quarta-feira, 3 de julho de 2013

El gobierno Rajoy, el más reaccionario de la eurozona



El Plural


La transición política de la dictadura a la democracia, mal definida como modélica, se hizo en términos muy favorables a las fuerzas ultraconservadoras que controlaban los aparatos del Estado así como la mayoría de los medios de información. Este dominio determinó que el resultado de dicha transición fuera una democracia muy limitada con un estado del bienestar muy poco desarrollado (ver mi libro Bienestar Insuficiente, Democracia Incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país). Todavía hoy, treinta y cinco años después de la Transición, el estado del bienestar español está entre los menos desarrollados en la eurozona y en la Unión Europea de los Quince (UE-15). Incluso antes de que se iniciara la crisis, en el año 2007, el gasto público social como porcentaje del PIB era solo de un 20,7% (y solo de un 17,8% en Catalunya), frente al promedio de la UE-15 (26,9%). En Suecia era entonces de un 29,2%. Si en lugar de analizar el gasto público social (que incluye las pensiones y los servicios públicos tales como sanidad, educación, servicios sociales, escuelas de infancia, servicios domiciliarios, transferencias a las familias, vivienda social y prevención de la exclusión social, entre otros) como porcentaje del PIB, estudiamos el porcentaje de la población adulta que trabaja en los servicios del estado del bienestar, vemos que España continua siendo de los países con menos adultos trabajando en ese ámbito. De nuevo, ya en el 2007, veíamos que el porcentaje de la población adulta trabajando en esos servicios era un 10% (y en Catalunya, un 8%), mucho más bajo que el promedio de la UE-15 (un 15%) y mucho, mucho más bajo que en Suecia (24%). Es decir, que mientras en Suecia casi uno de cada cuatro suecos adultos trabajaba en los servicios públicos del estado del bienestar, en España era solo uno de cada diez (y en Catalunya no llegaba ni a esto). Así pues, la imagen promovida por los conservadores y liberales de que el empleo público era y es demasiado extenso (e hipertrofiado) no se correspondía ni se corresponde con los datos. En realidad, estos porcentajes son los más bajos de la UE-15 (solo en Portugal es menor, un 7%).
El empeoramiento de la España social
Todas estas cifras se han incluso deteriorado más con los recortes del gasto público que se han realizado como parte de las políticas de austeridad, iniciadas por el gobierno Zapatero y profundizadas, con gusto, y por mucho, por el gobierno Rajoy. Y digo con gusto porque de las declaraciones recientes del Ministro de Hacienda, el Sr. Montoro, parecen desprenderse orgullo y satisfacción de ello. El país que tiene un gasto y empleo público menor de la UE-15 (de lo cual el Sr. Rajoy, en unas declaraciones recientes, parecía también estar orgulloso) tiene unos dirigentes que están orgullosos no solo del bajo gasto y empleo público, sino también de su pretensión de seguir recortándolos. España es el país en el que, proporcionalmente, se está recortando más gasto público y destruyendo más empleo público. En las declaraciones conjuntas con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría del 21 de junio, el Sr. Montoro declaró con satisfacción que el gobierno del Partido Popular recortará nada menos que 37,62 millones de euros, casi un 4% del PIB en gasto público, lo que pone a España en el tope de la liga de los países que recortan más. Y, por si ello no fuera poco, añadió, junto con la Vicepresidenta, que en lo que va de legislatura se han destruido ya 375000 puestos de trabajo (principalmente en sanidad y educación), a lo cual se añadirán 30000 más cada año.
Pero lo que es extraordinario (y digo extraordinario porque no conozco ningún otro gobierno que esté orgulloso de los recortes que se está imponiendo a la población) es que la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría y el Sr. Cristóbal Montoro añadieran sonriendo y orgullosos que “hemos hecho la mayor reducción de consumo público de la historia de España”. Es probable que otros gobiernos conservadores neoliberales estén orgullosos de su labor de austeridad, pero ninguno lo dice, solo los portavoces del gobierno español lo expresan.
Ni que decir tiene que la Sra. Soraya y el Sr. Montoro, cuando van al médico, tienen un tiempo de visita no menor de 30 minutos, sin esperas ni colas. Y de ahí que no sientan en sus carnes las consecuencias de los recortes en el tiempo de visita. Y seguro que sus familiares más pequeños van a escuelas con baja densidad de alumnado en sus aulas. Sería interesante que los medios de información hicieran un análisis de cómo las decisiones de austeridad afectan a los políticos que deciden e implementan esas políticas. Toda la evidencia científica existente muestra que los recortes significan un ataque frontal a la sanidad y a la educación pública (utilizadas por las clases populares, que constituyen la mayoría de la población), ataque que por lo visto los llena de orgullo.
¿Por qué el Partido Popular no es más impopular?
Como era de prever, el voto esperado a los partidos gobernantes que llevan a cabo esos recortes ha bajado. Pero es sorprendente que en España no haya bajado mucho más. ¿Por qué?
La respuesta a nivel de España es fácil. El nacionalismo españolista, heredero de la dictadura, moviliza todavía hoy a millones de personas que claramente votan en contra de sus intereses, a fin de defender a España frente a los que ese españolismo define como rojos, separatistas y anti-Iglesia. Cuarenta años de fascismo y treinta y cuatro de democracia supervisada y vigilada garantizan la continuidad de este rancio franquismo y su cultura nacional-católica. No es por casualidad que gran número de las reformas educativas y culturales tengan como objetivo recuperar este nacionalismo españolista que en ciertas partes de España, la España mesetaria, es todavía muy poderoso. Tanto en su versión casi religiosa –el PP- como en su versión laica -UPyD-, este nacionalismo centralista españolista está movilizando a España. Este nacionalismo, y en menor grado la religión (en España), continúan siendo utilizados para ocultar el ataque más frontal que el escasamente financiado estado del bienestar español ha padecido.
Vicenç Navarro. Catedrático de Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

En Chile, la “farmafia” de los medicamentos



Vampiros del modelo

Punto Final


La salud en Chile, del mismo modo que la educación, es una actividad basada en el lucro, en especial en lo relacionado con los medicamentos. El sector farmacéutico, que en el mundo mueve cifras astronómicas (1,6 billones de dólares en ventas en 2011, según PriceWaterhouse) se consolida como la cuarta industria más grande del planeta. En Chile también amasa cuantiosos millones, para asegurarse como uno de los sectores más dinámicos y poderosos. Dinámico, porque registra cifras de alto crecimiento cada año, y poderoso porque se ha levantado como una tremenda fortaleza que impide el ingreso de nuevos actores al mercado, a la vez que acude a numerosas y turbias prácticas para mantener en constante ascenso sus utilidades.
Durante el año pasado, los laboratorios chilenos (que en realidad no fabrican sino, principalmente, envasan drogas importadas) facturaron más de 1.500 millones de dólares, cifra que desglosada arroja un interesante fenómeno comercial que ayuda a entender el funcionamiento de este mercado. Si consideramos las unidades vendidas, del total de ventas, un 20 por ciento corresponde a medicamentos de marca. Sin embargo en cuanto a valor, los remedios de marca corresponden a casi la mitad del total de la ventas. Se trata de remedios muchos más caros, los cuales explican el negocio. Los laboratorios, así como las farmacias, prefieren vender a toda costa la droga de marca. Aquí está lo más lucrativo de la actividad.
Uno de los rasgos del mercado chileno es la excesiva concentración de las cadenas de distribución. Las tres grandes cadenas (Fasa, Cruz Verde y Salcobrand), tienen más del 90 por ciento de las ventas, pero también podemos decir que hay una concentración en la producción. Los laboratorios que producen remedios de marca, en su gran mayoría transnacionales, concentran gran parte del negocio. Es aquí, entre las farmacias y estos laboratorios, donde se cocinan las prácticas más oscuras y corruptas de este suculento mercado.
Una de las estrategias comerciales clásicas del sector es el lobby, la presión y también la corrupción que se extiende desde el cuerpo médico a todo tipo de políticos. Es una actividad a la que destina decenas de millones y que le ha dado muy buenos resultados. Tanto, que prácticamente toda la reglamentación de este sector ha estado muy influida por la misma industria, lo que hoy se manifiesta con evidencia palmaria tras el rechazo de los diputados a un proyecto de ley que busca, simplemente a través de una desregulación de los locales de ventas, abrir el mercado y generar más competencia con el objetivo de bajar los precios. Si la impugnación de los parlamentarios a este proyecto resulta difícil de creer, el otro rechazo es aún más impresionante: los diputados también se resisten a aprobar un proyecto que obliga a los médicos a escribir en la receta el nombre genérico del medicamento de marca, lo que permitiría que el paciente pueda reemplazarlo por un similar más barato. Como bien se sabe, y el Sernac lo ha comprobado en muchas ocasiones, el precio del remedio de marca supera varias veces a su similar genérico.

REMEDIOS MAS CAROS EN CHILE QUE EN ESTADOS UNIDOS
El precio limita el acceso a los medicamentos en Chile. Atenta contra un derecho humano básico de segunda generación, que es el acceso a la salud, establecido por la ONU en su carta de 1948. Un estudio realizado el mes pasado por el Sernac, detectó en una lista de 441 medicamentos -considerando los más vendidos y algunos de sus productos sustitutos-, diferencias por encima de un 25 por ciento. Pero hay otros estudios que entregan una información más grave: los medicamentos en Chile no son sólo más caros que en otros países latinoamericanos, sino que incluso en Estados Unidos.
Hace un mes, el economista Eduardo Engel escribió en su blog sobre el precio de los medicamentos. Comparó el antialérgico Allegra (Laboratorio Sanofi Aventis): en Chile la pastilla cuesta 750 pesos; en Estados Unidos, el precio es un tercio del chileno. Otro estudio comparativo apunta a conclusiones similares. Como ejemplo el Arimidex (Laboratorio Astra Zeneca), para el tratamiento del cáncer de mama, vale casi 70 dólares en Estados Unidos (unos 35 mil pesos), en tanto en Chile, 113 mil. Con otros países latinoamericanos la diferencia es también enorme. El Celebra (un antiinflamatorio del laboratorio Pfizer) en Chile vale 22 mil pesos la caja, y en Argentina once mil.
El proyecto de ley de medicamentos, propuesto como paradoja por un gobierno de derecha, favorece a los consumidores, pero les altera el negocio a las grandes corporaciones. Por ello, y no otra cosa, ha sido tan grosero el lobby y la “compra” de diputados. Por ello también la reacción histérica de parlamentarios de todas las bancadas ante las denuncias de conflictos de interés lanzadas por el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Al no haber argumentos de peso ante la ciudadanía, han levantado una histriónica defensa corporativa que busca proteger una honorabilidad hace mucho tiempo perdida.
El rechazo a la nueva ley de medicamentos, apoyada por organizaciones de consumidores, resulta un hecho tanto o más increíble que la misma votación a favor de la Ley de Pesca, con una desembozada ayuda de los lobbistas de las pesqueras como quedó en evidencia impúdica en los pagos a la diputada Marta Isasi. La ciudadanía sabe que este es solo un ejemplo en un mar de corrupción. El diputado René Alinco, que conoce como opera la Cámara desde dentro, dijo entonces que la Ley de Pesca fue pagada por los industriales pesqueros. Es muy difícil creer que Mañalich esté equivocado. Estimaciones para Estados Unidos cifran en unos 15 mil millones de dólares anuales el gasto de las farmacéuticas para comercializar en forma ventajosa sus productos, los que parten desde los mismo médicos hasta llegar a los legisladores.
La actitud de los parlamentarios ante este proyecto de ley que favorece el acceso a la salud a la ciudadanía, desenmascara la forma como se ha hecho política en Chile durante las últimas décadas. El Poder Legislativo binominal ha pasado a ser un enclave en la institucionalidad política para los poderes económicos. Legislan, como ya se ha visto en tantas votaciones clave, para el mejor postor. El sistema está corrupto desde sus mismas bases y abarca a las dos grandes modalidades de ventas: los remedios OTC (Over the Counter), que son los de venta libre, y los que requieren prescripción de los médicos. En Chile, los OTC son territorio de las farmacias y los de prescripción, de los laboratorios. La ley de medicamentos busca regular ambas modalidades, lo que ha generado el lobbydescontrolado.

LOBBYSTAS VIGILANTES
Para los medicamentos de libre venta, el gobierno ha propuesto ampliar la comercialización a supermercados. En teoría, la ubicación de los remedios en góndolas y la mayor competencia debieran llevar a una disminución en los precios. Pero las grandes cadenas de farmacias, que controlan más del 90 por ciento de las ventas, ha boicoteado esta posibilidad con el argumento, esgrimido por los parlamentarios, de una sobremedicación de la población. Un argumento falaz, ya que el vendedor de la farmacia generalmente, además de venderle al cliente el medicamento del laboratorio que le da una mayor comisión -y muchas veces negar el solicitado-, promociona una serie de otros productos por los que también recibe un incentivo económico. Quien pregunta por un remedio para la tos, lo más probable es que saldrá también con un antipirético y una pomada. En cuanto a los precios, nos basta recordar la colusión detectada hace unos años en estas cadenas de farmacias. En suma, un diseño comercial que impide al consumidor ejercer la libre elección. Una práctica de cartel absolutamente reñida con el libre mercado.
El presidente de la Organización de Consumidores y Usuarios de Chile (Odecu), Stefan Larenas, apoyó abiertamente la denuncia del ministro Mañalich respecto al lobby de las farmacias, por el rechazo en la Cámara de Diputados de la venta de medicamentos en supermercados y otros establecimientos. “Es bastante decepcionante la votación ya que se perdió por dos votos, lo cual dice mucho de lo que fue el lobby farmacéutico. Los lobbystas son conocidos y estaban ahí presentes”, dijo el presidente de la organización a una radio. Larenas añadió que estuvo en las comisiones y “estaban llenas de lobbystas, sentados, sin hablar, tomaban nota y luego hablaban con los diputados. No es nada extraño decir esto, como dijo el ministro, porque eso es visible”.
Odecu calificó la situación como “un nuevo triunfo del lobby en la industria, el monopolio farmacéutico queda sin competencia gracias a los diputados que dicen estar en contra pero votan por mantenerlo”. Este es un punto fundamental, ya que, actualmente, las tres principales cadenas de farmacias concentran cerca del 95% de las ventas totales de medicamentos. De haberse aprobado la venta en otros locales comerciales, los consumidores habrían tenido un ahorro significativo -entre un ocho y un 30 por ciento- en el costo de los medicamentos.
Pero no todas las organizaciones de consumidores están a favor de esta reforma a la ley. Para estas agrupaciones, la venta libre no garantiza que los precios de estos medicamentos bajen, y aún peor: pueden originar graves problemas de salud pública derivados de los daños que produciría la ingesta, fuera de todo control médico o farmacéutico, de estos genéricos que poseen múltiples “contraindicaciones o efectos secundarios”.

LA “FARMAFIA” EN PLENA ACCION
La comercialización de los medicamentos de marca es bastante más compleja y puede calificarse como abierta corrupción. El alto precio de estos remedios incorpora también todas las comisiones y regalías que reciben los médicos para que prescriban esas marcas. No se trata de bolígrafos o tacos de papel para notas entregados por los visitadores médicos, sino de viajes a congresos con todos los gastos pagados para los especialistas y sus esposas. Ante estas ofertas, son pocos los médicos que se resisten.
Podemos llamar a estas prácticas “conflictos de interés” o abierta corrupción. A cambio de recetar el remedio de marca del laboratorio más poderoso, estos médicos reciben regalos, gastos para vacaciones, comisiones por cada prescripción, asistencia a conferencias científicas, muestras médicas y material promocional, gastos para investigación y cursos, entre otras innovaciones de mercadeo. Es también conocido el manejo de grupos de pacientes para promover los beneficios de ciertas terapias ligadas a un fármaco de marca, o la manipulación de gremios completos de la salud a través de apoyos como los citados.
El lobby farmacéutico universal llega a acciones de tal envergadura, que ha sido capaz de distorsionar la agenda mundial de la salud. Hay suficientes y serias acusaciones en cuanto a que estos laboratorios han logrado exagerar los efectos de una epidemia creando pánico en la población, y obligando a los gobiernos -como el actual, que compró el año pasado casi un millón de dosis contra la meningitis- a destinar miles de millones en compra de vacunas de escasa o nula utilidad. Influencian a los gobiernos y también a los parlamentarios. Aún no nos olvidamos de las alarmistas declaraciones del senador Guido Girardi ante la epidemia H1N1, en las que predecía la muerte de cien mil chilenos.
La reforma al Código Sanitario busca también permitir el intercambio de un medicamento de marca por uno bioequivalente de similares efectos terapéuticos, pero de un precio sensiblemente menor. Aun cuando esta parte del proyecto está más avanzada, persisten obstáculos, como la obligación que el médico prescriptor anote en la receta su equivalente genérico, propuesta rechazada durante la última votación de la Cámara. El proyecto deberá pasar al Senado, donde deberán revisarse los puntos rechazados por la Cámara. Pero el ruido desatado por los parlamentarios tras las denuncias de oscuras maniobras del lobbyfarmacéutico, parece haber movido la discusión hacia otras preocupaciones de los honorables. Como ya hemos visto en otras ocasiones, la defensa corporativa de sus propios intereses es aquí también la prioridad.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 784, 28 de junio, 2013

¿Cuánto fútbol puede soportar la democracia?

Más fútbol, menos democracia



¿Cuánto fútbol puede soportar la democracia? O al revés: ¿cuánta democracia es permitida, con sus protestas y “excesos”, para garantizar una Copa Mundial de fútbol? La pregunta no es retórica. Al contrario: retumba hoy en la agenda política de la presidenta Dilma Rousseff y los suyos. Y está también, como pesadilla precoz, en los cálculos monetarios de la poderosa FIFA. ¿Cuántos movilizados, cuánta calle, son tolerables en democracia sin arriesgar la organización del mayor evento mundial de fútbol?
Hace casi cuarenta años, tres intelectuales al servicio de la Comisión Trilateral publicaron su célebre reporte sobre “la gobernabilidad de las democracias”. En el informe daban cuenta de la crisis de las democracias trilaterales (Estados Unidos, Europa y Japón) como resultado de la “sobrecarga” de demandas sociales que el sistema político, estancando y débil, no podía responder. El exceso de democracia, pues, como desafío y amenaza, engendraba una riesgosa crisis de (in)gobernabilidad.
Ese discurso/espantajo de la ingobernabilidad, que en Bolivia conocimos bien como sostén de la hegemónica democracia pactada, se tradujo pronto en la conservadora consigna de los regímenes políticos del neoliberalismo: “más gobierno, menos democracia”. Igual no deja de ser paradójico que mientras los teóricos de la Trilateral, en 1975, nos advertían sobre los excesos de la democracia, en América Latina –plena de dictaduras– estábamos preocupados, más bien, por su ausencia.
La advertencia sobre la gobernabilidad de las democracias reapareció estos días de manera tosca y esférica. Preocupado por las actuales protestas en Brasil que podrían afectar la Copa 2014, el secretario general de la FIFA recuperó la lógica Trilateral a favor de un gobierno macizo que limite los ímpetus democráticos. “A veces menos democracia es mejor para organizar una Copa del Mundo”, dijo. Y aseguró que para la Copa 2018 en Rusia, con “un jefe de Estado fuerte como Putin”, tendrán más facilidades.
“ Más fútbol, menos democracia”, podría ser entonces la nueva consigna de la FIFA. Claro que para los negocios e intereses de los barones del fútbol mundial el mejor escenario no es necesariamente menos democracia, sino “ninguna democracia”. Así al menos lo entiende el presidente de la FIFA que, en un arrebato de sinceridad, confesó haber quedado feliz cuando en la Copa Argentina 78 “hubo una reconciliación del pueblo con el sistema político militar de la época”. Qué tal. Viva el fútbol, arriba las dictaduras.
Esta simpatía con las “virtudes” de los regímenes no democráticos tampoco es nueva ni está emparentada solo con los campeonatos de fútbol. Durante muchos años, con extensivos estudios comparados, algunos politólogos y economistas se empeñaron a fondo en demostrar que los gobiernos autoritarios, eximidos de los complejos procesos decisionales de la democracia, eran más favorables para el desarrollo. Se esforzaron en vano. La evidencia resultó más bien favorable a las democracias.
¿Cuánto fútbol puede soportar la democracia? Eso depende. Si la organización de un Mundial implica gastos multimillonarios salpicados de corrupción, en tanto se garantizan mal y a retazos los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, entonces la democracia sale a la calle y se rebela. “Más dignidad, menos Copa”, grita. Es el “efecto saturación”. El hambre de pan fue saciada; el hambre de belleza, en cambio, es insaciable, para decirlo en palabras del poeta Fernández Retamar.
¿Y cuánta democracia es permitida para que –como prometió Dilma– “la Copa del Mundo 2014 sea la mejor de todos los tiempos”? Eso también depende. No de los poderes, que siempre apostarán por más gobierno (que no necesariamente significa más Estado), sino de la acción directa, la calle, que habrá de exigir más democracia. Es en la movilización extrainstitucional que pueden conquistarse no sólo mejores condiciones de educación, salud, transporte, sino en especial un proceso constituyente que reforme la economía y la política.
José Luis Exeni Rodríguez es investigador político boliviano.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

El Partido de la Prensa y el Dinero

Cómo mueve Sísifo la montaña


Traducido del francés para Rebelión por Juan Vivanco

No es solo por miedo a un proceso mediático de totalitarismo por lo que la izquierda que gobierna en Occidente ha enterrado la “información de pueblo a pueblo” que proponían desde los años setenta Sartre, Bourdieu y Mattelart. La democratización de la propiedad de los medios ya no le interesa, porque se ha convertido al mercado libre y ha involucionado a la gerencia de “modas individuales” y a un neocolonialismo con disfraz “humanitario” y “laico”. De modo que si en la Libia de hoy se cometen tantas o más violaciones de los derechos humanos que en la de Gadafi, el apagón mediático dispensa a socialistas y “verdes” (que en su día no quisieron saber nada de los esfuerzos diplomáticos africanos y latinoamericanos y votaron a favor de la guerra) de explicar por qué los derechos humanos de la población libia han dejado de apasionarles. Al haber aceptado como algo natural que los grandes grupos económicos se hayan apropiado de los medios y hayan sometido una pálida copia de lo que sería un servicio público, lo que queda de la verdadera izquierda está condenada a rodar con la piedra de Sísifo por la montaña cotidiana de la desinformación.Mientras tanto, la izquierda latinoamericana mueve la montaña.
El 14 de junio de 2013, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (1). Aunque era una exigencia de la Constitución de 2008, la votación tuvo que esperar cuatro años hasta alcanzar la mayoría parlamentaria. Por fin, con la victoria electoral de Rafael Correa y su partido (Alianza País) en febrero de 2013, la ley pudo ser aprobada con 108 votos a favor, 26 en contra y una abstención. Así Ecuador se sumaba a la revolución democrática de Argentina, repartiendo la propiedad de las frecuencias de radio y televisión en tres tercios: 33 % para las empresas privadas, 33 % para el servicio público y 34 % para los medios comunitarios (= asociativos).
La ley, que consta de 119 artículos y 22 disposiciones transitorias, define la comunicación social como “un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad”, prohíbe la censura previa y establece la “responsabilidad ulterior de los medios de comunicación” sobre sus publicaciones; asimismo defiende los intereses de los trabajadores de la prensa y elimina los monopolios audiovisuales (una persona física o jurídica no puede recibir más de una concesión de frecuencia de radio en AM y FM, o de televisión). En Ecuador el 85 % de las frecuencias audiovisuales corresponden a concesiones comerciales que en muchos casos fueron atribuidas de forma fraudulenta. La revisión de las frecuencias realizada hace tres años puso al descubierto la situación irregular de cerca de un tercio de las concesiones, lo que le permitirá al estado liberarlas para los otros sectores.
El texto, además, ha recogido otras propuestas de los movimientos por la democratización de las comunicaciones, como la obligación de dedicar el 60 % de la programación diaria a la difusión de obras para todo público o las cuotas de creaciones cinematográficas y musicales nacionales (artículos 102 y 103) para fomentar la producción independiente al margen de los circuitos comerciales.
Varios días después, en Guayaquil, durante la Primera Cumbre para un Periodismo Responsable, el presidente Correa explicó que “el problema de fondo es el modelo comunicacional capitalista, la información como mercancía. Todo gira en torno al capital y la comunicación no es una excepción: una poderosa corporación puede hacer creer al público casi cualquier cosa (…) ¿Qué pasaría en cualquier ‘mercado’ ―entre comillas― donde existieran pocas empresas proveyendo un bien indispensable, que además constituye un bien público generador de efectos sobre toda la sociedad; y que, por añadidura, dichas empresas pudieran coludir, es decir, ponerse de acuerdo entre ellas en beneficio de sus negocios y en perjuicio de los consumidores? (…) La información no puede proveerse con lógica privada, peor con lógica de mercado. No es una mercancía, es un derecho y debe suministrarse con lógica de servicio público, con lógica de derechos, lo cual significa que como derecho nadie te lo puede quitar, no que alguien te lo puede conceder en función de sus intereses. (…) Cuando existe esta clase de bienes, bienes públicos, la fuente de lucro no es el precio del bien ―el pago por el periódico o cuánto le pago yo a un canal de televisión de señal abierta― sino básicamente el ingreso proveniente de los patrocinadores. (…) El negocio consiste no en la calidad de la información, sino en la cantidad de ciudadanos a los que lleguen. (…) Hoy, la mala fe de cierta prensa hace daño, pero ya no pone y saca presidentes como antaño. (…) Se busca democratizar la propiedad de los medios de comunicación e impulsar medios fuera de la lógica de mercado, esto es, medios públicos y comunitarios. (…) Antes de nuestro gobierno en Ecuador no existía ni prensa, ni radio ni televisión pública. Hoy existen las tres. (…) Que se enteren que América Latina vive una nueva época, que ya no están aquí las dictaduras a las cuales sí apoyaron esos medios de comunicación, sino gobiernos progresistas, inmensamente democráticos, que están cambiando la realidad de nuestros pueblos y que seguiremos luchando contra todo poder fáctico que trate de mantenernos en el pasado.”
Como de costumbre, este nuevo paso hacia la revolución del campo simbólico puso en guardia al aparato mediático mundial, al Departamento de Estado, a la CIDH (OEA), a algunas ONG y a la SIP (asociación de dueños de medios), quienes denunciaron al unísono “el ataque a la libertad de expresión” del “dictador Correa”. En 1973, cuando el gobierno chileno de Unidad Popular descubrió las irregularidades fiscales de medios privados como El Mercurio, la SIP lanzó una campaña idéntica para desestabilizar a Salvador Allende.
Pero hoy la internacional del “Partido de la Prensa y el Dinero” lo tiene más difícil para interferir en las elecciones y oponerse al despertar ciudadano de América Latina. Después de Argentina y Ecuador, los movimientos de jóvenes, sindicatos, campesinos sin tierra y universitarios de Brasil reclaman a su vez la democratización de las ondas (2).
Incluso las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que llevan ocho meses negociando la paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, acaban de añadir un apartado sobre el pluralismo de los medios monopolizados por el sector privado que, como en Brasil, transmiten una imagen racista y socialmente denigrante de la población.
En Brasil los grandes medios criminalizan a diario a los movimientos sociales. Militantes del Movimiento Sin Tierra firman la petición para la democratización de los medios en el campamento de apoyo a la reforma agraria “Hugo Chávez” de Brasilia, mayo de 2013.
En Venezuela la mayoría de las ondas de radio y televisión (3), desde el ámbito internacional hasta el local, también siguen en manos de la empresa privada. La historia de un país que debido al boom petrolero ha pasado sin transición de la radio rural a la televisión comercial como modelo único ―el de Cisneros y Miss Mundo―, explican por qué los medios públicos y comunitarios todavía tienden a imitar la forma comercial, lo cual frena la construcción popular de los programas fundamentales del proyecto bolivariano. Ya se han publicado varias leyes para legalizar los medios ciudadanos o para apoyar la producción independiente (4). Antes de ser llevada al parlamento, la Ley de Comunicación Popular, dirigida a equilibrar la propiedad de las frecuencias, se ha sometido a debate entre los movimientos sociales; algunos quieren ir más allá del reparto por tercios (5).
Aquí, como en otros países, la tarea principal de los movimientos sociales es llevar la delantera. Porque una vez alcanzado el equilibrio democrático de la propiedad de los medios habrá que dar el salto cualitativo: superar el paradigma dominante. Si en el momento en que se liberen las nuevas frecuencias los movimientos sociales aún no han formado comunicadores de nuevo tipo, familiarizados con la herencia mundial de las estéticas revolucionarias ―como la del Nuevo Cine Latinoamericano y las experiencias descolonizadoras de la “televisión fuera de la televisión”―, formados en las técnicas de encuesta participativa, la teoría crítica de los medios y las prácticas emancipadoras de la formación de formadores, como la de Paulo Freire, entonces el potencial de los nuevos espacios se marchitaría en manos de los soldaditos de siempre salidos de las escuelas de “periodismo” para servirnos chorizos de “news”, “live” y otros “vivos y directos” en un “plató”.
Notas: 
(1) Texto íntegro de la ley ecuatoriana: http://alainet.org/images/Ley%20Org%C3%A1nica%20Comunicaci%C3%B3n.pdf 

(2) Sobre la democratización de los medios en Brasil puede consultarse el sitio de la campaña: http://www.paraexpressaraliberdade.org.br/index.php/2013-04-30-15-58-11 Y - http://mouvementsansterre.wordpress.com/2013/05/12/le-mouvement-des-sans-terre-entre-dans-la-campagne-pour-la-democratisation-des-medias-au-bresil/ 

(3) Sobre el dominio de los medios privados en Venezuela, ver http://www.monde-diplomatique.fr/carnet/2010-12-14-Medias-et-Venezuela 

(4) Sobre la ley de fomento de la producción independiente en Venezuela, http://venezuelainfos.wordpress.com/2012/12/06/alvaro-caceres-de-lombre-a-la-lumiere-venezuelienne/ 

(5) Sobre La marcha hacia la democratización de los medios en Venezuela la marche vers la démocratisation des médias au Venezuela :http://venezuelainfos.wordpress.com/2013/03/04/au-venezuela-la-marche-vers-la-democratisation-des-medias/Fuente:  http://venezuelainfos.wordpress.com/2013/06/29/medias-en-amerique-latine-comment-sisyphe-deplace-la-montagne/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Evasión fiscal: ¿cómo se esfuma el dinero?



La Marea



Sankt Gallen es una preciosa ciudad situada al pie de los Alpes suizos, famosa por su universidad y una abadía patrimonio de la humanidad. Esta localidad de 73.000 habitantes no suele aparecer en el mapa global de las finanzas. Sin embargo, a principios del año, San Galo –su nombre en castellano–se convirtió en el epicentro de un terremoto que ha sacudido al sector bancario suizo.
Allí se encuentra la sede de Wegelin & Co, un pequeño y discreto banco privado cuya sede, con contraventanas de madera verde y macetas de flores, podría pasar perfectamente por la residencia veraniega de Clara y la Señorita Rottenmeier. Es la primera entidad helvética que ha admitido sin tapujos haber ayudado a ciudadanos norteamericanos a evadir impuestos en el marco de una investigación por parte de la Hacienda de Estados Unidos. Sus directivos contaron cómo se recomendaba a los clientes abrir empresas pantalla en otros paraísos fiscales para desviar la atención de los inspectores, así como no hacer llamadas telefónicas o mandar correos electrónicos desde EEUU. En casos urgentes bastaba con mandar un mensaje de texto críptico.
Este servicio para fomentar el fraude fiscal es “una práctica muy extendida en la banca suiza”, reconocieron los directivos Konrad Hummler y Otto Bruderer ante las autoridades estadounidenses. A cambio de esta confesión, la entidad sólo tuvo que pagar  una multa de 58 millones de dólares, obteniendo además el compromiso de que sus directivos no serán procesados. Aun así, el banco más antiguo de la República Helvética, fundado en 1741, se vio forzado a echar el cierre.
Las confesiones de los responsables de la pequeña entidad de San Galo cayeron como una bomba entre sus colegas en Zúrich y Ginebra, provocando un verdadero escándalo público en el país alpino. El líder cristianodemócrata, Christophe Darbellay, acusó a los dos directivos de “traidores” por haber “difamado el sector bancario suizo”. El político recibió amplio apoyo de otros partidos y de gran parte de la prensa. Los otros bancos, entre ellos gigantes como UBS o Crédit Suisse, temen que sus colegas de Wegelin hayan complicado mucho su defensa ante las acusaciones del fisco de EEUU, que está persiguiendo ferozmente a las entidades helvéticas que dan cobijo al dinero evadido de estadounidenses pudientes.
Suiza sigue ocupando el puesto número uno en la lista de paraísos fiscales en todo el mundo, con fondos de no residentes por valor de más de dos billones de dólares, según algunos cálculos. Es también el destino predilecto para las grandes fortunas españolas que pretenden ocultar su patrimonio, como ha demostrado el descubrimiento de la cuenta suiza del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, o la “regularización” de un depósito antiguo por parte de la familia Botín del Banco Santander.
Unas 3.000 cuentas de propietarios españoles figuran en la lista de clientes del banco HSBC, extraída en secreto por un exempleado, Hervé Falciani. La Justicia suiza le acusa del robo de los datos personales de 130.000 cuentas de clientes de la filial en Ginebra de esta entidad británica, por lo cual emitió una orden de búsqueda y captura. En julio, Falciani fue detenido en Barcelona y pasó medio año en prisión. Ahora está en libertad condicional a la espera de que la Audiencia Nacional decida si concede o no la extradición que reclama Suiza*.
La dimensión del dinero negro en el medio centenar de países y territorios coloniales considerados como paraísos fiscales es galáctica, aunque difícil de cuantificar. Hay por lo menos 21 billones de dólares de capital fuera del alcance del fisco de sus respectivos países, el tamaño conjunto de las economías de EEUU y Japón, según un informe de Tax Justice Network, una de las ONG más potentes en la lucha contra el fraude y la evasión fiscal, elaborado por el ex economista jefe de la consultora McKinsey James Henry. Esta cifra sube hasta 32 billones si se aplican parámetros menos conservadores. Los expertos de Tax Justice Network, con sede en Londres, calculan que el fraude podría traducirse en la pérdida de entre 190.000 millones y 280.000 millones de dólares en recaudación fiscal.
Tradicionalmente son los países en desarrollo los que más acusan esta fuga de capitales, que tiene un impacto brutal sobre la pobreza en el llamado tercer mundo. Pero ahora la crisis económica también estrangula los presupuestos de los países ricos que básicamente han respondido imponiendo fuertes recortes al Estado de Bienestar y aumentos de los impuestos que más afectan al poder adquisitivo del ciudadano común.
No sorprende entonces que dirigentes políticos, como el presidente de EEUU Barack Obama o la canciller alemana Angela Merkel, hayan puesto en la agenda la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. El primer ministro británico, David Cameron, quiere aprovechar la presidencia de turno de su país del G-8, el club de los países más ricos del planeta, para avanzar en la lucha contra las ovejas negras. “Tras años de abusos, los pueblos en todo el mundo exigen que se tomen medidas y, más importante, está creciendo la voluntad política de actuar”, anunció el primer ministro en el Foro Económico Mundial, la reunión anual de la élite empresarial y política en el balneario suizo de Davos, en enero.
Los activistas que luchan contra el “casino global del capital”, como lo llaman en la organización Attac, aplauden este giro de los grandes líderes pero con una dosis sana de escepticismo. Todavía resuenan las palabras, tan grandilocuentes como vacías, del expresidente francés Nicolas Sarkozy, que en 2008 invitaba a sus colegas internacionales a “refundar el capitalismo”. Incluso la revista The Economist, el gran referente de la comunidad financiera internacional, advirtió en un editorial del pasado 15 de febrero de que las recientes diatribas de los líderes políticos contra los paraísos fiscales eran “un ataque hipócrita y equivocado” porque deberían empezar por “limpiar su propio patio interior”.
Roberto Velasco, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad del País Vasco, está de acuerdo. “Hay mucho cinismo en esto porque los que propagan la lucha contra los paraísos fiscales son los países ricos, que albergan a los mayores paraísos fiscales. Es la doble moral. ¿Cómo pretenden luchar contra el blanqueo cuando la mayor lavadora de dinero negro es la City de Londres?”, se pregunta el autor de Las cloacas de la economía (Editorial Catarata).
La capital británica, con sus leyes laxas para el capital extranjero, es uno de los principales destinos mundiales de dinero negro. En otoño, el Senado de EEUU, en un informe detallado, acusó formalmente a HSBC, uno de los gigantes de la banca británica y mundial, de haber ayudado activamente al blanqueo de dinero procedente del narcotráfico e incluso de redes terroristas. Pero no es solo la City de Londres. El Reino Unido, como herencia de su pasado colonial, ostenta la soberanía formal sobre tres decenas de territorios que albergan los principales centros financieros offshore, empezando por las islas del Canal de La Mancha, Jersey y Guernsey, y especialmente los archipiélagos caribeños, que ofrecen los regímenes fiscales más sigilosos del planeta.
El rey de los piratas del Caribe son las Islas Caimán, que con 54.000 habitantes son el hogar de unas 90.000 sociedades registradas, de las cuales 18.000 tienen su dirección en el mismo edificio, Ugland House. Lo que más aprecian los inversores internacionales, aparte del secretismo de las islas, es el excelente funcionamiento de los tribunales de confección británica, que les inspiran mucha confianza.
También Obama debería reflexionar antes de señalar con el dedo a otros. El pequeño estado de Delaware, en la costa este de EEUU, alberga casi un millón de empresas, entre ellas los grandes nombres de Wall Street, gracias a sus leyes y jurisprudencia muy favorables a ciertos intereses económicos. Y Miami es, desde hace tiempo, el destino preferido de los ricos latinoamericanos que prefieren ocultar su patrimonio lejos de casa.
Sólo se dan datos cuando los pide un juez
Durante décadas, los paraísos fiscales florecieron sin llamar la atención de los gobernantes de los estados que veían con cierta indiferencia cómo el dinero de sus ciudadanos pudientes escapaba del fisco. Pero en 1989 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) creó el Grupo de Acción Financiera (GAFI), que elaboró una lista de países y territorios opacos a los que exigía mayor transparencia y colaboración.
El objetivo principal del GAFI era la lucha contra el blanqueo de dinero, en particular del procedente de redes terroristas. Casi todas las ovejas descarriadas han conseguido salir de la famosa lista negra a cambio de concesiones en materia de transparencia que dejan mucho que desear en opinión de muchos expertos. “Se ha hecho un paripé, pero los paraísos fiscales siguen funcionando como tales”, comenta el profesor Velasco. También The Economist reconoce que estos países normalmente sólo liberan los datos de sus clientes cuando se lo pide un juez “con una sospecha bien fundada”.
A Washington tampoco le basta el purgatorio montado por la OCDE. La nación más poderosa del mundo ha impuesto un acuerdo de intercambio de datos fiscales, llamado FATCA, a medio centenar de países, entre ellos Suiza. Hace unos años que los banqueros helvéticos sienten el acoso de los inspectores de Hacienda estadounidenses.
Algunos grandes bancos han pactado pagar multas sin admitir haber colaborado con el fraude de clientes norteamericanos. En agosto del año pasado, dos jóvenes suizos, a su llegada a un aeropuerto de EEUU, fueron interrogados por los agentes de aduana que se interesaban por las actividades de su padre, un gestor de patrimonios de Ginebra que estaba en el punto de mira de los inspectores norteamericanos. La noticia provocó pánico en el sector.
No sólo Washington está apretando las tuercas a la banca suiza. Varios empleados de entidades afincadas en la República Helvética, como el mencionado Falciani, han ofrecido datos de clientes extranjeros a las autoridades de los países de origen de los supuestos defraudadores. Algunos estados federados de Alemania compraron estos CD, que ayudaron a destapar grandes cantidades de dinero evadido. En Alemania se produjo un intenso debate sobre si era legítimo que el Estado se hiciera cómplice de un crimen –el robo de datos– para perseguir otros delitos como el fraude fiscal.
Al final, los gobiernos de los dos países vecinos llegaron a un acuerdo para que el capital escondido de ciudadanos alemanes en Suiza pagara de forma retroactiva una tasa entre el 21% y el 41% por los últimos diez años. A cambio, no se desvelaría la identidad de los defraudadores fiscales y no se enfrentarían a persecución judicial. Sin embargo, los socialdemócratas y los verdes tumbaron este pacto en la cámara alta del Parlamento alemán, donde tienen mayoría, porque lo consideraban injusto para el contribuyente honrado.
“Los bancos han vivido durante décadas del dinero negro, es decir, del capital de clientes privados extranjeros, que no querían declararlo en sus países. Sin gran esfuerzo, los bancos suizos recibían de esta manera miles de millones de capital, sólo porque los clientes conseguían así evadir impuestos”, comenta por correo electrónico Lukas Hässig, un reputado periodista financiero de Zúrich. Hässig cree que el legendario secreto bancario suizo tiene los días contados, a pesar de los intentos de algunos partidos conservadores de salvarlo incorporándolo a la Constitución.
“El secreto bancario, cuya razón de ser por supuesto consiste en facilitar la evasión fiscal de contribuyentes extranjeros en beneficio de la industria financiera del país, está tan anclado en el alma popular de Suiza como un icono nacional que es imposible que se produzca conciencia de injusticia”, escribió el catedrático alemán Ulrich Thielemann en el Wochenzeitung, un semanal progresista editado por una cooperativa de periodistas que colabora con La Marea. Hace tres años, cuando Thielemann era vicedirector del Institut für Wirtschaftsethik (Instituto de Ética Económica) de la Universidad de Sankt Gallen provocó un escándalo en Suiza que terminó con su abandono del centro. Ante una comisión parlamentaria del Bundestag en Berlín, el catedrático denunció esta falta de conciencia sobre la escasa ética de las actividades de la banca helvética. “Suiza solo ha hecho concesiones por la presión internacional”, concluyó. Un traidor y encima alemán.
Varios imputados de la Gürtel  tenían cuentas en Suiza
Debido a esta presión, Suiza ha firmado acuerdos con Reino Unido y Austria por los cuales los bancos helvéticos aplicarán un impuesto sobre los rendimientos de las cuentas de clientes de estos dos países que transferirán a las autoridades británicas y austríacas. A cambio, se guarda el anonimato del cliente. El Gobierno de Mariano Rajoy se interesó por este llamado Acuerdo Rubik pero aún no ha decidido firmarlo.
De momento, el ministerio del que es titular Cristóbal Montoro se conforma con la nueva norma que obliga a todos los contribuyentes en España a declarar sus bienes en el extranjero. Y eso que Suiza es el destino preferido por las grandes fortunas españolas, como han demostrado la lista de Falciani o el caso Bárcenas. Entre las 3.000 cuentas que figuran en los ficheros de Falciani, la Agencia Tributaria ha identificado 659 casos de fraude. Hasta hoy, los únicos nombres que se han hecho públicos son los del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y su hija Patricia, que alegaron que se trataba de una cuenta antigua abierta por el padre del banquero durante la Guerra Civil.
En teoría, las autoridades españolas pueden pedir información sobre cuentas a sus colegas suizos, pero en la práctica es un proceso extremadamente lento. Salvo cuando se trata de un proceso judicial. La cuenta de los 22 millones de Bárcenas se descubrió porque el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el curso de la investigación de la trama Gürtel, había cursado una comisión rogatoria a Suiza, es decir, la solicitud de datos basada en una sospecha concreta. Ruz ha formulado más de 30 de estas comisiones rogatorias a varios países, lo cual le ha permitido destapar cuentas ocultas de cinco exaltos cargos del PP, incluyendo Bárcenas.
Ocultar dinero en los Alpes se ha hecho un poco más incómodo para los ricos españoles, aunque sigue ofreciendo bastantes garantías. “Ahora los bancos suizos se han puesto muy exquisitos con los clientes. Algunos incluso han cerrado sus departamentos para atender a españoles”, asegura Pablo Alarcón, un abogado que representa a clientes con depósitos en Suiza, “todo legal”, ya que efectivamente no es ningún delito tener fondos en Zúrich y Ginebra siempre y cuando se declare a Hacienda en España.
A partir de ahora, para abrir una cuenta en la República Helvética, los no residentes deben firmar una declaración en la que aseguran que el dinero depositado ha sido previamente declarado en su país de origen y autorizan a la entidad a comprobarlo si ésta lo estima necesario. “Si firmas esto y no es verdad, es tu problema”, comenta Alarcón. Algunos expertos, sin embargo, no creen que los bancos suizos se vayan a tomar la molestia de molestar a sus apreciados clientes. “Se trata básicamente de autoprotección”, explica el periodista financiero Hässig: “Con esta declaración, los bancos pasan la responsabilidad a sus clientes. Así tienen un certificado de su inocencia, que les ayudará para evitar litigios en el extranjero”.
El abogado Alarcón, que también es profesor de Fiscalidad Internacional en el Instituto de Empresa de Madrid, asegura que ya no quedan muchos sitios donde se pueda refugiar el dinero negro amparado por un secreto bancario. “Ahora, el que quiere estar en el lado oscuro prefiere montar estructuras complejas, a través de varias empresas o trusts, para esconder el dinero”.
Las artimañas fiscales de las multinacionales
Las multinacionales de todo el mundo aprovechan cada vez más estas estructuras complejas para minimizar su carga fiscal. Es una práctica habitualmente legal. Se transfieren ganancias y pérdidas entre filiales para aprovechar al máximo el régimen fiscal de cada país. Así, los impuestos no siempre se pagan en el Estado donde realmente se realiza la actividad económica. Los paraísos fiscales son un instrumento muy útil para montar este tipo de estructuras. Sorprende que Barbados, Bermudas y las Islas Vírgenes Británicas en el Caribe sumaran en 2010 más inversiones directas exteriores que Alemania, según la OCDE. A la vez, las Islas Vírgenes fueron el segundo inversor extranjero en China, después de Hong Kong y por delante de EEUU.
De las 35 empresas españolas que conforman el Ibex, 30 tienen filiales en paraísos fiscales. Asesorar a las multinacionales sobre cómo construir estos esquemas para minimizar la carga fiscal es un negocio redondo para las cuatro grandes consultoras mundiales, Deloitte, Ernst & Young, KPMG y PwC.
El comercio electrónico es otra baza que permite a las multinacionales pagar los impuestos sobre sus ingresos en países con una fiscalidad baja. Inditex, dueño de Zara, canaliza sus operaciones online a través de una filial en Irlanda, donde el impuesto de sociedades es de sólo el 12,5%. Lo mismo hacen multinacionales como Google, Amazon, Ebay o Facebook.
Al igual que ocurre con los paraísos fiscales, muchos gobiernos pretenden ahora poner coto a esta práctica –básicamente legal pero poco ética– de eludir impuestos que supone una auténtica sangría para las arcas públicas. La OCDE acaba de publicar un informe con recomendaciones para los líderes del G20. “Cuando los gobiernos y sus ciudadanos tienen que luchar para llegar a fin de mes, es muy importante que todos los contribuyentes –tanto las personas físicas como las empresas– paguen una cantidad justa de impuestos y confíen en que el sistema fiscal internacional es transparente”, declaró el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Aparte del aspecto ético, para la organización, la facilidad con que las grandes multinacionales pueden reducir su carga fiscal supone una distorsión de mercado ya que de esta forma obtienen una ventaja competitiva frente a empresas más pequeñas que no tienen capacidad para elaborar una creatividad contable tan sofisticada.
Pero en una economía globalizada los gobiernos nacionales no lo tienen fácil para gravar los beneficios de las multinacionales. David Cameron acaba de proponer que se excluyan de contratos públicos a aquellas empresas que usen filiales extranjeras para eludir pagar impuestos en el Reino Unido. De momento, funciona mejor la presión social. La cadena Starbucks rectificó su estrategia de elusión fiscal después de un exitoso boicot de los clientes de sus cafés en Gran Bretaña.
En España, el sindicato de técnicos de Hacienda (Gestha) ha presentado un plan que permitiría al Estado recaudar casi 64.000 millones de euros más al año. Para ello proponen aumentar el impuesto de sociedades y eliminar deducciones que permiten a las grandes empresas pagar muy por debajo del tipo nominal del 30%. Gestha también exige restricciones para las famosas Sicav, el vehículo preferido de los grandes patrimonios para eludir impuestos (ver página siguiente). Una de las propuestas de los inspectores de Hacienda acaba de entrar en vigor. Once países de la Unión Europea han aprobado una tasa sobre transacciones financieras que aportará al Tesoro español 5.000 millones de euros anuales.
Finalmente, y más importante, Gestha reclama al Gobierno que se tome más en serio la lucha contra la economía sumergida que, según el cálculo de los inspectores, podría aportar casi 30.000 millones de euros más a las arcas del Estado. En los últimos días, coincidiendo con el escándalo de la cuenta suiza de Bárcenas y la polémica alrededor de la amnistía fiscal, inspectores, fiscales y jueces han alzado la voz para denunciar la escasez de medios con los que cuentan para luchar de forma eficaz contra los defraudadores.
En España son mucho menos frecuentes que en países como Alemania las inspecciones físicas de empresas e individuos y más común el simple cruce de datos informáticos. En este sentido, exigen al ministerio de Montoro que los inspectores puedan investigar a las 31.000 personas que se  acogieron a la amnistía del año pasado, “para comprobar que el origen de las rentas no procede de actividades delictivas”. Varios imputados de la trama Gürtel han aprovechado la amnistía para “regularizar” su dinero negro, oculto tras complejos entramados societarios.
El catedrático Velasco está de acuerdo con que hacen falta más medios para luchar contra el fraude, pero cree que también debe cambiar la mentalidad de los ciudadanos. “Hay que empezar en la educación y enseñarle a los jóvenes qué significa pagar impuestos”, dice el experto. Si algún efecto positivo tiene la interminable crisis económica es que parece mejorar la sensibilidad de los ciudadanos respecto al fraude. En 2007, el año en que estalló la burbuja inmobiliaria, el 49% de los españoles justificaba el fraude fiscal, según el barómetro del Instituto de Estudios Fiscales. Tras cuatro años de recesión y recortes, este porcentaje bajó al 33% en 2011. Dada la indignación ciudadana por los nuevos episodios de sobresueldos en sobres, cajas ‘B’ y cuentas secretas en Suiza, es bastante probable que la aceptación social del fraude siga perdiendo adeptos.
* Este reportaje fue escrito y publicado en la revista de La Marea de marzo. El pasado 8 de mayo la Audiencia Nacional rechazó extraditar a Hervé Falciani a Suiza.
http://www.lamarea.com/2013/06/16/evasion-fiscal/