AS CONSECUENCIAS POLÍTICAS Y ECONÓMICAS DEL ESTADO-ESPÍA Y LA AUSENCIA DE OPOSICIÓN DE MASAS
James Petras *
(Rebelión/Silvia Arana).- Los líderes del Congreso al igual que los jueces más importantes aprobaron un programa de espionaje doméstico sin precedentes que va mucho más allá de meras “violaciones de la privacidad”. A pesar de estas graves violaciones del orden constitucional y la continua erosión de las libertades democráticas, incluso sobrepasado los límites de los periodos de represión previos, ¿por qué no ha surgido hasta la fecha ninguna oposición de masas sostenida?
Las revelaciones sobre cómo el gobierno de Obama usa a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA en inglés) para espiar secretamente las comunicaciones de cientos de millones de ciudadanos de EE.UU. y otros países ha generado denuncias en todo el mundo. En EE.UU. no hubo ninguna protesta masiva, a pesar de la amplia cobertura periodística y de la oposición de las organizaciones pro libertades civiles. Los líderes del Congreso, tanto del partido demócrata como del republicano, al igual que los jueces más importantes aprobaron un programa de espionaje doméstico sin precedentes... Aún peor, cuando se hicieron públicas las operaciones de espionaje a gran escala, los líderes principales del Senado y del Congreso reafirmaron su respaldo a todas y a cada una de las intromisiones en las comunicaciones electrónicas y escritas de ciudadanos estadounidenses. El presidente Obama y su fiscal general Holder defendieron firme y abiertamente las operaciones globales de espionaje de la NSA.
Las cuestiones que surgen de este vasto aparato policíaco secreto y de la penetración y control que ejerce sobre la sociedad civil, atentando contra la libertad de expresión de los ciudadanos, va mucho más allá de meras “violaciones de la privacidad”, como la calificaron muchos expertos legales. La mayoría de los defensores de las libertades civiles se enfocan en las violaciones de los derechos individuales, garantías constitucionales y derechos a la privacidad de los ciudadanos. Estas son cuestiones legales importantes y esta postura es correcta. Sin embargo, las críticas constitucionales-legales no van lo suficientemente lejos: no tocan los temas fundamentales; evitan hacer cuestionamientos políticos básicos.
¿Por qué un aparato tan masivo de espionaje global manejado por el estado policial se volvió tan esencial para el régimen gobernante? ¿Por qué el conjunto de los líderes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial hicieron declaraciones públicas en las que repudiaron todas las garantías constitucionales de manera tan descarada? ¿Por qué los dirigentes electos defendieron el espionaje político global contra la ciudadanía? ¿Qué tipo de políticos existen en un estado policial? ¿Qué tipo de políticas de largo término, de gran escala, a nivel interno e internacional son ilegales e inconstitucionales como para justificar el desarrollo de una vasta red de espionaje doméstico y una infraestructura de tecno-espionaje de billones de dólares manejada por el estado corporativo en una época de “austeridad” presupuestaria caracterizada por los recortes en los programas sociales?
El segundo grupo de preguntas surge del uso de los datos obtenidos por el espionaje. Hasta el momento, la mayoría de los críticos cuestionaron la existencia del espionaje masivo implementado por el estado pero evitaron el tema crucial sobre qué medidas toman a continuación, o como resultado del espionaje, contra los individuos, grupos o movimientos espiados. La pregunta esencial es: ¿Qué represalias y sanciones se producen como resultado de la “información” que ha sido recolectada, clasificada y aplicada por estas redes de espionaje manejadas por el estado policial? Ahora que el “secreto” del espionaje extendido realizado por el estado policial forma parte de la conversación pública, el próximo paso debería ser la revelación de las operaciones secretas contra aquellos espiados por las redes de espionaje luego de haber sido rotulados como un “riesgo para la seguridad nacional”.
Las políticas detrás del estado policial
La razón fundamental para la transformación del estado en un enorme aparato de espionaje es el carácter profundamente destructivo de las políticas interna e internacional implementadas violentamente por el gobierno. La vasta expansión del aparato del estado policial no es una respuesta a los atentados del 11 de septiembre. El crecimiento geométrico de espías, presupuestos policiales secretos y la vasta intromisión en las comunicaciones de los ciudadanos coincide con las guerras globales. La decisión de militarizar la política global de EE.UU. requiere de una redistribución radical del presupuesto, del recorte del gasto social a favor del crecimiento del imperio; de la destrucción de la salud pública y del seguro social para beneficio de Wall Street. Estas son políticas que aumentan drásticamente las ganancias de los banqueros y de las corporaciones mientras que castigan a los trabajadores con impuestos regresivos.
Las guerras internacionales extendidas y prolongadas fueron financiadas a expensas del bienestar de los ciudadanos. Esta política generó un deterioro en el estándar de vida de varias decenas de millones de ciudadanos y una creciente insatisfacción en la población. El potencial de resistencia social, como quedó evidenciado por el movimiento de breve vida “Ocupar Wall Street”, contó con el respaldo del 80% de la población. La respuesta positiva fue una alarma para el estado y condujo a una escalada de las medidas tomadas por el estado policial. El espionaje masivo tiene como fin identificar a los ciudadanos que se opongan a las guerras imperiales y a la destrucción del sistema de asistencia social; se los rotula como “amenazas para la seguridad” como una manera de controlarlos usando los poderes policiales arbitrarios.
La expansión de los poderes presidenciales para hacer la guerra ha sido acompañado con el incremento del tamaño y del alcance del aparato estatal de espionaje: cuanto más ataques con drones se hacen en el exterior bajo órdenes presidenciales, mayor es la cantidad de intervenciones militares, y mayor es la necesidad de una élite política presidencial que fortalezca la vigilancia de los ciudadanos para prevenir un contraataque popular. En este contexto, la política de espionaje masivo es llevada a cabo como una “acción preventiva”. A mayores operaciones del estado policial, mayor será el miedo y la inseguridad entre los ciudadanos y activistas disidentes.
El ataque al estándar de vida de la clase trabajadora y de la clase media de EE.UU. con el fin de financiar las guerras, y no la llamada “guerra contra el terrorismo”, es la causa de que el estado haya desarrollado ataques cibernéticos masivos contra la ciudadanía estadounidense. No se trata solamente de la violación de la privacidad individual; sino que consiste, fundamentalmente, en la infracción estatal de los derechos colectivos de los ciudadanos organizados para participar libremente en la oposición pública contra políticas socioeconómicas regresivas y para cuestionar el imperio. Junto a la proliferación de instituciones burocráticas, con más de un millón de recolectores de “datos de seguridad”, existen decenas de miles de “operadores de campo”, analistas e inquisidores, actuando arbitrariamente para rotular a los ciudadanos disidentes como “riesgos de seguridad” e imponer represalias según sus necesidades políticas de sus jefes políticos.
El aparato del estado policial tiene sus propias reglas de auto-protección y auto-perpetuación; tiene sus propias conexiones y hasta puede llegar a competir con el Pentágono. El estado policial se conecta y protege a los amos de Wall Street y a los propagandistas de la clase media -¡incluso hasta cuando los espíe (porque debe hacerlo)!
El estado policial es un instrumento del Poder Ejecutivo, un canal para sus prerrogativas y poderes arbitrarios. Sin embargo, en temas administrativos, posee un grado de “autonomía” para atacar conductas disidentes. Lo que queda claro es el alto grado de cohesión, disciplina vertical y defensa mutua, desde arriba hacia abajo en la jerarquía. El hecho de que un solo denunciante de conciencia, Edward Snowden, emerja de entre cientos de miles de espías, es una excepción solitaria que confirma la regla: Hay menos desertores entre los millones de miembros de la red de espionaje de EE.UU. que en todas las familias mafiosas de Europa y América del Norte.
El aparato de espionaje doméstico opera con impunidad gracias a su red de poderosos aliados internos e internacionales. Todos los líderes legislativos de ambos partidos están informados y son cómplices de las operaciones de espionaje. Ramas relacionadas del gobierno, como la agencia impositiva (Internal Revenue Services, IRS) cooperan proporcionando información y persiguiendo a los grupos o individuos bajo vigilancia. Israel es un aliado clave del IRS, como ha sido documentado por la prensa israelí (Haaretz, 8 de junio, 2013). Dos firmas israelíes de alta tecnología (Verint y Narus) con conexiones con la policía secreta israelí (MOSSAD) proveyeron el software de espionaje usado por la NSA y esto, por supuesto, abrió una ventana hacia el espionaje israelí en EE.UU. contra los estadounidenses opuestos al estado sionista.
El escritor y crítico Steve Lendman señala que los amos del espionaje israelí, usando sus “empresas de fachada”, han tenido desde hace tiempo la impunidad para “robar información comercial e industrial”. Y que debido al poder y a la influencia de los presidentes de las 52 organizaciones judías-estadounidenses, los funcionarios del Ministerio de Justicia dieron la orden de suspender docenas de casos de espionaje israelí. Los estrechos vínculos entre Israel y el aparato de espionaje de EE.UU. evitan un verdadero escrutinio de las operaciones y de los objetivos políticos -a un precio muy alto para la seguridad de los ciudadanos de EE.UU. En años recientes se destacan dos incidentes: “expertos” de seguridad israelí fueron contratados para asesorar al Departamento de Seguridad Nacional de Pennsylvania en su trabajo de investigación; y la represión gubernamental “estilo Stasi” contra críticos y ambientalistas (comparados con “los terroristas de Al Qaeda” por Israel). Cuando esto fue revelado, en 2010, tuvo que renunciar el Director James Power. En 2003, el gobernador de New Jersey, Jim McGreevy nombró a su amante, un agente del gobierno de Israel; después, a fines de 2004, renunció y denunció al israelí Golan Cipel por extorsión. Estos ejemplos son una pequeña muestra para ilustrar la magnitud de la intersección entre las tácticas del estado policial israelí y la represión interna en EE.UU.
Las consecuencias políticas y económicas del estado-espía
Las denuncias de las operaciones masivas de espionaje son un paso positivo, hasta ahora. Pero igualmente importante es la pregunta “¿qué viene después del acto de espiar?”. Ahora sabemos que cientos de millones de estadounidenses fueron y son espiados por el estado. Sabemos que el espionaje masivo es una política oficial del Ejecutivo que cuenta con la aprobación de los líderes legislativos. Pero solo tenemos información fragmentada de las medidas represivas derivadas de la vigilancia de “los sospechosos”. Podemos asumir que hay una división del trabajo entre los recolectores de información, los analistas de inteligencia y los agentes que hacen trabajo de campo en la vigilancia de “grupos e individuos peligrosos”, basado en un criterio interno que solo la policía secreta conoce.
Los agentes de espionaje clave se encargan de elaborar y aplicar los criterios para calificar a alguien como un “riesgo de seguridad”. Los individuos y grupos que expresan posturas críticas de la política interior y exterior del gobierno son catalogados como un “riesgo”; aquellos que protestan activamente están en la categoría de “riesgo mayor”, incluso aunque no hayan violado ninguna ley. La cuestión de la legalidad de las acciones y posturas de un ciudadano ni siquiera entra en la ecuación de los amos del espionaje; ni tampoco la valoración de la legalidad de los actos de espionaje contra los ciudadanos. El criterio determinante de un riesgo de seguridad está por encima de cualquier consideración o defensa de la Constitución.
Sabemos por una gran cantidad de casos públicos que personas críticas del tema legal, fueron ilegalmente espiadas, arrestadas, sometidas a juicio y encarceladas -sus vidas y las vidas de sus familias y amigos sufrieron un altísimo costo. Sabemos que cientos de hogares, sitios de trabajo de personas bajo sospecha han sufrido redadas tipo “excursiones en busca de quién sabe qué”. Sabemos que familiares, asociados, vecinos, clientes y empleados de los “sospechosos” han sido interrogados, presionados e intimidados. Sobre todo, sabemos que decenas de millones de ciudadanos respetuosos de las leyes, que tienen posturas críticas de la economía interna y de las guerras en el extranjero, han sido censurados por el miedo, con mucho fundamento, a las operaciones masivas ejecutadas por el estado policial.
En esta atmósfera intimidatoria, cualquier conversación crítica o palabra emitida en cualquier contexto o enviada por algún medio puede ser interpretada, por espías sin nombre ni rostro, como una “amenaza de seguridad” -y el nombre de uno puede entrar así en la lista secreta, y cada vez más larga, de “terroristas potenciales”. La mera presencia y dimensiones del estado policial ya es intimidante. Mientras tanto, hay ciudadanos que sostendrían que el estado policial es necesario para protegerlos de los terroristas. Pero, ¿cuántos se sienten obligados a respaldar un estado terrorista solo para alejar cualquier sospecha, con el fin de no ser incluido en la lista de sospechoso? ¿Cuántos estadounidenses con mentalidad crítica tienen miedo del estado y jamás van a pronunciar en público lo que susurran en casa?
Cuánto más grande sea la policía secreta, mayor será su capacidad operativa. Cuánto más regresiva sea la política económica interna, mayor será el miedo y el desprecio de la élite política. Incluso mientras el presidente Obama y sus socios demócratas y republicanos hacen alarde de su estado policial y de su eficiencia en el cumplimiento de la “función de seguridad”, la vasta mayoría de los estadounidenses toman conciencia de que el miedo creado hacia dentro del país sirve a los intereses de librar guerras imperiales en el extranjero; la cobardía frente al estado policial solo incentiva mayores recortes en los estándares de vida.
¿Cuándo se darán cuenta que el hecho de exponer el espionaje es solamente el principio de una solución? ¿Cuándo reconocerán que la tarea de terminar con el estado policial es esencial para desmantelar el costoso imperio y hacer que EE.UU. sea una nación segura y próspera?
El avance del estado policial y la ausencia de oposición de masas (1)
Uno de los sucesos de mayor significado político en la historia reciente de EE.UU. ha sido el avance del estado policial y la ausencia de prácticamente cualquier tipo de oposición. A pesar del amplio incremento de los poderes policiales de la rama ejecutiva del gobierno, del extraordinario crecimiento de una panoplia de agencias represivas con cientos de miles de empleados, enormes presupuestos públicos y secretos y una vasta gama de vigilancia policial, incluyendo el monitoreo de más de 40 millones de ciudadanos y residentes de EE.UU., no ha surgido un movimiento de masas democrático que confronte al poder y sus prerrogativas, y proteste contra el accionar del estado policial.
A principios de la década del 50, cuando junto a las purgas macartistas , se implementaron restricciones a la libertad de expresión, juramentos obligados e investigaciones tipo “caza de brujas” llevadas adelante por el Congreso contra funcionarios, figuras culturales, intelectuales, académicos y sindicalistas, estas medidas provocaron un amplio debate público y protestas , e incluso resistencia institucional. Hacia fines de la década del 50, hubo protestas masivas en las audiencias públicas del Comité de Actividades Antiestadounidense (House Un-American Activities Committee -HUAC) en San Francisco (1960) y en otras partes. Surgieron importantes movimientos por los derechos civiles en oposición a la segregación racial del Sur, a la complicidad del gobierno federal y los escuadrones de la muerte de los terroristas raciales del Ku Klux KLAN (KKK). El movimiento por la libertad de expresión de Berkeley (1964) fue la chispa a partir de la cual surgieron demostraciones masivas en todo el país contra los gobiernos autoritarios de las universidades.
Los movimientos de masas en defensa de los derechos civiles y de las libertades democráticas se opusieron al estado policial incubado durante los primeros años de la Guerra Fría. Un factor clave para entender el surgimiento de los movimientos de masas por las libertades democráticas fue la fusión con amplios movimientos sociales y culturales: las libertades democráticas conectadas a la lucha por la igualdad racial. La libertad de expresión era necesaria para organizar el movimiento de masas contra las guerras imperiales de EE.UU. en Indochina y la rampante segregación racial; para acabar con la “caza de brujas” llevada adelante por el Congreso y las purgas, esto abrió la esfera cultural a nuevas voces críticas y revitalizó a los sindicatos y las asociaciones profesionales. Todo esto tuvo una importancia crucial en la defensa de los arduamente ganados derechos y avances sociales de los trabajadores.
Frente a la oposición masiva, muchas de las tácticas públicas del estado policial de la década del 50, se hicieron encubiertas; la violencia policial selectiva aplicada contra individuos reemplazó a las purgas masivas. Los movimientos populares prodemocráticos fortalecieron a la sociedad civil y las audiencias públicas expusieron y debilitaron el aparato del estado policial pero no lo destruyeron. Sin embargo, desde principios de los 80 hasta el presente, especialmente en los últimos 20 años, el estado policial ha experimentado un crecimiento drástico, penetrando todos los aspectos de la sociedad civil sin una oposición de masas sostenida, ni siquiera esporádica.
La pregunta es: ¿Por qué el estado policial ha crecido, e incluso sobrepasado los límites de los periodos de represión previos, y no ha provocado hasta la fecha ninguna oposición de masas sostenida? Esto marca un contraste con los movimientos prodemocráticos amplios de mediados-fines del siglo XX. La existencia de un aparato del estado policial masivo y en expansión está más allá de cualquier duda: solo hay que mirar los récords de personal (tantos de las agencias públicas como de los contratistas privados), los enormes presupuestos y la gama de agencias involucradas en el espionaje interno de decenas de millones de ciudadanos y residentes de EE.UU. El alcance y la profundidad de las medidas tomadas por el estado policial incluyen detenciones arbitraria s, interrogatorios, emboscadas y confección de listas negras con cientos de miles de ciudadanos. Mediante órdenes presidenciales (fiats) se estableció el contexto para el asesinato de ciudadanos y residentes de EE.UU., y el establecimiento de tribunales militares y campos de detención y apropiaciones de propiedad privada.
A pesar de estas graves violaciones del orden constitucional y la continua erosión de las libertades democráticas, no hubo movimientos masivos contra la “seguridad nacional”, ni movimientos por la libertad de expresión en las universidades. Solo se escuchan las voces aisladas y valientes de los activistas y organizaciones especializadas en las libertades civiles y en defensa de las garantías constitucionales, quienes protestan y llevan adelante juicios legales contra los abusos, pero que carecen de un amplio apoyo de masas, y que además no reciben ningún tipo de cobertura por parte de los medios.
Para referirnos a este tema de la inactividad de las masas ante el avance el estado policial, vamos a tratar el tema desde dos perspectivas. Vamos a describir cómo los organizadores y agentes han estructurado el estado policial y cómo han neutralizado las respuestas de las masas. Luego analizaremos el “significado” de la ausencia de actividad, desplegando varias hipótesis sobre los motivos y actitudes subyacentes de la “masa pasiva” de ciudadanos
Los círculos concéntricos del estado policial
Mientras el alcance potencial de las agencias del estado policial cubre a la totalidad de la población de EE.UU., de hecho opera sobre la base de “círculos concéntricos”. El estado policial es percibido y experimentado por la población de EE.UU. según su grado de participación en la oposición crítica del estado policial. Mientras que el estado policial teóricamente afecta a todos, en la práctica opera mediante una serie de círculos concéntricos. El “grupo del núcleo” de aproximadamente varios millones de ciudadanos es el sector expuesto a la mayor persecución policial. Entre ellos se hallan los ciudadanos más activos y críticos, especialmente aquellos que la policía identifica como asociados religiosos y étnico s de los enemigos extranjeros declarados, de los críticos y de los supuestos “terroristas”. Ellos incluyen a inmigrantes y ciudadanos originarios de Arabia Saudita, Persia, Pakistán, Afganistán y Somalia, al igual que estadounidenses convertidos a la religión islámica.
El control basado en el perfil étnico y religioso es rampante en todos los centros de transporte (aeropuertos, estaciones de buses y trenes y en las carreteras). Las mezquitas al igual que centros islámicos de caridad y otras instituciones están bajo constante vigilancia y son objeto de allanamientos, detenciones e incluso de asesinatos al estilo israelita.
El “segundo grupo del núcleo” blanco de ataque del estado policial incluye afroamericanos, hispanos y activistas por los derechos de los inmigrantes (algunos millones de personas). Contra ellos se realizan redadas arbitrarias masivas y detenciones por tiempo ilimitado sin juicios al igual que deportaciones masivas e indiscriminadas.
Después de los grupos del núcleo se halla el “círculo interno” , que incluye a millones de ciudadanos y residentes de EE.UU., que han escrito o hablado críticamente de la política de EE.UU. e Israel en el Medio Oriente, que han expresado solidaridad con el sufrimiento del pueblo palestino, que se han opuesto a las invasiones de Irak y Afganistán o que han visitado países o regiones opuestas al imperialismo estadounidense (Venezuela, Irán, Sur del Líbano, Siria, la Franja Occidental y de Gaza, etc.) Cientos de miles de estos ciudadanos tienen sus teléfonos, correo y comunicaciones de internet bajo vigilancia; han sido objeto de controles especiales en los aeropuertos, se le ha negado el pasaporte, han recibido “visitas” y han sido encubierta y abiertamente incluidos en listas negras en sus sitios de trabajo, incluyendo universidades y escuelas.
Los activistas involucrados en libertades civiles, abogados y profesionales, izquierdistas que participan en actividades antiimperialistas, prodemocráticas y contra el estado policial están fichados como “terroristas políticos” en el laberinto de datos recolectados por el estado represivo. Los movimientos ambientalistas y sus activistas reciben la calificación de terroristas potenciales, y sus familias son objeto de hostilidad policial y “visitas” atemorizantes.
El “círculo externo” incluye líderes y activistas comunales, religiosos, cívicos y sindicales que en el curso de sus actividades interactúan con, o expresaron apoyo a, los grupos del núcleo o del círculo interno y las víctimas de las violaciones del debido proceso. El “círculo externo” abarca algunos millones de ciudadanos “fichados” como “personas de interés”, lo que puede implicar la vigilancia del correo electrónico y “chequeos” periódicos de sus peticiones y otras apelaciones.
Estos “tres círculos” son los blancos centrales de ataque del estado policial, abarcando más de 40 millones de ciudadanos estadounidenses e inmigrantes -que no han cometido ningún delito. Por ejercer sus derechos constitucionales, son objeto de varios grados de represión y ataques por parte del estado policial. El estado policial, sin embargo, posee “límites fluidos” con respecto a quién espiar, a quién arrestar y cuando -dependiendo en cualquier situación que genere sospechas o deseos de ejercitar el poder o de complacer a sus superiores en un momento dado.
La clave de las operaciones del estado policial en EE.UU. en el siglo XXI es la represión de los ciudadanos prodemocráticos y la anulación de cualquier movimiento de masas sin que ello afecte el sistema electoral, que provee el teatro político y la legitimidad. Los límites del estado policial sirven para garantizar que los ciudadanos tendrán solamente la opción de votar por dos partidos a favor del estado policial, por legisladores y ejecutivos, sin tener en cuenta el accionar, las condiciones ni las reivindicaciones de las víctimas, los críticos y los activistas del núcleo, del círculo interior y del exterior. Las frecuentes redadas, los duros castigos públicos “ejemplares” y la estigmatización proveniente de los medios de comunicación masivos transmiten un mensaje a la masa pasiva de votantes y de no-votantes que las víctimas de la represión “deben haber hecho algo equivocado” para ser objeto de la represión.
La clave de la estrategia del estado policial es evitar que los críticos tengan una base de apoyo masiva, legitimidad popular o aceptación pública. El estado y los medios baten el tambor constante del mensaje de que las “causas” de los activistas no son nuestras causas (estadounidenses, patriotas); que las actividades democráticas de ellos impiden nuestras actividades electorales; que sus vidas, posturas y experiencias no se conectan con nuestras asociaciones laborales, barriales, deportivas, religiosas y cívicas. El grado en el que el estado policial ha “cercado” a los círculos de activistas democráticos les ha permitido tener las manos libres para profundizar y extender las fronteras del estado autoritario. El grado en que el pensamiento y la presencia del estado policial han penetrado la conciencia de las masas de la población de EE.UU. les ha permitido crear una barrera poderosa para separar el descontento privado del accionar público.
Hipótesis de la complicidad y permisividad de las masas con el estado policial
Si el estado policial es el factor dominante de la vida política de EE.UU., ¿por qué no es el factor central de preocupación de los ciudadanos? ¿Por qué no hay movimientos populares democráticos? ¿Cómo es que el estado policial ha tenido tanto éxito en “cercar” a los activistas con respecto a la vasta mayoría de ciudadanos? Después de todo, otros países en otras épocas se enfrentaron a regímenes incluso más represivos y sin embargo los ciudadanos se rebelaron. En el pasado, a pesar de la llamada “amenaza soviética”, emergieron movimientos democráticos en EE.UU. e incluso hicieron retroceder a un estado policial en expansión. ¿Por qué hoy la invocación de una “amenaza islámica terrorista” externa parece desarticular a los ciudadanos? No existe una explicación simple sobre la pasividad de los ciudadanos de EE.UU. frente al avance omnipotente del estado policial. Los motivos son complejos y cambiantes, y resulta adecuado examinarlos en detalle.
Una explicación de la pasividad es que precisamente el poder y omnipresencia del estado policial han generado un profundo miedo, especialmente entre las personas con obligaciones familiares, vulnerabilidad laboral y un grado de compromiso moderado con las libertades democráticas. Este grupo de ciudadanos es consciente de casos en los que el poder policial afectó a ciudadanos que estaban involucrados en actividades de crítica, que perdieron sus empleos y sufrieron otras pérdidas, y no están dispuestos a sacrificar su seguridad y el bienestar de sus familias por lo que visualizan como una “causa perdida” -un movimiento que carece de una base popular sólida y que tiene muy poco apoyo institucional. Este sector solamente expresó su apoyo transitorio cuando la protesta contra el rescate de Wall Street y el movimiento “Ocupar Wall Street” contra el “1%” alcanzaron su pico. Pero cuando desde la presidencia se consumó el rescate de los bancos y el estado policial aplastó al movimiento “Ocupar”, el miedo y la cautela llevaron a muchos simpatizantes a retirarse tímidamente de regreso a la pasividad.
La segunda razón de la “permisividad” entre una parte sustancial del público se debe a que este tiende a apoyar al estado policial, debido a su postura de aceptación de la ideología antiterrorista y a un virulento racismo antiárabe y antiislámico, alimentado en gran parte por los influyentes sectores generadores de opinión a favor de Israel. El miedo y el desprecio de los musulmanes, cultivado por el estado policial y los medios de comunicación masivos, fue un eje central del mensaje de la etapa posterior al 11 de septiembre difundido por el Departamento de Seguridad Nacional (Homeland Security -HS) y las guerras seriales de Israel contra sus adversarios, incluyendo Irak, Líbano, Libia, ahora Siria, y los planes contra Irán. El apoyo activo al estado policial alcanzó el punto más alto durante los cinco años posteriores al 11 de septiembre y luego disminuyó con la crisis económica generada por Wall St., el aumento del desempleo y los fracasos de las políticas gubernamentales que incrementaron las preocupaciones sobre el futuro económico del estado policial. Aún así, al menos un tercio del electorado continúa apoyando al estado policial, independientemente de que lo juzguen “correcto o equivocado”. Creen firmemente que el estado policial les garantiza su “seguridad”, que los sospechosos, los detenidos y los que están siendo vigilados “deben haber hecho algo ilegal”. Los partidarios más fervorosos del estado policial se hallan entre los grupos antiinmigrantes que defienden las redadas masivas, las deportaciones en masa y el incremento del poder policial a expensas de las garantías constitucionales.
La tercera razón posible para la permisividad frente al estado policial es la ignorancia: millones de ciudadanos de EE.UU. no tienen una idea clara del tamaño, del alcance ni de las actividades del estado policial. Su actitud práctica los lleva a pensar que “si yo no fui afectado, no debe existir”. Imbuidos en la vida cotidiana, ganándose la vida, disfrutando del tiempo libre, de los entretenimientos, deportes, familia, vecindario y solamente preocupados por el presupuesto familiar... Esta masa está tan imbuida en su micro-mundo personal que considera a los temas macro-económicos y políticos -generados por el estado policial- como “distantes”, fuera de su órbita de interés y de su experiencia. “No tengo tiempo”, “No sé lo suficiente”, “Todo es ‘político’”... El extendido apoliticismo del público estadounidense es un factor en la actitud de ignorar al monstruo que creció en su seno.
Paradójicamente, mientras que ha crecido la preocupación y el descontento pasivo con respecto a la economía, han disminuido tanto el apoyo como la oposición al estado policial. En otras palabras el estado policial florece mientras que el descontento popular se enfoca cada vez más en las instituciones económicas estatales y sociales. Muy pocos, casi ninguno, de los líderes políticos contemporáneos educan a su electorado haciendo la conexión entre el avance del estado policial, las guerras imperiales y Wall Street con los temas económicos cotidianos que afectan a la ciudadanía. La fragmentación de los temas, la separación de lo económico y lo político y el divorcio entre las preocupaciones políticas y las individuales, permiten que el estado policial permanezca “arriba y por encima” de la conciencia popular, de sus preocupaciones y actividades.
El miedo propagado desde el estado, que bate los tambores de la guerra a favor del estado policial es amplificado y popularizado por los medios comerciales diariamente, mediante las “noticias” de propaganda, los programas de detectives “antiterroristas”, varias décadas de cine de Hollywood antiárabe, películas con fobias hacia todo lo que sea musulmán. Ha tenido mucho éxito la manera en la que los medios de comunicación masivos representan las violaciones de los derechos democráticos cometidas por el estado policial: son normales y necesarias en un medio infiltrado por terroristas musulmanes, en el que los “liberales” irresponsables (defensores del debido proceso y de los Derechos del Hombre) son una amenaza para la seguridad nacional.
Ideológicamente, el estado policial se asienta sobre la base de que la mayoría silenciosa identifique los poderes policiales con la “seguridad nacional”, aun cuando esto cree una profunda inseguridad en una minoría activa y crítica. La identificación beneficiosa de la “nación” y la “bandera” con el aparato del estado policial es especialmente notoria durante los espectáculos masivos, en los que el rock y los deportes mezclan el entretenimiento de masas con solemnes juramentos de respeto al estado policial con llamativas mujeres jóvenes cantan do el himno nacional con gran histrionismo ante estruendosos aplausos. Los “guerreros” heridos y los soldados rígidos en sus uniformes de gala hacen la venia de saludo a enormes banderas, mientras que se difunde el mensaje de que el estado policial complementa internamente la labor de nuestros “hombres y mujeres en uniforme” en el exterior. El estado policial es presentado como una extensión patriótica de las guerras externas, y como tal, exige una restricción “necesaria” de la oposición, de la crítica y de cualquier defensa del derecho a la libertad por parte de los ciudadanos.
Conclusión: ¿Qué hacer?
El avance del estado policial se ha beneficiado enormemente con la falsa despolitización bipartidaria de la legislación represiva, y con la fragmentación entre las luchas socio-económicas y el disenso democrático. Los movimientos contra la guerra de principios de la década del 90 y del 2001-2003 fueron desgastados (vendidos) por la deserción de los líderes que se pusieron al servicio de la maquinaria del Partido Demócrata y de la agenda electoral. El masivo movimiento de los inmigrantes fue copado por los oportunistas méxico-americanos del Partido Demócrata liderado por el Presidente Obama, quien incrementó la represión del estado policial contra los inmigrantes, deportando a millones de trabajadores latinos y sus familias.
La experiencia histórica nos enseña que un lucha exitosa contra un estado policial emergente depende de la unión entre las luchas socio-económicas que representen a los ciudadanos masivamente y los movimientos democráticos, pro -derechos civiles de las clases medias. La profundización de la crisis económica, los recortes salvajes en las condiciones de vida y de trabajo y la lucha para salvar los programas sociales “sagrados” (Seguro Social y Medicare) tienen que estar ligada a la expansión del estado policial. Un movimiento masivo por la justicia social, que una a los miles de activistas de Wall Street, los millones pro -Medicare, Seguro Social y Medicaid con los cientos de miles de trabajadores inmigrantes se enfrentará inevitablemente con el inflado estado policial. La libertad es esencial en la lucha por la justicia social y la lucha masiva por la justicia social e s lo único que hará retroceder al estado policial.
La esperanza está depositada en que el sufrimiento económico de las masas prenda la chispa de la actividad, la que a su vez, despierte la conciencia sobre el peligroso crecimiento del estado policial. Un entendimiento masivo de esta conexión será esencial para cualquier avance del movimiento por la democracia y el bienestar popular en EE.UU. y por la paz en el exterior.
Nota 1: El avance del estado policial y la ausencia de oposición de masas, James Petras y Robin Eastman Abaya, Rebelión.
* Doctor en Filosofía en la Universidad de California, fue miembro del Tribunal Russel sobre la represión en América Latina, junto a Julio Cortázar y Gabriel García Márquez, y actualmente es profesor en la Universidad del Estado de Nueva York en Binghamton. Textos traducidos para Rebelión por Silvia Arana, traductora argentina (inglés-español) y escritora que reside actualmente en Ecuador.
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