Guatemala: estado de sítio para proteger pilhagem canadense

GUATEMALA Ollantay Itzammá Sociólogo y analista de esta Otramérica El Estado de sitio, esta vez, para proteger la 'inversión' canadiense lunes 06 de mayo de 2013 El Presidente Otto Pérez Molina, militar retirado (acusado por sus ex camaradas como co responsable de genocidio cometido durante la guerra interna), decretó, el pasado 1 de mayo, el segundo Estado de sitio en lo que va de su gobierno. Esta vez, para reprimir al pueblo indígena Xinca, en los municipios de Jalapa y Mataquescuintal (Departamento de Jalapa), y en Casillas y San Rafael Las Flores (Departamento de Santa Rosa), y para proteger las “inversiones” de la empresa minera canadiense Tahoe Resources (Mina San Rafael). El 1 de mayo del 2012, Pérez Molina también decretó otro Estado de sitio en contra del pueblo Maya, en el Municipio de Barillas, Huehuetenango, para defender los intereses de la empresa española Hidro Santa Cruz, que actualmente opera con mediana calma porque se logró asesinar y encarcelar a las y los dirigentes de las organizaciones en resistencia del lugar. Estos estados de sitio no sólo coinciden en fechas y objetivos, sino en su método de aplicación. Estado de sitio permanente como método de gobierno Tanto en el caso de la hidroeléctrica española, como en el caso de la minera canadiense, el gobierno autorizó a ambas empresa la exploración y explotación de los proyectos, en contra de la voluntad expresa de los pueblos indígenas afectados del lugar. Ante la presencia incómoda de las maquinarias de las empresas, ambos pueblos indígenas gestionaron diálogos con el gobierno, y al no ser escuchados se movilizaron e impidieron la invasión de las empresas a sus territorios. En ambos casos, las guardias privadas de las empresas dispararon y asesinaron a bala a algunos de los dirigentes indígenas movilizados, situación que desató la ira de las y los organizados en resistencia quienes incluso quemaron maquinarias y detuvieron a agentes estatales. En ambos casos, inmediatamente el gobierno decretó Estado de sitio movilizando vario millares de militares/policías a la zona para detener a todos los y las dirigentes indígenas, para luego llevarlos a la cárcel por delito de terrorismo y crimen organizado. ¿Será una coincidencia? ¿O será el método poco inteligente del gobierno de Mano Dura? En lo que va del gobierno de Otto Pérez Molina, se asesinaron selectivamente cerca de 20 dirigentes de organizaciones sociales e indígenas del país que se oponían a la invasión de las empresas extractivas a sus territorios. ¡Pero no existe un solo detenido o enjuiciado por dichos delitos! Eso sí, las cárceles se están llenando de dirigentes indígenas y campesinos conscientes que encarnan la soberanía y dignidad de este país asediado por las transnacionales. Sólo para indicar un par de datos. La ilusión en la “inversión” privada es tal en Guatemala que, cerca del 60% del territorio nacional cultivable se encuentra bajo el control de las empresas de monocultivo. Existen 428 proyectos mineros (176 son metálicas) en todo el territorio nacional, cuya extensión es mucho más pequeña que un Departamento de Bolivia o de Perú. Inversión o invasión canadiense En los últimos tiempos, Canadá ha expandido a más 100 países sus inversiones en materia de minería y de petróleo. Del total de la inversión canadiense en estos rubros, el 70% se encuentran en el extranjero. Pero, las acusaciones por violaciones de derechos humanos, generación de convulsión socioambiental, conflictos laborales, etc. se levantan en diferentes partes del mundo en contra de las empresas canadienses. Sólo para mencionar casos en Latinoamérica: Chile. Las actividades de la empresa canadiense Barrick Gold, en el mega proyecto minero Pascua-Lama, fueron paralizadas por orden de autoridades judiciales chilenas por delitos socioambientales. Bolivia. El gobierno boliviano revirtió recientemente el negocio minero de South American Silver Corporation en Potosí, por incumplimiento de los acuerdos. Actualmente, dicha empresa canadiense inició un arbitraje internacional en contra del Estado boliviano. Perú. El pasado año, la empresa canadiense petrolera Talismán salió urgido de la Amazonía peruana ante la resistencia y convulsión del pueblo Achuar, también por abusos medioambientales. Honduras. La empresa minera canadiense Goldcorp (que extrae oro a cielo abierto en Valle de Siria, Morazán, Honduras), fue acusada como una de las empresas promotoras del golpe de Estado que destituyó a Manuel Zelaya, en junio de 2009. El motivo del involucramiento de esta empresa en dicho golpe habría sido porque el entonces Presidente Manuel Zelaya intentó prohibir la minería a cielo abierto, el uso de cianuro y la sobreutilización del caudal de las cuencas hídricas en los proyectos mineros. Hace unos meses atrás, el gobierno de Pepe Lobo (que emergió fruto del golpe de Estado), promulgó una Ley minera redactada entre Toronto y Tegucigalpa que aprueba todo lo que Zelaya intentó prohibir. Actualmente, de las más de 200 solicitudes de concesiones mineras en Honduras, cerca de la mitad son de empresas canadienses. Guatemala. En la actualidad, en Toronto, Canadá, un tribunal estudia si juzga o no a la empresa minera canadiense Hudbay por violaciones de derechos humanos en Guatemala. Y, desde el 1 de mayo, del año en curso, el pueblo Xinca (en el oriente del país) soporta la militarización y el Estado de sitio para garantizar las actividades a la empresa minera canadiense Tahoe Resources, en contra de la voluntad expresa de dicho pueblo indígena. ¿Será que la milicia de traje y corbata, que (des)gobierna a este país policromático desconoce estas referencias? ¿O será que se tomó muy en serio el espejismo neoliberal del “crecimiento” económico que supuestamente hace de Guatemala un país pujante? ¿Qué ocurrirá en la mente del Sr. Presidente quien argumenta no tener las manos manchadas de sangre? Lo cierto es que el haber convertido al deficiente Estado de Guatemala en un desalmado gendarme de la “inversión” extranjera para criminalizar, perseguir y asesinar a la conciencia moral del pueblo nadie lo va a perdonar. Las y los guatemaltecos conscientes, indígenas o no, organizados y movilizados para defender los bienes naturales del país, no son criminales, ni terroristas. Son el reducto y bastión de la dignidad y de la soberanía de este país cuyas élites fueron incapaces de expresar. Sr. Presidente, no acelere Ud. la dinámica de la creciente convulsión social generalizada en el país que podría derrocarlo desde las calles antes que Ud. cumpla el período de su mandato. Este pueblo ya comenzó a perder el miedo al rifle y a la bota militar. Recuerde, Sr. Presidente, que los procesos revolucionarios de Ecuador, Bolivia, Venezuela, Argentina, etc. se deben, en buena medida, al recrudecimiento violento de la tiranía del sistema neoliberal.

Mundial de Futbol - nueva forma de control social en Brasil

José Manuel Rambla Otramérica Pobres y “torcedores” se convierten en las grandes víctimas de los preparativos del Mundial y las Olimpiadas en Brasil. Los desplazamientos forzados, la militarización y criminalización de la pobreza y la conversión del aficionado en consumidor de élite son los efectos visibles del 'milagro' deportivo brasileiro. El deporte es uno de esos raros fenómenos sociales capaces de desatar las más intensas pasiones. Por ello, no es extraño que el actual capitalismo postindustrial y especulativo lo haya convertido en pieza clave para ese modelo de desarrollismo de los grandes eventos que ha ido promoviendo en las últimas décadas a golpe de Expos, Cumbres, afamadas regatas o competiciones de Fórmula 1. Y por encima de todos, convertidos en el más luminoso objeto del deseo, las Olimpiadas y los Mundiales de fútbol. Las más diferentes ciudades de todo el mundo pugnan por convertirse en sede de estos macroeventos que presentarán a sus respectivas ciudadanías como la gran oportunidad para proyectarse internacionalmente, remodelar su urbanismo y dinamizar sus economías. Negocios y deporte se fusionan así para desatar un tsunami de emociones en el que los números de la contabilidad son tanto o más asombrosos que las gestas de los atletas. Un tsunami que con su elección para la organización del Mundial de Fútbol en 2014 y las Olimpiadas en Rio para 2016, viene azotando a un Brasil que ve ambas fechas como la reválida definitiva a su entrada en el selecto club de los ricos. Las cifras previstas parecen justificar por sí solas las ilusiones. Según un estudio realizado por la consultora Ernest & Young en colaboración con la Fundación Getúlio Vargas, la organización de la Copa implicará para Brasil un gasto de unos 29.600 millones de reales (11.000 millones de euros), una cantidad compensada por 3,6 millones de empleos anuales por los preparativos, que a su vez distribuirán una renta entre la población de 63.480 millones de reales (24.100 millones de euros), además de generar una recaudación tributaria adicional de 18.130 millones (6.886 millones de euros). Así mismo, se espera un incremento del flujo turístico del 74%. No obstante, los tsunamis no son solo dignos de admiración por su manifestación de naturaleza desbordada. La devastación que dejan a su paso alcanza niveles sin duda no menos espectaculares. Sin embargo, los medios de comunicación, que suelen centrar sus focos en esta letal irrupción de la calamidad en las vidas humanas cuando se trata de fenómenos sismológicos, normalmente optan por apartar del daño colateral el objetivo de las cámaras cuando se trata de estos modernos tsunamis deportivos. Y, como no podía ser de otro modo, daños colaterales no faltan en las olas gigantes proyectadas sobre la tierra brasileña por la Copa del Mundo y los juegos Olímpicos. Un informe elaborado por los Comités Populares de la Copa enumera algunos. Así, por ejemplo, unas 170.000 personas –según las estimaciones más conservadores- se verán desplazados de sus casas como consecuencia de las obras de infraestructuras ligadas a las competiciones. Para la mayoría de ellos las alternativas recibidas son limitadas, cuando no, sencillamente inexistentes. El listado es interminable y está compuesto en su mayoría por favelas y ocupaciones irregulares que, en muchos casos, tienen más de medio siglo de historia. En Curitiba, por ejemplo, la ampliación del aeropuerto y las obras del estadio Joaquim Américo Guimarães amenaza a más de 2.000 familias. Otras 6.900 serán desalojadas en Belo Horizonte a causa de la construcción de carreteras, hoteles, centros comerciales y otras infraestructuras. La resistencia ha sido dura. La represión también. Los vecinos de la comunidad Dandara fueron desalojados por la policía sin orden judicial, utilizando gases y destruyendo las endebles barracas con el vuelo rasante de los helicópteros. Mientras tanto, en Fortaleza 5.000 familias pierden sus casas por distintos proyectos de transporte público y 15.000 más por otras actuaciones urbanísticas ligadas al Mundial. En Rio otras 3.000 viviendas se verán impactadas, mientras que en São Paulo se estima que solo las conexiones entre el futuro estadio del Corinthians y el aeropuerto internacional de Guarulhos afectaron a unos 4.000 hogares y amenazan a otros 6.000. La maquinaria del evento no respeta nada. El proyecto inmobiliario Granja Werneck prevé ocupar en Belo Horizonte unos 10 millones de metros cuadrados para construir 75.000 apartamentos destinados a turistas, delegaciones deportivas y periodistas que acudan a cubrir los partidos del Mundial programados en la capital minera. Como una apisonadora, estos planes amenazan con llevarse por delante el Quilombo de Mangueiras, una comunidad creada en la segunda mitad del siglo XIX por descendientes de esclavos negros, de los que hoy apenas quedan 35 familias. Igualmente, el pasado 22 de marzo unidades de la policía de choque entraron en las instalaciones del antiguo Museo del Indio en Rio de Janeiro. Aunque el museo estaba inactivo, colectivos indígenas de distintas etnias mantenían ocupado el espacio como referente cultural. El edificio fue demolido dentro de las obras del nuevo Maracanã. La contundencia en la ejecución de estos proyectos adquiere en ocasiones tintes absurdos. Los habitantes de Vila Harmonia y Metrô Mangueira, por ejemplo, recibieron un buen día y por sorpresa una notificación judicial con la orden de desalojo y el plazo fijado para dejar sus casas: cero días. Los casos se repiten por las distintas sedes del campeonato de fútbol, en ocasiones alegando problemas geotécnicos obviados durante décadas. Adriano Evangelista, vecino de Itaquera, en São Paulo, recuerda cuando le notificaron que debía dejar su vivienda. “Vinieron y me entregaron un documento que decía que la casa iba a ser clausurada. No me dijeron si iba a tener derecho a algo o si nos iban a trasladar a otro lugar”. Situaciones, en suma, que no han dejado de provocar denuncias y quejas como las de José Renato, uno de los afectados por las obras en Porto Alegre: “no sabemos cuándo comenzarán la obras, ni quién se verá afectado, o hacia dónde serán realojadas las familias. Queremos tener el derecho a discutir nuestro futuro. Defendemos la realización de la Copa, pero con respeto a los derechos de la población”. La opacidad se ha convertido en moneda corriente. La urgencia en el cumplimiento de los plazos o el argumento de un pretendido interés general hace que la falta de transparencia sea la norma en la tramitación de estos grandes proyectos. Ello a pesar de la cascada de instituciones creadas, entre otras cuestiones, precisamente para encauzar la participación, como el Comité Gestor da Copa 2014, el Grupo Executivo da Copa, el Comité de Responsabilidad de las ciudades sede o la Autoridad Pública Olímpica. Sin embargo, en la práctica la supuesta participación se ha limitado a lo que algunos han denominado irónicamente como “democracia directa del capital”, donde lo que cuenta son las conversaciones a puerta cerrada entre instituciones y empresas privadas. No es extraño pues que en este contexto entidades como Amnistía Intenacional o la Plataforma Brasileña de Derechos Humanos, Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, hayan criticado el impacto negativo de estas prácticas. Sus denuncias fueron oídas por el grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre derechos humanos, especialmente las relativas a los procedimientos utilizados en algunos desalojos. Incluso, la ministra brasileña de Derechos Humanos, María do Rosario Nunes, tuvo que admitir, durante un encuentro con miembros del grupo de trabajo de la ONU en mayo de 2012, la necesidad de prestar una atención especial a los derechos humanos en el marco de los proyectos vinculados a la Copa y el Mundial. Finalmente, en julio del pasado año, la comisión recomendó a Brasil –a propuesta de Canadá- que se tomaran medidas que “eviten los desplazamientos y los desalojos forzosos. Además, se reclamaba la necesidad de que los afectados tengan acceso a la información, incluyendo plazos, se realizaran negociaciones con los vecinos implicados para buscar alternativas o, en su caso, se fijaran indemnizaciones adecuadas”. Pero además, en la práctica, al amparo de estos proyectos se está promoviendo un modelo urbanístico basado en la exclusión social y la criminalización de la pobreza. Es así como en los últimos meses se han puesto en marcha auténticos cordones sanitarios para aislar de la pobreza las zonas deportivas y turísticas potenciadas por los eventos. El exponente más directo ha sido, sin duda, las Unidades de Policía Pacificadora (UPP) puestas en marcha en Rio con el objetivo declarado de controlar la violencia y el crimen organizado en las favelas. Sin embargo, para Cleonice Dias, líder comunitario en la favela de Cidade de Deus, la realidad tiene otra cara. “Nosotros, que somos de la comunidad, sabemos que la UPP busca satisfacer a la opinión pública mostrando que el Estado tiene el control de las comunidades. Quieren destacar que habrá seguridad porque nosotros, los pobres, estaremos controlados y que pueden venir las inversiones para los macroeventos”. El coronel de la Policía Militar Robson Rodrigues confirmaba las sospechas de las comunidades: “realmente son las Olimpiadas las que dictan nuestra selección. Yo diría incluso que sin este evento la pacificación nunca habría ocurrido”. El modelo, exportado a otras ciudades como São Paulo, Salvador de Bahía o Curitiba, supone a menudo una auténtica militarización de la sociedad, implicando incluso al ejército en estas labores de “pacificación”. En total, Rio tiene previsto desplegar 40 UPP en la ciudad, con un despliegue de 8.ooo policías y un coste anual estimado en 408 millones de reales (156 millones de euros). Paradójicamente, las favelas y barrios situados en la zona oeste de la ciudad, controlados por milicias criminales en las que a menudo están implicados agentes públicos, han sido excluidas del programa de pacificación. Más policías, la misma pobreza También aquí han sido numerosas las voces que dentro y fuera de Brasil han denunciado esta criminalización de la pobreza. Y ello a pesar de que, según sus críticos, los macrooperativos policiales y militares desplegados en Rio con motivo de otros eventos, no han logrado una reducción de los altos índices de criminalidad. En cualquier caso, está previsto que el aparato de seguridad en torno a la Copa del Mundo tenga un costo de 2.100 millones de reales (803,7 millones de euros) e implique la contratación de 53.000 nuevos agentes. Mientras tanto, el pasado mes de marzo expresaba su preocupación otro grupo de trabajo de Naciones Unidas, el responsable de analizar los casos de detenciones arbitrarias. En sus conclusiones, los expertos censuraron la política de “limpieza de las calles” que se está realizando en las ciudades brasileñas a costa de detenciones masivas de toxicómanos y pobres. Al mismo tiempo destacaban su preocupación porque “según relatos, habría presiones para reforzar este tipo de detenciones debido a los grandes eventos de los que Brasil será sede, como la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olímpicos en 2016”. Las sombras ligadas a estos macroeventos también se proyectan sobre uno de los aspectos más destacados en su justificación: el empleo. En este sentido, las condiciones laborales en las obras de construcción de las instalaciones han provocado no pocos paros y huelgas, hasta el punto de que el entonces ministro de Deporte, Orlando Silva, del Partido Comunista de Brasil (PCdB), llegó incluso a apelar al “patriotismo de los trabajadores” para no retrasar las proyectos. A ello se le suma el castigo que sufre el comercio informal, un sector clave para la supervivencia económica de miles de brasileños de renta baja. Y es que el monopolio económico impuesto por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sobre los estadios y sus alrededores para garantizar el negocio a sus empresas y patrocinadores, pasa por la marginación, cuando no directa criminalización, de vendedores callejeros tan tradicionales como las baianas de Salvador que estos días se movilizaban contra el veto que les impedirá vender junto al estadio, su típica comida afrobrasileña de acarajé. En realidad, no resulta extraño si se tiene presente que la organización de este tipo de eventos es, esencialmente, un gran negocio. Y tampoco muy transparente. La adjudicación de la gestión del nuevo estadio Maracanã de Rio de Janeiro es una buena muestra. El contrato fue adjudicado este mes de mayo al Consorcio Maracanã S.A. por un periodo de 35 años, a cambio de la inversión de unos 300 millones de dólares en mejoras del entorno y el pago de unos 2,2 millones de dólares al año al gobierno estadual. En compensación obtendrá unas ganancias totales de 715 millones de dólares. Entre las empresas que componen el consorcio está Obedrecht que junto a la sociedad Mendes Junior, responsable de la construcción del nuevo estadio de Salvador de Bahía, son dos de las firmas que mayores aportaciones realizaron a las campañas electorales de 2006 y 2010 de Aldo Rebelo, candidato del PCdB y actual ministro de Deportes. En concreto, juntas donaron unos 83.500 dólares a su candidatura, si bien los defensores del ministro señalan que en aquel momento las empresas –que también donaron dinero a otros candidatos- no podían saber su nombramiento en octubre de 2011. Un nombramiento, por cierto, provocado por la salida de su antecesor y compañero de partido, acosado por denuncias de corrupción. En cualquier caso, el pasado 27 de abril la policía dispersaba con gases a un grupo de manifestantes que denunciaba irregularidades en la concesión durante la inauguración del nuevo campo de fútbol. Solo unos días más después la Justicia iba más allá y anulaba la adjudicación, después de que una jueza carioca aceptaba el recurso de la Fiscalía en el que se planteaba “la presencia de ilegalidades que contaminan la licitación”. De este modo, el deporte se transforma en motor de una burbuja especulativa que, en ocasiones, adquiere niveles ilógicos. La evolución del mercado inmobiliario en Rio es un buen reflejo de ello. La capital carioca experimentó entre 2010 y 2012 una encarecimiento del 116,6% en el precio de venta de las viviendas, revalorización que en el caso de los alquileres fue del 68,5%. En algunas zonas la subida de los precios ha sido todavía mayor, sobre todo en el área centro donde barrios como Cidade Nova e Estácio se revalorizaron desde 2008 hasta enero de 2013 por encime del 300%. De nuevo, las obras del emblemático Maracanã resultan paradigmáticas. Entre 1999 y 2006, el gobierno de Rio de Janeiro invirtió unos 400 millones de reales (unos 153,9 millones de euros) en adaptar sus instalaciones a las exigencias de la FIFA. Solo cuatro años más tarde toda esa inversión acabaría en la basura al decidirse cerrar el campo y acometer las obras del Nuevo Maracanã por un valor mínimo de 808 millones de reales (unos 310,9 millones de euros). Los trabajos, además, también han implicado la demolición del Estadio de Atletismo Célio de Barros, una de las mejores pistas del país, o el parque acuático Julio Alamare que ahora, en el mejor de los casos, tendrán que ser reconstruidos en otro lugar. La FIFA quiere consumidores La propia FIFA es responsable en gran medida de esta visión economicista. Curiosamente fue un brasileño, João Havelange, quien con su llegada a la presidencia de la organización allá por 1974, sentó las bases de esta concepción empresarial y mercantilista del fútbol al vincular las competiciones con el patrocinio de grandes firmas como Adidas o Coca Cola y al transformar los derechos de televisión en una de las claves del negocio. El modelo fue consolidado por su sucesor y actual presidente, Joseph Blatter. Modelo que ha despertado no pocas voces críticas en Brasil durante los últimos meses. Una de ellas es la del ex futbolista y actual diputado por el Partido Socialista de Brasil, Romário da Souza Faria. “Brasil será entregado a una FIFA que se va a llevar más de 3.000 millones de reales y no va a pagar ni mil”, denunciaba en una entrevista al diario O Globo. El veterano deportista también denunciaba la exclusión de las capas medias y populares de un Mundial que solo podría ser disfrutado por una minoría de extranjeros y miembros de las clases altas brasileñas, al tiempo que rechazaba las imposiciones de la FIFA. “Brasil no puede darse a cambio de una Copa”, señalaba. Quizá la mayor paradoja de todo ello sea que entre las numerosas víctimas colaterales del modelo FIFA se encuentre el propio fútbol y especialmente, la forma en que el aficionado brasileño vivía la torcida. Como destaca el antropólogo Marcos Alvito, el objetivo es transformar al torcedor en consumidor, al tiempo que se impone en los estadios la misma vigilancia panóptica que se promueve en las calles. “Las autoridades intentan garantizar un fútbol ‘higienizado’, un producto televisivo no perturbado por ningún disturbio, donde la torcida y sus manifestaciones más extremas aparecen como aquello que en teoría de la comunicación se llama ruido”, señala este profesor de Historia en la Universidad Federal Fluminense y uno de los fundadores de la Asociación Nacional de Torcedores. Alvito insiste en cómo, con la excusa de la violencia en los estadios, “han sido tomadas una serie de medidas de control y monitorización de todos los torcedores”. En este sentido, el también antropólogo Antonio Holzmeister recogía en su cuaderno de campo el impacto de estas prácticas a propósito de su experiencia durante un partido entre el Atlético Paranense y el Paraná. “Lo que más me impresionó fue cuando un jugador del Paraná lanzó el balón a la grada, que fue rápidamente escondido por un torcedor atlético debajo de su camisa. Poco después escucho en los altavoces: ’Torcedor atlético que viste la camiseta número 23, usted está siendo filmado, devuelva la pelota inmediatamente o será expulsado del estadio’. Intimidación rápidamente obedecida por el aficionado”. Pero sobre todo, el torcedor brasileño ve como paulatinamente las normas de la FIFA le impiden buena parte de sus manifestaciones más particulares como las bandas de música, los grupos de percusión, las coreografías, las bengalas, el baile de banderas, los gigantescos bandeirões capaces de ocultar toda una grada, o simplemente, seguir en pie el partido. En buena medida eso se ha debido a los cambios introducidos en los estadios que tienden a una drástica reducción de su capacidad, especialmente de las localidades más baratas. Maracanã vuelve a ser ejemplificador. Inaugurado como el mayor estadio del mundo con una capacidad oficial para 155.000 personas, llegó a acoger a más de 200.000 espectadores en la mítica final de la Copa de 1950 donde Brasil cayó derrotado tras una remontada de la selección uruguaya. El 80% de aquel aforo estaba destinado para las entradas más baratas. Ahora, el nuevo Maracanã ha limitado su capacidad a unas 78.000 plazas, todas sentadas y acolchadas, que incluyen el palco de autoridades y de prensa, así como unos 12.750 asientos VIP distribuidos entre 10.000 asientos Premium y 110 palcos privados de 80 metros cuadrados cada uno y aforo para 25 personas. Todo ello ha ocasionado un incremento desorbitado del precio de las entradas que, a su vez, aleja a las capas populares de los estadios. Según un estudio realizado por la consultora Pluri, el coste de las entradas de fútbol en Brasil ha subido un 300% en la última década, pasando de los 9,50 reales de media que costaban en 2003 a los 38 que se paga en la actualidad. Este encarecimiento es muy superior tanto a la inflación del 73% acumulada durante ese mismo periodo, como a la revalorización del 37% experimentado por la renta media del trabajador que, según el estudio, se sitúa hoy en unos 1.955 reales (754 euros). Brasil parece así desandar el camino recorrido en los inicios del pasado siglo, que le llevó hasta convertir el fútbol en una de sus principales señas de identidad. Si a finales del siglo XIX el balompié llegó al país en las aristocráticas maletas de jóvenes que, como Charles Miller u Oscar Cox, regresaban de estudiar en Inglaterra, las primeras décadas del siglo XX fueron el escenario de un auténtico conflicto social por la democratización del deporte. Mientras la élite social defendía un modelo que expulsaba de los campos y las competiciones de prestigio a los negros y los trabajadores, estos por su cuenta inventaban en las calles ese juego creativo e imaginativo que acabaría caracterizando al fútbol brasileño. Será en los años 20 y 30 cuando la paulatina profesionalización del fútbol permitió la irrupción de jugadores negros y de las clases populares, mientras el nuevo sistema de venta de entradas lo transformaba en un espectáculo de masas rescatándolo de los clubes privados de la burguesía blanca. Paralelamente, fue tomando cuerpo una manera de vivir la afición que al entroncar con el espíritu de rebeldía juvenil de los años 70, acabó hallando su máxima expresión en la torcida organizada. Hoy la globalización ha convertido a Brasil en un exportador nato de jugadores al precio de vaciar sus clubs de las grandes figuras sobre las que se asentaba la afición. Así, al pasear por las calles brasileñas es casi más fácil tropezarse con aficionados vistiendo camisetas del FC Barcelona, el Real Madrid o cualquier otro equipo europeo donde juegue alguna de las figuras brasileñas, que con torcedores luciendo los colores del Corinthians, el Fluminense o el Vasco de Gama. Ahora las restricciones impuestas por la FIFA amenazan con dar el tiro de gracia a una forma de vivir el fútbol que, con todas las contradicciones sociales y políticas que caracterizaron su historia, se convirtió en seña de identidad de un país. Un golpe final que llega con el implacable tsunami del Mundial y sus secuelas de especulación inmobiliaria, mercantilización y exclusión social justificadas en nombre del mayor espectáculo del mundo. Fuente: http://otramerica.com/temas/olimpiadas-mundial-futbol-nueva-forma-control-social-territorial-brasil/2931

"A entrada da nova geração na política institucional brasileira"

Entrevista do sociólogo Luiz Werneck Vianna a IHU on-line IHU On-Line – Como podemos compreender as manifestações sem lideranças que ocorreram ontem e na última semana em várias capitais brasileiras? O que elas significam? Werneck Vianna – De um lado, o afastamento imenso da população, em especial dos jovens, da política e dos partidos políticos. Esse é o primeiro ponto, muito evidente. O porquê do movimento, aparentemente por um motivo quase banal – o aumento irrisório do preço das passagens –, ter desencadeado esta proporção só pode ser entendido como um sentimento que vem se acumulando de exclusão e insatisfação. Ao lado disso, se nas ruas não há vestígios de organização, as redes sociais estão absurdamente dominadas por um diálogo interminável a respeito da situação da geração atual, que tomou forma a partir de um episódio que podia ser entendido como algo de menor expressão. O fato também de terem sido rechaçados por uma repressão muito forte, após seus primeiros movimentos, incendiou a imaginação. Enfim, essa geração se pôs no mundo e está aí a sua marca. Por outro lado, é preciso considerar que esse país tem passado por mudanças muito significativas na sua composição social, na sua demografia, na sua estrutura de classes. Há uma nova classe média, não a classe dita "C”, relacionada a esses programas governamentais, como o Bolsa Família. É uma classe média dos novos serviços, das novas ocupações, que é muito diferente das classes médias tradicionais, tal como havíamos conhecido. Trata-se de uma classe média de um novo tipo. E ela está sem perspectiva quanto ao seu projeto de vida. Além do mais, os setores baixos dessa classe média estão cultivando um ressentimento muito grande. Este ressentimento se manifestou na raiva com que essas manifestações se deram. IHU On-Line – Na Espanha, as manifestações dos indignados do movimento 15M demonstraram um desconforto econômico, político e social. As mesmas razões motivam as manifestações no Brasil, ou elas são de outra ordem? Werneck Vianna – Acho que não são as mesmas razões. O tema aqui é mais político e cultural. É um sentimento de exclusão da arena pública. A falta de participação dessa geração na política é algo que chama a atenção. Por outro lado, a busca por reconhecimento social desses grupos emergentes das classes médias é muito forte e o tema do reconhecimento é muito associado ao tema do ressentimento. As pessoas querem ser reconhecidas, querem que sua dignidade e identidade sejam respeitadas, legitimadas. O tema do reconhecimento, por um lado, e o da participação política, por outro, foram o combustível dessa movimentação. Não creio que isso esteja vinculado diretamente a causas econômicas. Até porque, como se observa, do ponto de vista da economia, há no país – e as pesquisas indicam isso – um sentimento de satisfação, de que a vida tem melhorado e pode melhorar ainda mais. A França da Revolução Francesa – anotou Tocquevilleno seu trabalho clássico O Antigo Regime e a Revolução –estava em um momento de expansão econômica. Diz ele, nessa obra, "nunca o campesinato teve tanto acesso à propriedade como naquele momento”. Havia um sentimento de melhoria do ponto de vista econômico. No entanto, veio a revolução. O que ele dizia é que quem ficasse procurando as causas a partir desse ângulo jamais entenderia a Revolução Francesa. Ela deveria ser entendida pela sua especificidade política naquele momento. Com isso, ele quis dizer que o absolutismo francês havia desfeito todas as organizações intermediárias vigentes na França tradicional e a massa do povo ficou isolada, fragmentada, antepondo-se diretamente ao Estado. Devemos procurar as origens desse movimento que ainda não terminou e não se sabe para onde vai. Fora as redes sociais, não há nada que esteja organizando a sociedade, especialmente essa multidão de jovens, que vem acorrendo à vida social. Não há clubes, não há partidos. Estes (os partidos) vivem inteiramente orientados para sua reprodução política, eleitoral, não têm trabalho de consolidação, de nucleação. A própria Igreja Católica, que antes cumpria um papel muito importante nessa organização, hoje tem um papel muito pequeno. A sociedade está inteiramente isolada da esfera pública. São dois mundos que não se tocam. Por toda a parte viam-se faixas com os seguintes dizeres: "nós não acreditamos na representação que aí está”. Foi um movimento dirigido também contra essa política. Temos que procurar as origens desse processo, que mal começou, nessa forma de relação entre Estado e sociedade, entre política e sociedade. Está evidente que temos que passar por reformas políticas importantes no sentido de que o sistema político se abra à participação. Esses partidos que estão aí foram chamados pelo ministroJoaquim Barbosa de "partidos de mentirinha”. Embora ele seja muito midiático, nesse ponto não há como discordar dele. Um movimento desses, multitudinário, que vai às ruas, sem lideranças conhecidas, é um perigo. Tudo pode acontecer. Abre-se campo para a selvageria. Com quem negociar? Tomara que o processo desses dias – de ontem (17-06-2013) em particular – sirva como uma sinalização poderosa para que mudanças importantes na política brasileira comecem a ser encaminhadas. É um sinal de alerta. Se nada for feito a tempo, se é que ainda há tempo, esse movimento pode ter um desfecho muito ruim. É preciso evitar – e escrevi isso em um artigo que saiu hoje (18-06) no Estadão – que 2013 tenha o mesmo desfecho que 1968, isto é, uma juventude desencantada com a política, radicalizada e que procure formas inadequadas de resolução de problemas. IHU On-Line – E quais seriam as formas adequadas? Werneck Vianna – Participação política e organização social. IHU On-Line – Ainda há um cenário propício para isso? Werneck Vianna – Se não houver, as coisas irão mal. O sinal que soou é muito forte para não ser ouvido e bem interpretado. A política de presidencialismo de coalizão, da forma como a praticamos, demonstrou seu esgotamento, levou à desmoralização da política com o "toma lá, dá cá” e a compra de votos. IHU On-Line– O que significa uma manifestação cujo grito de guerra seja "povo unido não precisa de partido”? Trata-se da falência da política representativa? Como pensar uma política sem partidos? Werneck Vianna – O que acontece nessas manifestações é uma recusa. Ao longo desses anos, essa geração cresceu vendo e se confrontando com uma situação em que os partidos e a classe política em geral se desmoralizavam a cada dia. Basta ver o noticiário dos jornais: corrupção disso, negociata daquilo. Tudo isso foi distanciando a população, especialmente os jovens, da vida institucional. Eu insisto: o problema todo é auscultar de forma correta os sinais que estão vindo e agir da forma mais tempestiva possível, pois há o risco de não haver mais tempo. O que temos a comemorar nesta terça-feira é um fato importantíssimo: de que esse movimento ainda não carrega um morto. Se tivesse havido conflitos mais severos, com mortos, não se sabe como o país teria acordado hoje. Agora é preciso fazer um balanço do que vem acontecendo e apresentar alternativas e soluções. Nisso, a imprensa tem um papel muito importante de localizar entre eles lideranças, fazer com que elas falem, identificá-las. Porque evidentemente as lideranças podem estar subterrâneas. Afinal, deve haver pessoas que estejam exercendo uma liderança silenciosa sobre esse processo todo. 2013 pode ser o começo de uma cena nova, significando a entrada dessa geração na política institucional brasileira. Ou, contrariamente, com um mau desfecho, uma má solução, isso pode acabar como em 1968, radicalizando a juventude e afastando-a da vida política. IHU On-Line – Que modelo de política se pode vislumbrar a partir dessa característica mais participativa da população, sem lideranças específicas? Werneck Vianna – Isso se forma no calor da hora. Pode levar tempo, é preciso ter calma, inteligência, para poder enfrentar uma situação dessas. Não ter pressa. Essa crise vai se alongar. Grande parte desses jovens que estão nas ruas é estudante. Eu vi na universidade em que eu trabalho eles se organizando para a passeata. Acredito que hoje eles estarão comentando o que se passou ontem. Nesse processo de diálogo, de comunicação entre eles mesmos, e da comunicação entre eles e nós, intelectuais, políticos e imprensa, a coisa vai se sedimentando, criando uma nova cultura. O fato é que estamos em um deserto cultural, político, num Saara monumental em que tudo o que era vivo foi levado para dentro do Estado, através desta cooptação política desenfreada que esse governo – que é Estado – desencadeou. E esses movimentos sociais cooptados (como ficou claro) não têm a menor condução dos processos reais. O que eles fizeram ontem? Foram capazes de dar diretivas? Não. Esses movimentos perderam a aura, a autenticidade, a legitimidade, perderam bases. IHU On-Line– Gilberto Carvalho disse que o governo está preocupado com os protestos e quer garantir diálogo com os movimentos para entender "anseios importantes" que têm levado as pessoas a se manifestar. O governo foi pego desprevenido? Werneck Vianna – O governo e todos nós vamos ter que entender. O que eu posso dizer é que o acontecimento foi de tal proporção que os seus próprios participantes, hoje, devem estar na condução, nas escolas, nas universidades, discutindo o que houve ontem e o que fazer. O que está claro é que a grande massa desse movimento reprimiu a violência de alguns grupos. Ali se misturou tudo. Os setores mais ressentidos tiveram a oportunidade de manifestar sua fúria, num protesto pela sua exclusão, pelo fato de não serem reconhecidos, e no protesto pelas políticas públicas que não funcionam, como tantas faixas falavam: "não queremos Copa, queremos saúde e educação”. Essa questão da Copa demonstrou ser realmente um desastre, com gastos suntuosos para a organização de um espetáculo de tipo europeu, que não tem nada a ver com a tradição do futebol brasileiro. As pessoas se sentiram excluídas também nos estádios. De modo que a chave não é econômica. Ela é fundamentalmente política e cultural. IHU On-Line– O atual cenário de manifestações pode determinar as eleições e a sucessão presidencial ou não? Werneck Vianna – Certamente terá influência. Ainda não há como saber qual será. Agora, a candidatura da Marina Silva certamente será bafejada por esse tipo de movimento, porque isso tem muito a ver com a cultura que ela representa. Basta ver o próprio nome do partido:Rede. Isso não quer dizer que ela vá ganhar as eleições. O futuro a Deus pertence e ele está para ser criado por nós agora. O fato é que essa forma de administração da questão social assimétrica, de cima para baixo, através de políticas de cooptação, levou a esse descalabro, a essa distância entre o Estado e a sociedade e a essa destituição do papel dos movimentos sociais tradicionais. Basta ver a situação da UNE, que assistiu a tudo isso de camarote, olhando de binóculo esses acontecimentos.

Uma análise do movimento social no Brasil

Luiz Werneck Vianna Eppur si muove, mas ao contrário do movimento da Terra, que não sentimos, na frase famosa de Joaquim Nabuco, este movimento que aí está não dá para não perceber. Em cima, em baixo, nas grandes capitais, nas periferias, no coração do Brasil, lá em Belo Monte, entre os índios, os sem-teto, os sem-terra, nas corporações profissionais e entre os estudantes, de dentro dessa crosta encardida que, há anos, a tudo abafava há sinais de vida nova. Os interesses e as ideias de cada qual são díspares, desencontrados uns dos outros, como seria de esperar numa sociedade que não mais reflete sobre si, que destituiu a política da sua dignidade e converteu os partidos políticos em instrumentos sem vida, máquinas eleitorais especializadas na reprodução política dos seus quadros. Os acontecimentos recentes em São Paulo, no Rio de Janeiro e em outras grandes cidades - especialmente no caso paulista - somente na aparência podem ser tomados como um raio em dia de céu azul. Igualmente enganoso seria compreendê-los como um mero, embora significativo, episódio de políticas públicas de transporte urbano. As reportagens dos meios de comunicação, em particular as da imprensa escrita, têm trazido à luz a identidade social de algumas lideranças desse movimento de ocupação popular das ruas, não poucas cursando universidades de elite, para as quais o aumento irrisório nas tarifas dos transportes não teria como explicar a reação, à primeira vista desproporcional, aos poucos centavos acrescidos a seu preço. A memória política talvez ajude a pensar o caso em tela: no segundo ano do governo de Juscelino Kubitschek, em 1956, um movimento de estudantes durante vários dias tomou as ruas na chamada greve dos bondes, no Rio de Janeiro, então capital federal, e seu alcance foi de tal natureza que se temeu a iminência de uma crise institucional. A crise foi contornada politicamente, com o próprio presidente Kubitschek intercedendo junto ao presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), a quem recebeu em seu gabinete presidencial. Nesse registro, o que vale notar é que aquela movimentação estudantil transcendia a sua motivação declarada, o aumento do preço das passagens, encobrindo um malaise - sintoma que não escapou das sensíveis antenas políticas do presidente - que se arrastava desde o suicídio do presidente Getúlio Vargas e a subsequente turbulenta sucessão presidencial, em meio a golpes e contragolpes de Estado. Não há exagero em sustentar que a feliz solução daquela crise - exemplar em termos de sua orientação democrática - vai estar na raiz da afirmação dos movimentos sociais nos anos subsequentes, os chamados "anos dourados", que viram nascer formas expressivas do moderno na cultura brasileira, como no Teatro de Arena, no Cinema Novo e na Bossa Nova, manifestações para as quais a UNE e o seu Centro Popular de Cultura desempenharam um não pequeno papel. Foi assim que, de modo imprevisto e paradoxal, a modernização das estruturas econômicas do Brasil, desencadeada por decisões discricionárias do Poder Executivo - os "cinquenta anos em cinco" -, pôde se tornar compatível, numa sociedade dominada pelo tradicionalismo, com a emergência do moderno com as postulações que lhes são intrínsecas de autonomia da vida social. O paralelo com a situação atual não é arbitrário: hoje, tal como nos anos 1950, vive-se um tempo de acelerada modernização promovida por indução da ação estatal, que vem revolvendo as suas estruturas sociais e ocupacionais e provocando o realinhamento, em curto espaço de tempo, da posição de classes e de estratos sociais. Entre tantos processos dessa natureza, deve ser notada a nova configuração das chamadas classes médias, na esteira do processo de desenvolvimento capitalista do Brasil e da mobilidade social que a acompanha, inteiramente distintas, em termos de mentalidade e de inscrição no mercado, das que as antecederam. Como inevitável, tais transformações vêm repercutindo no sentido de enriquecer as agendas de demandas sociais, como se verifica com o tema da mobilidade urbana que somente agora chega à ribalta. Contudo, esse ângulo tópico é apenas a ponta mais sensível das atuais manifestações - muitas delas mal escondendo a carga de fúria de que são portadoras - que irrompem por toda parte em diferentes cenários, não apenas urbanos. Porém, sem dúvida, estamos longe das Praças Tahir, do Egito, e Taksim, da Turquia. Os movimentos sociais que emergem diante de nós não estão confrontados com um regime autoritário - vive-se na plenitude das liberdades civis e públicas. Há, no entanto, um componente novo nessa movimentação social a requerer precisa identificação, a que o repertório de interpretação corrente nos últimos anos não concede acesso. A chave somente se fará disponível quando se compreender que se está diante de uma insurgência democrática em favor do reconhecimento de novas identidades sociais e de direitos de participação na vida pública, especialmente das novas gerações. A hora da política está chegando e, com ela, a da remoção das instituições e práticas nefastas que a têm degradado, tal como nesta forma bastarda de presidencialismo de coalizão sob a qual se vive, engessando a moderna sociedade brasileira no passado e no anacronismo destes novos coronéis da vida republicana. Há riscos na hora presente, e um dos maiores deles é o de não agir no sentido de evitar que a juventude se distancie dos valores da democracia, o que pode vir a ocorrer por intervenções desastradas dos atuais governantes. O desfecho de 2013 não pode repetir o de 1968.

La sorpresa brasileña

De rebelion.org Ángel Guerra Cabrera Rebelión ¿Quién lo hubiera imaginado en Brasil? El gigante latinoamericano, con extraordinarios logros de los gobiernos Lula/Dilma en crecimiento económico, disminución de la pobreza y la marginación e inclusión de millones de personas en la educación y la salud, estremecido por multitudinarias protestas. Extendidas en las últimas jornadas de San Pablo a Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia y a otras grandes ciudades y capitales estaduales, el 17 de junio se calculaba una participación en ellas de más de 200 mil personas. Nadie las esperaba cuando hace dos semanas unos centenares convocados vía Internet por el Movimiento Pase Libre (MPL) se manifestaron en San Pablo contra el aumento de diez centavos de dólar en el precio del transporte público. Demasiado caro, llega ya a 1.50 de dólar. Ese fue el detonador pero en modo alguno el combustible principal de una caldera social en la que evidentemente se acumulan indignación, aspiraciones y demandas, muy añejas y también recientes. Nacido en las universidades, el MPL aboga por la gratuidad del trasporte público. Hagamos historia. El gobierno neoliberal de Fernando Enrique Cardoso dejó al de Lula una honda crisis económica, inflación desbocada, astronómica deuda pública, desgarramiento del tejido social, desarticulación del Estado y profundización de las desigualdades abismales que padece el país hace siglos; una, la injusta distribución de la tierra. Para el sindicalista fue muy difícil gobernar. A diferencia de Chávez, Evo, Correa y Kirchner, que habían llegado a la presidencia en la cresta de la ola popular, Lula lo hizo en situación de reflujo y eso impidió que contara con mayoría parlamentaria. Para hacer avanzar su agenda social debió aliarse y conciliar con sectores y partidos burgueses y convenencieros y en esas condiciones enfrentar una embestida feroz de la derecha y la gran prensa oligárquica que lo quiso desaforar en 2005. Así y todo su gestión le ganó la relección y propició la clara victoria de Dilma. De acuerdo con datos de la Cepal, Brasil, con casi 200 millones de habitantes redujo en la última década la pobreza de 37.5 por ciento a 20.9. La indigencia cayó de 13.2 a 6.1. Veintisiete millones de personas dejaron la pobreza en años recientes y es debido a que en el último quinquenio el ingreso del 10 por ciento más pobre subió 50 por ciento, mientras el ingreso del 10 por ciento más rico subió un 7 por ciento. En el gobierno de Dilma los programas contra la pobreza llegan a casi 50 millones de brasileños y cuentan con un presupuesto de 11.5 millones de dólares, 60 por ciento más que al final del gobierno de Lula, en 2010. Brasil tiene en este momento la tasa de desempleo más baja de su historia. Datos que hablan por sí solos. Lula, junto a Dilma, es y sigue siendo una figura emblemática de la América Latina que derrotó al Alca y creó inéditos instrumentos de independencia, unidad e integración. Unasur, el Mercosur posneoliberal y la Celac no habrían sido posibles sin su concurso. Con sus gobiernos la autoestima de los brasileños ha crecido como nunca y el orgullo evidenciado en las protestas así lo evidencia. Pero aquí la cuestión es cuánto falta por trasformar en un panorama social tan dramático como el heredado por el PT y qué errores propios debe rectificar. Las calles del país más amante del fútbol rechazan el descomunal gasto público en las obras para la Copa Confederaciones y el Mundial, y sugieren que esos fondos se dediquen a la educación y la salud, donde sigue habiendo grandes carencias. También censuran la corrupción, un mal endémico, que precisamente ahora genera la mayor indignación. Dilma ha echado a ocho ministros por sospechas de corrupción, lo que no hizo ningún presidente anterior. En realidad es muy pronto y los hechos han trascurrido muy veloces como para poder hacerse una idea de la envergadura y de todas las demandas del movimiento. El capitalismo vive su crisis más profunda y no tiene soluciones para los pueblos. Golpea sin piedad a los jóvenes, que hoy acceden a un veloz flujo de información (y desinformación) antes impensable. Brasil padece una mafia mediática monopolizada y muy reaccionaria, que ya intenta manipular las protestas, pero apenas cuenta con medios alternativos que den voz al pueblo y encausen el indispensable debate. El peligro es que un movimiento social con razones pero sin rumbo abra el paso al regreso de la derecha en 2014, una verdadera catástrofe. Es el momento de la unidad, y la humildad, de la izquierda. Twiter: aguerraguerra Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.