terça-feira, 11 de setembro de 2012

Espanha: soberania de mentirinha



España
Le llaman soberanía y no lo es

Público.es


La soberanía es un término muy abusado en estos tiempos, paradójicamente, de ultra dependencia de las grandes fortunas económicas. La soberanía es otra burbuja más, como la democrática, que permite legitimar cualquier toma de decisión para el negocio de unos pocos a costa del malestar de las mayorías. En España, a pesar de la constitución del 78 (en su artículo 1.2, dice que “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”), hace años que son otros, una minoría de grandes fortunas, hiper-representada, quienes toman las decisiones. Cuentan los teóricos que es soberano quien tiene el poder de decidir; en el caso español, es evidente a qué nos referimos, a los grandes capitales y sus instrumentos en forma de organizaciones internacionales hegemónicas y los gobernantes de la UE en todas sus instituciones. El bipartidismo dominante español es sólo un vehículo para que desde afuera, en sintonía con la minoría enriquecida de adentro, continúen decidiendo qué política económica se debe llevar a cabo en las próximos años. España es un buen ejemplo de país subordinado que acata a raja tabla el papel de periferia dependiente del centro europeo. La Unión Europea, la neoliberal, está forjada sobre la base de una España periférica sumisa a los intereses de las economías europeas centrales, Alemania y Francia, y a sus capitales industriales y financieros, en connivencia armoniosa con los grandes empresarios españoles.
En estas décadas sumisas, la economía española es un vértice importante en la división desigual europea del binomio capital-trabajo. La economía española firmó su sentencia desde la aceptación de los criterios de convergencia nominal, que no real, y quedó a la deriva de un intercambio y desarrollo desigual en clave europea-mundial. Esta dependencia de la economía española se demuestra de mil y una formas. Hay fuerte dependencia comercial, productiva y tecnológica; España exporta productos de menor valor añadido que los que importa, sobre todo a la Unión Europea. Hay dependencia de capital extranjero; la fuga de capitales (de no colocación a largo plazo) en los últimos meses viene acompañada por un aumento de inversión extranjera directa buscando nuevos sectores privatizados. Hay dependencia financiera; la gran mayoría de la acreedores de la deuda, directa o indirectamente (vía encadenamientos financieros), están en manos de la banca alemana y francesa, bajo aseguradoras estadounidenses.
Además, hay dependencia monetaria. Hay dependencia en política agrícola y pesquera. Hay dependencia salarial. Y sin lugar a dudas, lo que hay es una fuerte dependencia política. Con la crisis, los grandes capitales europeos abogan por una transición que reconfigure el negocio. Cualquier atisbo de soberanía, estorba. La soberanía, cuanto menos, mejor. Hace poco, obedeciendo la directriz franco-alemana, el gobierno español (PP-PSOE) aprobó la reforma constitucional que amputa la política fiscal como resto de instrumento soberano en materia económica. Implementó la reforma laboral exigida por la gran patronal (europea y española) en un acto de devaluación de derechos y represión salarial sin parangón. Optó por sanear activos tóxicos privados intoxicando a toda la población. Continúa sustituyendo deuda privada por mayor deuda social. Esta senda parece no tener frenos: lo próximo, luego de la estrategia de siempre (basada en publicitar la insostenibilidad), quizás sea otra reforma para privatizar totalmente el sistema de pensiones. Los grandes capitales precisan nuevos negocios, nuevas burbujas, y esto no tiene límites.
La soberanía parece estar condenada por su propia etimología. Procedente del latín, superanus, es quien ejerce el oficio de estar o ponerse encima, quien tiene autoridad encima de todos. En España, el superanus podría ser Draghi, Merkel, el Deutche Bank, el FMI, Florentino Pérez o Botín. El pueblo, por ahora, salvo que logre lo contrario, tiene poco de soberano.
Doctor en Economía, Coordinador América Latina Fundación CEPS
http://blogs.publico.es/dominiopublico/5791/le-llaman-soberania-y-no-lo-es/
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

Los generales civiles del golpe de Estado chileno

Ver como pdf 11-09-2012

A 39 años del fin de la Unidad Popular
Los generales civiles del golpe de Estado chileno

Punto Final


No parece haberse explorado a fondo el papel que jugaron los civiles en la conspiración que a lo largo de más de tres años culminó con el golpe militar de septiembre de 1973, cuando se abrió la puerta a una dictadura que cambió profundamente a Chile. Los “generales civiles” no trepidaron en producir el caos y, luego, respaldar sin mayores escrúpulos las atrocidades salvajes que se prolongaron diecisiete años. Muchos de ellos se enriquecieron y hasta hoy eluden responsabilidades y vergüenzas. Se las ingeniaron para empujar a los militares y para ejecutar la política que más convenía a los intereses de la oligarquía. A la cabeza de la conspiración estuvo Agustín Edwards Eastman, ya entonces director propietario de la cadena El Mercurio y cabeza de un grupo económico. Edwards sufrió una verdadera conmoción por el triunfo de Salvador Allende y la derrota del candidato derechista, Jorge Alessandri. Había creído en las encuestas y en las opiniones de Edward Korry, embajador de Estados Unidos. Las peores pesadillas parecían materializarse. El Mercurio había planteado que la decisión del pueblo se daba entre democracia y comunismo. Había triunfado el comunismo. Y eso era lo que temía Edwards. Dos años antes, cuando el general Roberto Viaux se había acuartelado en el Regimiento Tacna tratando de derribar al presidente Eduardo Frei Montalva, el dueño de El Mercurio -según se dice- conspiró en las sombras. Y para asegurarse, había viajado a Estados Unidos.
CONSPIRADORES Y GOLPISTAS
En septiembre de 1970, el propietario de El Mercurio -que había vivido en Estados Unidos- decidió viajar a Washington. Lo invitaba su amigo, el principal ejecutivo de Pepsi Cola, cercano al presidente Richard Nixon. Su objetivo era hablar con el presidente de Estados Unidos. Y lo consiguió. La entrevista fue breve pero específica. Edwards pidió a Nixon que interviniera para que Allende no pudiera ser presidente de la República, haciendo que el Congreso chileno, que debía decidir entre las dos primeras mayorías relativas, o sea entre Allende y Alessandri, eligiera al segundo. Nixon estuvo de acuerdo. Y no era para menos, porque prácticamente desde el mismo 4 de septiembre -como lo reveló el Informe Church-, Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, estaban diseñando con la CIA medidas de urgencia, con fondos ilimitados para cerrar el paso a Allende por cualquier medio. Incluyendo, implícitamente, el asesinato.
Edwards, entretanto, decidió quedarse en Estados Unidos, trabajando en una subsidiaria de Pepsi Cola. Sólo volvió a Chile en 1975. Dejó en todo caso a dos peso pesado a cargo del negocio periodístico: Arturo Fontaine Aldunate, un ideólogo de la derecha, y como director a René Silva Espejo, experimentado redactor político con relaciones con oficiales del ejército y la Fach. Una práctica que el propio Edwards cultivaba esmeradamente como miembro de una cofradía náutica. El Mercurio libró una lucha sin cuartel contra el gobierno del presidente Allende y la Unidad Popular. Sin cuartel y sin escrúpulos. Desde junio de 1973 llamó abiertamente al golpe de Estado.
La desestabilización inicial se centraba en la presión sobre la Democracia Cristiana para que votara a favor de Alessandri en el Congreso Pleno; el candidato derechista renunciaría enseguida a la Presidencia de la República y debería llamarse a nuevas elecciones en las que la DC y la derecha unidas podrían reelegir a Eduardo Frei. Al mismo tiempo, se desencadenó una ofensiva terrorista para amedrentar a la población. Simultáneamente y en el mayor secreto, con la colaboración de agentes norteamericanos se planeaba el secuestro del comandante en jefe del ejército, general René Schneider, en una operación que contaba con el apoyo de los máximos jefes de las FF.AA. y Carabineros. El secuestro sería la provocación necesaria que obligaría a los militares a intervenir.
Las conversaciones políticas fracasaron cuando la DC negoció con la Unidad Popular un Estatuto de Garantías para votar a favor de Allende en el Congreso. A los pocos días, el general Schneider fue herido de muerte en el atentado realizado por la ultraderecha, lo que provocó una reacción corporativa en el ejército que cerró filas junto al general Carlos Prats, y fue necesario cambiar de estrategia por una que sería de largo plazo. Era necesario esperar que la economía sometida a tensiones internas y externas impulsadas por Estados Unidos actuara. La presión sobre la Democracia Cristiana debería acentuarse para que se aliara con la derecha. Sería necesario un movimiento de masas que incluyera a sectores medios y bajos, y una creciente agitación que llevara en definitiva a las Fuerzas Armadas, y especialmente al ejército, a dar un golpe de Estado. Pasados los primeros sesenta días, la tranquilidad empezó a imponerse. Pero no entre los grandes empresarios que preparaban las espadas.
Eugenio Heiremans, importante dirigente empresarial, propuso al ingeniero Orlando Sáez que jugara un papel de primera línea. Necesitamos, le dijo, dirigentes jóvenes, menos conocidos, que sean capaces de articular un movimiento gremial muy amplio que abarque a todos desde los empresarios grandes a los chicos y también a los comerciantes y transportistas. Eso para empezar. Orlando Saéz comenzó a moverse. Salió al extranjero. En Argentina, México, Perú y Brasil se reunió con empresarios amigos, no solo chilenos, para que financiaran la oposición antiallendista. En octubre de 1974, en el New York Times , un periodista norteamericano, Jonathan Kendall, reveló que dirigentes de la Sofofa habían contado que desde México, Perú y Venezuela se habían enviado 200 mil dólares a Chile para sostener la huelga de los camioneros. Kendall precisó que los dirigentes empresariales chilenos “no dijeron cuánto dinero recibieron de la CIA”. También los empresarios agrícolas fueron implacables. Se distinguió Benjamín Matte, dirigente de Patria y Libertad, movimiento sedicioso que empezó a preparar acciones armadas y sabotajes. Patria y Libertad fue dirigida por el abogado y profesor de derecho civil, Pablo Rodríguez Grez. Tuvo grupos de choque y saboteadores, vinculaciones secretas con grupos subversivos de las Fuerzas Armadas y participó en el “tanquetazo” del 28 de junio de 1973, antesala del golpe del 11 de septiembre. Después del golpe, muchos de sus militantes se incorporaron a los organismos represivos. Los terratenientes resistían la reforma agraria comenzada en tiempos de Frei Montalva, que sabían que se profundizaría en el gobierno de Allende. Muchos empresarios querían hacer un escarmiento con los campesinos que tomaban tierras. La Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, del grupo Matte, se transformó, con apoyo de la CIA, en un baluarte de la oposición. Su máximo ejecutivo, Ernesto Ayala, mano derecha de Jorge Alessandri, se convirtió en dirigente opositor entre los empresarios.
Ricardo Claro Vial actuaba por su lado. Sus empresas -Elecmetal y Cristalerías Chile- fueron intervenidas, así como la naviera Sudamericana de Vapores. Claro hacía gala de su anticomunismo. Siendo estudiante universitario había denunciado a compañeros de curso como militantes comunistas pidiendo su expulsión de la Universidad. Conservador integrista, Claro tenía buenos contactos con la Marina y prestigio entre los empresarios por su manejo de información, especialmente de mercados internacionales. Después del golpe, Claro -que fue nombrado asesor de la Cancillería que manejaba el contralmirante Ismael Huerta- recuperó sus empresas, puso barcos a disposición de los golpistas para que sirvieran de cárceles y no se preocupó mayormente por la suerte de dirigentes sindicales de sus empresas que se convirtieron en detenidos desaparecidos. Se ha sostenido que Ricardo Claro fue uno de los financistas de la Dina, lo que no se ha investigado suficientemente.
JAIME GUZMAN, EL IDEOLOGO
El sociólogo francés Alain Touraine, que estaba entonces en Chile, y vio a Jaime Guzmán en televisión, poco antes del golpe dejó un retrato exacto en su libro Vida y muerte de Chile popular : “Me impresiona ver y escuchar a un tal Guzmán, periodista que es además profesor de derecho constitucional en la Universidad Católica: jamás había visto un hombre así en este país. Me ha asustado: en los períodos de tensión extrema se ven salir las cabezas más horribles. La suya está habitada por una pasión fría armada de una lógica falsa: es un inquisidor, su palidez es la de los jóvenes fascistas de antes de la guerra. Cada una de sus palabras lanza una maniobra sinuosa. No sé si forma parte de un grupo extremista clandestino. En todo caso merece ser uno de sus jefes, pues pertenece al mundo del fanatismo fascista”.
Esa es la verdad. Jaime Guzmán fue siempre fascista. Nunca fue un demócrata como se ha querido mostrar. De adolescente fue franquista. Era seguidor del sacerdote Osvaldo Lira, mentor del Movimiento Revolucionario Nacional Sindicalista, que sería capellán de la Dina. Jaime Guzmán fue dirigente de Patria y Libertad. Después del golpe se acercó al general Gustavo Leigh, porque éste prometía extirpar “el cáncer marxista”; sólo después se acercó a Pinochet. Entretanto guardaba silencio sobre las atrocidades en materia de derechos humanos, aunque diría que lo hacía para poder seguir ayudando, en silencio, a algunas víctimas de la represión.  
Renato Cristi, académico, experto en el pensamiento de Jaime Guzmán, señaló: “Me parece que Guzmán es el autor intelectual del pronunciamiento militar. A Pinochet no se le habría ocurrido jamás destruir la Constitución, precisamente el golpe fue dado para protegerla”. Guzmán sentía, como escribió a su madre, que con Pinochet “Chile había reencontrado su verdadero destino”.
El año 1975 escribía: “La creencia de que la democracia debe aceptar la coexistencia de marxistas leninistas y demócratas en la vida cívica, en medio de un Estado ideológicamente neutral es un grave error porque la democracia debe protegerse. Sin caer en excesos de fanatismo macartista, creo que los Estados libres deben ser militantemente antimarxistas y anticomunistas”. En la discusión constitucional Guzmán propuso e hizo aprobar las normas para la vigencia de una “democracia protegida”: binominal, leyes orgánicas constitucionales y virtual imposibilidad de reformar la Constitución debido al previsible empate que se produciría entre mayoría y minoría configuradas en dos bloques enfrentados. Se aprobaron otras normas altamente reaccionarias -como el artículo 8° para proscribir a la Izquierda, la creación del Consejo de Seguridad Nacional y de los senadores designados-, que fueron derogadas a medida que se consolidaba la transición.
Jaime Guzmán fue un político hábil y con clara visión de futuro para sus intereses. Tuvo notables condiciones de liderazgo. El “gremialismo”- origen de la UDI- por inspiración suya, prestó especial atención a estudiantes, jóvenes, mujeres y pobladores.
COLONIA DIGNIDAD
Hay antecedentes serios, todavía sujetos a investigación judicial, de que la Colonia Dignidad, cerca de Parral, dirigida por Paul Schaeffer, condenado por pedofilia que murió preso, fue un centro de torturas, de eliminación de presos políticos y ocultamiento de restos de prisioneros. Está demostrado que antes del golpe, Schaeffer y sus secuaces colaboraron con Patria y Libertad y con oficiales navales y militares que preparaban acciones de sabotaje. Cerradamente anticomunista, Dignidad saludó como triunfo propio el golpe militar. El hallazgo de arsenales, de automóviles pertenecientes a detenidos políticos cuyo paradero no se conoce aún, la desaparición del físico norteamericano Boris Weisfeiler y los testimonios de ex presos políticos torturados en el que fuera un enclave de colonos alemanes sometidos a la voluntad y a la corrupción de sus líderes, hace verosímiles las denuncias que se investigan.
Dignidad no solamente fue un modelo admirado por Pinochet, Lucía Hiriart y altos mandos como el almirante Patricio Carvajal, o por funcionarios y hombres de negocios de la derecha alemana, como el canciller de Baviera, Franz Josef Strauss, sino también fue apoyada por dirigentes de la derecha chilena. En democracia, diputados y senadores de la UDI y Renovación Nacional fueron celosos defensores de la Colonia frente a las acusaciones que en definitiva se han demostrado ciertas. Salvo Sebastián Piñera, se pronunciaron en contra de la revocación de la personalidad jurídica de la Colonia. La cercanía Dignidad-UDI es un hecho. La ex ministra de Justicia Mónica Madariaga recordó en una entrevista la presencia de Jaime Guzmán, Pablo Longueira y otros dirigentes disfrutando de la hospitalidad de la Colonia. Mónica Madariaga fue desmentida, pero insistió aclarando que era explicable que la paz que rodeaba a la Colonia haya llevado a los entonces jóvenes líderes a utilizar la Colonia como eventual sitio de descanso. No habría sido extraño. Pinochet fue más de una vez a la Colonia, Manuel Contreras fue también un visitante asiduo, incluso acompañado de su hijo, Manuel Contreras Valdebenito, que también ha recordado haber visto entonces a dirigentes de la UDI. Lucía Hiriart elogió con entusiasmo a “los alemanes” de la Colonia por sus obras de apoyo a la comunidad vecina.
EL MODELO ECONOMICO
El mismo 11 de septiembre de 1973 el Alto Mando de la Armada recibió un voluminoso estudio económico que había encargado a un grupo de economistas de derecha. Indicaba las medidas indispensables para empezar la construcción de una economía al servicio de los triunfadores que eran las clases acomodadas. Había sido preparado básicamente por economistas de la Universidad Católica que desde hacía casi diez años mantenían un convenio con la Universidad de Chicago, donde imperaba el pensamiento neoliberal de Milton Friedman. Año a año viajaban a esa universidad norteamericana alumnos becados que volvían pertrechados de instrumentos teóricos para establecer un capitalismo desregulado, con una drástica disminución de las funciones del Estado y cero aranceles, abierto al mundo y basado en el aprovechamiento de las ventajas comparativas. Obviamente el documento consideraba eliminar por completo la obra de la Unidad Popular. El trabajo hecho a petición de la Armada, que preparaba el golpe, fue llamado “El ladrillo” por su extensión y espesor y sus autores, conocidos luego como Chicago boys, aunque no todos provenían de esa universidad.
Respaldados por la Armada (a través de Roberto Kelly) pronto asumieron funciones de gobierno. Una avanzada fue el empresario Fernando Léniz, ex gerente de El Mercurio . Luego vino Jorge Cauas, que había actuado en el gobierno de Frei Montalva, hasta que llegó Sergio de Castro, quien junto a Pablo Baraona y Miguel Kast eran los líderes del grupo que controlaba la Facultad de Economía de la Universidad Católica y también su Instituto de Economía.
Las medidas económicas que impulsaron fueron drásticas. Tan brutales, según sus críticos, que solamente pudieron imponerse por la feroz represión de la Dina, el Comando Conjunto y los servicios de inteligencia y seguridad de las Fuerzas Armadas y Carabineros, como lo denunció en Washington el exiliado ex ministro Orlando Letelier pocos días antes de ser asesinado por agentes de la dictadura.
Publicado en “Punto Final”, edición Nº 765, 31 de agosto, 2012
 

O programa de resgate do BCE torna os países europeus reféns dos banqueiros- em fr

Amis des acronymes, voici venu l’OMT

par Jérôme Creel et Xavier Timbeau
Il y avait eu OMD, et son Orchestral Manœuvre in the Dark, nous voici maintenant avec Orchestral Manœuvre in the [liquidity] Trap, ou, plus précisément « Outright Monetary Transactions » ce qui, sans conteste, est plus clair. L’OMT est un dispositif potentiellement efficace qui donne à la BCE le moyen d’intervenir massivement sur la crise des dettes dans la zone euro pour limiter les écarts de taux d’intérêt sur les obligations publiques dans la zone euro. La possibilité d’une sortie de la zone euro d’un pays qui serait en opposition avec ses pairs est toujours possible, mais dans le cas où la volonté de préserver l’euro est partagée, la BCE peut intervenir et jouer un rôle comparable aux banques centrales des autres grands Etats. Beaucoup d’espoirs sont donc autorisés par cette porte ouverte vers une sortie de la crise des dettes souveraines en zone euro. Pour autant, certains éléments, comme la conditionnalité, pourraient vite poser problème.

OMT est tout simplement un programme de rachat de titres publics par la Banque centrale européenne, comme le SMP 1.0 (Securities Markets Programme) qu’il remplace, mais limité aux Etats qui seront sous programme du FESF/MES (Fonds européen de stabilité financière/Mécanisme européen de stabilité), bénéficiant donc d’une aide conditionnelle européenne. Ainsi, pour que la BCE intervienne, le pays concerné devra, d’une part, négocier un plan d’ajustement macroéconomique avec la Commission européenne et le Conseil Européen et l’appliquer. La BCE, potentiellement des membres du Parlement européen, ou le FMI peuvent être de la partie (ces institutions – Commission, BCE et FMI – forment la Troïka des hommes en noir, célèbres et redoutés en Grèce). D’autre part, et surtout, ledit pays sera sous surveillance de la Troïka par la suite.
Aussi, si l’Italie et l’Espagne veulent bénéficier du rachat de leurs titres publics par la BCE, leurs gouvernements devront se soumettre à un plan d’ajustement du FESF ou du MES. Ceci n’impliquera pas nécessairement que le plan imposé sera plus drastique en termes d’austérité que celui que ces gouvernements avaient d’ores et déjà imaginé ou instauré (la pensée unique en matière de gestion des finances publiques est très contagieuse en Europe), mais obligera l’Italie et l’Espagne à se soumettre ex ante à un droit de regard extérieur sur le plan d’ajustement élaboré et ex post au contrôle de la Commission et du Conseil. Si les pays sous surveillance venaient à dévier ex post de l’application du plan d’ajustement, ils pourraient se soustraire au programme, certes, mais leurs obligations souveraines ne seraient plus absorbées dans le programme OMT. Ils perdraient le soutien de leurs pairs et devraient affronter les marchés financiers dans des conditions incertaines. Ce serait probablement le premier pas vers un défaut ou une sortie de l’euro.
Par ailleurs, la BCE ne s’est pas engagée à absorber toutes les obligations émises et dispose donc d’une réelle capacité de menace : si le pays fronde, il peut être obligé de faire face à des taux plus élevés. L’OMT introduit donc une carotte (faire baisser les taux) et un bâton (les laisser monter, vendre les obligations détenues en portefeuille par la BCE et donc pousser les taux à la hausse), et ce à chaque nouvelle émission. L’OMT s’apparente donc à une mise sous contrôle direct (la conditionnalité), avec sanction progressive et menace ultime (la sortie du programme).
La BCE indique que ses interventions couvriront principalement des titres à moyen terme (maturité entre 1 et 3 ans), sans pour autant exclure des maturités plus longues, et sans limite quantitative. Notons que les émissions de court/moyen terme représentent habituellement une proportion faible des émissions totales, qui se font plutôt à 10 ans. Cependant, en cas de crise, l’intervention sur des maturités courtes constitue une bouffée d’oxygène, d’autant que les titres à 10 ans arrivant à échéance peuvent être refinancés par des titres à 3 ans. Cela donne des moyens de pression supplémentaires à la Troïka en termes de conditionnalité : l’engagement de l’OMT sur les titres n’est que de 3 ans et doit être éventuellement renouvelé au bout de 3 ans. Le soulagement financier pour les pays sous programme peut être appréciable à court terme. A titre d’exemple, l’Espagne, qui n’a pas encore franchi ce pas, aura émis en 2012 autour de 180 milliards d’euros de dette. Si l’OMT lui avait permis de réduire tout au long de l’année 2012 les taux souverains auxquels elle emprunte, le gain aurait été entre 7 et 9 milliards pour l’année 2012 (et aurait pu se répéter en 2013 et 2014 au moins). Ceci parce qu’au lieu d’emprunter à 10 ans au taux de 7%, l’Espagne aurait pu bénéficier des 2% auxquels la France emprunte à 10 ans ou, au lieu de 4,3% à 3 ans, l’Espagne aurait emprunté à 0,3% (le taux souverain de la France à 3 ans). C’est le gain maximal que l’on peut espérer de ce programme, mais il est conséquent : c’est approximativement l’équivalent de l’impact budgétaire de la récente hausse de TVA en Espagne (soit un peu moins d’un point de PIB espagnol). Cela ne changerait pas définitivement la situation budgétaire de l’Espagne mais cela mettrait fin à une absurdité complète qui conduit les Espagnols à devoir payer beaucoup plus cher leur dette pour compenser leurs créanciers d’un défaut qu’ils s’échinent à ne pas déclencher.
On peut même espérer (ce qui apparaît dans la détente des taux souverains espagnols de presqu’un point qui a suivi  l’annonce de la BCE jeudi 6 septembre 2012, ou de celle de presque un demi point pour les taux italiens) que l’existence du dispositif, même si l’Espagne ou l’Italie n’y recourent pas (et ne se soumettent donc pas au contrôle) suffira à rassurer les marchés, à les convaincre qu’il n’y aura ni défaut ni sortie de l’euro et que rien ne justifie donc une prime de risque.
La BCE a annoncé qu’elle allait mettre fin à son statut de créancier privilégié sur les titres publics. Cette disposition, censée réduire le risque pesant sur la BCE, conduisait à dégrader la qualité des titres détenus en dehors de la BCE et donc à réduire l’impact des interventions de la BCE sur les taux. En acquérant une obligation publique, la BCE reportait le risque sur les obligations détenues par le secteur privé, puisqu’en cas de défaut, elle était un créancier prioritaire passant avant les détenteurs privés d’obligations du même type.
La BCE précise que ses opérations dans le cadre de l’OMT seront intégralement stérilisées (l’impact sur la liquidité en circulation sera neutre), ce qui impliquerait, si cela était pris au mot, que d’autres types d’opérations (achats de titres privés, crédits aux banques) en soient réduits d’autant. Qu’en sera-t-il ? L’exemple du SMP 1.0 peut être mobilisé à ce sujet. Le SMP 1.0 était en effet lui aussi assorti d’une stérilisation. Cette stérilisation passait par des dépôts à court terme (1 semaine, au passif de la BCE), alloués pour un montant égal aux sommes engagées dans le SMP (209 milliards d’euros à ce jour, à l’actif de la BCE). Chaque semaine, la BCE collecte donc des dépôts à terme fixe mais court pour 209 milliards d’euros. Il s’agit donc d’une partie des dépôts des banques que la BCE affecte à l’instrument de stérilisation, sans que pour autant il y ait stérilisation  stricto sensu (parce que cela n’empêche ni la hausse de la taille du bilan de la BCE ni ne réduit en soi la liquidité potentielle en circulation). La mention de la stérilisation dans l’OMT apparaît comme un effort de présentation pour tenter de convaincre certains Etats, tels l’Allemagne, que la politique monétaire ne sera pas inflationniste, et donc contraire au mandat que le Traité d’Union européenne lui a imposé. Actuellement, et parce que la crise reste entière, les banques privées ont des dépôts importants auprès de la BCE (par peur de confier ces dépôts à d’autres institutions financières), ce qui lui confère une marge de manœuvre appréciable pour éviter que la stérilisation annoncée modifie la liquidité en circulation (il y a un peu plus de 300 milliards d’euros de dépôts auprès de la BCE qui ne sont pas mobilisés pour la stérilisation). Ensuite, la BCE peut probablement utiliser les comptes courants (en les bloquant pour une semaine), ce qui ne pose pas de difficulté puisque la BCE prête aux banques à guichet ouvert par le LTRO, sa politique de refinancement des banques à long terme. Au pire, la BCE perdrait de l’argent dans l’opération de stérilisation en cas d’écart de rémunération entre les dépôts à terme et les prêts consentis aux banques. La stérilisation pourrait donc conduire à cette comptabilité absurde, mais n’avoir, dans une situation de crise monétaire et financière aucune incidence sur la liquidité. En revanche, si la situation se normalise, la contrainte de stérilisation pèsera plus lourdement. Nous n’en sommes pas encore là mais quand nous y serons, la BCE devra limiter les crédits à l’économie ou accepter une hausse de la liquidité si l’OMT continue d’être mis en œuvre pour certains Etats membres de la zone euro.
Le marché qui est maintenant sur la table place aujourd’hui les pays de la zone euro dans un dilemme redoutable. D’un côté, l’acceptation du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro (TSCG) conditionne l’éligibilité au FESF et au MES[1] et elle conditionne donc désormais l’éligibilité au programme OMT. Refuser de signer le traité budgétaire, c’est refuser par avance l’intervention potentielle de la BCE et donc accepter que la crise se prolonge jusqu’à l’éclatement de la zone euro ou jusqu’à un défaut dévastateur sur une dette souveraine. D’un autre côté, signer le traité, c’est accepter le principe d’une stratégie budgétaire restrictive sans discernement (la règle de réduction de la dette publique inscrite dans le TSCG sera dévastatrice) qui va enclencher en zone euro une récession en 2012 et peut-être en 2013.
Signer le traité, c’est aussi relâcher la pression des marchés, mais pour s’en remettre uniquement à la Troïka et à la conviction infondée que les multiplicateurs budgétaires sont faibles, que les ménages européens sont ricardiens ou que la dette publique pèse toujours sur la croissance. Or, abaisser les taux d’intérêt souverains, et en particulier ceux de l’Italie ou de l’Espagne, procure une relative bulle d’oxygène. Mais le gain principal à abaisser ces taux consisterait à étaler la consolidation budgétaire sur une période de temps plus grande. Les taux d’intérêt donnent une valeur au temps et les baisser, c’est se donner plus de temps. Les dettes contractées à des taux réels négatifs ne sont pas des dettes ordinaires et ne sont pas les fardeaux que sont des dettes émises à des taux prohibitifs.
Trouver une nouvelle marge de manœuvre (l’OMT) pour se lier immédiatement les mains (le TSCG et l’aveuglement de la Troïka sur la stratégie budgétaire) serait un gâchis formidable. Seul un revirement dans la stratégie budgétaire permettrait d’exploiter la porte ouverte par la BCE. Bref, sauver l’euro ne servira à rien si on ne sauve pas d’abord l’Union européenne des conséquences sociales désastreuses de l’aveuglement budgétaire.


[1] Le paragraphe 5 du préambule au traité instituant le Mécanisme européen de stabilité précise : « Le présent traité et le TSCG sont complémentaires dans la promotion de la responsabilité budgétaire et de la solidarité au sein de l’Union économique et monétaire. Il est reconnu et convenu que l’octroi d’une assistance financière dans le cadre des nouveaux programmes en vertu du MES sera conditionné, à partir du 1er mars 2013, par la ratification du TSCG par l’État membre concerné et, à l’expiration de la période de transition visée à l’article 3, paragraphe 2, du TSCG, par le respect des exigences dudit article. »