Actualización sobre la guerra con aviones no tripulados
El arte de ganar enemigos
Jadaliyya.com
| Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández |
El 1 de agosto de 2013, el Secretario de Estado estadounidense John Kerry hizo un anuncio en Islamabad, adonde se había desplazado en un intento de resucitar las estratégicas negociaciones bilaterales entre EEUU y Pakistán. Durante la conferencia de prensa, dijo que EEUU se había comprometido a poner fin a la guerra con aviones no tripulados contra Pakistán en un futuro próximo. “Pienso que el Presidente Obama tiene un calendario muy claro y confiamos en que sea muy, muy pronto”.El plan para reducir la guerra con aviones no tripulados era la condición previa fundamental para retomar las negociaciones entre los dos países, rotas en noviembre de 2011 tras un ataque aéreo que mató accidentalmente a veinticuatro soldados pakistaníes. En aquel entonces, las negociaciones iban ya renqueando en medio de crecientes sentimientos antiestadounidenses a causa de los ataques con aviones teledirigidos, la indignación provocada por los hechos acaecidos cuando un contratista de la CIA mató a tiros a dos hombres en Lahore y la última invasión del territorio pakistaní para asesinar a Obama bin Laden. Según una reciente encuesta Gallup, el 92% de la población está en contra del gobierno de EEUU.
Aunque Pakistán había permitido con anterioridad que EEUU emprendiera ataques con aviones teledirigidos, la postura de la oposición se ha convertido en la nueva posición oficial, como afirma implícitamente el comunicado de Kerry. En efecto, momentos después de haber jurado su puesto en junio, el Primer Ministro Nawaz Sharif pedía el fin de la guerra con aviones no tripulados en las zonas tribales del país y junto a la frontera con Afganistán.
La actual postura pakistaní contra la guerra con aviones no tripulados en su país está motivada por la creciente cifra de víctimas civiles. En febrero de 2012, el Bureau of Investigative Journalism (BIJ), con sede en Londres, informaba que entre 2009 y 2011, la CIA había emprendido asimismo la práctica de los segundos ataques (doble golpe), que matan e hieren a los rescatadores y atacan los funerales. Supuestamente, los segundos ataques habían terminado en julio de 2011. Sin embargo, en el mismo día en que Kerry hacía su anuncio en Islamabad, el BIJ informaba de nuevos hallazgos de cinco segundos ataques de la CIA contra el personal de rescate entre el 23 de mayo y el 23 de julio de 2012.
En junio de 2012, Christof Heyns, el Relator Especial de la ONU para las Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extrajudiciales, definió como crimen de guerra los segundos ataques que ponen en peligro a los rescatadores. En respuesta a la afirmación de Heyns, el representante de Pakistán en Ginebra, Zamir Akaram, instó al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a investigar la utilización de aviones no tripulados y exigió a EEUU “que respetara la cada vez más extendida opinión internacional” de que el uso de aviones no tripulados “no solo viola nuestra soberanía sino que, bajo nuestro punto de vista, viola también la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”.
El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo de Peshawar (TSP) dictaminó que la guerra con aviones no tripulados de EEUU viola el Derecho Internacional, la soberanía del país y constituye un crimen de guerra. Esa sentencia se produjo tras la presentación de dos peticiones constitucionales por parte de la Fundación por los Derechos Fundamentales de Pakistán, denunciando el fracaso del gobierno a la hora de proteger a sus ciudadanos. El TSP ordenó al gobierno que emprendiera acciones inmediatas para impedir futuros ataques, llevara la cuestión de los ataques estadounidenses con aviones no tripulados en Pakistán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde Pakistán es en la actualidad miembro no permanente) y, si se bloqueaba esa opción, solicitara una reunión urgente de la Asamblea General. Por último, el tribunal instó al gobierno a que pidiera indemnizaciones a EEUU por cada civil asesinado por un avión teledirigido.
En julio, el BIJ consiguió un informe secreto interno pakistaní sobre la muerte de civiles. Ese informe, que examinaba setenta y cinco ataques de los aviones teledirigidos de la CIA entre 2006 y octubre de 2009, halló que al menos 147 del total 746 de muertos eran civiles, 94 de ellos niños. Estas cifras se basaban en las investigaciones efectuadas sobre el terreno por funcionarios locales y, por tanto, contradicen con toda autoridad la versión oficial estadounidense de que los ataques de aviones no tripulados no suponen gran peligro para los civiles.
John Brennan es uno de los defensores más acérrimos de la línea de que las víctimas civiles son escasas. Durante la vista de su confirmación en el Congreso en febrero de 2013, la senadora Dianne Feinstein, que preside el Comité de Inteligencia del Senado, trató de validar las afirmaciones de Brenan. “Durante los últimos años, este Comité ha llevado a cabo controles importantes sobre la conducta del gobierno en relación a los ataques selectivos y las cifras que hemos obtenido de la rama del ejecutivo, que hemos hecho todo lo posible por verificar, confirman que cada año el número de víctimas civiles consecuencia de esos ataques ha sido por lo general de un solo dígito”.
Chris Woods, investigador de los aviones teledirigidos del BIJ, fue entrevistado por Democracy Now tras la publicación del informe interno pakistaní. Explicó lo que hizo tras conocer las afirmaciones de Feinstein:
“Me puse en contacto con cada organización que había llevado a cabo importantes investigaciones de campo en Pakistán sobre la muerte de civiles, independientemente del resultado. Todas y cada una de esas organizaciones me dieron la misma respuesta: ‘Ningún miembro de un comité de supervisión del congreso, de un comité de supervisión de la inteligencia, ni el Congreso ni ninguno de sus miembros nos ha contactado nunca”. Sencillamente, la idea de que hay un control, la idea de que el Congreso está haciendo su trabajo, de que está investigando las afirmaciones y contraafirmaciones respecto a la muerte de civiles, no se sostiene. Están yendo a la CIA y diciéndoles: ‘Muéstrennos sus videos. Cuéntennos qué hicieron’. Y después, a partir de esos contactos, están haciendo suposiciones. No existe ninguna investigación independiente. Y no salen de la comunidad estadounidense de inteligencia. Creo que hasta tanto el Congreso como la Agencia misma no empiecen a abordar algunas de estas preocupaciones públicas, vamos a tener este inmenso abismo, este creciente abismo, entre la percepción pública de lo que supone la guerra con aviones no tripulados y esa afirmación del gobierno estadounidense de que ‘Todo es estupendo. Sólo matamos terroristas. ¿Y saben qué? Que nunca matamos civiles. O si los matamos, es una cifra muy pequeñita’ ”.
La línea oficial estadounidense no tiene caché en Peshawar, pero vende en Peoria [Illinois]. Las grandes mayorías bipartidistas de estadounidenses se creen y aceptan algo, o más que algo, de la siguiente afirmación: los ataques con aviones no tripulados son eficaces para reducir la amenaza del terrorismo, están justificados por el hecho de que estamos en guerra, son necesarios ante la falta de alternativas para capturar a los sospechosos, están legitimados por el permiso de gobiernos extranjeros para perpetrar ataques en su territorio, tienen un bajo coste y son armas de precisión cuyo uso es seguro para nuestras tropas, etc.
Durante el discurso sobre la seguridad nacional del Presidente Obama del 23 de mayo de 2013, exhibió toda esa combinación de afirmaciones. Sobre la política de los aviones no tripulados, dijo:
“Sólo atacamos a al-Qaida y a las fuerzas asociadas con ellos, e incluso así el uso de aviones no tripulados está fuertemente restringido. EEUU no lleva a cabo ataques cuando tenemos capacidad para capturar a terroristas individuales. Preferimos siempre detener, interrogar y procesar. EEUU no puede atacar siempre que se le antoje. Nuestras acciones están vinculadas a consultas con los socios y respeto por la soberanía estatal. EEUU lleva a cabo ataques para castigar a individuos. Actuamos contra terroristas que suponen una amenaza continuada e inminente para el pueblo estadounidense y cuando no hay otros gobiernos capaces de actuar con eficacia ante la amenaza. Y antes de atacar, al más alto nivel que podamos establecer, nos cercioramos de que los civiles no mueran o resulten heridos”.
La mayoría de las afirmaciones de Obama, cuando no todas, se contradicen con los datos empíricos de las víctimas como consecuencia de los ataques con aviones teledirigidos, y disponemos de abundante información revelada por periodistas de investigación y por organizaciones de derechos humanos acerca de la política de asesinatos selectivos de EEUU. Por tanto, teniendo en cuenta lo que se conoce y lo que queda por conocer acerca de la guerra con aviones no tripulados, las afirmaciones del presidente (y parecidas afirmaciones públicas de otras autoridades) deberían valorarse por lo que son: mera propaganda.
El gobierno de EEUU distorsiona y le oculta a la gente, de forma activa y como materia política, lo que hace y por qué lo hace con los aviones teledirigidos y trata por todos los medios de suprimir o negar las informaciones contradictorias. Consideren un ejemplo de esa conducta típica de delincuentes. Según el presidente Obama, no se lanzan ataques letales a menos que exista “la casi certeza, al nivel más alto que podamos establecer, de que ningún civil va a acabar muerto o herido”. Esto se contradice absolutamente con lo que se sabe del bombardeo llevado a cabo por el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC, por sus siglas en inglés) sobre el pueblo yemení de al-Mayalah el 17 de diciembre de 2009.
El objetivo principal del ataque fue la supuesta presencia de un grupo vinculado con Al Qaida en la Península Arábiga (AQAP, por sus siglas en inglés) en la provincia de Abayan, asegurando que el lugar bombardeado era claramente un campo de entrenamiento. Contrariamente al nivel de “casi certeza” proclamado por Obama, el asesor legal del Departamento de Estado, el general Willian McRaven, y el Consejero General del Pentágono, Jeh Johnson, tuvieron 45 minutos para decidir si apoyaban el ataque que el comandante del JSOC, el general comandante Willian McRaven, les urgía a aprobar. La autorización se dio y dos misiles de crucero llenos de munición de racimo y material incendiario se lanzaron desde un submarino que se encontraba frente a costa yemení.
Cuando la bomba impactó resultó que no era un campo de entrenamiento del AQAP sino un mísero pueblo beduino y el fruto que se cosechó fue el asesinato de 46 personas, incluyendo 21 niños y 14 mujeres, cinco de las cuales estaban embarazadas. (El relato más completo del ataque de al-Mayalah y de sus consecuencias nos lo proporciona Jeremy Scahill en su nuevo libro titulado “Dirty Wars: The World is a Battlefield” [Guerras sucias: El mundo es un campo de batalla].
Quizá uno pudiera ser capaz de descartar al-Mayalah como un desafortunado error. Pero eso no justifica las decisiones políticas adoptadas a fin de tergiversar y ocultar deliberadamente los hechos alrededor del ataque. Al principio, el gobierno yemení asumió la responsabilidad de lo ocurrido para desviar la agitación pública en contra del ataque estadounidense. (En efecto, ese bombardeo fue el principio de la guerra estadounidense con aviones no tripulados en el Yemen). Esa afirmación fue rebatida de inmediato por los líderes tribales y por los periodistas que se desplazaron hasta el pueblo al descubrir, entre los restos de las víctimas, partes del misil en las que aparecía la etiqueta “Made in the United States”; el arsenal yemení no posee ese tipo de armamento. La artimaña de que el bombardeo fue yemení quedó aún más desacreditada cuando oficiales estadounidenses no identificados hicieron afirmaciones ante los medios confirmando que se trataba de un ataque de EEUU. En enero de 2010, Wikileaks publicó un cable diplomático secreto sobre una reunión, varias semanas después del ataque, entre el jefe del Mando Central de EEUU, David Petraeus, y el entonces Presidente yemení Ali Abdullah Saleh, en el cual se acordaba que Yemen seguiría asumiendo la responsabilidad de los ataques yemeníes en la provincia de Abayan.
El 17 de abril de 2012, la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Center for Constitutional Rights (CCR) presentaron una petición de información, en virtud del Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), sobre el ataque de al-Mayalah. Lo que buscaban eran los archivos de inteligencia que propiciaron el ataque, incluido averiguar si las autoridades eran conscientes de la presencia de civiles; si se había dado algún paso para investigar la matanza de civiles y para indemnizar a los supervivientes y a las familias de las víctimas; y por qué un oficial estadounidense conspiraba con un gobierno extranjero para engañar a los pueblos de ambos países. Hasta la fecha, el gobierno aún no ha contestado a esa petición de ACLU-CCR de aportar los archivos. Bien al contrario, ni siquiera las autoridades han reconocido que EEUU perpetrara el ataque, a pesar de la abundancia de pruebas confirmando ese hecho.
El Presidente Obama podría haber dicho la verdad sobre la masacre de al-Mayalah (fracaso de la inteligencia, víctimas civiles, estratagema de falsa bandera) durante su discurso de mayo de 2013, si el objetivo no hubiera sido el mero encubrimiento propagandístico dirigido a la audiencia interna. En cambio, su silencio sobre al-Mayalah (que es un incidente atroz pero que no es aislado) ha hecho del presidente un vendedor de mentiras oficiales. Pero ha hecho algo más: está defendiendo que se silencien las críticas. El 2 de febrero de 2011, el presidente llamó personalmente al Presidente Saleh pidiéndole que cancelara el planeado “perdón” para el periodista yemení Abdulelah Haider Shaye, que había presentado el informe más extenso sobre el ataque. Saleh obedeció y mantuvo a Shaye en la cárcel. Cuando finalmente Shaye salió libre en julio de 2013, la Casa Blanca dejó constancia de su protesta ante el gobierno yemení.
Bajo la administración Obama, la guerra con aviones no tripulados y los asesinatos selectivos se han convertido en las piezas centrales de la política y prácticas del contraterrorismo estadounidense. (Ambos formaban ya parte de los elementos de la política de la administración Bush, pero durante la mayor parte de esos ocho años, se utilizaron estratégicamente de forma indirecta para arrestar, interrogar y detener).
La política de aviones teledirigidos de EEUU es enormemente impopular en el extranjero. Según una encuesta dirigida por Pew Research Global Attitudes publicada el 18 de julio de 2013:
“En al menos 31 naciones se desaprueban los ataques de misiles con aviones no tripulados que EEUU está llevando a cabo para atacar extremistas en lugares como Pakistán, Yemen y Somalia. Al menos tres de cada cuatro personas tienen este punto de vista en 15 países de todos los rincones del mundo, incluyendo naciones del Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Asia. Los únicos tres países donde la mayoría de los ciudadanos aprueban esos ataques son Israel (64%), Kenia (56%) y los mismos EEUU (61%).
Este año, el contraataque exterior e internacional frente al afirmado derecho de EEUU de emprender la guerra con aviones teledirigidos ha tomado nuevo impulso. La afirmación de Kerry de que esa práctica se acabará –por supuesto que tiene que acabar- se debe a que el gobierno de Pakistán insiste en que así sea y es solo un ejemplo. Otro ejemplo es la unidad de investigación de la ONU que Ben Emmerson, Relator Especial de la ONU sobre Contraterrorismo y Derechos Humanos, estableció el 24 de enero de 2013. Esta unidad, compuesta por expertos de varios países, tiene un mandato para valorar no sólo el asesinato de civiles resultante de esos ataques sino también la legalidad de los asesinatos selectivos como política de gobierno.
En un discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Harvard en octubre de 2012, donde Emmerson anunció su intención de crear esta unidad con la cooperación del Relator Especial Heyns, dijo: “Si los correspondientes Estados no están dispuestos a establecer controles eficaces e independientes… entonces puede que en última instancia sea necesario que la ONU actúe”. Sobre la posición de EEUU de que tiene una prerrogativa global para ejecutar a la gente, Emmerson afirmó:
“El paradigma de la guerra global ha hecho un daño inmenso al consenso internacional previamente compartido acerca del marco legal subyacente tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho humanitario internacional. Se han justificado de forma espuria una serie de graves violaciones de los derechos humanos y humanitarios… Este paradigma de guerra se basó siempre en el más débil de los razonamientos y ni siquiera los más estrechos aliados de EEUU lo apoyaban”.
La urgencia de esta investigación viene sobre todo impulsada por la rápida expansión de la guerra con aviones no tripulados de EEUU y la proliferación de la tecnología para los mismos. Su legitimidad se deriva de la impopularidad global de esos ataques y del hecho de que ningún gobierno, excepto Israel, ha afirmado para sí mismo el derecho de llevar a cabo aviones con ataques teledirigidos o aceptado que la política de asesinatos selectivos de EEUU es legítima.
Lisa Hajjar es profesora de Sociología en la Universidad de California, Santa Bárbara. Sus investigaciones se centran en cuestiones de leyes y legalidad, guerra y conflicto, derechos humanos y tortura. Ha escrito Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza (University of California Press, 2005) y Torture: A Sociology of Violence and Human Rights (Routledge, 2012). Además de ser coeditora en Jadaliyya, colabora con los comités editoriales de Middle East Report y Journal of Palestine Studies. En la actualidad, trabaja en un libro sobre la abogacía en lucha contra la tortura en EEUU.
Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/13394/how-to-lose-friends-and-alienate-people_an-update-
Aunque Pakistán había permitido con anterioridad que EEUU emprendiera ataques con aviones teledirigidos, la postura de la oposición se ha convertido en la nueva posición oficial, como afirma implícitamente el comunicado de Kerry. En efecto, momentos después de haber jurado su puesto en junio, el Primer Ministro Nawaz Sharif pedía el fin de la guerra con aviones no tripulados en las zonas tribales del país y junto a la frontera con Afganistán.
La actual postura pakistaní contra la guerra con aviones no tripulados en su país está motivada por la creciente cifra de víctimas civiles. En febrero de 2012, el Bureau of Investigative Journalism (BIJ), con sede en Londres, informaba que entre 2009 y 2011, la CIA había emprendido asimismo la práctica de los segundos ataques (doble golpe), que matan e hieren a los rescatadores y atacan los funerales. Supuestamente, los segundos ataques habían terminado en julio de 2011. Sin embargo, en el mismo día en que Kerry hacía su anuncio en Islamabad, el BIJ informaba de nuevos hallazgos de cinco segundos ataques de la CIA contra el personal de rescate entre el 23 de mayo y el 23 de julio de 2012.
En junio de 2012, Christof Heyns, el Relator Especial de la ONU para las Ejecuciones Sumarias, Arbitrarias y Extrajudiciales, definió como crimen de guerra los segundos ataques que ponen en peligro a los rescatadores. En respuesta a la afirmación de Heyns, el representante de Pakistán en Ginebra, Zamir Akaram, instó al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU a investigar la utilización de aviones no tripulados y exigió a EEUU “que respetara la cada vez más extendida opinión internacional” de que el uso de aviones no tripulados “no solo viola nuestra soberanía sino que, bajo nuestro punto de vista, viola también la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional”.
El 9 de mayo de 2013, el Tribunal Supremo de Peshawar (TSP) dictaminó que la guerra con aviones no tripulados de EEUU viola el Derecho Internacional, la soberanía del país y constituye un crimen de guerra. Esa sentencia se produjo tras la presentación de dos peticiones constitucionales por parte de la Fundación por los Derechos Fundamentales de Pakistán, denunciando el fracaso del gobierno a la hora de proteger a sus ciudadanos. El TSP ordenó al gobierno que emprendiera acciones inmediatas para impedir futuros ataques, llevara la cuestión de los ataques estadounidenses con aviones no tripulados en Pakistán ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (donde Pakistán es en la actualidad miembro no permanente) y, si se bloqueaba esa opción, solicitara una reunión urgente de la Asamblea General. Por último, el tribunal instó al gobierno a que pidiera indemnizaciones a EEUU por cada civil asesinado por un avión teledirigido.
En julio, el BIJ consiguió un informe secreto interno pakistaní sobre la muerte de civiles. Ese informe, que examinaba setenta y cinco ataques de los aviones teledirigidos de la CIA entre 2006 y octubre de 2009, halló que al menos 147 del total 746 de muertos eran civiles, 94 de ellos niños. Estas cifras se basaban en las investigaciones efectuadas sobre el terreno por funcionarios locales y, por tanto, contradicen con toda autoridad la versión oficial estadounidense de que los ataques de aviones no tripulados no suponen gran peligro para los civiles.
John Brennan es uno de los defensores más acérrimos de la línea de que las víctimas civiles son escasas. Durante la vista de su confirmación en el Congreso en febrero de 2013, la senadora Dianne Feinstein, que preside el Comité de Inteligencia del Senado, trató de validar las afirmaciones de Brenan. “Durante los últimos años, este Comité ha llevado a cabo controles importantes sobre la conducta del gobierno en relación a los ataques selectivos y las cifras que hemos obtenido de la rama del ejecutivo, que hemos hecho todo lo posible por verificar, confirman que cada año el número de víctimas civiles consecuencia de esos ataques ha sido por lo general de un solo dígito”.
Chris Woods, investigador de los aviones teledirigidos del BIJ, fue entrevistado por Democracy Now tras la publicación del informe interno pakistaní. Explicó lo que hizo tras conocer las afirmaciones de Feinstein:
“Me puse en contacto con cada organización que había llevado a cabo importantes investigaciones de campo en Pakistán sobre la muerte de civiles, independientemente del resultado. Todas y cada una de esas organizaciones me dieron la misma respuesta: ‘Ningún miembro de un comité de supervisión del congreso, de un comité de supervisión de la inteligencia, ni el Congreso ni ninguno de sus miembros nos ha contactado nunca”. Sencillamente, la idea de que hay un control, la idea de que el Congreso está haciendo su trabajo, de que está investigando las afirmaciones y contraafirmaciones respecto a la muerte de civiles, no se sostiene. Están yendo a la CIA y diciéndoles: ‘Muéstrennos sus videos. Cuéntennos qué hicieron’. Y después, a partir de esos contactos, están haciendo suposiciones. No existe ninguna investigación independiente. Y no salen de la comunidad estadounidense de inteligencia. Creo que hasta tanto el Congreso como la Agencia misma no empiecen a abordar algunas de estas preocupaciones públicas, vamos a tener este inmenso abismo, este creciente abismo, entre la percepción pública de lo que supone la guerra con aviones no tripulados y esa afirmación del gobierno estadounidense de que ‘Todo es estupendo. Sólo matamos terroristas. ¿Y saben qué? Que nunca matamos civiles. O si los matamos, es una cifra muy pequeñita’ ”.
La línea oficial estadounidense no tiene caché en Peshawar, pero vende en Peoria [Illinois]. Las grandes mayorías bipartidistas de estadounidenses se creen y aceptan algo, o más que algo, de la siguiente afirmación: los ataques con aviones no tripulados son eficaces para reducir la amenaza del terrorismo, están justificados por el hecho de que estamos en guerra, son necesarios ante la falta de alternativas para capturar a los sospechosos, están legitimados por el permiso de gobiernos extranjeros para perpetrar ataques en su territorio, tienen un bajo coste y son armas de precisión cuyo uso es seguro para nuestras tropas, etc.
Durante el discurso sobre la seguridad nacional del Presidente Obama del 23 de mayo de 2013, exhibió toda esa combinación de afirmaciones. Sobre la política de los aviones no tripulados, dijo:
“Sólo atacamos a al-Qaida y a las fuerzas asociadas con ellos, e incluso así el uso de aviones no tripulados está fuertemente restringido. EEUU no lleva a cabo ataques cuando tenemos capacidad para capturar a terroristas individuales. Preferimos siempre detener, interrogar y procesar. EEUU no puede atacar siempre que se le antoje. Nuestras acciones están vinculadas a consultas con los socios y respeto por la soberanía estatal. EEUU lleva a cabo ataques para castigar a individuos. Actuamos contra terroristas que suponen una amenaza continuada e inminente para el pueblo estadounidense y cuando no hay otros gobiernos capaces de actuar con eficacia ante la amenaza. Y antes de atacar, al más alto nivel que podamos establecer, nos cercioramos de que los civiles no mueran o resulten heridos”.
La mayoría de las afirmaciones de Obama, cuando no todas, se contradicen con los datos empíricos de las víctimas como consecuencia de los ataques con aviones teledirigidos, y disponemos de abundante información revelada por periodistas de investigación y por organizaciones de derechos humanos acerca de la política de asesinatos selectivos de EEUU. Por tanto, teniendo en cuenta lo que se conoce y lo que queda por conocer acerca de la guerra con aviones no tripulados, las afirmaciones del presidente (y parecidas afirmaciones públicas de otras autoridades) deberían valorarse por lo que son: mera propaganda.
El gobierno de EEUU distorsiona y le oculta a la gente, de forma activa y como materia política, lo que hace y por qué lo hace con los aviones teledirigidos y trata por todos los medios de suprimir o negar las informaciones contradictorias. Consideren un ejemplo de esa conducta típica de delincuentes. Según el presidente Obama, no se lanzan ataques letales a menos que exista “la casi certeza, al nivel más alto que podamos establecer, de que ningún civil va a acabar muerto o herido”. Esto se contradice absolutamente con lo que se sabe del bombardeo llevado a cabo por el Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC, por sus siglas en inglés) sobre el pueblo yemení de al-Mayalah el 17 de diciembre de 2009.
El objetivo principal del ataque fue la supuesta presencia de un grupo vinculado con Al Qaida en la Península Arábiga (AQAP, por sus siglas en inglés) en la provincia de Abayan, asegurando que el lugar bombardeado era claramente un campo de entrenamiento. Contrariamente al nivel de “casi certeza” proclamado por Obama, el asesor legal del Departamento de Estado, el general Willian McRaven, y el Consejero General del Pentágono, Jeh Johnson, tuvieron 45 minutos para decidir si apoyaban el ataque que el comandante del JSOC, el general comandante Willian McRaven, les urgía a aprobar. La autorización se dio y dos misiles de crucero llenos de munición de racimo y material incendiario se lanzaron desde un submarino que se encontraba frente a costa yemení.
Cuando la bomba impactó resultó que no era un campo de entrenamiento del AQAP sino un mísero pueblo beduino y el fruto que se cosechó fue el asesinato de 46 personas, incluyendo 21 niños y 14 mujeres, cinco de las cuales estaban embarazadas. (El relato más completo del ataque de al-Mayalah y de sus consecuencias nos lo proporciona Jeremy Scahill en su nuevo libro titulado “Dirty Wars: The World is a Battlefield” [Guerras sucias: El mundo es un campo de batalla].
Quizá uno pudiera ser capaz de descartar al-Mayalah como un desafortunado error. Pero eso no justifica las decisiones políticas adoptadas a fin de tergiversar y ocultar deliberadamente los hechos alrededor del ataque. Al principio, el gobierno yemení asumió la responsabilidad de lo ocurrido para desviar la agitación pública en contra del ataque estadounidense. (En efecto, ese bombardeo fue el principio de la guerra estadounidense con aviones no tripulados en el Yemen). Esa afirmación fue rebatida de inmediato por los líderes tribales y por los periodistas que se desplazaron hasta el pueblo al descubrir, entre los restos de las víctimas, partes del misil en las que aparecía la etiqueta “Made in the United States”; el arsenal yemení no posee ese tipo de armamento. La artimaña de que el bombardeo fue yemení quedó aún más desacreditada cuando oficiales estadounidenses no identificados hicieron afirmaciones ante los medios confirmando que se trataba de un ataque de EEUU. En enero de 2010, Wikileaks publicó un cable diplomático secreto sobre una reunión, varias semanas después del ataque, entre el jefe del Mando Central de EEUU, David Petraeus, y el entonces Presidente yemení Ali Abdullah Saleh, en el cual se acordaba que Yemen seguiría asumiendo la responsabilidad de los ataques yemeníes en la provincia de Abayan.
El 17 de abril de 2012, la American Civil Liberties Union (ACLU) y el Center for Constitutional Rights (CCR) presentaron una petición de información, en virtud del Acta de Libertad de Información (FOIA, por sus siglas en inglés), sobre el ataque de al-Mayalah. Lo que buscaban eran los archivos de inteligencia que propiciaron el ataque, incluido averiguar si las autoridades eran conscientes de la presencia de civiles; si se había dado algún paso para investigar la matanza de civiles y para indemnizar a los supervivientes y a las familias de las víctimas; y por qué un oficial estadounidense conspiraba con un gobierno extranjero para engañar a los pueblos de ambos países. Hasta la fecha, el gobierno aún no ha contestado a esa petición de ACLU-CCR de aportar los archivos. Bien al contrario, ni siquiera las autoridades han reconocido que EEUU perpetrara el ataque, a pesar de la abundancia de pruebas confirmando ese hecho.
El Presidente Obama podría haber dicho la verdad sobre la masacre de al-Mayalah (fracaso de la inteligencia, víctimas civiles, estratagema de falsa bandera) durante su discurso de mayo de 2013, si el objetivo no hubiera sido el mero encubrimiento propagandístico dirigido a la audiencia interna. En cambio, su silencio sobre al-Mayalah (que es un incidente atroz pero que no es aislado) ha hecho del presidente un vendedor de mentiras oficiales. Pero ha hecho algo más: está defendiendo que se silencien las críticas. El 2 de febrero de 2011, el presidente llamó personalmente al Presidente Saleh pidiéndole que cancelara el planeado “perdón” para el periodista yemení Abdulelah Haider Shaye, que había presentado el informe más extenso sobre el ataque. Saleh obedeció y mantuvo a Shaye en la cárcel. Cuando finalmente Shaye salió libre en julio de 2013, la Casa Blanca dejó constancia de su protesta ante el gobierno yemení.
Bajo la administración Obama, la guerra con aviones no tripulados y los asesinatos selectivos se han convertido en las piezas centrales de la política y prácticas del contraterrorismo estadounidense. (Ambos formaban ya parte de los elementos de la política de la administración Bush, pero durante la mayor parte de esos ocho años, se utilizaron estratégicamente de forma indirecta para arrestar, interrogar y detener).
La política de aviones teledirigidos de EEUU es enormemente impopular en el extranjero. Según una encuesta dirigida por Pew Research Global Attitudes publicada el 18 de julio de 2013:
“En al menos 31 naciones se desaprueban los ataques de misiles con aviones no tripulados que EEUU está llevando a cabo para atacar extremistas en lugares como Pakistán, Yemen y Somalia. Al menos tres de cada cuatro personas tienen este punto de vista en 15 países de todos los rincones del mundo, incluyendo naciones del Oriente Medio, Europa, Latinoamérica y Asia. Los únicos tres países donde la mayoría de los ciudadanos aprueban esos ataques son Israel (64%), Kenia (56%) y los mismos EEUU (61%).
…
Las opiniones sobre los aviones teledirigidos difieren de forma aguda según el género en muchos países. Por ejemplo, en Japón, el 41% de los hombres los aprueban, frente a sólo el 10% de las mujeres. También se encuentran diferencias de dobles dígitos en seis de las ocho naciones encuestadas, así como en Australia, Canadá, EEUU, Corea del Sur y Uganda”.Este año, el contraataque exterior e internacional frente al afirmado derecho de EEUU de emprender la guerra con aviones teledirigidos ha tomado nuevo impulso. La afirmación de Kerry de que esa práctica se acabará –por supuesto que tiene que acabar- se debe a que el gobierno de Pakistán insiste en que así sea y es solo un ejemplo. Otro ejemplo es la unidad de investigación de la ONU que Ben Emmerson, Relator Especial de la ONU sobre Contraterrorismo y Derechos Humanos, estableció el 24 de enero de 2013. Esta unidad, compuesta por expertos de varios países, tiene un mandato para valorar no sólo el asesinato de civiles resultante de esos ataques sino también la legalidad de los asesinatos selectivos como política de gobierno.
En un discurso pronunciado en la Facultad de Derecho de Harvard en octubre de 2012, donde Emmerson anunció su intención de crear esta unidad con la cooperación del Relator Especial Heyns, dijo: “Si los correspondientes Estados no están dispuestos a establecer controles eficaces e independientes… entonces puede que en última instancia sea necesario que la ONU actúe”. Sobre la posición de EEUU de que tiene una prerrogativa global para ejecutar a la gente, Emmerson afirmó:
“El paradigma de la guerra global ha hecho un daño inmenso al consenso internacional previamente compartido acerca del marco legal subyacente tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como en el derecho humanitario internacional. Se han justificado de forma espuria una serie de graves violaciones de los derechos humanos y humanitarios… Este paradigma de guerra se basó siempre en el más débil de los razonamientos y ni siquiera los más estrechos aliados de EEUU lo apoyaban”.
La urgencia de esta investigación viene sobre todo impulsada por la rápida expansión de la guerra con aviones no tripulados de EEUU y la proliferación de la tecnología para los mismos. Su legitimidad se deriva de la impopularidad global de esos ataques y del hecho de que ningún gobierno, excepto Israel, ha afirmado para sí mismo el derecho de llevar a cabo aviones con ataques teledirigidos o aceptado que la política de asesinatos selectivos de EEUU es legítima.
Lisa Hajjar es profesora de Sociología en la Universidad de California, Santa Bárbara. Sus investigaciones se centran en cuestiones de leyes y legalidad, guerra y conflicto, derechos humanos y tortura. Ha escrito Courting Conflict: The Israeli Military Court System in the West Bank and Gaza (University of California Press, 2005) y Torture: A Sociology of Violence and Human Rights (Routledge, 2012). Además de ser coeditora en Jadaliyya, colabora con los comités editoriales de Middle East Report y Journal of Palestine Studies. En la actualidad, trabaja en un libro sobre la abogacía en lucha contra la tortura en EEUU.
Fuente: http://www.jadaliyya.com/pages/index/13394/how-to-lose-friends-and-alienate-people_an-update-
