfuerzos de la CIA son solo dos de las numerosas operaciones que han proliferado en todo el continente bajo el presidente Obama. Incluyen una múltiple campaña militar y de la CIA contra militantes en Somalia consistente de operaciones de inteligencia, una prisión secreta, ataques de helicópteros, ataques de drones, e incursiones de comandos estadounidenses; una fuerza expedicionaria de operaciones especiales (reforzada por expertos del Departamento de Estado) despachada para ayudar a capturar o matar al líder del Ejército de Resistencia del Señor (LRA), Joseph Kony y sus máximos comandantes en las selvas de la República Centroafricana, el Sur de Sudán, y la República Democrática del Congo; un masivo flujo de financiamiento para operaciones de contraterrorismo en toda África Oriental; y, solo en los últimos cuatro años, cientos de millones de dólares gastados en el armamento y entrenamiento de tropas africanas occidentales para servir como testaferros estadounidenses en el continente. Desde 2010 a 2012, el propio AFRICOM gastó 836 millones de dólares al expandir su alcance en toda la región, primordialmente a través de programas para instruir, asesorar y orientar a militares africanos.
En los últimos años, EE.UU. ha entrenado y equipado a soldados de Uganda, Burundi, y Kenia, entre otras naciones, para misiones como la persecución de Kony. También han servido como fuerza por encargo para EE.UU. en Somalia, parte de la Misión de la Unión Africana (AMISON) protegiendo al gobierno apoyado por EE.UU. en la capital de ese país, Mogadishu. Desde 2007 el Departamento de Estado ha invertido unos 650 millones de dólares en apoyo logístico, equipamiento, y entrenamiento de tropas de AMISON. El Pentágono ha agregado 100 millones más desde 2011.
EE.UU. también sigue financiando ejércitos africanos a través de la Cooperación de Contraterrorismo Transahariana y su análoga en el Pentágono, conocida como Operación Escudo Juniper, con creciente apoyo a Mauritania y Níger después del colapso de Malí. En 2012 el Departamento de Estado y la Agencia de Desarrollo Internacional de EE.UU. agregaron aproximadamente 52 millones a los programas, mientras el Pentágono pagó otros 46 millones.
En los años de Obama el Comando África de EE.UU. también creó un sofisticado sistema, conocido oficialmente como Red de Distribución de Superficie AFRICOM, pero al que se refieren coloquialmente como “la nueva ruta de las especias”. Sus núcleos principales están en Manda Bay, Garissa, y Mombasa en Kenia; Kampala y Entebbe en Uganda; Bangui y Djema en la República Centroafricana; Nazara en el Sur de Sudán; Dire Dawa en Etiopía; y la obra maestra del Pentágono en África, Camp Lemonnier.
Además, el Pentágono ha operado una campaña aérea regional utilizando drones y aviones tripulados desde aeropuertos y bases en todo el continente incluyendo Camp Lemonnier, el aeropuerto Arba Minch en Etiopía, Niamey en Níger, y las Islas Seychelles en el Océano Índico, mientras aviones operados por contratistas privados han realizado misiones partiendo de Entebbe, Uganda. Recientemente, Foreign Policy informó sobre la existencia de una posible base de drones en Lamu, Kenia.
Otro emplazamiento crítico es Uagadugú, capital de Burkina Faso, sede de un Destacamento Aéreo de Operaciones Especiales Conjuntas, y la iniciativa de Apoyo Aéreo de Aerotransporte de Despegue y Aterrizaje Cortos que, según documentos militares, apoya “actividades de alto riesgo” realizadas por fuerzas de elite de la Fuerza de Tareas Transahariana de Operaciones Especiales Conjuntas. El teniente coronel Scott Rawlinson, portavoz del Comando África de Operaciones Especiales, me dijo que la iniciativa provee “apoyo de evacuación de emergencia para víctimas de enfrentamientos de pequeños equipos de naciones asociadas en todo el Sáhel”, aunque documentos oficiales señalan que semejantes acciones han representado históricamente solo un 10% de las horas de vuelo mensuales.
Aunque Rawlinson puso reparos a la discusión del alcance del programa citando preocupaciones por la seguridad operacional, documentos militares indican que está aumentando rápidamente. Entre marzo y diciembre del año pasado, por ejemplo, la iniciativa de Apoyo Aéreo de Aerotransporte de Despegue y Aterrizaje Cortos hizo 233 vuelos. En solo los tres primeros meses de este año, realizó 193.
El portavoz de AFRICOM, Benjamin Benson, ha confirmado a TomDispatch que operaciones aéreas estadounidenses realizadas desde la Base Aérea 101 en Niamey, capital de Níger, están suministrando “apoyo para la recolección de inteligencia con fuerzas francesas realizando operaciones en Malí y con otros socios en la región”. Negándose a entrar en detalles sobre aspectos específicos de las misiones por razones de “seguridad operacional”, agregó que, “en cooperación con Níger y otros países en la región, estamos comprometidos a apoyar a nuestros aliados… Esta decisión incluye operaciones de inteligencia, vigilancia, y reconocimiento dentro de la región”.
Benson también confirmó que los militares de EE.UU. han utilizado el Aeropuerto Internacional Léopold Sédar Senghor en Senegal para escalas técnicas así como para el “transporte de equipos que participan en actividades de cooperación en la seguridad” como misiones de entrenamiento. Confirmó un acuerdo similar para el uso del Aeropuerto Internacional Bole en Addis Abeba en Etiopía. En total, los militares de EE.UU. ahora tienen acuerdos para utilizar 29 aeropuertos internacionales en África como centros para escalas de reabastecimiento de combustible.
Benson se mostró más reservado respecto a operaciones aéreas desde la Zona de Aterrizaje Nzara en la República de Sudán del Sur, lugar de uno de varios tenebrosos puestos de operación avanzada (incluyendo otro en Djema en la República Centroafricana y un tercero en Dungu en la República Democrática del Congo) que han sido utilizados por fuerzas de Operaciones Especiales de EE.UU. “No queremos que Kony y su gente sepan […] a qué tipos de aviones deben prestar atención”, dijo. No es ningún secreto, sin embargo, que los recursos aéreos de EE.UU. en África y sus aguas costeras incluyen drones Predator, Global Hawk y Scan Eagle, helicópteros sin tripulación MQ-8, aviones EP-3 Orion, aviones Pilatus, y aviones E-8 Joint Stars.
El año pasado, en sus operaciones en permanente expansión, AFRICOM planificó 14 importantes ejercicios conjuntos de entrenamiento en el continente, incluso en Marruecos, Uganda, Botsuana, Lesoto, Senegal y Nigeria. En uno de ellos, un evento anual conocido como Atlas Accord, miembros de las Fuerzas Especiales de EE.UU. viajaron a Malí para realizar entrenamiento con fuerzas locales. “Los participantes fueron muy atentos, y pudimos mostrarles nuestras tácticas y también ver las suyas” dijo el capitán Bob Luther, líder de equipo en el Grupo 19 de las Fuerzas Especiales.
El colapso de Malí
Mientras la guerra respaldada por EE.UU. en Libia estaba derribando a Gadafi, combatientes nómades tuareg a su servicio saquearon los amplios alijos de armas del régimen, cruzaron la frontera hacia su nativo Malí y comenzaron a apoderarse de la parte septentrional de ese país. La cólera de las fuerzas armadas del país por la reacción ineficaz ante la rebelión del gobierno democráticamente elegido condujo a un golpe militar. Fue dirigido por Amadou Sanogo, un oficial que había recibido intenso entrenamiento en 2004 entre 2004 y 2010 como parte de la Iniciativa Pan-Sáhel. Después de derrocar la democracia de Malí, él y los demás oficiales resultaron ser aún menos efectivos en la tarea de encarar los eventos en el norte.
Con el país sumido en el caos, los combatientes tuaregs declararon un Estado independiente. Pronto, sin embargo, fuertemente armados islamistas rebeldes del grupo nacional Ansar al-Dine así como de al-Qaida en el Magreb Islámico, Ansar al-Sharia de Libia, y Boko Haram de Nigeria, entre otros, expulsaron a los tuaregs, se apoderaron de gran parte del norte, instituyeron una versión dura de la ley Sharía, y crearon una crisis humanitaria que causó sufrimientos generalizados, lo que llevó a la partida de refugiados.
Esos eventos causaron serias dudas sobre la eficacia de los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo de EE.UU. “Este espectacular fracaso revela que en EE.UU. probablemente subestimaron las complejas peculiaridades socio-culturales de la región y malinterpretaron las realidades en el terreno”, me dijo Berny Sèbe, experto en el Norte y el Oeste de África en la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. “Esto llevó a que fueran burdamente manipulados por intereses locales sobre los cuales tenían, después de todo, un control muy limitado”.
Después de otra serie de victorias islamistas y atrocidades generalizadas los militares franceses intervinieron encabezando una coalición de tropas chadianas, nigerianas y de otros países africanos, con apoyo de EE.UU. y los británicos. Las fuerzas dirigidas por extranjeros rechazaron a los islamistas quienes cambiaron de una táctica convencional a otra de guerrillas, incluyendo atentados suicidas.
En abril, después que un ataque semejante mató a tres soldados chadianos, el presidente del país anunció que sus fuerzas, apoyadas durante mucho tiempo por EE.UU. a través de la Iniciativa Pan-Sáhel, se retirarían de Malí. “El ejército de Chad no es capaz de enfrentar el tipo de guerra de guerrillas que está emergiendo”, dijo. Mientras tanto, los restos de los militares malienses respaldados por EE.UU. que combatían junto a los franceses, fueron mencionados por graves violaciones de los derechos humanos en su intento de recuperar el control de su país.
Después de la intervención francesa en enero, el entonces Secretario de Defensa, Leon Panetta, dijo: “Por el momento no se piensa en enviar soldados estadounidenses”. Poco tiempo después 10 militares estadounidenses fueron enviados para ayudar a las fuerzas francesas y africanas, mientras otros 12 eran asignados a la embajada en la capital maliense, Bamako.
Mientras señala rápidamente que la espiral descendiente en Malí tuvo mucho que ver con su corrupto gobierno, débiles fuerzas armadas, y crecientes niveles de descontento étnico, Wehrey de la Fundación Carnegie menciona que la guerra en Libia fue “un evento sísmico para el Sáhel y el Sahara”. De vuelta de una misión de indagación a Libia, agregó que los efectos de la revolución ya están repercutiendo mucho más allá de las porosas fronteras de Malí.
Wehrey citó recientes conclusiones del Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que monitorea un embargo de armas impuesto a Libia en 2011. “En los últimos 12 meses”, informó el panel, “la proliferación de armas de Libia ha continuado a un ritmo preocupante y se ha propagado a nuevos territorios: África Occidental, el Levante [la región del Mediterráneo Oriental], y potencialmente incluso el Cuerno de África. Flujos ilícitos [de armas] desde ese país están dando alas a conflictos existentes en África y en el Levante y enriqueciendo los arsenales de una serie de actores no estatales, incluyendo grupos terroristas.”
Creciente inestabilidad
El colapso de Malí después de un golpe dirigido por un oficial entrenado por EE.UU. y la huida de Chad de la lucha en ese país son solo dos indicadores de cómo le ha ido a EE.UU. en sus esfuerzos militares en África después del 11 de septiembre. “En dos de los otros tres Estados del Sáhel involucrados en la iniciativa pan-Sáhel del Pentágono, Mauritania y Níger, ejércitos entrenados por EE.UU. también han tomado el poder en los últimos ocho años”, señaló el periodista William Wallis en el Financial Times . “En el tercero, Chad, llegaron cerca de lograrlo en un intento en el año 2006”. Existen informaciones de que otro complot para un golpe que involucraba a miembros de las fuerzas armadas chadianas fue descubierto durante esta primavera.
En marzo, el general Patrick Donahue, comandante del ejército estadounidense en África, dijo a la entrevistadora Gail McCabe que el noroeste de África era crecientemente “problemático”. Al-Qaida, dijo, trabajaba para desestabilizar Argelia y Túnez. En septiembre pasado, de hecho, cientos de manifestantes islamistas atacaron el complejo de la embajada de EE.UU. en Túnez, y le prendieron fuego. Más recientemente, Camille Tawil en el CTC Sentinel , la publicación oficial del Centro de Combate contra el Terrorismo en la Academia Militar de EE.UU. en West Point, escribió que en Túnez “yihadistas están reclutando abiertamente a jóvenes militantes y enviándolos a campos de entrenamiento en las montañas, especialmente a lo largo de las fronteras con Argelia”.
La intervención francesa respaldada por EE.UU. en Malí también condujo a un ataque terrorista de venganza en enero contra la planta de gas Amena en Argelia. Realizado por la brigada al-Mulatamin, uno de los nuevos grupos militantes vinculados a al-Qaida en el Magreb Islámico emergentes en la región, condujo a la muerte de cerca de 40 rehenes, incluyendo a tres estadounidenses. Planificado por Mokhtar Belmokhtar, veterano de la guerra respaldada por EE.UU. contra los soviéticos en Afganistán en los años 80, fue solo el primero en una serie de reacciones ante las intervenciones estadounidenses y occidentales en el norte de África que pueden tener implicaciones trascendentales.
El mes pasado las fuerzas de Belmokhtar también unieron sus fuerzas con combatientes del Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental (otro grupo militante islamista de reciente creación) para realizar ataques coordinados contra una mina de uranio dirigida por franceses y una base militar cercana en Agadez, Níger, en la que murieron por lo menos 25 personas. Un ataque reciente contra la embajada francesa en Libia por militantes locales es visto también como una represalia por la guerra francesa en Malí.
Según Wehrey, de la Fundación Carnegie, la presión de los militares franceses también ha tenido el efecto adicional de revertir el flujo de militantes, enviando a muchos de vuelta a Libia para recuperarse y obtener más entrenamiento. Combatientes islamistas nigerianos expulsados de Malí han vuelto a su país nativo con más entrenamiento y tácticas innovadoras así como armas pesadas de Libia. Aguerridos insurgentes islamistas extremistas de dos grupos nigerianos, Boko Haram y el más nuevo, aún más radical Ansaru, han escalado un conflicto que se está gestando desde hace tiempo en ese gigante petrolero africano occidental.
Durante años fuerzas nigerianas han sido entrenadas y apoyadas por EE.UU. a través del programa Entrenamiento y Ayuda para Operaciones de Contingencia en África. El país también ha contado con el Financiamiento para Militares Extranjeros de EE.UU., que suministra subsidios y préstamos para adquirir armamento y equipos producidos en EE.UU. y financia entrenamiento militar. En los últimos años, sin embargo, las reacciones brutales de las fuerzas nigerianas a lo que había sido una secta islamista marginal han transformado a Boko Haram en una fuerza terrorista regional.
La situación se ha vuelto tan seria que el presidente Goodluck Jonathan declaró recientemente un estado de emergencia en el norte de Nigeria. El mes pasado el Secretario de Estado John Kerry se pronunció respecto a “alegaciones verosímiles de que fuerzas de seguridad nigerianas están cometiendo graves violaciones de los derechos humanos que, por su parte, solo hacen escalar la violencia y nutren el extremismo”. Después que un militante de Boko Haram mató a un soldado en la localidad de Baga, por ejemplo, soldados nigerianos atacaron la ciudad, destruyeron más de 2.000 casas y mataron a unas 183 personas.
De la misma manera, según un reciente informe de las Naciones Unidas, el Batallón 391 de Comandos del ejército congolés, formado con apoyo de EE.UU. y entrenado durante ocho meses por fuerzas de Operaciones Especiales de ese país, participó posteriormente en violaciones masivas y otras atrocidades. Huyendo del avance de un brutal grupo rebelde (no islámico) recientemente formado, conocido como M23, sus soldados se unieron a otros soldados congoleses en la violación de cerca de 100 mujeres y más de 30 niñas en noviembre de 2012.
“Este magnífico batallón establecerá una nueva señal en la continua transformación del ejército de esta nación, para ser un ejército dedicado y comprometido con el profesionalismo, la responsabilidad, la sustentabilidad, y una seguridad significativa”, dijo el brigadier general Christopher Haas, jefe del Comando de Operaciones Especiales África de EE.UU. cuando el batallón se graduó de su entrenamiento en 2010.
Antes en este año el comandante entrante de AFRICOM, general David Rodriguez, declaró al Comité de Servicios Armados del Senado que un estudio de la unidad había establecido que sus “oficiales y reclutas parecen motivados, organizados, y entrenados en maniobras y tácticas de unidades pequeñas” aunque hubo “mediciones limitadas para medir la efectividad en el combate del batallón y su capacidad en la protección de civiles”. El informe de la ONU dice algo diferente. Por ejemplo, describe a “un muchacho de 14 años […] muerto a tiros el 25 de noviembre de 2012 en la aldea de Kalungu, territorio Kalehe, por un soldado del Batallón 391. El muchacho volvía de los campos cuando dos soldados trataron de robar su cabra. Cuando trató de resistir y huir, uno de los soldados lo mató.”
A pesar de años de la ayuda militar estadounidense a la República Democrática del Congo, M23 ha asestado fuertes golpes a su ejército y, según Rodriguez de AFRICOM, está desestabilizando la región. Pero no lo ha hecho solo. Según Rodriguez, M23 “no constituiría la amenaza que representa actualmente sin apoyo externo incluyendo la evidencia de apoyo del gobierno ruandés.”
Durante años, EE.UU. ayudó a Ruanda mediante diversos programas, incluyendo la iniciativa Internacional de Educación y Entrenamiento Militar y el Financiamiento Militar en el Extranjero. El año pasado, EE.UU. redujo 200.000 dólares en su ayuda militar a Ruanda, una señal de su desaprobación del apoyo de ese gobierno al M23. A pesar de todo, como Rodriguez de AFRICOM admitió ante el Senado antes este año, EE.UU. sigue “apoyando la participación de Ruanda en las misiones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas en África”.
Después de años de ayuda estadounidense, incluyendo el apoyo de consejeros de las fuerzas de Operaciones Especiales, los militares de la República Centroafricana fueron recientemente derrotados y el presidente de ese país derrocado por otro grupo rebelde (no islamista) recientemente formado, conocido como Seleka. Enseguida, los jefes del ejército de ese país prometieron su lealtad al líder del golpe, mientras hostilidad por parte de los rebeldes y sus aliados forzó a EE.UU. y sus aliados a suspender su caza de Joseph Kony.
Socio estratégico y baluarte de los esfuerzos de EE.UU.en contra del terrorismo , Kenia recibe cada año cerca de 1.000 millones de dólares en ayuda de EE.UU. y elementos de sus fuerzas armadas han sido entrenados por fuerzas de Operaciones Especiales de ese país. Pero en septiembre pasado Jonathan Horowitz de Foreign Policy , informó de afirmaciones de que “escuadrones de la muerte de contraterrorismo de Kenia […] matan y hacen desaparecer personas”. Después, Human Rights Watch llamó la atención a la reacción de los militares kenianos a un ataque en noviembre de un pistolero desconocido que mató a tres soldados en la localidad norteña de Garissa. El “ejército keniano rodeó la ciudad, impidió que cualquiera saliera o entrara, y comenzó a atacar a residentes y comerciantes”, informó la organización. “Los testigos dijeron que los militares dispararon a la gente, violaron mujeres, y atacaron a todo el que veían”.
Otros receptores durante mucho tiempo de apoyo de EE.UU., los militares etíopes, también estuvieron involucrados en abusos el año pasado, después de ataques por pistoleros contra una granja comercial. Como reacción, según Human Rights Watch, miembros del ejército etíope violaron, arrestaron arbitrariamente, y atacaron a aldeanos locales.
Los militares ugandeses han sido los principales testaferros de EE.UU. cuando se trata de mantener el orden en Somalia. Sus miembros, sin embargo, estuvieron implicados en golpizas e incluso la muerte de civiles durante agitación interior en 2011. Burundi también ha recibido significativo apoyo militar de EE.UU. y altos oficiales de su ejército han estado recientemente vinculados al comercio ilegal de minerales, según un informe del grupo de vigilancia ecológica Global Witness. A pesar de años de cooperación con los militares de EE.UU., Senegal parece ser ahora más vulnerable al extremismo y cada vez más inestable, según un informe del Instituto de Estudios de Seguridad.
Y así suma y sigue en todo el continente.
Historias de éxito
Aparte del Golfo de Guinea, el principal portavoz de AFRICOM mencionó a Somalia como otra importante historia exitosa de EE.UU. en el continente. Y es verdad que Somalia es más estable ahora de lo que ha sido en años, incluso si al-Shabaab debilitado sigue realizando ataques. El portavoz incluso se refirió a un reciente informe de CNN sobre una pequeña cantidad de turistas que entró al país desgarrado por la guerra y la construcción de un centro turístico costero de lujo en la capital, Mogadishu.
Pregunté por otras historias de éxito de AFRICOM, pero solo se le ocurrieron estas dos. Nadie debiera sorprenderse por ese hecho.
Después de todo, en 2006, antes de la existencia de AFRICOM, once naciones africanas se encontraban entre las veinte principales en el Índice de Estados Fallidos anual del Fondo por la Paz. El año pasado esa cantidad había aumentado a 15 (o 16 si se cuenta la nueva nación de Sudán del Sur).
En 2001, según la Base de Datos de Terrorismo Global del Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las Respuestas al Terrorismo en la Universidad de Maryland, hubo 119 incidentes terroristas en África subsahariana. En 2011, el último año para el cual aparecen cifras, hubo cerca de 500. Un reciente informe del Centro Internacional de Estudios de Terrorismo en el Instituto Potomac de Estudios Políticos contó 21 ataques terroristas en las regiones del Magreb y del Sáhel en África del norte en 2001. Durante los años de Obama, las cifras han fluctuado entre 144 y 204 por año.
De la misma manera, un análisis de 65.000 incidentes individuales de violencia política en África desde 1997 a 2012, compilado por investigadores afiliados al Instituto Internacional de Investigación por la Paz, estableció que “la actividad islamista violenta ha crecido significativamente en los últimos 15 años, con un aumento particularmente agudo después del año 2010”. Adicionalmente, según la investigadora Caitriona Dowd, “también existe evidencia de la propagación geográfica de actividad islamista violenta hacia el sur y el este del continente”.
De hecho, las tendencias parecen ser lúgubres y misteriosos reflejos de las declaraciones de los dirigentes de AFRICOM.
En marzo de 2009, después de años de entrenamiento de fuerzas autóctonas y cientos de millones de dólares gastados en actividades de contraterrorismo, el general William Ward, el primer dirigente del Comando África de EE.UU., presentó su informe inaugural de la situación al Comité de Servicios Armados del Senado. Fue poco prometedor. “Al-Qaida”, dijo, “aumentó dramáticamente su influencia en el norte y el este de África durante los últimos tres años con el crecimiento de al-Qaida de África Oriental, al Shabaab, y al-Qaida en el Magreb Islámico (AQIM).”
En febrero de este año, después de otros cuatro años de participación militar, ayuda a la seguridad, entrenamiento de ejércitos autóctonos, y cientos de millones de dólares adicionales en financiamiento, el comandante entrante de AFRICOM, David Rodriguez, explicó la actual situación al Senado en términos más siniestros. “La principal prioridad del comando es África Oriental concentrada en particular en las redes de al-Shabaab y al-Qaida. Esto es seguido por violentos [movimientos] extremistas violentos y al-Qaida en el norte y el oeste de África y el Magreb Islámico. La tercera prioridad de AFRICOM es contra las operaciones del ELS [Ejército de Resistencia del Señor].”
Rodriguez advirtió que, “con la creciente amenaza de al-Qaida en el Magreb Islámico, veo un mayor riesgo de inestabilidad regional si no la enfrentamos agresivamente”. Además de ese grupo declaró que al-Shabaab y Boko Haram constituyen importantes amenazas. También mencionó los problemas planteados por el Movimiento por la Unidad y la Yihad en África Occidental y Ansar al-Dine. Libia, dijo, es amenazada por “cientos de milicias diferentes”, mientras M23 “desestabiliza toda la región de los Grandes Lagos [de África Central]”.
En África Occidental, admitió, también existe un importante problema de narcotráfico. De la misma manera, África Oriental “sufre un aumento en el tráfico de heroína a través del Océano Índico desde Afganistán y Pakistán”. Además, “en la región del Sáhel en el Norte de África, el tráfico de cocaína y hachís es facilitado por, y beneficia directamente a, organizaciones como al-Qaida en el Magreb Islámico conduciendo a un aumento de la inestabilidad regional”.
En otras palabras, diez años después de que Washington comenzó a gastar dólares de los contribuyentes en la lucha contra el terrorismo y esfuerzos de estabilización en toda África y que sus fuerzas comenzaron a operar desde Camp Lemonnier, el continente ha experimentado profundos cambios, pero no los que deseaba EE.UU. Berny Sèbe, de la Universidad de Birmingham, señala la Libia post revolucionaria, el colapso de Malí, el ascenso de Boko Haram en Nigeria, el golpe en la República Centroafricana y la violencia en la región de los Grandes Lagos de África como evidencia de creciente volatilidad. “El continente es ciertamente más inestable hoy en día de lo que era a principios de los años 2000, cuando EE.UU. comenzó a intervenir más directamente”, me dijo.
A medida que termina la guerra en Afganistán (un conflicto nacido del efecto de bumerán) habrá más incentivo y oportunidad para proyectar el poder militar estadounidense en África. Sin embargo, incluso una lectura superficial de la historia reciente sugiere que es poco probable que ese impulso logre los objetivos de EE.UU. Aunque la correlación no iguala la causalidad, existe amplia evidencia que sugiere que EE.UU. ha facilitado una diáspora del terror, poniendo en peligro a naciones y a los pueblos en toda África. Después del 11-S, funcionarios del Pentágono tuvieron problemas para mostrar evidencia de una importante amenaza terrorista africana. Actualmente, el continente está repleto de grupos militantes que cruzan cada vez más fronteras, siembran la inseguridad, y destacan los límites del poder de EE.UU. Después de diez años de operaciones estadounidenses para promover estabilidad por medios militares, los resultados han sido todo lo contrario. África se ha convertido en un centro de repercusiones negativas.
Nick Turse es editor asociado de TomDispatch.com. Laureado periodista, sus trabajos se publican en Los Angeles Times, The Nation y, con regularidad, en TomDispatch . Es autor de varios libros, el más reciente de los cuales es “ Kill Anything that Moves: The Real American War in Vietnam ” (The American Empire Project, Metropolitan Books). Es también autor de “ The Changing Face of Empire: Special Ops, Drones, Spies, Proxy Fighters, Secret Bases, and Cyberwarfare ” (Haymarket Books).


Fuente: http://www.tomdispatch.com/blog/175714/

domingo, 23 de junho de 2013

El significado esencial del espionaje masivo de EE.UU.




Traducido para Rebelión por Silvia Arana

IntroducciónLas revelaciones sobre cómo el gobierno de Obama usa a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, según sus siglas en inglés) para espiar secretamente las comunicaciones de cientos de millones de ciudadanos de EE.UU. y otros países ha generado denuncias en todo el mundo. En EE.UU. no hubo ninguna protesta masiva, a pesar de la amplia cobertura periodística y de la oposición de las organizaciones pro libertades civiles. Los líderes del Congreso, tanto del partido demócrata como del republicano, al igual que los jueces más importantes aprobaron un programa de espionaje doméstico sin precedentes... Aún peor, cuando se hicieron públicas las operaciones de espionaje a gran escala, los líderes principales del Senado y del Congreso reafirmaron su respaldo a todas y a cada una de las intromisiones en las las comunicaciones electrónicas y escritas de ciudadanos estadounidenses. El presidente Obama y su fiscal general Holder defendieron firme y abiertamente las operaciones globales de espionaje de la NSA.
Las cuestiones que surgen de este vasto aparato policíaco secreto y de la penetración y control que ejerce sobre la sociedad civil, atentando contra la libertad de expresión de los ciudadanos, va mucho más allá de meras "violaciones de la privacidad", como la calificaron muchos expertos legales.
La mayoría de los defensores de las libertades civiles se enfocan en las violaciones de los derechos individuales, garantías constitucionales y derechos a la privacidad de los ciudadanos. Estas son cuestiones legales importantes y esta postura es correcta. Sin embargo, las críticas constitucionales-legales no van lo suficientemente lejos: no tocan los temas fundamentales; evitan hacer cuestionamientos políticos básicos.
¿Por qué un aparato tan masivo de espionaje global manejado por el estado policial se volvió tan esencial para el régimen gobernante? ¿Por qué el conjunto de los líderes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hicieron declaraciones públicas en las que repudiaron todas las garantías constitucionales de manera tan descarada? ¿Por qué los dirigentes electos defendieron el espionaje político global contra la ciudadanía? ¿Qué tipo de políticos existen en un estado policial? ¿Qué tipo de políticas de largo término, de gran escala, a nivel interno e internacional son ilegales e inconstitucionales como para justificar el desarrollo de una vasta red de espionaje doméstico y una infraestructura de tecno-espionaje de billones de dólares manejada por el estado corporativo en una época de "austeridad" presupuestaria caracterizada por los recortes en los programas sociales?
El segundo grupo de preguntas surge del uso de los datos obtenidos por el espionaje. Hasta el momento, la mayoría de los críticos cuestionaron la existencia del espionaje masivo implementado por el estado pero evitaron el tema crucial sobre qué medidas toman a continuación, o como resultado del espionaje, contra los individuos, grupos o movimientos espiados. La pregunta esencial es: ¿Qué represalias y sanciones se producen como resultado de la "información" que ha sido recolectada, clasificada y aplicada por estas redes de espionaje manejadas por el estado policial? Ahora que el "secreto" del espionaje extendido realizado por el estado policial forma parte de la conversación pública, el próximo paso debería ser la revelación de las operaciones secretas contra aquellos espiados por las redes de espionaje luego de haber sido rotulados como un "riesgo para la seguridad nacional".

Las políticas detrás del estado policial
La razón fundamental para la transformación del estado en un enorme aparato de espionaje es el carácter profundamente destructivo de las políticas interna e internacional implementadas violentamente por el gobierno. La vasta expansión del aparato del estado policial no es una respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El crecimiento geométrico de espías, presupuestos policiales secretos y la vasta intromisión en las comunicaciones de los ciudadanos coincide con las guerras globales. La decisión de militarizar la política global de EE.UU. requiere de una redistribución radical del presupuesto, del recorte del gasto social a favor del crecimiento del imperio; de la destrucción de la salud pública y del seguro social para beneficio de Wall Street. Estas son políticas que aumentan drásticamente las ganancias de los banqueros y de las corporaciones mientras que castigan a los trabajadores con impuestos regresivos.
Las guerras internacionales extendidas y prolongadas fueron financiadas a expensas del bienestar de los ciudadanos. Esta política generó un deterioro en el estándar de vida de varias decenas de millones de ciudadanos y una creciente insatisfacción en la población. El potencial de resistencia social, como quedó evidenciado por el movimiento de breve vida "Ocupar Wall Street", contó con el respaldo del 80% de la población. La respuesta positiva fue una alarma para el estado y condujo a una escalada de las medidas tomadas por el estado policial. El espionaje masivo tiene como fin identificar a los ciudadanos que se opongan a las guerras imperiales y a la destrucción del sistema de asistencia social; se los rotula como "amenazas para la seguridad" como una manera de controlarlos usando los poderes policiales arbitrarios. La expansión de los poderes presidenciales para hacer la guerra ha sido acompañado con el incremento del tamaño y del alcance del aparato estatal de espionaje: cuanto más ataques con drones se hacen en el exterior bajo órdenes presidenciales, mayor es la cantidad de intervenciones militares, y mayor es la necesidad de una élite política presidencial que fortalezca la vigilancia de los ciudadanos para prevenir un contraataque popular. En este contexto, la política de espionaje masivo es llevada a cabo como una "acción preventiva". A mayor operaciones del estado policial, mayor será el miedo y la inseguridad entre los ciudadanos y activistas disidentes.
El ataque al estándar de vida de la clase trabajadora y de la clase media de EE.UU. con el fin de financiar las guerras, y no la llamada "guerra contra el terrorismo, es la causa de que el estado haya desarrollado ataques cibernéticos masivos contra la ciudadanía estadounidense. No se trata solamente de la violación de la privacidad individual; sino que consiste, fundamentalmente, en la infracción estatal de los derechos colectivos de los ciudadanos organizados para participar libremente en la oposición pública contra políticas socioeconómicas regresivas y para cuestionar el imperio. Junto a la proliferación de instituciones burocráticas, con más de un millón de recolectores de "datos de seguridad", existen decenas de miles de "operadores de campo", analistas e inquisidores, actuando arbitrariamente para rotular a los ciudadanos disidentes como "riesgos de seguridad" e imponer represalias según sus necesidades políticas de sus jefes políticos.
El aparato del estado policial tiene sus propias reglas de auto-protección y auto-perpetuación; tiene sus propias conexiones y hasta puede llegar a competir con el Pentágono. El estado policial se conecta y protege a los amos de Wall Street y a los propagandistas de la clase media -¡incluso hasta cuando los espíe (porque debe hacerlo)!
El estado policial es un instrumento del Poder Ejecutivo, un canal para sus prerrogativas y poderes arbitrarios. Sin embargo, en temas administrativos, posee un grado de "autonomía" para atacar conductas disidentes. Lo que queda claro es el alto grado de cohesión, disciplina vertical y defensa mutua, desde arriba hacia abajo en la jerarquía. El hecho de que un solo denunciante de conciencia, Edward Snowden, emerja de entre cientos de miles de espías, es una excepción solitaria que confirma la regla: Hay menos desertores entre los millones de miembros de la red de espionaje de EE.UU. que en todas las familias mafiosas de Europa y América del Norte.
El aparato de espionaje doméstico opera con impunidad gracias a su red de poderosos aliados internos e internacionales. Todos los líderes legislativos de ambos partidos están informados y son cómplices de las operaciones de espionaje. Ramas relacionadas del gobierno, como la agencia impositiva (Internal Revenue Services, IRS) cooperan proporcionando información y persiguiendo a los grupos o individuos bajo vigilancia. Israel es un aliado clave del IRS, como ha sido documentado por la prensa israelí (Haaretz, 8 de junio, 2013). Dos firmas israelíes de alta tecnología (Verint y Narus) con conexiones con la policía secreta israelí (MOSSAD) proveyeron el software de espionaje usado por la NSA y esto, por supuesto, abrió una ventana hacia el espionaje israelí en EE.UU. contra los estadounidenses opuestos al estado sionista. El escritor y crítico, Steve Lendman, señala que los amos del espionaje israelí, usando sus "empresas de fachada", han tenido desde hace tiempo la impunidad para "robar información comercial e industrial". Y que debido al poder y a la influencia de los presidentes de las 52 organizaciones judías-estadounidenses, los funcionarios del Ministerio de Justicia dieron la orden de suspender docenas de casos de espionaje israelí. Los estrechos vínculos entre Israel y el aparato de espionaje de EE.UU. evitan un verdadero escrutinio de las operaciones y de los objetivos políticos -a un precio muy alto para la seguridad de los ciudadanos de EE.UU. En años recientes se destacan dos incidentes: "expertos" de seguridad israelí fueron contratados para asesorar al Departamento de Seguridad Nacional de Pennsylvania en su trabajo de investigación; y la represión gubernamental "estilo Stasi" contra críticos y ambientalistas (comparados con "los terroristas de Al Qaeda" por Israel). Cuando esto fue revelado, en 2010, tuvo que renunciar el Director James Power. En 2003, el gobernador de New Jersey, Jim McGreevy nombró a su amante, un agente del gobierno de Israel; después, a fines de 2004, renunció y denunció al israelí Golan Cipel por extorsión. Estos ejemplos son una pequeña muestra para ilustrar la magnitud de la intersección entre las tácticas del estado policial israelí y la represión interna en EE.UU.

Las consecuencias políticas y económicas del estado-espía
Las denuncias de las operaciones masivas de espionaje son un paso positivo, hasta ahora. Pero igualmente importante es la pregunta "¿qué viene después del acto de espiar?". Ahora sabemos que cientos de millones de estadounidenses fueron y son espiados por el estado. Sabemos que el espionaje masivo es una política oficial del Ejecutivo que cuenta con la aprobación de los líderes legislativos. Pero solo tenemos información fragmentada de las medidas represivas derivadas de la vigilancia de "los sospechosos". Podemos asumir que hay una división del trabajo entre los recolectores de información, los analistas de inteligencia y los agentes que hacen trabajo de campo en la vigilancia de "grupos e individuos peligrosos", basado en un criterio interno que solo la policía secreta conoce. Los agentes de espionaje clave se encargan de elaborar y aplicar los criterios para calificar a alguien como un "riesgo de seguridad". Los individuos y grupos que expresan posturas críticas de la política interior y exterior del gobierno son catalogados como un "riesgo"; aquellos que protestan activamente están en la categoría de "riesgo mayor", incluso aunque no hayan violado ninguna ley. La cuestión de la legalidad de las acciones y posturas de un ciudadano ni siquiera entra en la ecuación de los amos del espionaje; ni tampoco la valoración de la legalidad de los actos de espionaje contra los ciudadanos. El criterio determinante de un riesgo de seguridad está por encima de cualquier consideración o defensa de la Constitución.
Sabemos por una gran cantidad de casos públicos que personas críticas del tema legal, fueron ilegalmente espiadas, arrestadas, sometidas a juicio y encarceladas -sus vidas y las vidas de sus familias y amigos sufrieron un altísimo costo . Sabemos que cientos de hogares, sitios de trabajo de personas bajo sospecha han sufrido redadas tipo "excursiones en busca de quién sabe qué". Sabemos que familiares, asociados, vecinos, clientes y empleados de los "sospechosos" han sido interrogados, presionados e intimidados. Sobretodo, sabemos que decenas de millones de ciudadanos respetuosos de las leyes, que tienen posturas críticas de la economía interna y de las guerras en el extranjero, han sido censurados por el miedo, con mucho fundamento, a las operaciones masivas ejecutadas por el estado policial. En esta atmósfera intimidatoria, cualquier conversación crítica o palabra emitida en cualquier contexto o enviada por algún medio puede ser interpretada, por espías sin nombre ni rostro, como una "amenaza de seguridad" -y el nombre de uno puede entrar así en la lista secreta, y cada vez más larga, de "terroristas potenciales". La mera presencia y dimensiones del estado policial ya es intimidante. Mientras tanto, hay ciudadanos que sostendrían que el estado policial es necesario para protegerlos de los terroristas. Pero, ¿cuántos se sienten obligados a respaldar un estado terrorista solo para alejar cualquier sospecha, con el fin de no ser incluido en la lista de sospechoso? ¿Cuántos estadounidenses con mentalidad crítica tienen miedo del estado y jamás van a pronunciar en público lo que susurran en casa?
Cuánto más grande sea la policía secreta, mayor será su capacidad operativa. Cuánto más regresiva sea la política económica interna, mayor será el miedo y el desprecio de la élite política.
Incluso mientras el presidente Obama y sus socios demócratas y republicanos hacen alarde de su estado policial y de su eficiencia en el cumplimiento de la "función de seguridad", la vasta mayoría de los estadounidenses toman conciencia de que el miedo creado hacia dentro del país sirve a los intereses de librar guerras imperiales en el extranjero; la cobardía frente al estado policial solo incentiva mayores recortes en los estándares de vida. ¿Cuándo se darán cuenta que el hecho de exponer el espionaje es solamente el principio de una solución? ¿Cuándo reconocerán que la tarea de terminar con el estado policial es esencial para desmantelar el costoso imperio y hacer que EE.UU. sea una nación segura y próspera?

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