Facebook As The Ultimate Government Surveillance Tool?

https://www.forbes.com/sites/kalevleetaru/2018/07/20/facebook-as-the-ultimate-government-surveillance-tool/#520de0bd2909

La falta de democracia en el orden financiero internacional

Los «Paradise Papers», «Panamá Papers», «Lux Leaks» y «Swiss Leaks» han presentado datos insólitos sobre el turbio funcionamiento de las jurisdicciones secretas, la opacidad financiera y los facilitadores de flujos financieros ilícitos (FFI). Por ejemplo, los «Panamá Papers» revelaron cómo una empresa con sede en Jersey utilizó servicios offshore en un esfuerzo por evitar el pago de 400 millones de dólares estadounidenses en impuestos a Uganda. Ese monto es superior al que el gobierno de Uganda gasta en atención médica cada año.

Estas filtraciones han demostrado que los FFI representan una enorme amenaza para el desarrollo, la equidad y la justicia a escala mundial, y son uno de los máximos desafíos de nuestro tiempo. Los FFI se generan a partir de una gama de actividades, que incluyen la evasión y elusión fiscal por parte de empresas transnacionales y de la elite global, la apropiación indebida de activos estatales y el lavado de dinero producto de actividades delictivas, y causan pérdidas a los países en desarrollo (según un cálculo conservador) de entre 1 billón y 1,6 billones de dólares por año. Es ampliamente reconocido que los FFI son corrosivos para la legitimidad y la capacidad de actuar del Estado, ya que los países pierden cientos de miles de millones de dólares cada año.

Socavar los esfuerzos redistributivos

El sombrío mundo de las finanzas ilícitas recibe ayuda sistemática de una compleja red de paraísos fiscales y jurisdicciones donde rige el secreto. Los paraísos fiscales son países, o incluso regiones dentro de algunos países, que proporcionan una vía de escape a la tributación, una buena protección del secreto financiero y la posibilidad de eludir completamente leyes y regulaciones penales. Una industria encargada de facilitar la circulación de FFI, que incluye bancos, empresas de auditoría, estudios de abogados y proveedores de servicios offshore, ayuda a las empresas transnacionales y a los ricos a enriquecerse no mediante una mayor actividad económica, sino evitando pagar los impuestos que les corresponden en las jurisdicciones donde operan y crean valor.

Los paraísos fiscales fomentan la evasión y elusión de impuestos a escala industrial, la corrupción y la delincuencia con consecuencias severas para la materialización de los derechos humanos para la mayoría de la población mundial, especialmente en los países en desarrollo. Las estimaciones sugieren que las empresas transnacionales y la elite tienen aproximadamente 11,5% del PIB mundial (8,7 billones de dólares) en paraísos fiscales; y que, hacia 2010, entre 10% y 15%, o sea entre 21 y 32 billones de dólares, de los activos financieros privados se habían invertido en o a través de paraísos fiscales. Los paraísos fiscales permiten prerrogativas a la riqueza que afectan desproporcionadamente la soberanía del Estado, la política gubernamental, los entornos regulatorios y los sistemas impositivos en las regiones en desarrollo.

Los FFI, junto con los paraísos fiscales, agotan los ingresos de los gobiernos, socavan la materialización de los derechos humanos y subvierten la soberanía nacional. Los FFI obstaculizan la formación de capital nacional e impactan en el crecimiento orgánico, tienen importantes efectos inhibidores de la inversión privada y generan un creciente endeudamiento y una mayor dependencia de la ayuda externa. Debido al debilitamiento de los ingresos del Estado, los gobiernos se ven obligados a introducir impuestos regresivos e indirectos sobre el consumo, que terminan perjudicando desproporcionadamente a las personas vulnerables y a las mujeres. Las estructuras impositivas regresivas limitan la redistribución a la que apuntan los programas sociales, ya que terminan siendo financiados por las mismas personas a las que se proponen beneficiar. Existen vínculos indiscutibles entre los FFI y la persistencia de la pobreza y las desigualdades transversales. Los flujos financieros ilícitos obstaculizan el desarrollo humano a través de su impacto en las instituciones políticas, la cohesión social, la moral pública y los sistemas impositivos.

FFI: un símbolo del neocolonialismo

Debe enfatizarse que los FFI, la compleja red de paraísos fiscales y las jurisdicciones en las que el secreto facilita los FFI, y la pobreza y la desigualdad resultantes, no son algo inevitable. Los paraísos fiscales son, de hecho, un símbolo evidente y un producto sistémico del neocolonialismo. Cuando las colonias obtuvieron la independencia, sus amos coloniales tuvieron que idear formas alternativas para que la riqueza de otros países continuase fluyendo a las capitales financieras de los países desarrollados. Por lo tanto, países como Gran Bretaña se interesaron en crear y mantener una red de pequeñas jurisdicciones isleñas con secreto fiscal que se dedicarían al trabajo sucio de lavar activos provenientes de actividades ilícitas. Estos fondos luego llegarían a Londres.

Además, desde la década de 1970, hubo una inversión sistémica en el neoliberalismo como ideología, así como en el modelo de desarrollo neoliberal, lo que dio lugar a las llamadas reformas de «libre mercado». La posterior desregulación, privatización y reducción del Estado dio como resultado un menor gasto público, disminución de impuestos y menos protección para los trabajadores.

La relajación de los controles cambiarios –o las políticas gubernamentales de regulación del acceso a divisas extranjeras– produjo un auge de las finanzas offshore y los paraísos fiscales, lo que permitió a las empresas transnacionales y a la elite mundial explotar el sistema financiero internacional. Los vacíos en las leyes tributarias internacionales y la existencia de paraísos fiscales son, por lo tanto, de interés para los países desarrollados, que los utilizan en su beneficio a costa del continuo empobrecimiento de las regiones en desarrollo.

La comunidad internacional no da una definición coherente de los FFI

Después de la crisis financiera de 2007-2008, que fue en sí misma producto de las fallas del sistema impositivo internacional, hubo dos acontecimientos paradójicos. Hubo un frenético movimiento de dinero offshore y una proliferación de proveedores de servicios offshore. Simultáneamente, como los impactos devastadores de la crisis y las siguientes medidas de austeridad comenzaron a hacerse sentir, el G-20 asumió la responsabilidad de reformar el sistema financiero internacional y revisar los estándares de transparencia, regulación y supervisión financiera.

A pesar de que las cuestiones relacionadas con los FFI ocupan actualmente el centro de los debates sobre desarrollo mundial, la comunidad internacional y la mayoría de las instituciones financieras internacionales han definido, en su mayoría pobremente, los FFI como fondos que han sido «obtenidos, transferidos o utilizados ilegalmente»o, desde un punto de vista jurídico, como provenientes de actividades que son explícitamente ilegales. A pesar de que el freno a los FFI ha sido reconocido como uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está pobremente redactado, sin una definición exhaustiva y sin un marco de monitoreo. Por lo tanto, esto hace que sea una de las últimas prioridades para los gobiernos nacionales.

La falta de democracia en el orden global

Han sido, en su mayoría, países desarrollados los que han impulsado y dado forma a los esfuerzos para enfrentar el lavado de dinero, la evasión de impuestos y las prácticas de transferencia de beneficios por parte de las empresas transnacionales y las medidas para lograr transparencia en el sistema financiero global. Las instituciones financieras internacionales que diseñan estándares financieros, impositivos y contables internacionales incluyen mayoritariamente a países ricos y desarrollados.

La agenda tributaria internacional es impulsada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y respaldada por el G-20: ambos son clubes de países con predominio del hemisferio norte. El proyecto Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios (BEPS, por sus siglas en inglés) –un paquete de 15 Planes de Acción que proporciona los instrumentos nacionales e internacionales necesarios para hacer frente al aprovechamiento de vacíos y desajustes en las normas fiscales–, al igual que el estándar de Intercambio Automático de Información Financiera, fue diseñado por la OCDE. La arquitectura financiera internacional actual excluye, por ende, a la mayoría de los países en desarrollo y a la mayor parte de la población mundial. Se los deja mirar desde afuera el lugar donde se crea la agenda y se diseñan las normas.

Los países en desarrollo solo son invitados (léase geopolíticamente presionados) a implementar estas normas en cuyo diseño no han participado. La falta de un espacio democrático y de representación para todos los países –desarrollados y en desarrollo– para crear colectivamente normas financieras, tributarias y contables ha terminado en la exclusión de las realidades diferenciadas y los problemas de los países en desarrollo.

Es necesario reconocer los efectos desproporcionadamente dañinos que tienen los flujos financieros ilícitos sobre los derechos humanos y el desarrollo en los países en desarrollo. Enmarcar los FFI como una cuestión de derechos humanos haría notar las incoherencias que surgen de la distinción entre legalidad e ilegalidad. Una definición universal de los FFI que evalúe intenciones y consecuencias sobre la base de normas, prácticas e instituciones de derechos humanos podría darles carácter de urgencia a los esfuerzos nacionales e internacionales para abordar este tema. Esto debería incluir no solo la criminalidad, sino también los flujos resultantes de prácticas fiscales abusivas que puedan tener efectos nocivos sobre la materialización progresiva de los derechos humanos. Además, el establecimiento de un foro neutral, democrático y representativo para que todos los países participen en pie de igualdad en el diseño y la creación de impuestos internacionales también contribuiría en gran medida a garantizar un orden mundial justo y equitativo.

Fuente: http://www.ips-journal.eu/regions/global/article/show/the-lack-of-democracy-in-the-international-financial-order-2841/

Traducción: Carlos Díaz Rocca

Les vrais crimes d’Emmanuel Macron

Par Sylvain Baron

Si l’affaire Benalla traduit le sentiment d’impunité qui règne au cœur même de l’Elysée, elle est à bien des égards, malgré la gravité des faits que l’on peut reprocher à Emmanuel Macron lui-même, une douce plaisanterie face à des crimes bien plus sérieux, que je compte aborder avec vous ici.

Mais au préalable, commençons par nous poser la question « qui est Emmanuel Macron » ?

Ses parents sont médecins et il a effectué ses études au Lycée Henry IV à Paris. N’espérez donc pas trouver en lui un jeune premier issu des milieux populaires qui aurait su prendre l’ascenseur social que le défunt programme du Conseil National de la Résistance avait su instituer en France, jusqu’à ce que des bourgeois de son calibre s’emploient à le défaire.

Emmanuel Macron, quand bien même il ose prétendre « sa pensée complexe » et dont nous lui reconnaissons son talent pour jouer de la langue de bois, n’est pourtant pas d’un grand niveau intellectuel. Il échoue en effet à deux reprises à l’examen écrit qui lui permettrait d’intégrer l’École Normale Supérieure. Il poursuit son cursus à Sciences-Po tout en étudiant la philosophie à Paris-Nanterre. L’un des mémoires qu’il rendra dans le cadre de ses études, portera sur Machiavel. Il semble pour le coup qu’il ait bien appris les préceptes édictés par le penseur italien, pour ériger le cynisme et l’immoralité en vertus politiques.

Il effectue un stage d’attaché diplomatique à l’Ambassade de France au Nigeria à Abuja. De son aveu même, il fréquentera régulièrement une boite de nuit homosexuelle, « le Shrine » à cette époque. Aujourd’hui, le même homme nous jure malgré d’autres éléments troublants, qu’il n’est pas homosexuel. Ce dont pourtant tout le monde se fiche dès lors qu’il n’y a pas de mensonge sur cet aspect de sa vie.

En 2004, à l’issue de ses études à l’ENA, il rejoint le corps de l’Inspection Générale des Finances sous la protection du très européiste et ami des financiers, Jean-Pierre Jouillet. En 2007, il bénéficie des subsides du « German Marshall Funds », institution américano-germanique faisant très officiellement et légalement, du trafic d’influence auprès de jeunes étudiants européens pour améliorer les relations entre les USA et l’Europe (selon les points de vue américains essentiellement, évidemment). C’est à cette occasion qu’Emmanuel Macron intègre la Banque Rothschild.

En 2006, il a déjà acquis la sympathie de tout le gratin industriel et financier français, puisque Laurence Parisot, alors patronne du MEDEF, lui propose un poste de Directeur Général au sein du syndicat du CAC 40. C’est pourtant en 2007 que son visage apparaîtra pour la première fois dans la presse, puisqu’il est le rapporteur et l’un des principaux contributeurs de la « Commission pour la libération de la croissance française » sous le haut patronage de Jacques Attali. Déjà à l’époque, cette commission souhaitait démolir les départements dont nous avons hérité de la Révolution Française, et qui permettaient à chaque citoyen de pouvoir saisir le préfet local se trouvant à moins d’une journée de cheval pour tous. En revanche, les régions, entités nettement moins anciennes puisque datant du XXème siècle, beaucoup plus éloignées des Français et coûtant elles-mêmes un « pognon de dingue », ne sont pas inquiétées. Bien au contraire, il s’agit de les promouvoir au-travers du folklore dont se revendiquent certains identitaires marquant leur volonté de sédition avec la France, et de les redessiner selon les normes allemandes, puisque l’esprit de collaboration n’a jamais cessé entre la caste politique française et les États qui nous sont les plus hostiles.

En 2008, sur recommandation de Jacques Attali, le voilà réintégrant la Banque Rothschild. En 2010, il propose son aide « bénévole » à la « Société des Rédacteurs du Monde » à l’occasion de la revente du journal convoité entre autres, par la Société Perdriel-Prisa Orange, cela par l’entremise d’Alain Minc avec qui Emmanuel Macron entretient d’excellentes relations. Entre 2010 et 2012, Emmanuel Macron conseille des multinationales sur des acquisitions-ventes et déclare des revenus supérieurs à 2 millions d’euros dans le cadre de ses activités.

C’est en 2006 qu’il rencontre François Hollande qu’il soutiendra dans sa campagne électorale dès 2010. Ce dont François Hollande saura le remercier, puisqu’il deviendra son Secrétaire Adjoint de l’Élysée dès 2012.

Avant d’aller un peu plus loin dans la présentation du personnage et aborder les crimes d’État bien réels d’Emmanuel Macron, constatons que ce qui nous a été constamment rabâché par la presse lors de sa campagne électorale, ne correspond pas à la réalité. On nous a parlé d’un homme nouveau du fait de sa jeunesse, avec des idées tout aussi neuves. Et pourtant, au vu de son cursus, de ses fréquentations et de ses opinions politiques, Emmanuel Macron fait indéniablement partie d’un ancien monde. Celui des traîtres à la patrie, des marchands de sommeil, des financiers, et des ultra-libéraux totalement idéologisés à la mainmise de l’Union Européenne sur nos vies. Je connais des gens bien plus âgés qu’Emmanuel Macron qui sont pourtant autrement plus jeunes que lui, notamment en matière d’opinions politiques favorables à la patrie. Emmanuel Macron n’est pas un météore venu de nulle part, mais bien le larbin fidèle d’un cénacle d’intérêts prédateurs qui veulent démolir la France.

Poursuivons donc sur les forfaitures de cet oligarque. Tout d’abord, rappelons-nous de la fameuse loi El-Khomri, dont la ministre prête-nom était bien trop stupide et incompétente pour en rédiger ne serait-ce que le premier paragraphe. En vérité, c’est bien Emmanuel Macron qui en est le principal artisan, notamment sur la déréglementation de la loi sur le travail, qui n’a jamais permis de faire baisser le chômage. Et la raison en est bien simple : personne ne veut faire baisser le chômage en France.

Le 26 Août 2014, il est nommé par Manuel Valls, Ministre de l’Industrie, de l’Économie et du Numérique. Outre la très libérale batterie de réformes économiques qu’il faudra faire passer au 49-3 face à un parlement hostile, il reprend surtout les négociations en cours sur la vente de la branche énergie de l’industriel français Alstom, à la Société General Electric, qui elle-même fait partie du complexe militaro-industriel américain. La prise de contrôle des Américains sur cette branche de notre industrie relève de la haute trahison pour les négociateurs français impliqués. En effet, Alstom fabrique les turbines de nos sous-marins nucléaires lanceurs d’engin (SNLE) tels que « Le Terrible », « Le Téméraire » ou « le Triomphant », ainsi que celles qui propulsent notre porte-avion « Le Charles De Gaulle ». Il se trouve que la fabrication de ces turbines relève des intérêts fondamentaux de la nation, car elles assurent notre indépendance technologique et industrielle en toutes circonstances, pour entretenir ou équiper de nouveaux sous-marins. Y compris et surtout en période de guerre contre toute puissance hostile, comme pourrait tout à fait le devenir un jour les États-Unis d’Amérique. Notre relation avec l’Allemagne ou le Royaume-Uni a par exemple toujours été faite de hauts et de bas dans l’Histoire. Les alliances contractées en une époque donnée, peuvent éclater brutalement et durablement du jour au lendemain. Tout Homme d’État ne peut que se projeter sur le temps long pour discerner ce qui relève de nos intérêts fondamentaux, et s’assurer de leur pérennité. En matière de relations internationales, l’amitié et les bons sentiments n’existent pas, seuls les rapports de puissance déterminent l’équilibre de nos relations diplomatiques. Avoir cédé aux États-Unis d’Amérique la part de notre industrie qui est au cœur même de notre dissuasion nucléaire, peut être qualifié de trahison au sens de l’article 411-3 du Code Pénal qui dispose que :

« Le fait de livrer à une puissance étrangère, à une entreprise ou une organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou à leurs agents des matériels, constructions, équipements, installations, appareils affectés à la défense nationale est puni de trente ans de détention criminelle […]».

Je tiens à aller au bout de ma démonstration à ce sujet. Ainsi, le 13 Novembre 2014, le Commandant de Sous-Marin Nucléaire d’Attaque, Alexandre Tâchon, expliquait ceci dans une conférence qu’il donnait au Visiatome de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard :

• La vitesse maximum de nos sous-marins relève du secret-défense, elle ne peut donc être révélée.

• Les propriétés acoustiques des turbines de nos sous-marins, dont l’usage tactique se fonde en premier lieu sur leur discrétion, relèvent aussi du secret-défense.
• Actuellement, grâce aux facilités concédées par Emmanuel Macron à General Electric sur la prise de contrôle de la branche énergie d’Alstom, les tenants du complexe militaro-industriel américain peuvent estimer plus précisément la vitesse de nos submersibles, en plus d’avoir désormais la main-mise sur les brevets leur permettant de connaître les propriétés acoustiques de nos turbines. Ce qui signifie que tout l’avantage tactique de nos sous-marins est perdu d’une part, et que par ailleurs, si nous devions un jour être en conflit ouvert avec les USA ou avec leurs alliés, nous aurions toutes les difficultés du monde à façonner des turbines destinées à l’entretien ou à la réparation de nos navires de guerre.

Cette transaction menée tambour battant sous le patronage d’Emmanuel Macron, a affaiblit très sérieusement les capacités défensives de la France, et a introduit de très sérieuses vulnérabilités au cœur même de notre dissuasion nucléaire.

Malgré le fait que pour un tel crime, il puisse écoper de 30 ans de prison, jamais la presse n’a fait état de la gravité de ses forfaitures sur la cession de la branche énergie d’Alstom, mais bien au contraire elle l’a fait élire Président de la République.

Notons par ailleurs qu’Emmanuel Macron a aussi permis la fusion Siemens-Alstom sur les équipements ferroviaires, permettant au final à l’Allemagne de mettre la main sur cette branche sensible de notre industrie, puisqu’elle aussi liée aux capacités logistiques de la France à se projeter par voie terrestre à ses frontières et au-delà, en cas de conflit au sein de l’Europe. L’Histoire nous enseigne qu’il faut agir avec prudence avec l’Allemagne, mais aussi avec  le Royaume-Uni. Ces États ont toujours compté sur l’esprit de trahison de nos dirigeants, pour nous affaiblir militairement et industriellement entre chaque conflit. Lorsque Mme Merkel prend le contrôle tout ou partiel de notre industrie ferroviaire, d’armement ou aéronautique, ça n’est certainement pas pour améliorer les relations économiques et culturelles entre nos deux pays. C’est bien pour favoriser les intérêts allemands au détriment des intérêts français.

Une autre affaire, beaucoup plus sanglante, risquera bien un jour de garantir à Emmanuel Macron un long séjour en prison. Cinq jours avant sa nomination au poste de Ministre de l’Économie, François Hollande, le 21 Août 2014, révèle au journal « Le Monde » qu’il fait livrer des armes aux « rebelles syriens » depuis 2012. Ce que nous ignorons, c’est à quel moment ces livraisons d’armes de guerre ont cessé. Ce que nous savons c’est que parmi ces armes se trouvent notamment des lance-missile MILAN, fabriqués par l’entreprise française MBDA. C’est grâce à un rapport d’Amnesty International rendu public le 8 Décembre 2015, que l’information tombe. Quelques mois auparavant la chaîne iranienne IRIB, équivalent de l’AFP en France, signale que des forces de la Résistance Libanaise ont saisi à des terroristes du Front Al Nosra qu’ils combattaient, les mêmes armes de lutte anti-char françaises. Plus récemment le 3 Juillet 2018, l’agence SANA, équivalent de l’AFP syrienne, signale qu’à la suite de la reprise du territoire de Deraa aux terroristes par les forces syriennes et russes, un immense stock d’armes a été découvert, composé pour partie de lance-missiles MILAN.

François Hollande comme Nicolas Sarkozy, est à ce titre un faiseur de guerre qu’il faudra un jour juger pour ses propres crimes. Dans l’attente, nous savons que celui-ci n’a jamais fait montre de retenue pour nuire à la souveraineté de la Syrie, et il y a peu à douter que les ventes d’armes destinées aux mercenaires qui œuvrent en Syrie se soient poursuivies jusqu’à la fin de son mandat. Ces ventes d’armes avaient pour intermédiaires le Qatar et l’Arabie Saoudite, mais il est à soupçonner que les États turc et israélien, ne soient pas étrangers non plus à ces transactions et rapports plutôt fraternels avec les terroristes qui opèrent en Syrie.

Pour comprendre la très probable implication d’Emmanuel Macron dans ce dossier, il faut savoir que le Ministre de l’Économie, comme en dispose l’article R1122-2 du Code de la Défense, fait partie du Secrétariat Général de Défense et de Sécurité Nationale, lui-même sous contrôle du Premier Ministre et du Président de la République.

L’article D1132-4 du Code de la Défense, précise que ce Secrétariat a entre autres pour mission « d’étudier avant décision gouvernementale, les questions relatives aux exportations d’armement, de matériels et de technologies de caractère stratégique ». Chaque livraison d’arme est conditionnée par un certain nombre de procédures à suivre et de décrets à signer pour les ministres impliqués dans la transaction. Le Ministre de l’Économie n’échappe pas à la règle. Si nous devions apprendre que les livraisons d’armes de guerre aux terroristes en Syrie, ont été poursuivies au-delà de l’été 2014, alors nous pourrions accuser Emmanuel Macron de s’être rendu coupable de financement du terrorisme, tel qu’édicté par l’article 421-2-2 du Code Pénal.

Des lois sur le terrorisme que peu d’entre nous connaissons. Ainsi, qui sait que lorsque Laurent Fabius disait dans une conférence au Maroc qu’al-Nosra faisait « du bon boulot », qu’il se rendait coupable d’apologie du terrorisme, crime puni de 5 années d’emprisonnement par l’article 421-2-5 du Code Pénal ?

Si nos dirigeants sont cyniques et n’hésitent pas à violer les lois en comptant sur notre ignorance de ces dernières autant que sur le silence de la presse et des magistrats, ne croyez surtout pas que nous soyons désarmés pour rendre justice ! La France est encore un État de Droit mais il nous revient à nous, citoyens, de le faire respecter.

Par exemple, et pour terminer sur le casier judiciaire restant à remplir d’Emmanuel Macron : Savez-vous que tant dans le droit international, qu’au sein de notre bloc de constitutionnalité, il est interdit de s’ingérer dans les affaires d’un État tiers, et plus encore d’user de moyens militaires contre lui sans qu’un mandat clair et explicite lui ait été accordé par la majorité des États-Membres de l’ONU ?

Ainsi, dans le préambule de la Constitution du 27 Octobre 1946, il est dit dans son article 14 que :

« La République Française, fidèle à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international. Elle n’entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête et n’emploiera jamais ses forces contre la liberté d’aucun peuple ».

Quant à l’article 2 de la Charte de l’ONU que la France a ratifiée le 24 Octobre 1945, voici ce qu’il énonce sur la même question :

L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine de tous ses Membres.

Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger.

Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Cela n’a pourtant pas empêché Emmanuel Macron de donner l’ordre à nos armées, le 13 Avril 2018, de procéder au lancement d’une dizaine de missiles sur la Syrie. Les cibles étaient sensées être des lieux de fabrication ou de stockage d’armes chimiques de l’Armée Arabe Syrienne. Ce qui en soi, permet de nous assurer de l’incompétence ou du mensonge d’Emmanuel Macron sur l’affaire en question. Car si l’on veut préserver les civils de toute émanation de gaz à vocation militaire, la neutralisation des lieux de stockage ou de fabrication de ces armes chimiques, ne peut répondre d’une destruction explosive sans que le risque de dispersion soit rendu extrêmement élevé pour les populations résidant aux alentours de telles infrastructures. Cependant, il y a bien eu un mensonge sur la réalité des objectifs ciblés. D’abord et en premier lieu, parce que l’Armée Arabe Syrienne a procédé à la destruction totale de son arsenal d’armes chimiques, cela sous le contrôle conjoint de la Russie et des États-Unis d’Amérique, ainsi que l’Organisation pour l’Interdiction des Armes Chimiques (OIAC) qui a rendu un rapport en ce sens en 2016. Ensuite, parce que le gouvernement syrien a pu communiquer sur la réalité des objectifs choisis, en démentant à chaque fois les mensonges véhiculés par le gouvernement français sur la nature des cibles.

Plus grave encore dans cette affaire, si l’on devait ignorer que notre Constitution et les règles du droit international ont été pleinement violées par Emmanuel Macron : en autorisant le bombardement de certains sites autour de la ville de Homs, notre armée a pu tester en situation réelle le fonctionnement de nos missiles de croisière. De la même façon, les adversaires russe et syrien ont pu tester leurs défenses anti-aériennes sur les missiles français et recueillir des informations essentielles sur nos propres vulnérabilités. Car tous nos missiles n’ont pas impacté, fort heureusement d’une certaine façon. Certains ont été interceptés, ce qui a permis aux militaires russes de s’assurer que leurs propres solutions de défense anti-missiles fonctionnent sur une partie de la technologie française. Information dont il aurait été sage de nous assurer que les Russes puissent continuer de l’ignorer.

Dans l’attente, cette décision d’Emmanuel Macron de bombarder la Syrie, je le rappelle en violation expresse du droit international et constitutionnel de la France, répondait d’un mystérieux attentat chimique survenu à Douma le 7 avril 2018. Attentat si mystérieux, qu’aucun témoignage accréditant la réalité de cette attaque n’a pu être livré, ne serait-ce que par les hôpitaux syriens. En revanche, l’OIAC qui devait investiguer sur la ville de Douma, a été empêchée d’arriver en Syrie dans des délais raisonnables du fait des pressions occidentales, et n’aura pas non plus eu le temps de faire part des conclusions de son enquête, pour qu’Emmanuel Macron puisse disposer d’informations fiables à exploiter lui permettant d’autoriser ou non une action militaire (qui resterait de toute façon illégale au regard du droit international). Si aucune loi ne réprime spécifiquement l’usage des moyens militaires de la nation en violation des traités ratifiés et de notre ordre constitutionnel, d’autres touchant aux crimes contre l’humanité ou aux intelligences avec des puissances étrangères peuvent être soulevées pour qualifier le crime que je viens d’exposer ici.

Je vous le disais plus haut, l’affaire Benalla, au regard des autres trahisons d’Emmanuel Macron n’est finalement pas grand-chose. Néanmoins, des ordres manifestement illégaux ont été adressés à nos services ou plus encore, des procédures administratives et judiciaires n’ont pas été suivies par le premier Magistrat de France, au moment où était porté à sa connaissance des faits graves commis par l’agent de sécurité et bagagiste Benalla. Plus inquiétant encore est le fait que l’emploi d’Alexandre Benalla ne répond pas du contrôle des services régaliens les plus légitimes pour assurer la sécurité de la présidence de la République. En introduisant au cœur de l’Élysée un individu que ni la gendarmerie, ni la police nationale n’ont eu à former, et qui plus est qui fréquente et recommande, auprès du Président de la République, des personnes ayant des liens plus ou moins directs avec le terrorisme afin d’assurer la sécurité de ses meetings ; c’est au mieux une très sérieuse légèreté de gestion qu’il faut reprocher à Emmanuel Macron, voire des actes qui contournent le contrôle opéré par l’État-Major de la Police et des Armées, sur les décisions de sécurité émanant de la présidence de la République.

Il n’est donc pas incompréhensible que les plus hauts responsables de la police et de la gendarmerie nationale se soient émus de ces agissements, et aient révélé à la presse les charges qui pesaient sur le trublion Benalla, afin de donner un avertissement à Emmanuel Macron.

Si les institutions régaliennes sont loyales par nécessité, et qu’elles n’iront pas forcément plus loin dans leurs manœuvres contre Emmanuel Macron, il nous revient à nous, citoyens, d’évincer définitivement celui-ci de la présidence de la République.

On doit à Alexis de Tocqueville la citation suivante : « Je ne crains pas le ‘suffrage universel’ : les gens voteront comme on leur dira ». Et il se trouve que durant près de deux années, les Français ont vécu un tintamarre médiatique autour d’Emmanuel Macron, tandis que nombre de candidats rivaux ont vu leur propre campagne anéantie par des affaires judiciaires, et là où d’autres encore ont joui d’un temps d’exposition médiatique moindre quand ils n’ont pas subi un véritable régime de censure pour les ostraciser. C’est donc fort logiquement qu’Emmanuel Macron a été élu à la tête de la République française, et que nous pouvons considérer tout aussi légitimement que son mandat est usurpé.

Il y a donc actuellement au sommet de la France un menteur doublé d’un tricheur, d’un traître et d’un assassin que nous ne pouvons raisonnablement laisser gouverner. Aussi, c’est par cette conclusion que je vous appelle à ne plus rien céder, et profiter de cette affaire Benalla mettant clairement en cause Emmanuel Macron et légitimant la saisine de l’article 68 de la Constitution par nos parlementaires sur la destitution du Président de la République, pour lui infliger un rapport de force suffisamment conséquent et durable, permettant d’aboutir à l’éviction du félon qui hante le palais de l’Élysée.