Cidadania três enfoques Mario Espinosa

La participación ciudadana como una relación socio–estatal acotada por la concepción de democracia y ciudadanía Citizen participation as a society–state relation delimited by the concepts of democracy and citizenship Mario Espinosa* * Profesor–investigador de tiempo completo de la Academia de Ciencia Política y Administración Urbana de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Correo electrónico: learssen@yahoo.com. Fecha de recepción: 14/05/2008 Fecha de aprobación: 19/09/2008 Resumen En este trabajo, se señala que la participación ciudadana constituye un tipo de relación socio–estatal, la cual, antes de remitirnos a un conjunto de dispositivos institucionales o a la lógica de la organización social, puede ser concebida como un espacio de interacción, comunicación y diferenciación entre el sistema estatal y el social. Además, se plantea que dicha relación socio–estatal, que tiene como función la regulación permanente del conflicto supuesto en la definición de los temas públicos y de la propia agenda político–social, es una relación característica de las sociedades contemporáneas acotada (en sus sentidos y orientaciones) por las nociones normativas derivadas de los significados de la democracia y de la propia categoría de ciudadanía. Palabras clave: Participación ciudadana, sociedad civil, Estado, democracia, ciudadanía. Abstract This text states that citizen's participation constitutes a society–state kind of relation which, before making reference to a bunch of institutional structures or to the logics of social organization, can be conceived as an interaction space, as well as for communication and differentiation between the state system and the social system. The text also sets out that the relation between the state and the society is a characteristic relation in contemporary societies; it is delimited (in its senses and orientations) by the regulation notions derived from the meaning of democracy and the concept of citizenship itself. The relation performs the function of regulating permanently the conflict assumed in the definition of public affairs and the political and social agendas. Key words: Citizen's participation, civil society, state, democracy, citizenship. INTRODUCCIÓN Durante las últimas tres décadas del pasado siglo XX, el mundo en general y América Latina en particular han vivido un proceso de profundas transformaciones de distinto signo. Una de estas grandes mutaciones, sin duda, consistió en la expansión de la democracia como opción de gobierno a escala mundial. En este escenario, no sólo se configuró una serie de condiciones que obligaron a repensar los espacios e instituciones básicas para la organización política–administrativa del Estado, sino que también se generó un conjunto de condiciones sociales que impulsaron la construcción de nuevas formas asociativas y de solidaridad social autónomas que exigieron la apertura de los espacios públicos y, por tanto, se acentuó la relevancia de la participación ciudadana en la consolidación de las democracias representativas, en tanto que el afianzamiento de esta forma de gobierno ya no depende sólo de que los ciudadanos ejerzan libremente sus derechos políticos, sino de que también éstos se involucren (participen) activamente en los diferentes ámbitos y etapas del quehacer público. (Vallespín, 2000; Giddens, 2000). En este contexto, sin duda, el despliegue de diversos proyectos de participación ciudadana, auspiciados desde diversos ámbitos y actores (sociales y/o políticos), se ha vuelto una constante en la conformación de las relaciones entre gobernantes y gobernados. El objetivo de este trabajo no consiste en exponer o describir una experiencia en particular. Por el contrario, su objetivo es discutir los referentes discursivos, teóricos y metodológicos desde los que se han analizado, regularmente, dichos procesos participativos. Desde nuestra perspectiva, la exégesis de la participación ciudadana se encuentra actualmente bifurcada. Por un lado, están las interpretaciones que resaltan la autonomía y lo alternativo, respecto de la esfera estatal, de dichos procesos participativos (es decir, la diferenciación entre Estado y sociedad) como los rasgos esenciales de su originalidad, así como los significados democratizadores y ciudadanos que, se supone, son propiedades inmanentes de dichos procesos. Por otra parte, el contacto y la proximidad (esto es, la comunicación e incluso la interacción entre lo estatal y lo social) recreados a través de dichos proyectos de participación ciudadana, son traducidos, regularmente, como propiedades secundarias o artificiales, en tanto que sólo denotan el despliegue de acciones estratégicas para la conformación de una mayor legitimidad democrática y el respectivo control de la participación ciudadana por parte de órganos de representación política. Considerando lo anterior, aquí se propone una aproximación conceptual distinta para la explicación de los procesos de participación ciudadana. Concretamente, se argumenta que dicho proceso puede ser tratado como un espacio de interacción, comunicación y diferenciación entre el sistema estatal y el social, antes que como un fenómeno que discurre entre lógicas excluyentes e incompatibles entre sí, es decir, como una relación socio–estatal que, en tanto tiene la función de regular conflicto supuesto en la definición de los temas públicos y de la propia agenda político–social, es una relación que se encuentra acotada (en sus sentidos y orientaciones) por las nociones normativas derivadas de los significados de la democracia y de la propia categoría de ciudadanía. Con el propósito de argumentar nuestra propuesta, se parte del planteamiento de que el término de participación ciudadana es un concepto cruzado por dos grandes ejes analíticos. El primero, asociado a la manifestación empírica–descriptiva de estas prácticas ciudadanas, nos remite a las dimensiones, objetivos y lógicas presentes en la manifestación de este proceso cívico–político, en que se pone en juego el carácter de las decisiones públicas. El segundo, el eje coligado con la discusión normativa que ha acompañado y, en algunos casos, configurado la manifestación histórica de los procesos de participación ciudadana, nos conduce a los fundamentos, principios democráticos y de ciudadanía con que se encuentran asociadas la expresión y creación de espacios de organización ciudadana, en los cuales se disputa la disposición y ejecución de los asuntos públicos. Con este esquema, en un primer momento, se presenta un recuento general de las delimitaciones conceptuales vertidas hasta ahora sobre el proceso de participación ciudadana. Posteriormente, se acotan las distintas dimensiones y lógicas (estatal–social) que subyacen tras la formulación, análisis y desarrollo de dicho fenómeno y se subraya que el ejercicio de la participación ciudadana puede ser entendido como un espacio de interacción, comunicación y diferenciación entre el sistema estatal y el social, antes que como un fenómeno que discurre entre lógicas excluyentes e incompatibles entre sí. Consecutivamente, se hace una revisión de los presupuestos de la teoría política democrática, desde los cuales se apuntala, en términos normativos, su función e importancia en la consolidación de los regímenes democráticos y/o su incidencia en los procesos de expansión y fortalecimiento de la llamada sociedad civil y, finalmente, se retoma la discusión sobre el concepto de ciudadanía con el objeto de señalar las particularidades que caracterizan a este tipo de participación y, mejor aún, se establecen ámbitos, sentidos y objetivos a través de los que la participación ciudadana, entendida como un espacio de interacción básica entre la sociedad y el Estado, comunica o diferencia a ambos tipos de sistemas. PARTICIPACIÓN CIUDADANA: CONCEPTOS, DIMENSIONES, OBJETIVO, CONDICIONES Y LÓGICAS La participación ciudadana es un concepto regularmente empleado para designar un conjunto de procesos y prácticas sociales de muy diversa índole. De aquí, el problema o riqueza de su carácter polisémico. Problema porque la pluralidad de significados, en ciertos momentos, ha conducido a un empleo analítico bastante ambiguo. Riqueza, porque la multiplicidad de nociones mediante las que se ha enunciado ha permitido acotar, cada vez con mayor precisión, los actores, espacios y variables involucradas, así como las características relativas a la definición de este tipo de procesos participativos. En términos generales, la participación nos remite a una forma de acción emprendida deliberadamente por un individuo o conjunto de éstos. Es decir, es una acción racional e intencional en busca de objetivos específicos, como pueden ser tomar parte en una decisión, involucrase en alguna discusión, integrarse, o simplemente beneficiarse de la ejecución y solución de un problema específico (Velásquez y González, 2003: 57). De acuerdo con esta definición formal, aquello que llamamos participación ciudadana, en principio, no se distingue de otros tipos de participación por el tipo de actividades o acciones desplegadas por los individuos o colectividades involucradas. Este tipo de participación se acota como ciudadana porque es un proceso o acción que se define y orienta a través de una dimensión, una lógica y unos mecanismos político–sociales específicos. Entonces, la participación ciudadana —aun cuando no pueda decirse que haya una concepción unívoca del vocablo— nos remite al despliegue de un conjunto de acciones (expresión, deliberación, creación de espacios de organización, disposición de recursos) mediante las cuales los ciudadanos se involucran en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que les afectan, les competen o, simplemente, son de su interés. Entendida así, de entrada, podría afirmarse que ésta nos remite a un tipo de interacción particular entre los individuos y el Estado, a una relación concreta entre el Estado y la sociedad, en la que se pone en juego y se construye el carácter de lo público (Ziccardi, 1998; Álvarez, 1997; Cunill, 1991). En este sentido, la participación ciudadana se distingue de la llamada participación comunitaria y de la social porque, aun cuando éstas también nos hablen de un tipo de interacción especial entre la sociedad y el Estado, los objetivos y fines de la acción que caracterizan a estas últimas, se ubican y agotan, fundamentalmente, en el plano social, es decir, dentro de la comunidad, gremio o sector social en donde acontecen (Álvarez, 2004; Cunill, 1991). Por el contrario, la participación ciudadana es una acción colectiva que se despliega y origina simultáneamente en el plano social y estatal. Esto es, no se trata de una acción exclusiva de una organización social; tampoco es una acción dada al margen o fuera de los contornos estatales, ni un ejercicio limitado por los contornos de la esfera social o estatal que la origina. La participación ciudadana es un tipo de acción colectiva mediante la cual la ciudadanía toma parte en la construcción, evaluación, gestión y desarrollo de los asuntos públicos, independientemente de las modalidades (institucional–autónoma) por las que esta misma discurra (Álvarez, 2004: 50–51). Por último, la participación ciudadana se distingue de la participación política porque el conjunto de actos y relaciones supuestas en el desarrollo de la primera no están enfocados (exclusiva, ni fundamentalmente) a influir en las decisiones y la estructura de poder del sistema político. Es decir, aun cuando con el despliegue de estas prácticas ciudadanas se busca incidir en la toma de decisiones que constituyen el orden de la política y de las políticas,1 se diferencian sustancialmente de las actividades políticas porque el conjunto de acciones, desplegadas desde este ámbito ciudadano, no pretende ser ni constituirse en poder político, ni busca rivalizar con éste. Aun cuando la participación ciudadana pueda concebirse como un canal de comunicación por el que discurren las decisiones que atañen a la competencia por el poder en un sistema político determinado (elección, sufragio); el alcance de dichas decisiones no está orientado a desplazar los órganos de carácter representativo, ni mucho menos constituirse en algún tipo de autoridad política (Pesquino, 1991: 18). Dimensiones, objetivos, condiciones y lógica de la participación ciudadana Según las múltiples definiciones planteadas sobre participación ciudadana, en primer lugar, podríamos ubicar aquellas que se centran en resaltar el espacio o dimensiones en el que acontecen dichas prácticas ciudadanas, así como los objetivos, condiciones y lógicas (autónomas y/o institucionales) que perfilan su realización. Dimensiones La delimitación del espacio donde acontecen los procesos de participación ciudadana, sin duda, ha sido una de las preocupaciones constantes en la literatura. De acuerdo con lo anterior, diversos autores se han preocupado por destacar que la participación ciudadana, en primer lugar, nos remite a 1) las experiencias de intervención directa de los individuos en actividades públicas para hacer valer sus intereses sociales (Cunill, 1997: 74); 2) procesos mediante los cuales los habitantes de las ciudades intervienen en las actividades públicas con el objetivo de representar sus intereses particulares (no individuales) (Ziccardi, 1998: 32); 3) conjunto de actividades e iniciativas que los civiles despliegan, afectando al espacio público desde dentro y por fuera de los partidos (Álvarez, 1998: 130); 4) despliegue de acciones mediante las cuales los ciudadanos intervienen y se involucran en los procesos de cuantificación, cualificación, evaluación y planificación de las políticas públicas (Baño, et al, 1998: 33); 5) proceso dialógico/cooperacional relacionado con la gestión, elaboración y evaluación de programas de actuación pública, así como con la planeación y autogestión ciudadana de distintos servicios públicos (Borja, 2000). Como se puede observar, en general, no solamente se pone en relieve la relación entre el Estado y la sociedad, a la que este tipo de prácticas ciudadanas ha dado lugar, sino también al carácter central de dicha interacción, es decir, la disputa por y de la construcción de lo público. Objetivos En términos generales, podríamos decir que los objetivos con los cuales se asocia regularmente a la participación ciudadana se han trazado en un ámbito macro y en otro de carácter micro. En el primer ámbito, se resaltan las bondades de esta acción colectiva en la conformación del ideal democrático —apertura del Estado, despublificación del Estado, socialización de la política, etcétera—, en tanto medio institucionalizado y/o autónomo que da margen al progreso de la gobernabilidad democrática, o como una dinámica que —vía la participación activa y dinámica de los ciudadanos— permite la modernización de la gestión pública, la satisfacción de las necesidades colectivas, la inclusión de los sectores marginales, del pluralismo ideológico y el desplazamiento de la democracia representativa por la democracia sustantiva (Borja, 2000; Ziccardi, 1998; Cunill, 1997). En el nivel micro, los objetivos, supuestos en las acciones y actividades ciudadanas mediante las cuales se toma parte en la construcción, evaluación, gestión y desarrollo de los asuntos públicos, en particular estarían orientados a 1) la construcción de mecanismos de interacción y de espacios de interlocución, impulsados desde la esfera social para el incremento de la receptividad y la atención de las demandas sociales por parte de las principales instituciones políticas (Velásquez y González, 2003); 2) el diseño y elaboración de modelos de participación que permitan la hechura de políticas públicas inclusivas y corresponsales, es decir, de acciones político–gubernamentales en las que se involucre activamente a los ciudadanos tanto en el ordenamiento de los intereses sociales, como en la formulación de las ofertas de atención pública (Canto, 2005). En cualesquiera de estos dos objetivos del ámbito micro, se puede decir que la relación que se establece entre Estado y sociedad a través de la participación ciudadana se operacionaliza en varios niveles y formas muy concretas; esto es, la relación por parte de la esfera social puede estar caracterizada por la demanda: 1) obtener información sobre un tema o una decisión específica; 2) emitir una opinión sobre una situación o problemática particular; 3) proponer una iniciativa o acción para la solución de un problema; 4) desarrollar procesos de con–certación y negociación para la atención de conflictos; 5) fiscalizar el cumplimiento de acuerdos y fallos previos, así como el desempeño de la autoridad política (Velásquez y González, 2003: 60). Por el contrario, desde el ámbito estatal, aquí identificado con los objetivos macro, la interacción puede ser entendida a través de los canales de la oferta. De lo que se trata entonces es de analizar y diagnosticar las formas cualitativas y cuantitativas mediante las cuales se involucra a la ciudadanía en las diversas fases contempladas en la hechura y desarrollo de las políticas públicas: 1) Agenda; 2) Análisis de Alternativas; 3) Decisión; 4) Implementación; 5) Desarrollo; 6) Evaluación. De acuerdo con lo anterior, podría pensarse en una matriz de interacción de las múltiples posibilidades de relación que se pueden desarrollar entre estas dos esferas (Canto, 2002).2 Condiciones objetivas y subjetivas Otro de los puntos relacionados con la discusión sobre el tema de la participación ciudadana es el de las condiciones tanto objetivas como subjetivas. Las primeras aluden al conjunto de elementos estructurales e institucionales característicos del entorno y que obstaculizan o facilitan el despliegue de acciones participativas. En este sentido, se subraya la buena disposición de la autoridad como una condición básica para el funcionamiento y resultado de los instrumentos participativos; la estructura institucional con la que se cuenta para procesar la demanda y problemas de los ciudadanos y en sí, todas aquellas condiciones que brinda el conjunto de oportunidades políticas en un momento y espacio determinado, como el grado de apertura y receptividad del sistema político a la expresión de los ciudadanos; la correlación de fuerzas políticas; la existencia de un clima social y cultural favorable a la participación; el funcionamiento concreto de instancias, canales e instrumentos que faciliten su ejercicio, así como la existencia de un tejido social y una vida social fuertemente articulados, esto es, de una alta vida asociativa y organizativa arraigada en los ciudadanos (Favela, 2002a). En las segundas (las condiciones subjetivas) se subrayan una serie de variables que están relacionadas con los recursos (tiempo, dinero, información, experiencia, poder), las motivaciones, la biografía y el entorno inmediato de los participantes. El primer conjunto de variables "aseguran" que el proceso participativo tenga lugar, se sostenga y produzca algún impacto. El segundo hace referencia a las razones para cooperar que tienen los individuos y que los empujan a la acción (Velásquez y González, 2003: 61). A partir de dichas condiciones, objetivas y subjetivas, se desprenden de antemano algunos de los escollos principales que obstaculizan los procesos de participación ciudadana. Para quienes enfatizan la prioridad de las condiciones objetivas, el problema de la participación ciudadana, por ejemplo, está relacionado con la complejidad e ineficiencia burocrática, la nula disponibilidad de los gobiernos (locales) para brindar información, instrumentos y espacios que permitan el desarrollo óptimo de dicha acción ciudadana dentro de un marco de gobernabilidad democrática y las limitaciones cualitativas y cuantitativas de los espacios y canales de interacción existentes desde los cuales los ciudadanos pueden participar efectivamente en la planeación, aplicación y vigilancia de la política pública (Ziccardi, 2004: 257). Desde este mismo punto de vista, otros autores consideran que no se puede esperar mucha participación de los ciudadanos si éstos "no saben cómo, ni dónde, ni para qué". Y señalan que las respuestas a estas preguntas (la facilitación de condiciones, la promoción y, en resumen, todas las facilidades para la expresión de la participación ciudadana) precisamente corresponden al sistema político —instituciones representativas y partidos políticos— (Borja, 2000: 57), y se subraya, además, las cortapisas de los procesos participativos en sus niveles de representatividad, de legitimidad y de su coste. Se afirma que la representatividad de la participación ciudadana es limitada, pues solamente participa un porcentaje muy pequeño de la población, el cual, incluso, no guarda precisamente un perfil–socioeconómico característico medio, sino que suele distinguirse por sus altos niveles económicos y educativos, así como por su basta experiencia asociativa. En cuanto a la legitimidad, se cuestiona la permeabilidad de dichos espacios por los propios intereses partidistas y/o por la lógica del mercado en la solución estratégica de los problemas y, finalmente, se crítica un elevado coste de las actividades supuestas en la participación ciudadana que no se reflejan necesariamente en una mejora sustancial de la calidad de las decisiones y en el propio desempeño de la gestión publica (Font, 2001). Por último, desde quienes enfatizan las condiciones subjetivas, se pone de relieve que la participación ciudadana es un complejo proceso de toma de decisiones individuales en el cual interviene una serie de factores o elementos relacionados con el contexto vital (inmediato y específico) de los participantes y que, por tanto, la potencialidad de sus resultados, sus efectos y su repercusión estructural, está prefigurada también por un conjunto de prácticas y percepciones social y culturalmente inveteradas (características de las instituciones públicas y de los propios individuos) que subyacen en el espacio social en el que se desarrolla (Pliego, 2000). Lógicas de la participación ciudadana La participación ciudadana tradicionalmente ha sido analizada desde dos perspectivas distintas: de un lado se ha resaltado su marchamo estatal y de otro su sello social. Con esta diferenciación analítica, en términos generales, podemos afirmar que dicho fenómeno se ha estudiado: 1) a través de la manifestación y expresión de las fuerzas colectivas que se organizan de manera autónoma para actuar en defensa de determinados intereses sociales e incidir en la elaboración de políticas públicas (Álvarez, 1997; Lujan y Zayas, 2000); 2) mediante el análisis de los distintos organismos, figuras y modelos de participación institucionalmente establecidos para la expresión y organización de la voluntad ciudadana entorno a) al carácter público de la actividad estatal y b) a la importancia, pertinencia o legitimidad del interés ciudadano con respecto a solución de ciertos problemas definidos en el (o por el) mismo ámbito público (Ziccardi, 2004; Cunill, 1997). La lógica estatal Desde la esfera de lo estatal, el conjunto de actividades y acciones mediante las cuales los ciudadanos toman parte de los asuntos públicos nos remite a una serie de instituciones y mecanismos formal o informalmente reglamentados a través de los cuales discurre la relación que se establece entre el Estado y sus ciudadanos para la creación, desarrollo e instauración de ciertas decisiones de carácter público. La participación ciudadana, en consecuencia, se acota como un proceso de inclusión política. Es una medida política estratégica para la atención y, sobre todo, para el control de las demandas sociales que apelan al funcionamiento del Estado. "Incluir" a los ciudadanos en el diseño, desarrollo y vigilancia del quehacer público nos conduce, entonces, a la creación deliberada de márgenes de acción que garanticen una mayor gobernabilidad y legitimidad democrática o, dicho desde una perspectiva neutral, es una moderna estrategia política mediante la que se conforman nuevas formas de gobernar orientadas a la apertura y establecimiento de una serie de espacios institucionales para la expresión y despliegue de los intereses ciudadanos (Rivera, 1998). No obstante, más allá de los juicios previos que se puedan plantear en torno a esta concepción de la participación ciudadana —mecanismos de integración e inclusión social, estrategias de gobernabilidad—, lo que se vislumbra es que el diseño estatal de este conjunto de mecanismos institucionales para la inclusión y el procesamiento del interés ciudadano, así como para la gestión, elaboración y evaluación de programas de actuación pública, no se vincula con la irrupción e intervención de ciertos actores sociales, ni forzosamente con un proceso de democratización de los espacios públicos, sino que se presenta como una modernización exclusiva del quehacer estatal orientado por la generación de un conjunto alternativo de medidas y estrategias para la fundación de un nuevo orden de lo político. Crítica a la lógica estatal Los mecanismos de participación ciudadana impulsados por el Estado son percibidos como acciones meramente instrumentales orientadas al control y la adaptación social de los marginales. Así, entonces, el despliegue de acciones participativas se demarca como poderosas estrategias gubernamentales para contener el descontento y/o fomentar la integración social con esquemas exclusivamente corporativos, en los que el beneficiario es sólo un agente pasivo de los programas y beneficios sociales ofertados por las instituciones públicas (Velásquez y González, 2003). Por tanto, se afirma que, según la lógica imperante en los procesos de participación, puede facilitarse el incremento de la representación social en la conducción de los asuntos públicos o bien legitimarse la corporativización del aparato social, tanto como la despolitización de la participación social. Según este planteamiento, los modelos desarrollados desde la esfera estatal, al cimentarse en formas funcionales de representación y participación —convocatoria de los sujetos sociales para la adopción de políticas públicas predeterminadas y/o negociación e instauración de contratos de corresponsabilidad que aseguren la implementación de ciertas decisiones públicas— promueven una interacción y una colaboración instrumental en el ejercicio de la política, antes que el control e influencia sobre ella (Cunill, 1997:166). Asimismo, se arguye que la participación ciudadana al adoptar formas orgánicas de institucionalización, predeterminadas desde el aparato estatal y, a su vez, radicadas en él, aun cuando no se planee expresamente así, conduce en todos los casos a favorecer la colaboración funcional. Y, por ende, la institucionalización de la participación ciudadana en la propia esfera estatal tiende inexorablemente a inhibir más que a facilitar la función de expresión y defensa de intereses sociales y, en definitiva, de su propia representación en la esfera pública (Cunill, 1997: 167). En suma, se plantea que al suscitarse una relación constitutiva y no regulativa de la política, el potencial de la participación ciudadana como mecanismo de publicidad tiene escasas probabilidades de actualización. La construcción de los sujetos desde el Estado no sólo abre oportunidades discrecionales para la atención de intereses particulares, sino para la propia despolitización de los temas en la medida en que la dinámica y la direccionalidad de la participación ciudadana son determinados desde un sólo eje de la relación. De allí la siguiente afirmación: la constitución de una institucionalidad de representación social requiere, en primera instancia, el reconocimiento por parte del Estado de la autonomía política de las asociaciones que actúan como mediadoras entre el Estado y la sociedad (el sector intermediario), tanto como la no formalización de su función de representación social a través de organizaciones (consejos, comités, etcétera) insertas en la propia institucionalidad estatal... (Cunill, 1997:167). La lógica social Desde la lógica social, la acciones y actividades desplegadas por un conjunto de ciudadanos con miras a involucrarse en la elaboración, decisión y ejecución de ciertos asuntos públicos que son de su interés, nos remite a una expresión y organización autónoma de una "fuerza social" mediante la cual se busca abrir los espacios por los que discurre la toma de decisiones políticas. La participación ciudadana, por ende, es concebida como un proceso de intervención en la política y/o políticas. Es, entonces, un proceso que se desarrolla a partir de la irrupción de los actores sociales, del resurgimiento de la sociedad civil, del "adensamiento" de las redes sociales y de la vida comunitaria que, ante la caída de los regímenes totalitarios y/o el achicamiento de la política social del Estado, se trasforma en una estrategia de organización social básica de los ciudadanos para afrontar la defensa de sus derechos y satisfacción de ciertas necesidades básicas locales o inmediatas (servicios, vivienda, salud, alimentación) y que, ocasionalmente, en función del tipo de estrategias de acción, cohesión, continuidad y experiencia de la organización, pueden o no incidir en el diseño y elaboración de ciertas políticas públicas (Lujan y Zayas, 2000; Olvera, 1998). La participación ciudadana, así entendida, se presenta como intervención antes que como incorporación de los agentes sociales en el diseño, gestión y control de las decisiones políticas. Es decir, se le mira como un proceso social que resulta de la acción intencionada de individuos y grupos en busca de metas específicas, en función de intereses diversos y en el contexto de tramas concretas de relaciones sociales y de poder. Es un proceso en que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos intereses (de clase, de género, de generación), intervienen directa o indirectamente en la marcha de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas vigentes de organización social y política (Velásquez y González, 2003: 59). El despliegue de dichos procesos participativos y su corolario en la instauración de un conjunto de mecanismos ciudadanos para la publicidad de la acción estatal en sus tareas de elaboración, planeación y desarrollo de las políticas, por tanto, no resultado de la modernización o liberalización de la esfera política, sino la consecuencia de la organización autónoma, de la expresión de un cuerpo colectivo de ciudadanos ante el debilitamiento del poder político (achicamiento del Estado) y la instauración de una lógica de mercado en la construcción de las decisiones públicas (Álvarez, 2002; Olvera, 2001). Crítica a la lógica social Una de las principales críticas contra la participación ciudadana autónoma es que la intervención de los diversos actores sociales en la escena pública, en la deliberación y toma de decisiones políticas, puede convertirse en una sobrecarga para el sistema político, que ponga en riesgo la estabilidad y la lógica misma de los órganos de representación, característicos de cualquier sistema democrático. En otras palabras, desde esta perspectiva, la participación ciudadana puede significar una amenaza a la gobernabilidad y la estabilidad del sistema político. Las decisiones político–administrativas —se argumenta— es una cuestión compleja que demanda el mínimo de participación y, por el contrario, un amplio y sólido diseño institucional que permita el procesamiento práctico de las diversas demandas e intereses ciudadanos (Schumpeter, 1988; Bobbio, 1986). Por otra parte, se señala que la participación ciudadana, aquella acción impulsada desde la esfera de la sociedad civil y/o bajo el auspicio de ciudadanos no vinculados con los vicios presentes en el ámbito político, en realidad no es un proceso que se encuentre exento de caer en esquemas tradicionales: corporativos o clientelares. En las organizaciones civiles, así como en los distintos espacios territoriales donde se despliega el activismo ciudadano, también se reproducen modelos basados en la fragmentación social, subordinación política, exclusión e integración sistémica; modelos contrarios a todo principio democrático que ponga de relieve la autonomía y la participación amplia de los distintos sectores sociales (Restrepo, 2001: 187). Algunos autores, por ejemplo, subrayan que en nombre de la participación ciudadana se han impulsado procesos de privatización en áreas de interés colectivo e, igualmente, se ha estimulado la competencia entre las comunidades por la obtención y distribución de los recursos públicos. En fin, en nombre de la participación se han fortalecido los procesos de fragmentación social y se bloquea la creación de referentes comunes en la construcción de intereses colectivos generales (Restrepo, 2001: 172). Corolario: entender a la participación ciudadana como un espacio de interacción, comunicación y diferenciación entre el sistema estatal y el social Como se puede observar, la participación ciudadana es un proceso en que se destacan distintas aristas; por una parte —desde ámbito ins–titucional–estatal— la explicación de este proceso radica en aquellas prácticas y acciones ciudadanas impulsadas por una serie de instrumentos y mecanismos institucionales para la producción y el desarrollo de las decisiones públicas. La participación ciudadana es concebida como un mecanismo que permite reducir y procesar la complejidad de las demandas sociales y económicas que han de ser atendidas por el sistema político en su conjunto. Por otro lado, desde el ámbito social, la participación ciudadana expresa una nueva forma de acción social desplegada por los ciudadanos para hacer frente a los vacíos dejados por el achicamiento del Estado, así como para defender un conjunto de posiciones, derechos e intereses de diversos sectores sociales e intervenir decididamente en el diseño, planeación y desarrollo de la política pública. No obstante, si bien reconocemos que dicha diferenciación analítica nos permite comprender, por una parte, la manifestación y expresión de las fuerzas colectivas que se organizan de manera autónoma para actuar en el marco local en defensa de determinados intereses grupales o sociales (Lujan y Zayas, 2000; Álvarez, 1997) y, por otra, reconocer los distintos mecanismos, figuras o formas de participación organizadas institucionalmente desde la lógica de lo estatal (o gubernamental) (Rivera, 1998; Ziccardi, 2004; Borja, 2000), en este trabajo nos interesa argumentar que la participación ciudadana, desde nuestra perspectiva —es decir, como expresión y creación de espacios de organización y de disposición de recursos mediante los cuales la ciudadanía, en una localidad determinada, se involucra en la elaboración, decisión y ejecución de asuntos públicos que son de su interés—, no constituye un proceso que discurra en espacios distintos y excluyentes. Por ejemplo, entre una lógica de lo social y una lógica estatal incompatibles entre sí, sino que, por el contrario, nos remite a un proceso en que ambos espacios y lógicas (lo estatal y lo social) se yuxtaponen antes que contraponerse recíprocamente. De tal manera, en este trabajo se parte de que dicho proceso puede ser entendido, más bien, como un espacio de interacción, comunicación y diferenciación entre ambos niveles o sistemas de acción, en los que la expresión y organización de la voluntad ciudadana pueden estar dirigidos a resaltar el carácter público de la actividad estatal (gobernabilidad, legitimidad, control social, etcétera), o la importancia y legitimidad del interés ciudadano respecto de la solución de ciertos problemas definidos en el (o por el) mismo ámbito público, y en que las distintas formas de participación ciudadana, independientemente de su tipificación (institucional o autónoma, estatal o social), son producto o resultado tanto de los intereses provenientes de las necesidades y demandas sociales, como de aquellos originados por las propias instancias político–estatales. Desde esta perspectiva, el análisis de la participación ciudadana, independientemente de su tipo (institucional o autónoma), precisa de una exégesis que no sólo dé cuenta de los elementos estructurales dispuestos desde lo estatal (espacios, recursos, disposiciones legales, apertura institucional, etcétera), sino también de la formas asociativas adquiridas dentro de la configuración del entramado social, así como de los problemas subyacentes tras el despliegue de acciones que, dentro de este espacio de interacción, comunicación y diferenciación constituido, realizan, recrean y construyen los alcances y limitaciones de la misma participación ciudadana (Favela, 2002b: 37). Finalmente, la participación ciudadana, concebida como un puente entre la sociedad y el Estado, implica mirar estos dos polos de la relación no como antagónicos, sino como complementarios. En otras palabras, la participación ciudadana no es una repartición de poder suma cero, sino una suma positiva: no se trata de entender la participación como negación del Estado por parte de la sociedad civil, ni como la estatización de la sociedad que termina por subsumirla a las lógicas puramente gubernamentales. Los sistemas democráticos modernos se apoyan en el fortalecimiento de la esfera pública considerándola como lugar de encuentro entre actores sociales y políticos para la deliberación y toma de decisiones colectivas. En tal sentido, la participación ciudadana fortalece a la vez el Estado y a la sociedad, sin que ello represente una pérdida de identidad de uno u otra. (Velásquez y González, 2003: 63). Antes de desarrollar con más detalle este último planteamiento, es conveniente resaltar dos grandes ejes temáticos que cruzan la acepción y problema de la participación ciudadana. El primero de ellos es precisamente el relacionado con el conjunto de presupuestos teóricos y discursivos que subyacen tras los procesos de participación ciudadana, dirigidos a apuntar su función e importancia en la consolidación de las democracias representativas, así como en la expansión y fortalecimiento de la llamada sociedad civil. El segundo es el tema de la ciudadanía, como otro de los grandes fundamentos en los que descansan los contornos, sentidos y objetos de acción de dichas prácticas participativas. TEORÍA DE LA DEMOCRACIA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA La participación ciudadana es un concepto irremediablemente circunscrito a un campo mayor de la Ciencia Política. En especial, es una expresión recurrente en las teorías abocadas a tratar el problema de la democracia. Pero, a pesar de lo anterior, es decir, de la cotidianidad de su uso, hasta el momento no existe una noción unívoca acerca de dicha noción. En términos generales, el problema de la participación ciudadana puede ser abordado desde los dos enfoques principales que actualmente caracterizan la discusión sobre la teoría de la democracia: el enfoque prescriptivo y el descriptivo.3 En este apartado, resaltaremos cómo cada una de estas perspectivas ha señalado una serie de características, objetivos y estrategias de acción para acotar y ubicar el problema de la participación ciudadana en el funcionamiento de los regímenes democráticos.4 La participación ciudadana: una forma de vida o una forma de norma5 Dentro del enfoque prescriptivo, en el cual la democracia se concibe fundamentalmente como un proyecto político de autogobierno (como una forma de vida), la función de la participación ciudadana consiste en la resolución y/o transformación de los conflictos políticos a través de la creación y apropiación de espacios de discusión públicos que permitan el debate racional, la interacción comunicativa y la incidencia directa de los ciudadanos en la toma de decisiones. En otras palabras, la participación ciudadana, antes que como un mero dispositivo jurídico o un procedimiento instrumental para constitución de la autoridad, se acota como un proceso constitutivo en la toma de decisiones colectivas supuestas en la organización, diseño y fortaleza de las instituciones democráticas. Es un mecanismo cívico–activo privilegiado mediante el cual se pueden fijar los escenarios deliberativos, la agenda, la legislación y la ejecución de las políticas públicas (Barber, 1998; Habermas, 1998; Giddens, 2000; Máiz, 2000). En este sentido, aun cuando en la teoría prescriptiva existe un reconocimiento explícito de que el desarrollo de la democracia (y, en particular, el de los distintos regímenes democráticos modernos), tienen su base en el modelo liberal democrático, antes que en los presupuestos de los modelos de la democracia directa o unitaria, se cuestiona fuertemente el funcionamiento de los mecanismos formales de representación, no sólo porque exhiben un sesgo "anti–participativo" y tutelar, sino también porque al ponderar los procedimientos normativos e instrumentales, como los únicos medios efectivos para la incorporación y agregación de intereses en la conformación de cualquier proyecto de orden político, se presupone con facilidad que los ciudadanos son incapaces de participar activamente en la toma de decisiones —ya por la complejidad de los asuntos públicos, ya por su escaso interés o apatía política—, y, por tanto, que los representantes políticos, los gobernantes, son los únicos sujetos interesados y capacitados para defender el interés de sus representados (Barber, 1998; Máiz, 2000). De acuerdo con las premisas y principios teóricos del enfoque presciptivo, la participación ciudadana, por tanto, estaría dirigida a cubrir los siguientes objetivos: 1) Promover el desarrollo de mecanismos dialogantes entre gobernantes y gobernados que permitan la inclusión amplia de cualquier manifestación política en la construcción y toma de decisiones de carácter público y que garantizasen la visibilidad de las acciones de los representantes políticos (Habermas, 1998; Giddens, 2000); 2) Constituirse en una actividad cotidiana y en un criterio central para la resolución de los conflictos políticos, o sea, para la toma de decisiones sobre asuntos de carácter público y crear espacios autolegislativos y autogestivos para enfatizar el carácter público de lo político (Barber, 1998: 291 y ss); 3) Fomentar el desarrollo de comunidades políticas capaces de trasformar a individuos privados dependientes en ciudadanos libres y a los intereses parciales y privados en bienes públicos (Barber, 1998); 4) Por último, la participación ciudadana, enmarcada en un modelo de deliberación argumentativa, sería una forma de expresión cívica dirigida a debatir las decisiones tomadas por la autoridad política, presentar y formular una serie de demandas en relación con el Estado y exigir, en términos generales, la publicidad de los actos del Estado (Habermas, 1998; Giddens, 2000). Por el contrario, desde un enfoque realista, con que la democracia se define, básicamente, como una forma de norma, como un método institucional para la toma de decisiones políticas, antes que como una forma de vida, la participación ciudadana, al igual que cualquier otro tipo de participación, es una actividad que queda circunscrita a los procesos de elección y decisión delimitados por el propio mercado e instituciones políticas, pues en el modelo de las democracias representativas el demos no se autogobierna, sino que elige representantes que lo gobiernan (Sartori, 2000; Pitkin, 1972; Crespo, 2000; García, 1998). Desde dicha perspectiva, si bien se reconoce que la democracia puede ser entendida como un procedimiento instrumental para el despliegue de los derechos individuales frente al Estado, o como un medio efectivo para la canalización y suma de los distintos intereses "previstos" en los dilemas de carácter público, se objeta que dichas tareas le competan al demos o que precisen de la creación de instancias públicas deliberativas. La congruencia entre los intereses de la comunidad y el gobierno, desde este enfoque, es un problema que compete exclusivamente a los gobernantes, no a los gobernados (Pitkin, 1972; Sartori, 2000). La participación ciudadana, entonces, según los presupuestos del enfoque realista, no es la panacea universal para la construcción y consolidación de los regímenes democráticos —sus piernas son mensurables y escasas—. La implementación de mecanismos participativos, por sí mismos, no son garantía de nada; la participación (ciudadana o del cualquier otro tipo, distinta a la participación política) no es ninguna condición suficiente para sostener el edificio de las democracias modernas, ya que un mayor activismo o intervención ciudadana no supone automáticamente un demos más gobernante, así como tampoco demandar menos poder para los gobernantes significa más poder para los gobernados. Ambas condiciones, llevadas al extremo o planteadas como premisas fundamentales, acaban por socavar los principios de todo tipo de democracia (Sartori, 2000: 75; Crespo, 2000: 48). Según los planteamientos del enfoque descriptivo, la participación ciudadana podría contemplar los siguientes objetivos: 1) constituirse en un mecanismo institucionalmente legítimo para renovar —cuando sea el caso— el consentimiento sobre las figuras o grupos gobernantes a través de la vía electoral, así como permitir, a través de su manifestación pacífica y significativa, esto es por la vía electoral, establecer un mayor vínculo efectivo entre elecciones y democracia (Sartori, 1998: 299); 2) facilitar los procesos inter–decisionales mediante un involucramiento mesurado en los problemas de orden público;6 3) permitir la convivencia civilizada entre los representantes y los representados y optimizar los esfuerzos de la participación ciudadana de forma tal que puedan contribuir —aunque no garantizar— el bienestar común (Crespo, 2000); 4) fomentar la confianza hacia las normas e instituciones como mecanismos neurálgicos de la estabilidad y desarrollo de la democracia y como dispositivos eficaces para la agregación de las diversas expresiones ciudadanas (Crespo, 2000). El discurso de la participación ciudadana Desde la perspectiva de los actores sociales (que dicho sea de paso, se inclinan por la concepción prescriptiva de la democracia), la participación ciudadana se plantea como: 1) una forma de expresión privilegiada mediante la cual es posible canalizar y conciliar la diversidad y la complejidad de los intereses de los habitantes de una región determinada; 2) un medio de comunicación más directo entre gobernantes y gobernados; 3) una herramienta ciudadana para influir en la pla–neación, vigilancia y evaluación de la función pública; 4) un nuevo instrumento de contrapeso en torno al funcionamiento de las instituciones gubernamentales y políticas; 5) un mecanismo de interacción entre funcionarios y ciudadanos orientado hacia la generación de formas de gobierno, legítimas, eficientes y representativas; 6) un derecho y una obligación ciudadana garantizada jurídicamente por el Estado; 7) una fórmula de representación ciudadana orientada hacia el desarrollo de estrategias de cogestión y autogestión en el desarrollo de políticas públicas; finalmente, 8) un novedoso proceso participativo que permitirá superar los viejos esquemas de gobierno basados en relaciones clientelares y corporativas (Ziccardi, 2004; Martínez, 1998; Álvarez, 1997; Lombera, 2001; Mejía., 1999).7 De acuerdo con las características o propiedades que el discurso le atribuye al proceso de la participación ciudadana, ésta contemplaría los siguientes objetivos: 1) consolidar la democratización de las instituciones y la toma de decisiones en la gestión pública (Lombera, 2001); 2) coadyuvar a la gobernabilidad democrática, es decir, lograr, en la medida de lo posible, el reconocimiento de los ciudadanos en torno a las acciones de gobierno (Zermeño, 1998: 103); 3) canalizar y conciliar la multiplicidad de los intereses ciudadanos con el objeto de contribuir a la solución de los problemas de interés general y al mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad (Assad, 1998: 11); 4) multiplicar los espacios y formas de participación ciudadana para la toma de decisiones conjuntas con el fin de desplazar las formas de participación corporativas, clientelares y autoritarias en la toma de decisiones políticas y, específicamente, en la conformación de la agenda dirigida hacia la gestión pública. Corolario Como podemos constatar, tanto las aproximaciones teóricas como las enunciaciones provenientes de lo que aquí hemos denominado el discurso de participación ciudadana, si bien destacan los aspectos formales, acotan los escenarios y señalan algunos de los sentidos de la participación ciudadana —ingrediente básico de los sistemas democrático, activismo asociativo e incidencia ciudadana en la democratización de la toma de decisiones sobre los asuntos de interés público—; en realidad, al operar desde un plano exclusivamente teórico normativo o magnificar los casos empíricos, han arribado a una serie de conclusiones demasiado generales acerca del concepto, así cómo sobre la emergencia de un nuevo patrón de acción social impregnado de potenciales democratizantes. En otras palabras, se ha definido la participación ciudadana a partir de la función que ésta desempeña en la consolidación de los regímenes democráticos; en la gobernabilidad de los sistemas políticos; en el empoderamiento ciudadano o en la apertura y fortalecimiento de los espacios públicos para la expansión de las organizaciones autónomas (sociedad civil), sin decantar las condiciones específicas que expliquen por qué y cómo se produce dicho fenómeno ni, mucho menos, esclarecer los aspectos o elementos que justifiquen los sentidos u orientaciones de sus posibles efectos estructurales. CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN ¿A qué noción de ciudadano nos referimos cuando hablamos de participación ciudadana? Para responder esta pregunta, no vamos a reproducir el largo e intenso debate que se ha entretejido en torno al término de ciudadanía en la teoría política. No es el objetivo de este trabajo. En ese sentido, antes de centrarnos en discutir si la ciudadanía consiste en: 1) un estatus de inclusión y pertenencia a un espacio político que apela a la existencia de un conjunto de derechos y deberes, o 2) más bien nos remite a una identidad y a un conjunto de derechos y deberes que son resultado de una diversidad de prácticas circunscritas a temporalidades y espacios específicos, nos interesa resaltar los componentes que, independientemente de sus matices liberales o republicanos, conforman el concepto de ciudadanía.8 La noción de ciudadanía posee tres claros componentes: 1) la adquisición, adjudicación, posesión o conquista de un conjunto derechos y deberes por parte del individuo en una sociedad–política determinada; 2) la pertenencia a una comunidad política determinada: Estado–Nación; 3) la oportunidad y capacidad de participación en la definición de la vida pública (política, social y cultural) de la comunidad a la cual se pertenece (Sermeño, 2004: 89; Tamayo, 2006:19). Estos tres componentes (identidad, Estado–sociedad civil, derechos y participación), por tanto, constituyen aquellos ámbitos analíticos a partir de los cuales pueden definirse y observarse los elementos sustantivos de aquellas prácticas, proyectos, estrategias o acciones sociales que en su conjunto se encuentran plenamente relacionadas con la connotación de lo ciudadano. La cualidad de ciudadano, entonces, antes de remitirnos a un simple estatus jurídico y/o territorial, nos remite a una diversidad de prácticas y/o dinámicas circunscritas a temporalidades y espacios específicos. Uno de los primeros autores clásicos que abordó este problema fue precisamente Marshall (1988), quien sostuvo que la ciudadanía, en tanto estatus de plena pertenencia de los individuos a una sociedad que a su vez implica el acceso a varios derechos, es un proceso histórico, es una construcción social, signada precisamente por la universalización de los derechos civiles en el siglo XVIII y de los derechos políticos en el siglo XIX, así como la propia expansión y consolidación de los derechos sociales en las postrimerías del XIX e inicios del siglo XX. Desde dicho desarrollo civil, político y social, la ciudadanía se concibe como "aquel estatus que se concede a los miembros de una comunidad", que en Marshall se identifica con el Estado–Nación. Sus beneficiarios son "iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica", y su ejercicio y disfrute está garantizado institucionalmente por medio de los tribunales de justicia (derechos civiles), el parlamento (derechos políticos) y el sistema educativo y servicios sociales (derechos sociales). La perspectiva de Marshall, si bien predominó a lo largo de varias décadas (desde los años de la posguerra hasta la crisis del Estado de Bienestar), ha sido objeto de diversas críticas, que en esencia han apuntado hacia: a) el carácter evolucionista o más aún teleológico de sus planteamientos que no logran dar cuenta del complejo proceso de la construcción de la ciudadanía (Giddens, 1999); b) el sesgo mecanicista de su teoría al soslayar las condiciones políticas y sociales, así como las tensiones y contradicciones existentes en el desarrollo de la ciudadanía (Barbalet, 1988); c) el sentido homogeneizador de la exégesis marshalliana, mediante el que se pretende establecer una teoría universal de la constitución de la ciudadanía que, sin embargo, históricamente se contrapone con las diversas estrategias y sentidos mediante los que se ha desarrollado dicho proceso en los países europeos (Somers, 1999: 229); por último, d) se increpa a Marshall el ubicar en un mismo nivel derechos que tienen una estructura distinta, es decir, colocar en un mismo plano los derechos sociales con los civiles y políticos. Estos últimos, aparte de ser derechos con una naturaleza universal y formal, delimitan la acción del Estado tanto en la esfera privada, como pública. Por el contrario, los primeros no tienen ni pueden poseer la misma naturaleza; son derechos particulares, específicos, que señalan las obligaciones "mínimas" del Estado, prestaciones sociales establecidas discrecionalmente por el sistema político debido a una exigencia sistémica de igualación e integración social, de legitimación política o de orden público (Gordon, 2001: 197; Rabotnikof, 2005: 40). Empero, más allá de compartir o disentir de los señalamientos anteriores, lo que importa rescatar es el tratamiento sociológico que Marshall otorga a ese conjunto de derechos que hoy por hoy forman parte del proceso que define y redefine los confines de lo ciudadano y que, por ende, es ya indisociable de su ejercicio individual y social. La ciudadanía, entonces, entendida como una construcción social, nos remite a un proceso que se encuentra fuertemente vinculado con el ejercicio y/o desarrollo de procesos ubicados en tres dimensiones: 1) la civil, dimensión en que el objeto de la acción es la defensa de los derechos de igualdad ante la ley, libertad de la persona, libertad de expresión, libertad de información, libertad de conciencia, de propiedad y de la libertad de suscribir contratados; 2) la política, dimensión en que el objeto de la acción está relacionado con el derecho de asociación y con el derecho a participar en el poder político, tanto en forma directa, por medio de la gestión gubernamental, como de manera indirecta, a través del sufragio; 3) la social, dimensión en que el objeto de la acción nos remite al conjunto de derechos de bienestar (mínimos) y obligaciones sociales que permiten a todos los miembros participar en forma equitativa de los niveles básicos de la vida de su comunidad. Como se puede observar, este conjunto de derechos, mediante los que se describe la ciudadanía, corresponden a un modelo ideal de relaciones sociopolíticas que acotan los espacios de participación ciudadana. Ahora bien, las prácticas relacionadas con estos procesos participativos no sólo están ceñidas a dichos contornos, sino que también apuntan dinámicas y maneras específicas de entender su sentido u orientación específica. Por ejemplo, las prácticas o estrategias ciudadanas pueden tener una dinámica autónoma (emerger "exclusivamente" de los movimientos sociales y ser acciones reivindicativas de los derechos sociales, políticos y civiles) o caracterizarse por una dinámica dependiente, esto es, corresponder más con un despliegue de estrategias paternalistas y clientelares de la acción gubernamental, que tienen por objeto la procuración de una cierta legitimidad política, así como el control del orden y el poder político, antes que el fortalecimiento y construcción de una ciudadanía integral (Bayón, et al, 1998: 84). Asimismo, este conjunto de dimensiones que acotan los objetos (sentidos) de las estrategias de acción constitutivas de la ciudadanía, brindan igualmente algunas pistas de las posibles direcciones resultantes de los propios procesos de participación ciudadana. De hecho, retomando los argumentos de Barbalet (1988) acerca de las diferentes posiciones que los ciudadanos asumen ante el Estado en el momento de interpelarlo para demandar la materialización de los derechos civiles o de sus derechos sociales, tendríamos entonces que los derechos civiles y políticos son derechos contra o delimitantes del papel del Estado, mientras que los derechos sociales constituyen reclamos garantizables por él. En el primer caso, es decir, para que las personas puedan defender sus libertades civiles y políticas, éstas procuran diferenciarse y acotar plenamente su autonomía. Por el contrario, los derechos sociales, relacionados con el conjunto de prestaciones que brinda el Estado para el bienestar de los ciudadanos (educación, salud, vivienda, etcétera), implica un posicionamiento distinto de éstos; la estrategia aquí no radica tanto en el distanciamiento como en impulsar una serie de condiciones (legales, administrativas, institucionales, etcétera) que favorezcan el acercamiento y comunicación entre el Estado y las demandas sociales de su propia ciudadanía. De acuerdo con lo anterior, una de las primeras cuestiones que se podrían resaltar, por su puesto, son algunos de los contornos que nos permiten discriminar algunas de las estrategias de acción o prácticas que, grosso modo, podrían clasificarse dentro de aquello que denominamos participación ciudadana. En primer lugar, ya hemos apuntado que este proceso se distingue de otros fenómenos participativos porque precisamente acontece en la interacción de los planos social y estatal en que se construye, se define y establece un conjunto de soluciones públicas. En segundo lugar, que los temas, soluciones y problemas con los que se encuentra más específicamente relacionado el ejercicio de la participación ciudadana están acotados por este conjunto de dimensiones en que se definen y redefinen la membresía, los proyectos y modelos mismos de la ciudadanía. No obstante, una de las cuestiones más relevantes que se pueden desprender de esta matriz (véase cuadro 2) es que la orientación, el sentido de la acción (diferenciación o comunicación), depende más de la dimensión de las demandas que del origen mismo de los procesos participativos. Esto es, los fenómenos participativos de orientación ciudadana no están orientados per se a buscar la diferenciación y autonomía de los planos estatal o social; por el contrario, incluso en el caso de que el objeto de la acción sea la defensa y garantía de derechos civiles y políticos, pueden buscar una interacción de comunicación y acercamiento. En consecuencia, la lógica de la participación ciudadana no es sólo endógena al ámbito desde la que se auspicia, sino que está cruzada por las dimensiones que la acotan y dan sentido a la acción. Otro de los componentes de la noción de ciudadanía está directamente relacionado con la condición o potencialidad de la participación, es decir, con ese proceso político de formar parte activa de una comunidad y, sobre todo, de incidir, en el diseño, construcción y ejecución de las decisiones públicas relativas al espacio social al que como ciudadano se pertenece. Como resalta Ramírez Sáiz, la cualidad de ciudadano no está mediada únicamente por la adscripción a una determinada comunidad política, ni por el conjunto de derechos y responsabilidades que dicha comunidad reconozca; el ser ciudadano nos remite a una actitud consciente y responsable para intervenir en la vida pública y el buen funcionamiento de las instituciones que amparan dicha membresía (Ramírez Sáiz, 1995: 96). La ciudadanía, por ende, esencialmente nos remite a una actuación consciente, a una actividad deliberada, dirigida a formar parte de la vida pública, así como a una disposición permanente por concurrir en la elaboración de decisiones y objetivos colectivos, antes que a la mera adscripción y goce de ciertos bienes y servicios garantizados por un estatus jurídico o territorial. Desde esta perspectiva, como se puede observar, el término de ciudadanía nos remite a una cuestión dinámica, a un problema de acción y construcción social permanente. Es un proceso participativo; por tanto, que se expresa y se sustenta en las prácticas e interacciones cotidianas que los individuos (los ciudadanos) establecen con y desde el ámbito socio–estatal. Por ello, ante todo, la ciudadanía nos remite a una construcción cultural, a un proceso identitario (sentido de pertenencia), que es resultado de luchas sociales, civiles y políticas, de un conjunto de transformaciones históricas y estructurales, así como de interacción y diferenciación entre los ámbitos social y estatal (Somers, 1999: 228). Tamayo (2006), por ejemplo, señala que la construcción de la ciudadanía (sus distintos proyectos) está atravesada por una lucha social entre el Estado y los grupos organizados de la sociedad civil en que la disputa, el conflicto, se encuentra entre la supresión o expansión de los derechos, la reglamentación de la participación ciudadana o la defensa por su autonomía. "Los proyectos ciudadanos están, pues, en función de los actores sociales, y de su visión, sobre estas tres dimensiones básicas de la ciudadanía: la relación Estado–sociedad, los derechos ciudadanos y las formas de participar" (Tamayo, 2006: 19). Conforme con lo anterior, la participación activa, es decir, la incorporación deliberada y consciente de los individuos en los asuntos correspondientes al escenario público es endógena a la acepción de ciudadanía en su versión sustantiva. Por el contrario, para quienes conciben a ésta como un estatus jurídico y/o de pertenencia geográfica, el elemento participativo, el interés y la disposición del ciudadano, por involucrarse en la vida pública, pasan a un segundo o hasta tercer plano y en consecuencia reducen su ejercicio a momentos y espacios específicos. Cuando apelamos al término de participación ciudadana, nos remitimos no sólo a una acción individual o colectiva deliberada y en busca de propósitos específicos, sino que la recuperamos como esa actividad y/o proceso mediante el cual los individuos se integran a una determinada comunidad política a través de su libre ejercicio de derechos y deberes. En este sentido, si la participación ciudadana, nos remite a un espacio donde se expresan tanto el conjunto de normas establecidas (vgr. la libertad de asociación, igualdad ante la ley), como a los saberes o prácticas socialmente aprendidas para intervenir en la escena pública y contribuir a la definición de metas colectivas en una determinada comunidad política, podemos retomar claramente dichos fenómenos participativos con el objeto de subrayar las interacciones socio–estatales en las que se reproducen y por ende, desde los mismos, también dar cuenta de las transformaciones acontecidas en las esferas de la sociedad y el Estado. Este planteamiento, en realidad, ya había sido destacado por otros autores al tratar de decantar el conjunto de condiciones y/o factores que formaban parte de los fenómenos participativos en las sociedades modernas. Pliego (2000: 18), por ejemplo, ya había destacado que para comprender por qué algunos individuos participan y otros no, precisa considerar a los individuos como "personas": como sujetos que intervienen reflexivamente en los procesos sociales desde una racionalidad de tipo vital (de un acto racional condicionado socialmente, construido a partir del conjunto de recursos materiales, significados, roles y posiciones de poder que caracterizan el entorno cotidiano y/o el marco de interacción regular que posibilitan la coordinación —acción social— de dichas elecciones racionales). Merino (1995) en un planteamiento anterior, también subrayaba que la explicación de los procesos participativos mediante los cuales el ciudadano tomaba parte y se involucraba en los asuntos públicos, estribaba tanto en un conjunto de circunstancias personales y sociales, como en las condiciones políticas circundantes de la participación, es decir, la exégesis de la participación se encuentra tanto en las motivaciones externas que empujan o desalientan el deseo de formar parte de una acción colectiva, como en el entramado que forman las instituciones políticas de cada nación. La participación entendida como una relación "operante y operada", como lo diría Hermann Heller, entre la sociedad y el gobierno: entre los individuos de cada nación y las instituciones que le dan forma al Estado. Desde esta perspectiva, lo ciudadano ya no sólo distingue un tipo de participación que tiene lugar entre las esferas social y estatal, sino también sustantiviza a dicha participación como un conjunto de acciones y prácticas mediante las cuales los individuos recrean su pertenencia a una comunidad política a través del libre ejercicio de derechos y deberes. De acuerdo con lo anterior, la participación ciudadana es, entonces, tanto un componente para el buen gobierno, "gobernabilidad", como un espacio social para expresión, organización y ejercicio de aquel conjunto de derechos y deberes que nos definen como ciudadanos. La noción de ciudadanía, en consecuencia, no sólo brinda la fundamentación legítima de la participación ciudadana, sino también delimita los espacios y sentidos de estas prácticas y acciones cívico–político–sociales. Esto es, de acuerdo con los componentes básicos de la ciudadanía, la participación ciudadana tendería, por un lado, a corregir el pathos de la democracia representativa, y por otro, a reivindicar los derechos de ciudadanía (Canto, 2005). Corolario: ciudadanía, teoría de la democracia como ámbitos normativos de la participación ciudadana El concepto de ciudadanía, sin duda, es un término que se encuentra fuertemente asociado a la forma en que se entiende la democracia. De acuerdo con lo anterior, si hiciésemos un pequeño recuento del enfoque descriptivo y prescriptivo de la teoría democrática y lo asociáramos de manera particular con los componentes de la ciudadanía, podríamos decantar, básicamente, dos funciones o formas de la participación ciudadana. El enfoque realista, que acota a la ciudadanía como una esfera restringida de realización de preferencias, configurada a través de procesos estratégicos de agregación y mediante mecanismos representativos que garantizan la posibilidad de influencia de los intereses individuales en la toma de decisiones (Máiz, 2001: 73), concibe el despliegue de acciones y prácticas ciudadanas como procedimientos homogéneos y regulados que posibilitan la legitimación de las decisiones políticas, los cuales pueden resumirse en actividades para elegir a las autoridades u órganos de representación política, en acciones dirigidas a negociar o aceptar la competencia entre distintas posturas e intereses relacionados con el procesamiento de un problema determinado y, en mecanismos estratégicos que den cuenta del nivel operacional del gobierno (Meyenberg, 1999: 14). Por el contrario, desde los planteamientos de la teoría prescriptiva de la democracia, en que la ciudadanía nos remite a una esfera amplia, o sea, a un proceso positivo que se configura con participación activa, directa y expansiva de los individuos en la génesis de la voluntad política (Máiz, 2001: 73), la participación ciudadana es, ante todo, un derecho y un compromiso colectivo del que depende la construcción pública de las decisiones públicas, es decir, la participación amplia y autónoma de los ciudadanos se concibe como una pieza fundamental para la regulación, vigilancia de las instituciones políticas, así como una estrategia básica para incidir e intervenir en el diseño, planeación y desarrollo de las decisiones públicas (Meyenberg, 1999: 14). Recapitulando el conjunto de ideas presentadas a lo largo de este artículo, tendríamos entonces que la participación ciudadana, más que un resultado signado por las acciones del Estado o de la sociedad, es producto de su interacción y, por ende, constituye uno de los fenómenos en que se refleja y recrea constantemente una relación socio–estatal. Analizar estos procesos participativos desde dicha propuesta explicativa (en tanto que relación socio–estatal) permite resaltar cómo las estructuras dispuestas desde el espacio estatal no sólo asignan funciones a los diferentes órganos e instituciones, sino que a la vez establecen los espacios para el despliegue de procesos participativos orientados a intervenir o interpelar las decisiones políticas, sin que ello implique que toda acción colectiva de esta naturaleza se encuentre completamente delimitada por las facultades y capacidades institucionalmente establecidas, sino que, a partir de esta interacción y dependencia con lo estatal, también se reconfigura y retroalimenta el entramado asociativo (la sociedad civil) en el que esta misma se sustenta. (Favela, 2002; Álvarez E., 2004). Por ello, se afirma que la participación ciudadana, no obstante su cualidad comunicativa (de interacción), es un elemento diferenciador de ambos sistemas que la suponen y mantienen. Asimismo, al acotar a la participación ciudadana como una relación socio–estatal en la que ciertos actores se interrelacionan no casualmente, sino intencionalmente (se comunican, se diferencian), se ha tratado de apuntalar un modelo analítico de doble entrada (empírica y normativa) que dé cuenta tanto de los sujetos sociales y sujetos estatales que la componen, como de los contornos normativos —orientaciones democráticas y de ciudadanía— que también la constituyen (Isunza, 2004: 20–21). En resumen, consideramos que entender la participación ciudadana como una relación socio–estatal nos permitirá analizar las experiencias, fenómenos, modelos o casos respectivos desmitificando la oposición o distancia entre lo estatal y lo social, así como las supuestas virtudes intrínsecas y/o maldades constitutivas de tales procesos participativos. FUENTES CONSULTADAS Álvarez E., L. (coordinadora) (1997), Participación y democracia en la ciudad de México. 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La democracia en sus textos. Alianza. Madrid, 1998. Para una diferenciación más amplia sobre los enfoques prescriptivos y descriptivos de la democracia, véase también: Giovanni Sartori, ¿Que es la democracia? Nueva Imagen. México, 2000. 4 Los enfoques que aquí se presentan responden exclusivamente a una tipificación expositiva. En otras palabras, ambos enfoques apelan a una misma tradición que podría llamarse la teoría de la democracia representativa, y sólo se diferencian en función del tratamiento o énfasis (formal o sustantivo) con el cual son abordados las temáticas aquí propuestas. En consecuencia, cabe aclarar que no se está hablando de otra cosa más que de la democracia representativa, en la que, como bien lo menciona Bobbio, las deliberaciones colectivas, que involucran a todos no son tomadas directamente por quienes forman parte de ella, sino por personas elegidas por este fin (Bobbio, 1996: 52). 5 Conviene aclarar que ninguno de los enfoques (prescriptivo o descriptivo) aquí expuestos se refieren a la participación ciudadana como un término conceptual o un tipo particular de participación con características específicas. Más bien se refieren a ella como parte de un proceso genérico de participación que rebasa la acción política de los actores sociales dentro de un determinado sistema democrático. La participación ciudadana sería una forma adjetivada de participación que no está orientada, ni limitada, a la funcionalidad de los mecanismos de representación o a los procesos de elección y confrontación política (participación política), sino que está orientada por presupuestos más activos y directos en la génesis de la voluntad política, es decir, es considerada como parte de esas acciones participativas que en vez de luchar por el control del poder político, reivindica el carácter público de las decisiones tomadas por ese poder político 6 Sartori, en particular, considera que la eficacia de cualquier tipo de participación no es un problema que dependa de la cantidad de espacios y/o dispositivos deliberativos–participativos, ni mucho menos, del número de participantes involucrados, sino de las capacidades reales y efectivas de facilitar los procesos inter–decisionales (1998: 303). 7 Otros estudios o propuestas revisadas en la literatura anglosajona tienen la misma vertiente, esto es, se centran en el estudio de las funciones, escenarios y sentidos (consolidación de la democracia e incidencia de los ciudadanos en la esfera pública para la democratización del desarrollo) de la participación ciudadana y enumeran las condiciones estructurales, los espacios institucionales, las normas y mecanismos de interacción que posibilitan u obstaculizan su desarrollo. Cfr. Brody, Samuel D., Godschalk, David R., Burby, Raymond J. "Mandating Citizen Participation in Plan Making." Journal of the American Planning Association; Summer 2003, Vol. 69 Issue 3.; Turner, R.S. "The Politics of Design and Development in the Postmodern Downtown." Journal of Urban Affairs; Dec. 2002, Vol. 24 Issue 5.; McBride, Keally. "Citizens Without States? On the Limits of Participatory Theory". New Political Science; Dec. 2000, Vol. 22 Issue 4.; Maier, Karel. "Citizen Participation in Planning: Climbing a Ladder?" European Planning Studies; Sep. 2001, vol. 9, Issue 6. 8 Los principales enfoques teóricos sobre ciudadanía son tres: a) la teoría liberal o individulista, en la que se enfatiza la existencia de una esfera privada e independiente del estado; la autonomía de los ciudadanos, su capacidad de delimitar el poder estatal, la inclusión de los individuos en la discusión pública y la delimitación de los mínimos de justicia como base de ciudadanía (Rawls, 1971); b) la teoría republicana, también calificada como comunitarista, destaca la intervención de los ciudadanos en la esfera pública como una acción fundamental de la constitución de la sociedad en una comunidad política; el valor intrínseco de la acción política de los ciudadanos; las virtudes cívicas y la participación en organizaciones voluntarias como medio para aprender y ejercer la ciudadanía (Taylor, 1992); c) la teoría pluralista, en que la definición de ciudadanía, aparte de estas consideraciones sobre los derechos y deberes que la constituyen, subraya de manera fundamental un conjunto de consideraciones sobre la diversidad (cultural y ética principalmente) y plantea por tanto la necesidad de una ciudadanía diferenciada (Kymlicka, 1996). Desde nuestra perspectiva, todas estas definiciones son satisfactorias; sin embargo, más allá de los distintos matices y respuestas que se han esbozado sobre este problema, consideramos que la ciudadanía, el ciudadano no puede ser concebido como una entidad–identidad que es depositaria de una serie de atributos tales como la igualdad ante la ley, la libertad de elegir y el derecho al sufragio. Antes bien, 'ciudadanía' puede ser entendida como espacio o proceso interminable en donde se pone a prueba la veracidad de este conjunto de derechos y deberes democráticos —libertad, igualdad, participación— (Arditi, 2003).

Descolonial II

Fue en su último paso por Buenos Aires, invitado a la Feria Internacional del Libro, que nos encontramos con Ramón Grosfoguel. Conversamos allí sobre una serie de temas que le desvelan tanto como a nosotros: el antiimperialismo, la actualidad del pensamiento crítico, la caracterización del gigante asiático, el sombrío panorama social de los Estados Unidos y las complejas perspectivas de futuro para nuestra región, que aún no tiene garantizado un pedazo de sol bajo el cielo del nuevo orden mundial que comienza a emerger. Varias cosas fueron singulares en ese encuentro: desde la duración inusitada de una entrevista que discurrió por diversos temas a lo largo de casi 3 horas de duración, hasta la beligerancia del polemista que encarna Grosfoguel, tan a contramano de los usos y costumbres que uno podría imaginar en un académico de la Universidad de California en Berkeley. Grosfoguel fue uno de los fundadores y principales animadores del llamado Grupo Modernidad/Colonialidad, que pasó a mejor vida sacudido por los recurrentes cismas que la política latinoamericana y caribeña impone de forma recurrente a sus intelectuales, o al menos a los que aún se preocupan de participar, de vez en cuando, de lo que hacen los mortales afuera de la torre de cristal. Como él mismo se encargará de explicar, la fractura se produjo por una auténtica «guerra de solicitadas» en torno a la candente cuestión venezolana. Grosfoguel es autor de numerosos libros y artículos sobre descolonización, racismo, interculturalidad, economía política, migraciones y tantos otros tópicos. Su último libro, “De la sociología de la descolonización al nuevo antiimperialismo decolonial” (Akal, 2022), aborda muchos de los temas de la primera parte en que decidimos dividir la siguiente entrevista, exclusiva para ALAI. Gonzalo Armúa y Lautaro Rivara: En varias ocasiones planteaste una crítica a una corriente de intelectuales y académicos que llamás los “decoloniales coloniales”. ¿Cuál crees que es o debería ser el vínculo entre decolonialidad y antiimperialsimo? ¿Por qué se produjo esa ruptura entre un sector de la academia crítica y diferentes procesos populares del continente como los de Venezuela o Cuba? Ramón Grosfoguel: Siempre he asumido, quizás ingenuamente, que cuando uno dice decolonial presupone allí el antiimperialismo. Porque, ¿de qué te estás descolonizando si no eres antiimperialista? Yo fui en gran medida responsable de la organización de la Red Modernidad/Colonialidad. Pero esa red murió en Venezuela. Hubo allí una división insalvable, porque un sector de la red, encabezada por [Edgardo] Lander, tomó partido por una posición inadmisible, firmando un documento escrito en medio de una agresión imperialista contra Venezuela, durante las llamadas guarimbas. Las guarimbas eran grupos paramilitares que estaban por ese entonces matando gente en las calles, como lo pude ver en el verano de 2019 con mis propios ojos. Esto no solo lo han hecho en Venezuela: lo hicieron en Siria, en Ucrania en el 2014 durante el golpe de estado, en muchos otros lugares. Fue en ese marco que apareció un documento repitiendo las mismas tesis del imperio. Lo mismo volvió a suceder en enero de 2019, cuando el intento de golpe de [Juan] Guaidó. Incluso este grupo se reunió con él, afirmando a la prensa que Guaidó era democráticamente más legítimo que Nicolás Maduro. Pero hubo mucha otra gente de la izquierda o seudo-izquierda latinoamericana que firmó los documentos también. Pude ver a Lander en Democracy Now, un programa de la izquierda estadounidense, afirmando que lo que Trump decía del gobierno de Venezuela, que era autoritario, que era una dictadura, pues era cierto. Estaba minando el apoyo de la izquierda, el único que queda a Venezuela. Esta gente se dedica a socavar estos apoyos, a desmovilizar a la izquierda. “Yo fui en gran medida responsable de la organización de la Red Modernidad/Colonialidad. Pero esa red murió en Venezuela. Hubo allí una división insalvable”. Once meses después, en noviembre de 2019, fue el golpe de Estado a Evo [Morales]. Otra vez aparecieron los mismos documentos contando la misma historia: aduciendo muchos de ellos que no era un golpe de Estado, que era una rebelión popular, blanqueando en suma el golpe de estado imperialista. Incluso hubo tesis risibles que decían que Evo era un machista y que el golpe de estado se produjo porque era un machista. En medio de un golpe, no estaban denunciándolo, no estaban saliendo a la calle a defender al presidente democráticamente electo. Estaban tirándole fuego a la víctima. Entonces, ¿de qué decolonialidad estamos hablando? Todo esto me llevó a pensar que ya no puedo decir que soy decolonial a secas, habiendo una serie de intelectuales «decoloniales coloniales». Por eso afirmo que soy «decolonial antiimperialista». Para mí aquí hay un antes y un después. ¿Por qué? Aquí estuvimos un grupo de personas, entre ellos la Escuela Descolonial de Caracas, en aquel momento con Juan José Bautista, con Karina Ochoa, Enrique Dussel, que tomamos partido por Venezuela y su gente. Yo siento la responsabilidad de llamar la atención sobre este monstruo de siete cabezas que se llama Modernidad/Colonialidad. Por eso decidimos trazar una línea roja. Por eso digo que la red murió en Venezuela. Ya no podemos trabajar juntos. G.A y L.R: ¿Por qué crees que esos intelectuales llegaron a esos posicionamientos? ¿Cuál es la razón de fondo? R.G: Intenté dar respuesta a eso en una serie de videos que llevan por título «La bancarrota de la izquierda». Lo que intento allí es tratar de no caer en el reduccionismo de «esta gente se vendió», de complejizar el asunto y entender que les llevó a esas posiciones. ¿Cómo es que esas personas que en cierto momento de sus trayectorias estuvieron de este lado, cruzaron la avenida y ahora están disparando desde la otra trinchera? Esa gente ya no es parte de la decolonialidad. Hay que dejar de referirse a ellos de esa manera: Dussel me llamó la atención sobre eso. Entonces, ¿qué los llevó allí? Pensando en el marco categorial, podemos señalar varias cosas. El primero es el abandono de la comprensión de lo que es el imperialismo. Ellos abandonaron esa categoría, o ven al imperialismo como una cosa puramente exterior, abstracta. Algo parecido a lo que hacían [Fernando Henrique] Cardoso y [Enzo] Faletto en su ensayo «Teoría de la dependencia». La teoría de la dependencia tenía dos vertientes: la de Cardoso daba mucho énfasis a las situaciones internas de cada país, debilitando el análisis internacional del imperialismo, priorizando las relaciones de fuerza dentro de los propios estados. Pero tú no puedes desvincular lo que sucede dentro del Estado de las estrategias globales del imperialismo. La otra vertiente provenía de la escuela brasilera: Theotônio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Vânia Bambirra y el mismo André Gunder Frank: ellos nunca perdieron de vista la relación centro-periferia, la propia dialéctica de la dependencia, el hecho de que la acumulación de capital a escala global está mediada por el sistema imperialista de super-explotación de las periferias. Yo me identifico, por supuesto, con esta segunda corriente. Entonces, el primer problema de esta línea decolonial-colonial es que carece de una teoría del imperialismo. O a lo sumo ésta aparece de forma laxa. “[Lo primero] es el abandono de la comprensión de lo que es el imperialismo. Ellos abandonaron esa categoría, o ven al imperialismo como una cosa puramente exterior, abstracta”. El segundo problema es una tendencia de tipo culturalista, donde todo aparece reducido a la epistemología y se pierde de vista la economía política. Aclaro que soy de los que han llamado la atención sobre la necesidad de descolonizar los paradigmas de la economía política, de hacer una cartografía crítica del legado de diferentes corrientes marxistas. Pero no se trata de tirar a la basura la economía política. Este culturalismo, al estilo del de [Walter] Mignolo, termina en una concepción muy identitaria -en su sentido más colonial- en donde las relaciones de dominación de la economía política no aparecen, o lo hacen de modo muy tangencial. En tercer lugar, hay un problema con el Estado: son fundamentalmente antiestatistas. El propio [Aníbal] Quijano, que tuvo una enorme influencia en esta red, era antiestatista, anarquizante. Entonces, cualquier cosa que tú hagas dentro del Estado o con el Estado invalida desde ya cualquier proyecto, y se supone que tú no lo puedas apoyar, porque se trataría de un “proyecto de poder”. Pero la cuestión es mucho más compleja, más cuando hablamos de procesos antiimperialistas en nuestra región. El propio Lander hablaba -hace ya casi 20 años- de un apoyo crítico a Hugo Chávez y la revolución bolivariana. Pero había mucha más crítica que apoyo. Una vez invité a Lander a debatir con un opositor al chavismo, un alemán radicado en Venezuela, en la Universidad de Berkeley. No hubo ningún debate, porque Lander terminó diciendo casi lo mismo que el alemán. Fue realmente muy decepcionante. De hecho, la manera como hablaba Lander de Chávez era, como dicen los venezolanos, bien sifrina. Me refiero a la manera despectiva con la que hablaría un blanco rico de un sujeto popular que no tenía las formas sociales propias de las élites. El decía que prefería que a veces Chávez cerrara la boca, que le daba vergüenza su manera de hablar. Lo mismo que tiempo después le diría el mismo Rey de España, cuando le exigió que se callase. Yo me quedé sorprendido de escuchar a quien se asumía como un decolonial, diciendo cosas tan racistas, elitistas, clasistas y coloniales como aquella. Si algo ha sostenido al pueblo venezolano hasta el día de hoy es la educación antiimperialista que proporcionó a su pueblo la palabra de Hugo Chávez, en programas como Aló Presidente, del que tanta gente se burlaba. En síntesis, aquel antiestatismo anarquizante impregnó todas las concepciones de aquel grupo. Otro tema es el liberalismo: tienen en el fondo una visión liberal, individualista. Parten de un concepto demoliberal que les impide comprender la política imperialista. No pueden ni quieren ver otras formas de democracia, de democracia popular: creen que el eje principal es autoritarismo-democracia (liberal), y desde allí se terminan posicionando con el imperialismo. Hay también un anti-extractivisto extremo y ahistórico, como si los gobiernos progresistas y de izquierda de América Latina y el Caribe hubieran creado el extractivismo, cuando es una herencia de la división colonial e imperialista del trabajo. El extractivismo no fue un invento de Chávez, [Rafael] Correa ni Morales. Puede llevar 30, 40 o más años superar este fenómeno. Veamos sino a Corea del Sur: le tomó 40 años abandonar una economía agrícola y reemplazarla por una economía industrial altamente tecnologizada. ¡40 años! Y con el apoyo político y los subsidios de Occidente, que no hemos tenido en nuestros países. Imagínate el esfuerzo y el tiempo que llevaría abandonar una economía monoexportadora con la embestida del imperialismo, en un contexto de bloqueo y una guerra permanente de sanciones. Esto va a llevar tiempo. No puedes simplemente eliminar la materialidad de la economía política con un decreto presidencial o una ley en el parlamento. Si no lo haces, pasas a ser considerado cómplice de la destrucción planetaria y enemigo de la humanidad, y al mismo nivel que cualquier multinacional o gobierno imperialista. “No pueden ni quieren ver otras formas de democracia, de democracia popular: creen que el eje principal es autoritarismo-democracia (liberal), y desde allí se terminan posicionando con el imperialismo”. No es que estemos ciegos a los problemas de los gobiernos progresistas. Soy muy consciente de las críticas que es necesario hacer. De hecho pueden ver esas mismas críticas en las clases de la Escuela Descolonial de Caracas. Pero las críticas tienen que ser dentro de la revolución, no contra la revolución. Las críticas son para mejorar los procesos, no para destruirlos. Tenemos que trazar una línea roja con estas posturas destructivas. G.A y L.R: Incluso se coloca mucho más énfasis en la crítica a los gobiernos populares que en aquellos alineados con la geopolítica de los Estados Unidos y comprometidos con las políticas económicas ultraneoliberales… R.G: Exacto. Si te fijas, nunca dedicaron atención ni solicitadas contra el gobierno de [Sebastián] Piñera en Chile, ni contra el gobierno narco-paramilitar de [Álvaro] Uribe en Colombia. No: el foco está siempre puesto en la denuncia de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Veamos sino lo que pasó en Ecuador: no quisieron apoyar a Correa porque era extractivista, y terminaron apoyando la política pro-imperial y oenegeista de Yaku Pérez, un tipo apoyado por los Estados Unidos para dividir los votos de la izquierda. Cuando se produjo la segunda vuelta, esta vez entre el candidato de Correa y Guillermo Lasso, ni siquiera llamaron a votar en contra del banquero. Lo mismo sucedió con la instrumentalización de la crítica al patriarcado por parte de cierto feminismo imperialista, cuando se retiró el apoyo a Evo Morales por “machista” en medio de un golpe de Estado, como lo hizo Rita Segato. ¿Qué decolonialidad es esa? ¿Cuál es la descolonización posible si no tienes en claro la cartografía del poder en la región y el rol que juega en ella el imperialismo estadounidense? Por eso hay que preguntarse por los intereses detrás de estos personajes que desmovilizan a las izquierdas en América Latina. Por eso siempre me pregunto quién es el que paga. Si buscamos y trazamos la ruta del dinero y los apoyos vamos a encontrar varias fundaciones alemanas. En Asia por ejemplo éstas tienen ya un historial de más de 50 años de actuación. Estas fundaciones socialdemócratas canalizan el dinero que el imperialismo norteamericano no puede entregar directamente. La Fundación Willy Brandt, por ejemplo, cumplió ese papel en los años 50, 60 y 70, dado que a la CIA le interesaba y le interesa producir una seudo-izquierda: su rol no es sólo el de apoyar a las derechas y los golpes de Estado. Yo sabía por ejemplo que se venía un golpe de Estado en Bolivia dos meses antes. ¿Por qué? Porque empecé a constatar las movilizaciones que en toda Europa comenzaban a instalar que Evo Morales había quemado el Amazonas. No Bolsonaro, sino Evo Morales. Circuló toda una campaña internacional en Europa y los Estados Unidos asociada a estas mismas fundaciones alemanas. Esto es un hecho, más allá de que esta gente sea o consciente o no de quien pone ese dinero. Obviamente es gente que ha escrito cosas importantes, interesantes, que pueden ser útiles. Pero, ¿para qué me sirve un intelectual que a la hora de la verdad se posiciona en la otra trinchera? ¿Para qué sirven sus teorías? G.A y L.R: ¿Y qué hay de las condiciones materiales que impone el propio ámbito académico, incluso más allá del sostén económico? ¿No hay una colonialidad específicamente universitaria? ¿Por qué se da este alejamiento de la praxis por parte de una intelectualidad latinoamericana y caribeña que en otras épocas formaba políticamente a los sindicatos, hacía parte orgánica de los movimientos populares y hasta ejercía roles de conducción y liderazgo? R.G: Definitivamente. Todo el sistema académico está organizado para la cooptación de pensadores radicales. Es un sistema que ofrece buenos salarios, otorga privilegios y lleva compulsivamente a publicar en revistas indexadas del Norte Global. Para cuando el intelectual abrió los ojos, ya dejó de ser radical: de pronto escribe lo que hay que escribir para ser publicado, promocionado y premiado. Esta decolonialidad descafeinada es el precio a pagar para tener una carrera académica exitosa. La idea es preservar cierta distancia y pureza que otorga prestigio, permanecer en un limbo y no tomar posición de forma decidida ni por esto ni por aquello. Pero yo no lo veo solo como un solapamiento entre conveniencia y convicción. Yo lo veo como un problema profundamente ideológico, ligado al marco categorial equivocado que ya mencioné. “Si buscamos y trazamos la ruta del dinero y los apoyos vamos a encontrar varias fundaciones alemanas […] Estas fundaciones socialdemócratas canalizan el dinero que el imperialismo norteamericano no puede entregar directamente”. Yo me relaciono con la decolonialidad de una manera política. Siempre fui un activista antiimperialista en Puerto Rico, durante toda mi vida. Para mi la decolonialidad es un proyecto político de transformación del mundo, no una moda académica. G.A y L.R: Hecho el diagnóstico, ¿cómo crees que esta corriente, esta agenda decolonial y antiimperialista se puede masificar? ¿Cómo puede arraigar en movimientos de masas, como lo hizo el marxismo, el nacionalismo popular, el indianismo y otras tradiciones revolucionarias? ¿Cómo llegar a una educación recíproca entre intelectuales y organizaciones populares? R.G: Hay numerosos movimientos decoloniales que existen y operan actualmente en el mundo. Por ejemplo los movimientos indígenas en Bolivia, que no necesitan de intelectuales decoloniales para ser decoloniales. Los hay indígenas, los hay afrodescendientes, de todo tipo: por ejemplo el del pueblo nasa en Colombia, el de pobladores en Venezuela o Chile, etcétera. Independientemente de que hayamos incidido o no en su formación y debates, como lo hizo Juan José Bautista en Bolivia, lo decolonial nos precede, por supuesto. Debemos tomarnos muy en serio el pensamiento crítico que se produce desde esos movimientos para hacer jirones el pensamiento hegemónico colonial y eurocéntrico. Metodológicamente debemos pensar junto con los movimientos y no sobre ellos: no son algo objetivable. En Sudáfrica, por ejemplo, construimos una Escuela Decolonial que tuvo un impacto enorme sobre el movimiento social sudafricano: allí lo decolonial ya es sentido común en diferentes sectores de la sociedad. Ha habido huelgas estudiantiles llamando a descolonizar las universidades sudafricanas. En Venezuela también hemos sido una influencia a partir de las Escuelas Decoloniales, contando ahora con un Instituto Nacional para la Descolonización dentro del Ministerio de Cultura, incidiendo en el sistema escolar, en las universidades. Incluso el Plan de la Patria incluyó como uno de sus ejes la descolonización. Siempre estamos buscando cómo hacer ese vínculo entre la producción intelectual y la producción de luchas políticas y sociales. Yo lo considero un mandato de la huelga que creó mi departamento en la Universidad de Berkeley: nosotros estamos ahí como un caballo de Troya para potenciar los movimientos antiimperialistas en el mundo. Nosotros utilizamos esa brecha en la universidad blanca imperialista, una de las mejor posicionadas en el mundo, y la usamos como plataforma para tener un impacto. Quienes protagonizaron esa huelga en el año 69 eran del Frente de Liberación para el Tercer Mundo: eran estudiantes negros, latinos, asiáticos e indígenas estadounidenses. Nosotros nos consideramos como el Tercer Mundo dentro del Primero. La decolonialidad ha muerto: ¡que viva la decolonialidad! ALAI conversó en exclusiva con el sociólogo puertorriqueño Ramón Grosfoguel sobre la muerte ¿y posible resurrección? de la perspectiva decolonial G.A y L.R: Si tuvieras que sintetizar la agenda decolonial antiimperialista, ¿cuáles serían sus puntos esenciales? La agenda decolonial tiene diferentes registros. En primer lugar, tiene que ser necesariamente antiimperialista. Ese es el horizonte. Tenemos que ir contra la civilización de muerte que reproduce el mundo que vivimos. Esa civilización a combatir tiene nombre y apellido: es el sistema imperialista mundial. Cuando estos decoloniales de los que hablamos antes hablan de lo civilizatorio nunca lo vinculan a este sistema concreto: la civilización no es una cosa abstracta. El horizonte tiene que ser trans-moderno, debe superar la civilización moderna, capitalista y occidental. Este sistema tiene por supuesto varios ejes de dominación: patriarcales, racistas, pedagógicos, cartesianos, etcétera. Yo identifico 16 jerarquías de dominación distintas. Lo que intento es descolonizar paradigmas como los de la economía política: lo que antes se identificaba como superestructuras son en realidad jerarquías de dominación, principios organizadores de la acumulación de capital. El carácter genocida, racista, feminicida, ecologicida, epistemicida, anticomunitarista, es consustancial al proceso de acumulación y al proyecto civilizatorio occidental. En otras palabras: el capitalismo es el sistema económico de una civilización. “Debemos tomarnos muy en serio el pensamiento crítico que se produce desde esos movimientos para hacer jirones el pensamiento hegemónico colonial y eurocéntrico”. El problema con el paradigma del socialismo del siglo XX es que siempre concibió la relación entre el capitalismo y otras formas de dominación como infraestructura-superestructura. Por eso no sólo no se superaron diversas formas de dominación, sino que ni siquiera se pudo resolver lo que se planteaba: la transformación radical del sistema económico. Esto, de nuevo, porque no estamos haciendo frente sólo a un sistema económico, sino a una civilización. Por eso es que jamás vas a lograr destruir el capitalismo histórico reproduciendo sus mismas lógicas sexistas, egocéntricas, dualistas, etcétera. Es por esto que la decolonialidad no es una discusión académica, teórica, es una discusión política que nos plantea una nueva cartografía del poder. Es ahí en dónde Chávez estaba clarísimo. Él decía que había que aprender de los problemas y errores del socialismo del siglo XX para pensar el socialismo del siglo XXI. Eso es lo que Dussel llama la transmodernidad: aún no podemos darle nombre, porque estamos en un proceso de transición. ¿Cuál será finalmente la civilización emergente? Lo veremos en el proceso.

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Descolonial e marxismo

Diez tesis sobre marxismo y descolonización Por Vijay Prashad Foto: Disamis Arcia / La Tizza Foto: Disamis Arcia / La Tizza ··· Conferencia pronunciada en la Casa de las Américas, en junio de 2022. Una primera versión del texto, con los comentarios de su autor, apareció en el sitio La Ventana el 9 de julio. ··· Tesis uno: El fin de la historia. El colapso de la Unión Soviética y del sistema de Estados comunistas de Europa del Este en 1991 vino acompañado de una terrible crisis de la deuda en el Sur Global, que empezó con el default de México en 1982. Estos dos eventos, la desaparición de la URSS y la debilidad del proyecto del Tercer Mundo, se encontraron con el ataque del imperialismo de los Estados Unidos y su proyecto de globalización impulsado en la década de 1990. Para la izquierda, esta fue una década de debilidad, ya que nuestras tradiciones y organizaciones dudaron de sí mismas y no pudieron hacer avanzar nuestras ideas en el mundo. La historia ha terminado, dijeron los ideólogos del imperialismo estadounidense, y la única posibilidad de avanzar era el proyecto de Estados Unidos. El castigo infligido a la izquierda por la rendición del liderazgo soviético fue pesado y llevó no solo al cierre de muchos partidos de izquierda, sino también al debilitamiento de la confianza de millones de personas sobre las claridades del pensamiento marxista. Tesis dos: La batalla de ideas. Durante la década de 1990, el presidente cubano Fidel Castro llamó a sus conciudadanos a participar en la «batalla de ideas», una frase que tomó prestada de La ideología alemana (1846) de Karl Marx y Friedrich Engels [1959]. Lo que Castro quería decir con esta frase es que las personas de izquierda no deben acobardarse ante la creciente marea de la ideología neoliberal, sino enfrentarse con confianza al hecho de que el neoliberalismo es incapaz de resolver los dilemas básicos de la humanidad. Por ejemplo, no tiene respuesta a la persistencia del hambre: 7.900 millones de personas viven en un planeta con alimentos suficientes para 15.000 millones y, aun así, aproximadamente 3.000 millones de personas tienen grandes dificultades para comer. Este hecho solo puede ser abordado por el socialismo y no por la industria de la caridad (FAO, 2014; FAO, 2022: VI.). La Batalla de Ideas se refiere a la lucha para evitar que los enigmas de nuestro tiempo, y sus soluciones, sean definidos por la burguesía. En su lugar, las fuerzas políticas a favor del socialismo deben buscar ofrecer una evaluación y soluciones mucho más realistas y creíbles. Por ejemplo, Fidel Castro habló en Naciones Unidas en 1979 con gran emoción sobre las ideas de los «derechos humanos» y «la humanidad»: «Se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos, para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años, para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres, para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas, hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y a la dignidad humana.» Cuando Castro volvió a la Batalla de Ideas en los años noventa, la izquierda se enfrentó a dos tendencias relacionadas que siguen creando problemas ideológicos en nuestro tiempo. 1. Posmarxismo. Floreció la idea de que el marxismo estaba demasiado centrado en «grandes narrativas» (como la importancia de trascender el capitalismo y llegar al socialismo) y que los relatos fragmentados serían más precisos para entender el mundo. Las luchas de la clase trabajadora y el campesinado para obtener poder en la sociedad y sobre las instituciones estatales fueron vistas como otra «gran narrativa» falsa, mientras que la política fragmentada de las organizaciones no gubernamentales se consideraba más factible. La retirada del poder hacia la prestación de servicios y hacia una política de reforma se hizo en el nombre de ir más allá de Marx. Pero este argumento — ir más allá de Marx — era en realidad, como el difunto Aijaz Ahmad señaló, un argumento para volver al periodo anterior a Marx, para ignorar los hechos del materialismo histórico y la posibilidad zigzagueante de construir el socialismo como la negación histórica de la brutalidad y la decadencia capitalistas. El posmarxismo era un regreso al idealismo y al perfeccionismo. 2. Poscolonialismo. Algunos sectores de la izquierda comenzaron a argumentar que el impacto del colonialismo era tan grande que ninguna transformación sería posible y la única respuesta a lo que podía venir después del colonialismo era una vuelta al pasado. Trataban el pasado, como argumentaba el marxista José Carlos Mariátegui en 1928 sobre el indigenismo, como un destino y no como un recurso. Se desarrollaron varias vertientes de teoría poscolonial, algunas de las cuales ofrecen reflexiones genuinas extraídas a menudo de los mejores textos de los intelectuales patrióticos de las nuevas naciones poscoloniales y de la tradición revolucionaria de la liberación nacional (anclada en escritores como Frantz Fanon). Para la década de 1990, la tradición poscolonial, que previamente había estado comprometida con el cambio revolucionario en el Tercer Mundo, se vio arrastrada por las corrientes universitarias del Atlántico Norte que favorecían la imposibilidad revolucionaria. La versión más extrema del afropesimismo, una parte de esta nueva tradición, sugería un paisaje desolador de «muerte social» para las personas de descendencia africana, sin posibilidad de cambio. El pensamiento decolonial o la decolonialidad se dejó atrapar por el pensamiento europeo, aceptando la afirmación de que muchos conceptos humanos, como la democracia, están definidos por la «matriz de poder» o la «matriz de la modernidad» colonial. Los textos del pensamiento decolonial vuelven una y otra vez al pensamiento europeo, incapaces de producir una tradición enraizada en las luchas anticoloniales de nuestro tiempo. La necesidad de cambio quedó suspendida en estas variantes del poscolonialismo. La única descolonización real es el antimperialismo y el anticapitalismo. No se puede descolonizar la mente a menos que se descolonicen también las condiciones de producción social que refuerzan la mentalidad colonial. El posmarxismo ignora el hecho de la producción social, así como la necesidad de construir riqueza social que tiene que ser socializada. El afropesimismo sugiere que tal tarea no puede ser llevada a cabo debido al racismo permanente. El pensamiento decolonial que va más allá del afropesimismo pero no puede ir más allá del posmarxismo, no consigue ver la necesidad de descolonizar las condiciones de producción social. Tesis tres: Un fracaso de la imaginación. En el periodo entre 1991 y principios de los años 2000, la amplia tradición del marxismo de liberación nacional se sintió aplastada, incapaz de responder a las dudas sembradas por el posmarxismo y la teoría poscolonial. Esta tradición de marxismo ya no tenía el apoyo institucional del periodo anterior, cuando los movimientos revolucionarios y los gobiernos del Tercer Mundo se ayudaban mutuamente y cuando incluso las instituciones de las Naciones Unidas trabajaban para hacer avanzar algunas de estas ideas. Parecía que las plataformas que se desarrollaron para hacer germinar formas de internacionalismo de izquierda — como el Foro Social Mundial — no tenían la voluntad de dejar claras las intenciones de los movimientos populares. El eslogan del Foro Social Mundial, por ejemplo, era «otro mundo es posible», una afirmación débil, ya que ese otro mundo podría también ser definido por el fascismo. No había muchas ganas de lanzar un lema preciso como «el socialismo es necesario». Uno de los grandes males del pensamiento posmarxista — que deriva parte de su munición de formas de anarquismo — ha sido la ansiedad purista sobre el poder del Estado. En lugar de utilizar las limitaciones del poder del Estado para argumentar por una mejor gestión del Estado, el pensamiento posmarxista ha argumentado contra cualquier intento de asegurar el poder sobre el Estado. Se trata de un argumento esgrimido desde el privilegio de aquellos que no tienen que sufrir los hechos obstinados del hambre y el analfabetismo, que afirman que las formas de ayuda mutua o caridad a pequeña escala no son «autoritarias», como los proyectos estatales para erradicar el hambre. Se trata de un argumento de pureza que termina renunciando a cualquier posibilidad de abolir las estructuras que imposibilitan la dignidad y el bienestar humanos. En los países más pobres, donde las formas de caridad y ayuda mutua a pequeña escala tienen un impacto minúsculo en los enormes desafíos que enfrenta la sociedad, no se justifica nada menos que tomar el poder del Estado y usar ese poder para erradicar fundamentalmente los hechos obstinados de la desigualdad y la miseria. Abordar la cuestión del socialismo requiere un examen minucioso de las fuerzas políticas que deben reunirse para disputar a la burguesía la hegemonía ideológica y el control del Estado. Estas fuerzas experimentaron un revés decisivo cuando la globalización neoliberal reorganizó la producción en una cadena de montaje mundial a partir de los años setenta, fragmentando la producción industrial en todo el mundo. Esto debilitó a los sindicatos en los sectores más importantes y de más alta densidad, e invalidó la nacionalización como una estrategia posible para construir poder proletario. Desorganizada, sin sindicatos y con largas jornadas y tiempos de transporte, toda la clase trabajadora internacional se encontró en una situación de precariedad (Tricontinental, 2018). La Organización Internacional del Trabajo se refiere a este sector como el precariado, el proletariado precario. A las fuerzas desorganizadas de la clase trabajadora, del campesinado, de las y los desempleados y de quienes apenas tienen empleo, les resulta virtualmente imposible construir, a partir de sus luchas, el tipo de teoría y confianza necesarios para enfrentar directamente a las fuerzas del capital. Una de las lecciones claves para los movimientos de la clase trabajadora y del campesinado proviene de las luchas que se están incubando en India. Durante la última década, se han producido huelgas generales que han incluido hasta 300 millones de trabajadores anualmente. En 2020–2021, millones de campesinos hicieron una huelga de un año que forzó al gobierno a retroceder en sus nuevas leyes, que querían uberizar el trabajo agrícola. ¿Cómo lograron el movimiento campesino y el movimiento sindical hacer esto en un contexto en el que hay muy poca sindicalización y más del 90 % de las y los trabajadores están en el sector informal? (Raveendran y Vanek, 2020; Tricontinental, 2021). Gracias a las luchas protagonizadas por esos trabajadores informales, principalmente las trabajadoras del sector de cuidados, en el curso de las últimas dos décadas los sindicatos comenzaron a asumir los asuntos de ese sector — de nuevo principalmente mujeres — como asuntos de todo el movimiento sindical. Las luchas por la permanencia en el empleo, por contratos salariales adecuados, por la dignidad de las trabajadoras y otros temas afines, produjeron una fuerte unidad entre las diferentes fracciones de trabajadores. Las principales luchas que hemos visto en India han sido protagonizadas por estos trabajadores informales, cuya militancia ahora se canaliza a través del poder organizado de las estructuras de los sindicatos. Más de la mitad de la fuerza de trabajo mundial está formada por mujeres, mujeres que no ven los asuntos que les atañen como cuestiones de mujeres, sino como cuestiones por las que todxs lxs trabajadorxs deben luchar y conquistar. Lo mismo ocurre con los asuntos que tienen que ver con la dignidad de los trabajadores en función de su raza, casta y otras distinciones sociales. Además, los sindicatos han abordado cuestiones que impactan la vida social y el bienestar de la comunidad más allá del lugar de trabajo, exigiendo el derecho al agua, al alcantarillado, a la educación para niñas y niños y a ser libres de la intolerancia de todo tipo. Estas luchas «comunitarias» son una parte integral de las vidas de las y los trabajadores y campesinos; al abordarlas, los sindicatos se arraigan en el proyecto de rescatar la vida colectiva, construyendo el tejido social necesario para el avance hacia el socialismo. Tesis cuatro: Volver a la fuente. Es tiempo de recuperar y volver a lo mejor de la tradición marxista de liberación nacional. Esta tradición tiene sus orígenes en el marxismo-leninismo, y fue siempre ampliada y profundizada por las luchas de cientos de millones de trabajadores y campesinos en las naciones más pobres. Las teorías de estas luchas fueron elaboradas por personas como José Carlos Mariátegui, Ho Chi Minh, E. M. S. Namboodiripad, Claudia Jones y Fidel Castro. Hay dos aspectos centrales en esta tradición: 1. De las palabras «liberación nacional» se desprende el concepto clave de soberanía. El territorio de una nación o una región debe ser soberano frente a la dominación imperialista. 2. De la tradición del marxismo obtenemos el concepto clave de dignidad. La lucha por la dignidad implica una lucha contra la degradación del sistema salarial y contra las viejas y miserables jerarquías sociales heredadas, incluidas las que tienen que ver con raza, género, orientación sexual, etcétera. Tesis cinco: El marxismo «ligeramente estirado». El marxismo entró en las luchas anticoloniales no directamente a través de Marx, sino a través de los importantes desarrollos que Vladimir Lenin y la Internacional Comunista hicieron a la tradición marxista. Cuando Fanon dijo que el marxismo fue «ligeramente estirado» cuando salió de su contexto europeo, tenía en mente esta modificación (Fanon, 2011 [1961]). Cinco elementos clave definen el carácter de este marxismo «ligeramente estirado» en un amplio espectro de fuerzas políticas: Era claro para los primeros marxistas que el liberalismo no resolvería los dilemas de la humanidad, los hechos obstinados de la vida bajo el capitalismo (como el hambre y la mala salud). Ningún proyecto de Estados capitalistas puso la solución a estos dilemas en el centro de su trabajo, dejándolos en cambio a la industria de la caridad. Los proyectos estatales capitalistas llevaron la idea de derechos humanos a una abstracción. Los marxistas, en cambio, reconocieron que solo si se superan estos dilemas se pueden establecer los derechos humanos en el mundo. 2. La forma moderna de producción industrial es la precondición para esta trascendencia, porque solo ella puede generar suficiente riqueza social que pueda ser socializada. El colonialismo no permitió el desarrollo de las fuerzas productivas en el mundo colonizado, imposibilitando crear suficiente riqueza social en las colonias para trascender estos dilemas. 3. El proyecto socialista en las colonias tuvo que luchar contra el colonialismo (y, por lo tanto, por soberanía), así como contra el capitalismo y sus jerarquías sociales (y, por lo tanto, por dignidad). Estos siguen siendo los dos aspectos claves del marxismo de liberación nacional. 4. Debido a la falta de desarrollo del capitalismo industrial en las colonias, y por lo tanto, de un número suficientemente grande de trabajadores industriales (el proletariado), el campesinado y los trabajadores agrícolas tenían que ser una parte clave del bloque histórico del socialismo. 5. Es importante registrar que las revoluciones socialistas tuvieron lugar en las partes más pobres del mundo — Rusia, Vietnam, China, Cuba — y no en las partes más ricas, donde las fuerzas productivas se habían desarrollado mejor. La doble tarea de las fuerzas revolucionarias en los Estados más pobres que habían ganado la independencia e instituido gobiernos de izquierda era construir las fuerzas productivas y socializar los medios de producción. Los gobiernos de estos países, formados y apoyados por la acción pública, tenían una misión histórica mucho más compleja que la prevista por la primera generación de marxistas. De estos lugares surgió un marxismo nuevo, sin límites, en el que emergió una actitud experimental hacia la construcción del socialismo. Sin embargo, muchos de estos desarrollos en la construcción socialista no se elaboraron como teoría, lo que significa que la tradición teórica del marxismo de liberación nacional no estaba totalmente disponible para responder al asalto posmarxista y poscolonial a la praxis socialista en el Tercer Mundo. Tesis seis: Los dilemas de la humanidad. Los informes sobre la terrible situación que enfrenta el mundo llegan regularmente, desde el hambre y el analfabetismo hasta los resultados cada vez más frecuentes de la catástrofe climática. La riqueza social que podría destinarse a resolver estos profundos dilemas de la humanidad se despilfarra en armas y paraísos fiscales. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas para acabar con el hambre y promover la paz mundial necesitarían una inyección de 4,2 billones de dólares al año; pero, tal como están las cosas, se gasta una fracción infinitesimal de esa cantidad para abordar estos objetivos (OECD, 2020). Con la pandemia y la inflación galopante, se destinará aún menos dinero, y los puntos de referencia que miden el bienestar, la soberanía y la dignidad se alejarán cada vez más. El hambre, el mayor dilema de la humanidad, no tiene erradicación a la vista — excepto en China, donde la pobreza extrema acabó en 2021 (Tricontinental, 2021) — . Se estima que alrededor de 3.000 millones de personas luchan hoy con diversas formas de hambre diariamente (FAO et. al., 2021: VI). Tomemos el caso de Zambia y el cuarto ODS: erradicar el analfabetismo, a modo de ejemplo. Aproximadamente el 60 % de niñas y niños entre 1ro y 4to grados en el Cinturón del Cobre no saben leer (Lusaka Times, 2018). Esta es una región que produce gran parte del cobre del mundo, que es esencial para nuestros aparatos electrónicos. Las madres y padres de estos niños llevan el cobre al mercado mundial, pero sus hijos no saben leer. Ni el posmarxismo ni el poscolonialismo abordan la existencia de este nivel de analfabetismo ni la determinación de estos padres de que sus hijos sepan leer. Sin embargo, la teoría del marxismo de liberación nacional, basada en la soberanía y en la dignidad, sí aborda estas cuestiones: exige que Zambia controle la producción de cobre y reciba mayores regalías (soberanía) y exige que la clase trabajadora de Zambia reciba una parte mayor de la plusvalía (dignidad). Mayor soberanía y mayor dignidad son caminos para abordar los dilemas a los que se enfrenta la humanidad. Pero en lugar de gastar la riqueza social en estos avances elementales, quienes poseen propiedades y ejercen privilegios y poder gastan más de dos billones de dólares al año en armas y muchos billones en fuerzas de seguridad, desde el ejército hasta la policía (Instituto para la Paz, 2022). Tesis siete: La racionalidad del racismo y del patriarcado. Es importante señalar que, en las condiciones del capitalismo, las estructuras del racismo y del patriarcado siguen siendo racionales. ¿Por qué es así? En El Capital (1867), Marx detalló dos formas de extracción de plusvalía y dio pistas sobre una tercera. Las primeras dos formas (plusvalía absoluta y plusvalía relativa) fueron descritas y analizadas en detalle, especificando cómo el robo de tiempo a lo largo de la jornada laboral extrae plusvalía absoluta del trabajador asalariado y cómo las ganancias de productividad, a la vez que disminuyen el tiempo que los trabajadores necesitan para producir sus salarios, aumentan la cantidad de plusvalía producida por ellos (plusvalía relativa). Marx también sugirió una tercera forma de extracción, escribiendo que, en algunas situaciones, se les paga a los trabajadores menos de lo que justificaría cualquier entendimiento civilizado de los salarios en esa coyuntura histórica. En El Capital, Marx señaló que los capitalistas tratan de «presionar violentamente los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo» (2004 [1867]: 670), pero no discutió más esta forma debido a la importancia que tiene para su análisis que la fuerza de trabajo se compre y se venda a su valor real. Esta tercera consideración, que llamamos superexplotación, no es irrelevante para nuestro análisis, ya que es central en la discusión sobre el imperialismo. ¿Cómo se justifica la supresión de salarios y la negativa a aumentar el pago de regalías por la extracción de materias primas? Con el argumento colonial de que, en ciertas partes del mundo, las personas tienen expectativas de vida menores y por lo tanto se puede descuidar su desarrollo social. Este argumento colonial se aplica igualmente al robo de salarios de las mujeres que realizan trabajos de cuidado, que no se paga o es muy mal pagado, con el argumento de que es «trabajo de mujeres» (Tricontinental, 2021a). Un proyecto socialista no está atrapado por las estructuras del racismo y el patriarcado, porque no requiere de estas estructuras para aumentar la cuota de plusvalía de los capitalistas. Sin embargo, la existencia de estas estructuras durante siglos, profundizadas por el sistema capitalista, ha creado hábitos que son difíciles de cambiar solamente mediante la legislación. Por ello, se debe librar una lucha política, cultural e ideológica contra las estructuras del racismo y el patriarcado que debe ser tratada con la misma importancia que la lucha de clases. Tesis ocho: Rescatar la vida colectiva. La globalización neoliberal desvaneció el sentido de la vida colectiva y profundizó la desesperación de la atomización a través de dos procesos conectados: 1. Debilitando el movimiento sindical y las posibilidades socialistas que vienen con la acción pública y la lucha en los lugares de trabajo, enraizadas en el sindicalismo. 2. Sustituyendo la idea de ciudadano por la de consumidor, en otras palabras, la idea de que los seres humanos son principalmente consumidores de bienes y servicios, y que la subjetividad humana se aprecia mejor a través de desear cosas. El desmoronamiento de la colectividad social y el auge del consumismo empeoran la desesperación, que se transforma en diversos tipos de retiradas. Dos ejemplos de esto son: a) el repliegue en redes familiares que no pueden sostener las presiones ejercidas sobre ellas por la retirada de los servicios sociales, la creciente carga del trabajo de cuidados en la familia, y los tiempos de desplazamiento y las jornadas laborales cada vez más largos; b) el paso a formas de toxicidad social a través de vías como la religión o la xenofobia. Aunque estas vías ofrecen oportunidades para organizar la vida colectiva, no están organizadas para el progreso humano, sino para estrechar las posibilidades sociales. ¿Cómo se puede rescatar la vida colectiva? Las formas de acción pública arraigadas en el auxilio social y en la alegría cultural son un antídoto esencial para esta desolación. Imaginemos días de acción pública basados en las tradiciones de izquierda que tengan lugar cada semana y cada mes, logrando que cada vez más y más gente realice juntas actividades que revitalicen la vida colectiva. Una de estas actividades es el Día de los Libros Rojos, inaugurado el 21 de febrero de 2020 por la Unión Internacional de Editoriales de Izquierda, el mismo día que Marx y Engels publicaron el Manifiesto Comunista en 1848. En 2020, el primer Día de los Libros Rojos, unos pocos cientos de miles de personas en todo el mundo acudieron a espacios públicos y leyeron el manifiesto en sus diferentes idiomas, desde el coreano hasta el español; en 2021, debido a la pandemia, la mayoría de los eventos fueron virtuales y no podemos decir realmente cuántas personas participaron en la jornada; pero en 2022, casi tres cuartos de millón de personas se sumaron a las diversas actividades. Una parte del rescate de la vida colectiva se expresó vívidamente durante la pandemia, cuando los sindicatos, las organizaciones juveniles, las organizaciones de mujeres y las federaciones de estudiantes se tomaron el espacio público en Kerala (India) para construir lavabos, coser tapabocas, instalar cocinas comunitarias, entregar comida y realizar encuestas puerta a puerta para que se pudieran tomar en cuenta las necesidades de cada persona (Tricontinental, 2021). Tesis nueve: La batalla de emociones. Fidel Castro provocó un debate en la década de 1990 alrededor del concepto de la Batalla de Ideas, la lucha de clases en el pensamiento contra las banalidades de las concepciones neoliberales de la vida humana. En los discursos de Fidel de este periodo no solo era clave lo que decía, sino cómo lo decía, con cada palabra impregnada de la gran compasión de un hombre comprometido con la liberación de la humanidad de los tentáculos de la propiedad, el privilegio y el poder. De hecho, la Batalla de Ideas no se refería únicamente a las ideas en sí, sino también a una «batalla de emociones», un intento de cambiar el paladar de las emociones de una fijación en la codicia a consideraciones de empatía y esperanza. Uno de los verdaderos retos de nuestro tiempo es el uso burgués de las industrias culturales y de las instituciones educativas y religiosas para distraer la atención de cualquier debate sustancial sobre los problemas reales — y sobre la búsqueda de soluciones en común a los dilemas sociales — hacia la obsesión por problemas fantasiosos. En 1935, el filósofo marxista Ernst Bloch llamó a esto la «estafa del cumplimiento», plantar una serie de fantasías para enmascarar lo imposible de su realización. El beneficio de la producción social, escribió Bloch, «es apropiado por el estrato superior de los grandes capitalistas, que utiliza sueños góticos contra las realidades proletarias» (1991: 103). La industria del entretenimiento erosiona la cultura proletaria con el ácido de las aspiraciones que no pueden realizarse bajo el sistema capitalista. Pero estas aspiraciones son suficientes para debilitar cualquier proyecto de la clase trabajadora. Una sociedad degradada por el capitalismo produce una vida social impregnada de atomización y alienación, desolación y miedo, rabia y odio, resentimiento y fracaso. Se trata de emociones desagradables que son moldeadas y promovidas por las industrias culturales («tú también puedes tenerlo»), los establecimientos educativos («la codicia es el motor principal») y los neofascistas («odia a los inmigrantes, a las minorías sexuales y a cualquiera que te niegue tus sueños»). El dominio de estas emociones en la sociedad es casi absoluto y el ascenso de los neofascistas se basa en este hecho. El significado se vacía, tal vez como resultado de una sociedad de espectáculos que ya se ha agotado. Desde una perspectiva marxista, la cultura no se considera un aspecto aislado y atemporal de la realidad humana, ni las emociones se consideran como un mundo en sí mismo o ajenas a los acontecimientos de la historia. Dado que las experiencias humanas se definen por las condiciones de la vida material, las ideas de destino perdurarán mientras la pobreza sea una característica de la vida humana. Si la pobreza se supera, entonces el fatalismo tendrá un fundamento ideológico menos seguro, pero no se verá automáticamente desplazado. Las culturas son contradictorias y juntan una serie de elementos de formas desiguales, del tejido social de una sociedad desigual que oscila entre la reproducción de las jerarquías de clase y la resistencia a elementos de la jerarquía social. Las ideologías dominantes impregnan la cultura a través de los tentáculos de aparatos ideológicos como un maremoto, arrollando las experiencias reales de la clase trabajadora y el campesinado. Al fin y al cabo, es a través de la lucha de clases y a través de las nuevas formaciones sociales creadas por los proyectos socialistas que se crearán nuevas culturas, y no por meras ilusiones. Es importante recordar que, en los primeros años de cada uno de los procesos revolucionarios — desde Rusia en 1917 hasta Cuba en 1959 — , la efervescencia cultural estaba saturada de emociones de alegría y posibilidad, de intensa creatividad y experimentación. Es esta sensibilidad la que ofrece una ventana a algo distinto de las macabras emociones de la avaricia y el odio. Tesis diez: Atreverse a imaginar el futuro. Uno de los mitos duraderos de la era postsoviética es que no hay posibilidad de un futuro postcapitalista. Este mito nos llegó desde el seno de la clase intelectual triunfalista estadounidense, cuya sensibilidad ante «el fin de la historia» contribuyó a reforzar la ortodoxia en campos como la economía y la teoría política, impidiendo debates abiertos sobre el postcapitalismo. Incluso cuando la economía ortodoxa no pudo explicar la prevalencia de las crisis, incluido el colapso económico total en 2007–2008, el propio campo conservó su legitimidad. Estos mitos se hicieron populares gracias a Hollywood y los programas de televisión, donde películas sobre desastres y distopías sugerían la destrucción planetaria antes que una transformación socialista. Es más fácil imaginar el fin de la tierra que un mundo socialista. Durante el colapso económico, la frase «demasiado grande para quebrar», se instaló en el sentido común, reforzando la naturaleza eterna del capitalismo y los peligros de intentar siquiera sacudir sus cimientos. El sistema se paralizó. La austeridad gruñó a los precarios. Los pequeños negocios colapsaron por falta de crédito. Y sin embargo no se planteó masivamente ir más allá del capitalismo. La revolución mundial no se veía en el horizonte inmediato. Esta realidad parcial sofocó tanta esperanza en la posibilidad de ir más allá del sistema — un sistema demasiado grande para fracasar — que ahora parece eterno. Nuestras tradiciones argumentan contra el pesimismo, señalando que la esperanza debe estructurar nuestras intervenciones de principio a fin. Pero, ¿cuál es la base material para esta esperanza? Esta base puede encontrarse en tres niveles: 1. Los hechos obstinados del hambre y el analfabetismo, la falta de vivienda y la indignidad, no pueden invisibilizarse. Tampoco puede silenciarse a aquellos a quienes se les niegan sus derechos básicos, ni desaparecerán sus condiciones materiales si no se abordan estos hechos obstinados. La desolación y la ira son los productos de esta negación. 2. Los avances masivos en la producción global, tanto en la agricultura y la industria como en el sector de los servicios, nos han permitido imaginar un mundo que trascienda la necesidad y abra las puertas a la libertad. No se puede ser libre simplemente por un edicto legal. La libertad exige superar los hechos obstinados de la vida en el capitalismo. Durante décadas hemos vivido en un mundo con la capacidad de satisfacer las necesidades de la humanidad. 3. Estos avances masivos en la producción global se produjeron no solo por los avances en la ciencia y la tecnología, sino de forma decisiva por la socialización del trabajo. Lo que se conoce como globalización considera todo el proceso desde el punto de vista del capital y del aumento de los rendimientos de escala. Lo que no reconoce es que estos masivos avances y la producción global tuvieron lugar porque las y los trabajadores ahora trabajan junto con otros a través de los océanos y que esta socialización del trabajo demuestra la integración de la clase trabajadora internacional. Esta socialización del trabajo va en contra de los estrechos y sofocantes límites de la propiedad privada, que frena avances mayores para sus propias ganancias mezquinas. El choque entre la socialización del trabajo y la propiedad privada profundiza las luchas por la socialización de la propiedad — la base del socialismo moderno — , como predijo Marx. El capitalismo ya ha fracasado. No puede abordar las cuestiones básicas de nuestro tiempo, estos hechos obstinados — como el hambre y el analfabetismo — que nos miran a la cara. No basta con estar vivos. Hay que poder vivir y prosperar. Ese es el estado de ánimo que exige una transformación revolucionaria. Necesitamos recuperar nuestra tradición de marxismo de liberación nacional, pero también elaborar la teoría de nuestra tradición a partir del trabajo de nuestros movimientos. Tenemos que prestar más atención a las teorías de Ho Chi Minh y Fidel, E. M. S. Namboodiripad y Claudia Jones. Ellos y ellas no solo hicieron, sino que también produjeron teorías innovadoras. Estas teorías deben ser desarrolladas y probadas en nuestra realidad contemporánea, construyendo nuestro marxismo no solamente a partir de los clásicos — que son útiles — sino también de los hechos de nuestro presente. El «análisis concreto de las condiciones concretas» de Lenin requiere una estrecha atención a lo concreto, a lo real, a los hechos históricos. Necesitamos más evaluaciones fácticas de nuestro tiempo, una interpretación más cercana del imperialismo contemporáneo que está imponiendo su poder militar y político para impedir la necesidad de un mundo socialista. Esta es precisamente la agenda del Instituto Tricontinental de Investigación Social, así como de los casi 30 institutos de investigación con los que trabajamos estrechamente en la Red de Institutos de Investigación y de los más de 200 movimientos políticos cuyas líneas de masa informan el desarrollo del programa de investigación del Instituto a través de la Asamblea Internacional de los Pueblos. Ciertamente, el socialismo no va a aparecer por arte de magia. Hay que luchar por él y construirlo, profundizar nuestras luchas, estrechar nuestros vínculos sociales, enriquecer nuestras culturas. Ahora es tiempo de un frente unido, de unir a la clase trabajadora y al campesinado, así como a las clases aliadas, de aumentar la confianza de las y los trabajadores y de clarificar nuestra teoría. Esta tarea requiere la unidad de todas las fuerzas de izquierda y progresistas. Nuestras divisiones en este tiempo de gran peligro no deben ser centrales, nuestra unidad es esencial. La humanidad lo exige. Bibliografía citada Karl Marx y Friedrich Engels, La ideología alemana (Moscú, Editorial Progreso, 1968), p. 38. Food and Agriculture Organization, Building a Common Vision for Sustainable Food and Agriculture. Principles and Approaches (Rome: FAO, 2014); FAO, IFAD, UNICEF, WFP y WHO, The State of Food Security and Nutrition in the World 2022: Repurposing Food and Agricultural Policies To Make Healthy Diets More Affordable (Rome: FAO, 2022), p. VI. Fidel Castro, Discurso en la Asamblea General de Naciones Unidas, como Presidente del MNOAL, 12 de octubre de 1979, disponible en https://misiones.cubaminrex.cu/en/articulo/fidel-castro-human-rights-statement-un-general-assembly-capacity-nam-president-12-october. Tricontinental: Institute for Social Research, In the Ruins of the Present, working document no. 1, 1 de marzo de 2018, disponible en https://thetricontinental.org/working-document-1/. Govindan Raveendran y Joann Vanek, ‘Informal Workers in India: A Statistical Profile’, Statistical Brief 24 (Women in Informal Employment: Globalising and Organising, agosto de 2020), 1; Tricontinental: Institute for Social Research, «The Farmers’ Revolt in India», dossier 41, 14 de junio de 2021, disponible en https://thetricontinental.org/dossier-41-india-agriculture/. Frantz Fanon, The Wretched of the Earth, trans. Richard Philcox (New York: Grove Press), p. 5. Organisation for Economic Cooperation and Development, ‘Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2021’, 9 de noviembre de 2020, disponible en https://www.oecd.org/newsroom/covid-19-crisis-threatens-sustainable-development-goals-financing.htm. Tricontinental: Institute for Social Research, Serve the People: The Eradication of Extreme Poverty in China, 23 de julio de 2021, disponible en https://thetricontinental.org/studies-1-socialist-construction/. FAO et al., The State of Food Security, p. VI. 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kERALA EXEMPLO

https://www.investigaction.net/es/como-gobiernan-los-comunistas-en-el-estado-indio-de-kerala/ En un país con problemas endémicos vinculados a la pobreza o a la desprotección social como la India, los comunistas de Kerala llevan adelante un gobierno y un “modelo” radicalmente distinto. Kerala es un estado de la India referenciado por los ciudadanos del país por su inherente belleza natural. En este territorio del sur del subcontinente viven cerca de 35 millones de personas. Para hacerse una idea, basta comentar que en Kerala viven más personas que en Venezuela o que en los países escandinavos tomados en su conjunto. La particularidad de este estado, la que lo hace interesante para su estudio, es que el Partido Comunista de la India (Marxista), o CPI (M), revalidó su triunfo en las elecciones en 2021, donde gobierna desde 2016 en el marco de la coalición del Frente Democrático de la Izquierda, o LDF, junto a otras fuerzas como el Partido Comunista de la India, o CPI. CPI (M) y CPI —separados desde que las disputas sino-soviéticas del siglo XX abrieran un cisma en el movimiento comunista de la India— han cosechado históricamente unos resultados relativamente fantásticos en la región en comparación con los obtenidos en el grueso del país. De hecho, durante décadas, el CPI (M) y el Congreso Nacional Indio se han venido disputando el dominio político de Kerala. En las elecciones de 2021, la coalición comunista-progresista obtuvo más del 45% de los votos en el estado, lo que abre la puerta a cinco años más de gobierno de izquierdas en la región. Liderados por Pinarayi Vijayan, ministro-jefe de Kerala, los comunistas tienen por delante el reto de revalidar su dirigencia política en 2026, elemento ineludible si quieren seguir aplicando el “modelo Kerala” que tanto diferencia a este territorio del resto de India. El modelo Kerala ¿Qué es el modelo Kerala? En una economía que pivota alrededor del turismo, el estado centra buena parte de sus esfuerzos en la distribución interna de los réditos económicos. A través —entre otras— de iniciativas como las Misiones (que recuerdan a las de Venezuela), el estado saca adelante proyectos de ordenación y distribución equitativa de los recursos. Estos paquetes de políticas públicas pueden aplicarse correctamente gracias a la alta tasa de participación social en espacios comunes de discusión y “autogobierno local”. En ellos, una parte importante de quienes viven en los distintos municipios, ponen sobre la mesa las necesidades inmediatas de la comunidad. Dichos diagnósticos son incorporados mediante órganos de comunicación entre el estado y los espacios de discusión a la agenda de gobierno. Estas Misiones son, en suma, programas de estímulo social como el Pothuvidyabhyasa Samrakshana Yajnam, a través del cual se inyectan ingentes cantidades de recursos para garantizar el acceso universal gratuito a libros por parte del estudiantado, para adaptar la infraestructura escolar a alumnos con diversidad funcional, para ofrecer apoyo académico, etc. En este sentido, el gobierno de Kerala ha recibido reconocimientos internacionales por la universalización y mejora de la calidad de la educación pública en todo el territorio. Otros ejemplos ilustran el alto grado de cohesión y planificación del gobierno regional: véase la Haritha Keralam Mission, vinculada al sector de la salubridad, el cuidado del agua y la gestión de residuos, o la Misión vinculada a la erradicación del hambre y la pobreza extrema mediante la entrega de kits alimentarios y cartillas de racionamiento. Aspectos como los mencionados dotan de un elemento diferenciador al “modelo Kerala”, que confronta con el “modelo Gujarat”, el cual hace referencia al estado que gobernó el actual Primer Ministro Narendra Modi —antes de desempeñar su función actual— y que se define como un modelo de desarrollo sin distribución, sin mejora notable de los indicadores sociales y privatizador de las ganancias. Aunque ha habido otras experiencias regionales de participación popular -como la de Bengala Occidental-, ninguna se ha sostenido en el tiempo ni ha producido transformaciones estructurales de hondo calado en su estado como lo ha hecho la línea del “modelo Kerala”. En India, la pobreza —incluso en los “amables” términos en los que la define el gobierno nacional— está enormemente extendida. Los problemas de acceso a agua potable, alimentos, educación o salud atraviesan la vida de una parte considerable de su población. En este contexto, Kerala, a través de su particular modelo, se sale de la norma. Entre otros aspectos, el estado ostenta la mayor tasa de alfabetización de toda India y la esperanza de vida más alta. A su vez, exhibe un centro sanitario de atención primaria en cada pueblo. Varios datos ilustran la grieta entre el “modelo Kerala” y el país en su conjunto. En primer lugar, la brecha entre lo rural y lo urbano es menos acusada en la región. Por cada 1.000 niños nacidos vivos en el mundo rural de Kerala, mueren cinco; en las poblaciones urbanas, lo hacen seis. Si se tira un poco más del hilo en este sentido, se encuentra otro dato revelador: frente a estas cifras de mortalidad infantil, el país al completo presenta unas tasas de 46/1.000 —rural— y 29/1.000 —urbano. A su vez, el porcentaje de mujeres con una escolarización mayor a 10 años es del 70% en el Kerala rural, frente al escueto 27% en el grueso del mundo rural indio. Kerala incluso muestra una mejor gestión del aspecto sanitario en el marco de un país con profundas deficiencias en el acceso a elementos de higiene, al agua, etc. La región incluso ha comenzado a trabajar en conjunto con organizaciones equivalentes a nuestros espacios de diversidades y disidencias sexuales. En esta línea, el estado ha sido capaz de poner el foco sobre aquellas comunidades que por diferentes motivos —pertenencia al colectivo LGTBI+, desconocimiento del idioma malayalam, etc.— no fueron debidamente alcanzadas por los programas universalizantes —en materia de alfabetización, por ejemplo. A modo de respuesta, el gobierno sacó adelante programas pensados desde y para estas colectividades. Como último dato, merece la pena mencionar la pobreza, donde los datos son aplastantes. Su 0,7% de pobreza registrada en el año 2021 contrasta con estados como Bihar (51,9%), Uttar Pradesh (37,8%) o Madhya Pradesh (36,7%). En otros campos también existen diferencias notables entre Kerala y el resto de India. El de los abortos selectivos femeninos es uno de ellos. Varios factores fomentan esta realidad: entre ellos, destaca la costumbre de la dote, por la cual a la hora del casamiento la familia de la mujer debe entregar a la familia del esposo el equivalente —en dinero o bienes— al valor de una casa. Economía y herencia cultural —por ejemplo no tener hijos varones supone la “pérdida” del linaje— se entremezclan produciendo fenómenos de misoginia como este, especialmente en el mundo rural. Sin embargo, Kerala marca la diferencia. Para 2011, en el estado la proporción mujeres-hombres era de 1.084:1.000; en India, era de 943:1.000. Las particularidades políticas de Kerala y del CPI (M) En Kerala, los comunistas son mayoría. Este hecho es evidente a nivel estético cuando uno recorre el estado. El argentino Fernando Duclos —conocido en redes sociales como ‘Periodistán’— ofreció un rico testimonio de esto en Youtube: las estatuas, carteles y pintadas del Che Guevara impregnan las calles de la ciudad de Kannur. A su vez, las banderas rojas de la hoz y el martillo acompañan a multitud de carteles en los que aparecen figuras como Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao o incluso Kim Jong-un. Un particular folklore socialista llama la atención a quienes visitan la región. En lo que a los posicionamientos internacionales respecta, debe hacerse ante todo un comentario: por su carácter regional, el estado de Kerala no ha tomado posiciones nítidas en cuestiones no nacionales. Sin embargo, el CPI (M) sí lo ha hecho. “China declaró que había erradicado la pobreza. Ahora, la contribución de China en la lucha contra la pobreza global es del 70 por ciento, mientras que India constituye el 60 por ciento de las personas empobrecidas del mundo”, dijo Ramachandran Pillai, figura destacada del Partido. Como sea, en la interna partidaria pueden encontrarse posiciones bastante críticas con el PCCh y otras más cercanas al socialismo chino. En cualquier caso, y como ocurre en otras latitudes —véase Brasil—, los discursos anti China por parte de la derecha india tienen resonancia en la política interna. Sectores del Bharatiya Janata Party (o BJP), el partido del Primer Ministro Modi, han conectado la retórica anti China con una retórica anti comunista centrada en el CPI (M). Miembros del BJP llegaron a decir que la creencia en el internacionalismo era “peligrosa” y “una gran traición a esta tierra por parte del movimiento comunista”, además de pedir que todos los “grupos marxistas” abandonen la India y se unan a China— en el marco de las disputas fronterizas que ambos países mantienen en lugares como Cachemira. En suma, las diferencias entre Kerala y el resto de la India son abismales, y tienen mucho que ver con su divergente historia política. La creencia general indica que en esta región nació el ayurveda, un conjunto de pseudoterapias que a menudo alejan a las personas de la medicina real. Sin embargo, es el gobierno nacional indio el que financia un Ministerio de Ayurveda, Yoga y Naturopatía, Unani, Siddha y Homeopatía (Ministerio de AYUSH) equiparado en jerarquía al Ministerio de Salud y Bienestar Familiar. Kerala, por contra, mantiene una considerable separación entre el aparato administrativo y las pseudociencias populares. Por razones de espacio, es imposible en este artículo enumerar todas las diferencias que existen entre la gobernanza regional en Kerala y el gobierno nacional indio. Lo que sí puede destacarse es una evidencia: que la implicación efectiva de los comunistas en los aparatos gestores de la región ha tenido mucho que ver en el hecho de que este estado ostente cifras de protección social y desarrollo humano muy superiores a las extendidas en el grueso del país. A su vez, es preciso recordar que India es uno de los países más afectados por problemas endémicos como la pobreza y la insalubridad; realidades frente a las cuales el gobierno de Kerala ofrece una alternativa que contrasta enormemente con el resto de la nación. Foto de portada: Ranjit Bhaskar/Al Jazeera. Fuente: El Salto