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Ecuador. La movilización de junio contra el neoliberalismo 2 de julio de 2022Agregar comentario Por Virgilio Hernández* «A pesar de haber mantenido la movilización durante 17 días, centenares de indígenas y campesinos, sectores de la transportación, estudiantes y pobladores, encendieron nuevamente las calles y carreteras» 1. Nueva movilización social contra medidas neoliberales. El nuevo ciclo de movilizaciones que se vivió en Ecuador, entre el 13 y 30 de junio, fue convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE); Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (FEINE) y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (FENOCIN) con una plataforma de lucha, claramente contraria al modelo neoliberal que aplica el Presidente Guillermo Lasso; así el primer punto, tenía que ver con el congelamiento de los combustibles y la rebaja en el precio del diésel, en un 20% y de la gasolina extra (16%), así mismo, se demandaba un programa de subsidios y focalización de combustibles para agricultores, campesinos, transportistas; entre otros. También pedían alivio económico y moratoria de mínimo un año, con renegociación de tasas de interés, de los créditos contraídos con bancos y cooperativas; precios justos para los productos del campo y una política que garantice precios de sustentación de los productos agrícolas; políticas de inversión pública para frenar la precarización laboral y pago de la deuda del Estado con la Seguridad Social; moratoria de la ampliación de la frontera minera y petrolera; respeto a los 21 derechos colectivos reconocidos por la Constitución; no privatización de los sectores estratégicos y del patrimonio estatal; políticas de control de precios; presupuestos urgentes para salud y educación pública, que se encuentran en crisis y políticas de seguridad para frenar la delincuencia y la inseguridad. La movilización arrancó el 13 de junio y en su primera jornada se presentaron cierres de vías en 12 de las 24 provincias del país, aunque en varios puntos no fueron masivas; sin embargo, el Gobierno, que se denomina del “Encuentro”, con su política de atropello y desconocimiento de los derechos, detuvo de forma ilegal al Presidente de la Conaie, Leónidas Iza, en la madrugada del martes 14, supuestamente por delito flagrante, en primer momento, acusado de sabotaje y, aunque en la audiencia, se le formuló cargos por paralización de servicios públicos. En la detención de Leónidas Iza se presentaron varias irregularidades, se lo hizo sin orden de juez, por supuesta flagrancia, aunque en la formulación de cargos se le señaló como autor mediato y no se le permitió, desde un primer momento, acceso a la defensa técnica. Se le detuvo en Pastocalle, provincia de Cotopaxi y solo cuando cruzaron el límite con Pichincha, se le leyó los derechos, pero incumpliendo la Norma Suprema, puesto que no se consideró que su idioma es el kichwa. Además, se lo trasladó a Quito y luego en un operativo policial y militar gigantesco se lo regresó a Cotopaxi, pero a la base de la Fuerza Aérea del Ecuador, lo que está expresamente prohibido por el marco jurídico ecuatoriano. La audiencia de flagrancia se la realizó recién a las 21:45 horas del 14 de junio y de forma inexplicable desde un punto de vista jurídico, la jueza de Cotopaxi, aceptó la flagrancia, con lo cual se le juzgará por procedimiento directo, en una sola audiencia, que ha sido fijada para el 4 de julio y si bien recuperó la libertad, se establecieron medidas sustitutivas a la prisión y tiene prohibición de salir del país. La calificación de la flagrancia es una clara consigna política para que sea juzgado en procedimiento directo, lo que dejaría abierta la posibilidad de plantear la nulidad del proceso, porque afecta al debido proceso y al derecho a la defensa, que están reconocidas por nuestra Constitución; lo que adicionalmente, ha sido ratificado por dos sentencias de la Corte Constitucional del Ecuador. El valor del debido proceso, en una sentencia del 8 de julio de 2020 (Caso N. 546-12-EP) y el valor de la Defensa en el Caso N. 1568-13-E, del 6 de febrero de 2020; en el que este máximo organismo, ha ratificado que no se puede dejar en indefensión a una persona, lo que se estaría haciendo, cuando se establece un procedimiento excepcional, para un delito que podía haberse investigado hasta en dos años. Ahora, desde el punto de vista político, esta torpeza, destapó el descontento popular, de un Presidente de la República, que según Perfiles de Opinión, ya solo goza del 13% de confianza de la ciudadanía y menos del 20% aprueba su gestión. Con la detención de Leónidas Iza, se generalizó la movilización y protesta social, la que fue respondida con represión y militarización, incluso antes que decreten, los múltiples Estados de Excepción, que ha expedido el Gobierno Nacional. Leónidas Iza, una vez libre, declaró que continuaba la movilización hasta que el Gobierno Nacional responda a los 10 puntos planteados por la CONAIE, FEINE, FENOCIN y otras organizaciones sociales. Adicionalmente, tanto el Jefe de los servicios de Inteligencia, Coronel Fausto Cobo, como el Ministro del Interior, General Patricio Carrillo, realizaron declaraciones, en el sentido que las movilizaciones estarían siendo financiadas por grupos políticos ligados al crimen transnacional y que buscaban la desestabilización, en clara alusión al “correísmo”; incluso el Consejero Gubernamental, Diego Ordóñez, y el Ministro de Relaciones Exteriores, volvieron al encuadre que la Prefectura de Pichincha estaría facilitando la maquinaria pesada de la institución para bloquear las vías, declaraciones que han sido rechazadas por Paola Pabón; al igual que la campaña mediática falsa, que difundieron los grandes medios de comunicación y plataformas “oficialistas”, sobre supuestos apoyos económicos, de dirigentes y autoridades del “correísmo” a la movilización, lo que hace temer un nuevo momento de persecución y represión de la lucha social, que se movilizó contra el neoliberalismo y la profunda crisis que vive el Ecuador. 2. Estados de Excepción: Maniobras y desconocimiento de Asamblea Nacional. El día viernes 17 de junio el Gobierno emitió el decreto 455 declarando el Estado de Excepción en tres provincias: Pichincha, Cotopaxi e Imbabura; en este decreto se prohibía la movilización y se limitaba el derecho de reunión y asociación; además, de forma inaudita se restringía los servicios de telecomunicaciones fija, móvil e internet; se autorizaba el uso de la fuerza letal para reprimir las movilizaciones y se permitía detenciones y allanamientos, sin orden de juez; si bien, las autoridades indicaron que este era un “borrador” de decreto, el mismo quedó firmado por el Presidente de la República y sin derogarlo, se envió otro decreto a la Corte Constitucional y Asamblea Nacional, también signado con el N.455, en el que ya no se incluía las restricciones a las telecomunicaciones, ni la autorización para uso de la fuerza letal; sin embargo, mantuvo la militarización en las tres provincias y la constitución de una Fuerza de Tarea Conjunta con las Fuerzas Armadas, para enfrentar la movilización; suspendió los derechos de libertad de asociación y reunión durante las 24 horas del día y se restringió la movilización de las personas, en el Distrito Metropolitano de Quito, a partir de las 22:00 horas hasta las 5:00 horas. También se dispuso las requisiciones necesarias para mantener el orden y seguridad interna; y, si bien se permitió el uso progresivo de la fuerza, no se autorizaba el uso de armas letales. En el decreto se conservaba la posibilidad de detenciones y allanamientos, sin que exista orden del juez; lo que permitió acciones como la ocupación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana (CCE), que goza de autonomía, con el pretexto de que ciudadanos ecuatorianos y venezolanos, estarían acumulando material bélico, según denuncia anónima que llegó a la Policía; también se incursionó en universidades y escuelas politécnicas, cuya autonomía está consagrada por la Constitución de la República. La verdad es que se buscó ocupar la Casa de la Cultura Ecuatoriana, lo que no había ocurrido desde la dictadura en las décadas del 60, del siglo pasado, debido a que el Ágora de la CCE y el Parque El Arbolito, aledaño a la Casa, han sido los sitios de concentración, desde los años 90, utilizados por la CONAIE y otras organizaciones indígenas, como sitios de encuentro de las movilizaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas; la arremetida contra las universidades, en cambio, tenía por objetivo impedir que funcionen como centros de paz y alojamiento de los miles de manifestantes indígenas que llegaron a Quito. Además, el Comandante de la Policía, señaló que usarían estas instalaciones para alojamiento de la policía que combata a manifestantes, en un claro acto fascista y de desprecio por la cultura. Si bien es cierto que el Presidente Guillermo Lasso, realizó algunos anuncios como la declaratoria del Estado de Emergencia a la Salud, la duplicación del presupuesto para educación indígena; subsidiar en 50% el precio de la úrea; condonación de créditos de hasta 3000 dólares con el BanEcuador; también reiteró su ofrecimiento de campaña, de créditos de hasta 5000 dólares a 1% de interés, a 30 años plazo; así mismo, se comprometió en no seguir con incrementos de la gasolina y no privatización de sectores estratégicos; sin embargo, la movilización continuó, por la poca credibilidad que tiene el Presidente Lasso y debido a que no existían instrumentos legales que puedan efectivizar los anuncios presidenciales. El 20 de junio, por pedido de la Bancada de la Revolución Ciudadana y con la firma de 72 legisladores, el Presidente de la Asamblea Nacional convocó a Sesión del Pleno Legislativo, para analizar y conocer el Decreto 455 que fue enviado a la Asamblea Nacional y según lo dispone la Constitución, podría haberlo revocado, con 70 votos de los 137 asambleístas; sin embargo, en una clara maniobra política, el Presidente Guillermo Lasso, derogó el Decreto 455 que declaraba el Estado de Excepción y lo reemplazó por el 459, que, sin embargo, no pudo ser conocido por la Asamblea Nacional, puesto que debía esperar que esta sea notificada oficialmente, con el nuevo decreto, por parte del Presidente de la República. Hasta ese día la movilización alcanzaba al menos 10 provincias del Ecuador, pero a partir del mismo y por la falta de voluntad política para dialogar, se intensificaron las marchas de las delegaciones indígenas, recibidas con júbilo en los sectores populares, hasta la capital de la República, para exigir respuestas frente a los 10 puntos planteado por las organizaciones indígenas y campesinas. El lunes 20 en la noche, el Ecuador estallaba y cobraba fuerza la exigencia ya no solo de respuestas por parte del régimen sino la salida del Presidente Lasso. La vigencia del Estado de Excepción solo llevó a que se profundice la represión y la violencia con la que ha actuado la fuerza pública y aumente los abusos como los ocurridos en la Casa de la Cultura; ciudadanos que fueron arrojados por la Policía a una quebrada o el atentado con arma de fuego contra el dirigente indígena Leónidas Iza; así como una represión generalizada que ocasionó, hasta esta fecha, 6 muertos, 5 manifestantes y un sargento del ejército, centenares de heridos y personas mutiladas como producto del incremento de la violencia; adicionalmente, grupos cercanos al régimen, han propiciado contramarchas de apoyo al Gobierno e incluso han llamado a armarse contra los manifestantes indígenas. 3. Propuesta de Muerte Cruzada y anticipo de elecciones. El viernes 24 de junio, luego de uno de los días de mayor represión, la Bancada de la Revolución Ciudadana, presentó oficialmente al Presidente de la Asamblea Nacional, la solicitud de destitución del Presidente de la República, por grave crisis política y conmoción interna, con base en lo establecido en el artículo 130.2 de la Constitución de la República; lo que de haber sido aprobado, habría significado también la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria, en un máximo de 7 días, a elecciones anticipadas que deberían realizarse en máximo 90 días; mientras tanto, asumía el vicepresidente Alfredo Borrero. Este mecanismo, que también puede activarse desde el Presidente de la República (Art. 148), por ello se conoce como “Muerte Cruzada”, le da la potestad para disolver la Asamblea, aunque en ese caso, se mantiene en funciones hasta la realización de nuevas elecciones, fue diseñado en la Constitución de 2008, precisamente para momentos como los que atravesaba el Ecuador, de grave crisis política y conmoción interna y para evitar la dirimencia de las Fuerzas Armadas; fue concebida como un incentivo negativo de contención de las diferentes fuerzas, pero que, al mismo tiempo, permita una salida democrática a momentos de conmoción y no a través de “golpes parlamentarios”, por fuera de la Constitución, con los que los partidos políticos, aprovechaban de la lucha social para realizar recambio de las élites como ya sucedió en Ecuador en los años 1997, 2000 y 2005. Según lo dispuesto en el artículo 130 de la Constitución de la República y artículo 51 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), este mecanismo se activa con la solicitud de, al menos, una tercera parte de los integrantes de la Asamblea es decir, 46 de los 137 asambleístas, cual el Bloque de la Revolución Ciudadana, que tiene 47 legisladores podía hacerlo di rectamente, aunque para aprobar la “Muerte Cruzada” se necesita de las dos terceras par tes de la Asamblea Nacional (92 votos). Según la LOFL, una vez presentada la solicitud, el Presidente de la Asamblea, debía convocar, con al menos 24 horas de anticipación, tanto al Pleno de la Asamblea Nacional, como al Presidente de la República, para que haga sus respectivos descargos. El sábado 25 de junio fueron citados los Asambleístas y el Presidente de la República, que no concurrió personalmente, a pesar que la ley señala que lo debe hacer directamente, sino a través del Secretario Jurídico de la Presidencia y adicionalmente, volvió a derogar el Decreto 459, que establecía el Estado de Excepción, con lo que pretendía eliminar el argumento de que ya no existía conmoción interna, a pesar que la violencia se incrementaba, incluso con la aparición de dirigentes políticos cercanos al Presidente Lasso, que llamaban a armarse para atacar a los manifestantes. Presionado el Ejecutivo por el desenlace del debate parlamentario, en la tarde-noche del lunes 27 de junio, por vez primera se sentaron en una misma mesa autoridades del Gobierno Nacional, representados por el Ministro de Gobierno y los Presidentes de las tres organizaciones nacionales: CONAIE, FEINE Y FENOCIN, acompañados de los dirigentes de sus principales federaciones; en esta reunión se oficializó algunas conquistas, como la rebaja de 0,10 centavos en el precio del galón de Diesel y gasolina; subsidio al precio de la úrea; compromiso de derogatoria del decreto 95, relacionado con la política hidrocarburífera y compromisos de reformas al decreto 151, referido al plan de Acción Minero, con el que el Ejecutivo se obligaba a no permitir actividades extractivas en áreas protegidas y territorios ancestrales, zonas intangibles; áreas de protección hídrica; también se comprometía el régimen a mantener el Estado de Emergencia en el sector salud para atender la crítica situación del sistema hospitalario; sin embargo, las organizaciones indígenas demandaron una mayor rebaja en los precios de combustibles y además, tiempo para la consulta a las bases. El proceso de diálogo debía reanudarse el 28 de junio, pero nunca llegaron los representantes del Gobierno, desconociendo a Leónidas Iza, debido a un enfrentamiento, aún no aclarado, entre comuneros y miembros de la fuerza pública en la que perdió la vida un sargento del ejército; el presidente rompía el diálogo y al mismo tiempo, llamaba “golpistas y mafias políticas” a los sectores que esa tarde debían debatir y votar la propuesta de destitución presidencial. Se cerraban las vías institucionales y los canales de negociación. El debate en la Asamblea Nacional se desarrolló sábado 25, domingo 26 de junio y se prolongó hasta el martes 28, en que finalmente se votó, alcanzando la propuesta de destitución 80 votos, por ende, no se aprobó la destitución del Presidente de la República, que habría llevado a elecciones anticipadas, cerrándose de esta forma, una salida democrática y la posibilidad de conformación de un nuevo gobierno y la reconfiguración de la Asamblea Nacional, con legitimidad suficiente para enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. 4. ¡Qué viva la lucha! El 28 de junio, el Gobierno Nacional, rompió el diálogo y simultáneamente logró los votos del Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y un grupo de independientes para evitar su destitución y la convocatoria a elecciones anticipadas; el escenario parecía conducir al camino del terror, incluso se habló de que en esa misma noche se detendría a Leónidas Iza y otros dirigentes del movimiento indígena-campesino; sin embargo, los dirigentes, profundizaron la convocatoria a la movilización de las bases y la exigencia del reconocimiento de Leónidas Iza, como presidente de la CONAIE, para avanzar en los diálogos y llegar a una solución. A pesar de haber mantenido la movilización durante 17 días, centenares de indígenas y campesinos, sectores de la transportación, estudiantes y pobladores, encendieron nuevamente las calles y carreteras, ante lo cual el Gobierno decretó un nuevo Estado de Excepción, en 4 provincias y declaró que aceptaba volver a la mesa de diálogo, esta vez con la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, ya que des conoció el proceso que llevó adelante el Presiden te de la Asamblea Nacional, por cuanto este votó a favor de la moción de destitución del Presidente de la República. El viernes 30 de junio, después de seis horas de deliberación, se concretó el acuerdo con el que se levantó el Paro Nacional y por su parte el Gobierno se comprometió a levantar el Estado de Excepción. Entre los principales acuerdos logrados constaban el Decreto 452, para que todos los gobernadores del país intensifiquen los operativos de control para prevenir y erradicar los procesos especulativos; la declaratoria de emergencia del sector salud (Decreto 454); así como el establecimiento de políticas públicas compensatorias para el área rural y urbana, que deberán concretarse a través de mesas técnicas que funcionarán durante 90 días; adicionalmente, se rebaja 0,15 centavos en los precios del galón de Diesel y de la gasolina extra, con lo que se verá beneficiada el conjunto de la sociedad. Adicionalmente, la CONAIE logra la derogatoria del Decreto N. 95 en materia de hidrocarburos y se reforma el decreto 151, que contiene el Plan de Acción Minero, que no solo era demandado por organizaciones indígenas, sino por ambientalistas y un amplio sector de la sociedad, para poner límites a la extracción minera, en áreas consideradas sensibles. Se prevé establecer una mesa de diálogo para la resolución de los temas pendientes con una duración de 90 días y en la que deberán participar los diferentes poderes del Estado. Los presidentes de la CONAIE, FEINE Y FE NOCIN acordaron el cese de las movilizaciones y el retorno paulatino a los territorios. El Gobierno Nacional se comprometió derogar el estado de excepción vigente, según se establezca la paz en las diferentes provincias del país. Un elemento adicional, que merece ser resaltado, es que antes de la firma, Leónidas Iza y los presidentes de las otras organizaciones, votaron en presencia del Ministro de Gobierno Francisco Jiménez y los prelados de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, el acuerdo alcanzado y el compromiso de paz con el Gobierno; mientras el Presidente de la CONAIE, señalaba que en el tema de la judicialización van a dejar a la buena fe del gobierno, puesto que respetan y reconocen la independencia de funciones. Notas: *Parlamentario Andino, Ex-Asambleísta Constituyente 2007-2008. Ex- Asambleísta Nacional 2009-2017. Parlamentario Andino 2021-2025 Fuente: Punto de Vista.