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Escrito por Eduardo Garzón.
Todo el mundo conoce las típicas recetas que se están recomendando desde los altos círculos de poder para reducir el déficit fiscal de los Estados, en especial los de la periferia europea. Lo que nos vienen a decir es que como el déficit fiscal expresa que la administración pública en cuestión tiene más gastos que ingresos, para reducir o incluso revertir este diferencial lo que hay que hacer es disminuir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas a la vez.
Sin embargo, los datos (1) demuestran que realizar recortes en el gasto público y aumentar los impuestos no tiene por qué disminuir el déficit fiscal. Es más, pueden incluso hacer que aumente.
En España ya llevamos tres años de recortes y aumentos de impuestos orientados a disminuir el déficit, tras la primera embestida del gobierno de Zapatero en mayo de 2010. Para entonces, el déficit fiscal había alcanzado el 11,2% sobre el PIB. A finales de 2010, y a pesar de los duros recortes, el déficit sólo se redujo hasta la cota del 9,7%. Tras nuevos y agresivos recortes, un año más tarde únicamente se había reducido en 3 décimas hasta presentar un 9,4%. Por último, a final del año 2012, y después de importantes aumentos de impuestos y disminuciones de gastos, el déficit no sólo no había menguado sino que se había incrementado hasta alcanzar el 10,6%. En el caso español la evidencia empírica demuestra que los recortes no han logrado reducir eficazmente el déficit.
Vamos a ver por qué ocurre esto que parece tan contraintuitivo.
En todas las recesiones económicas siempre ocurre lo mismo: las malas expectativas provocan que las empresas se muestren reacias a invertir y que las familias moderen su consumo dando prioridad al ahorro de forma que puedan estar preparadas por si las cosas se ponen peor. Estos dos efectos son nefastos para la actividad económica de un sistema capitalista. Por un lado, si las empresas evitan invertir, no contratarán nuevos trabajadores ni comprarán a otras empresas tanta cantidad de lo que necesitan para su actividad. Esto tiene como resultado una merma en los beneficios empresariales y en la actividad económica, que se irá trasladando de empresa en empresa y de sector en sector. En el caso de las entidades de crédito (y especialmente en las crisis desencadenadas por shocks financieros) dejan de conceder tantos préstamos a familias y empresas, lo que incide negativamente en la actividad de estas empresas y en la capacidad de compra de las familias. Por otro lado, el miedo que tienen las familias a que el futuro pueda ser peor hace que la mayor parte de ellas sólo consuman lo necesario y que prefieran ahorrar más que en épocas de auge económico. Esto inevitablemente reduce el consumo total de las familias, disminuyendo a su vez las ventas que necesitan materializar las empresas para poder seguir realizando su actividad. Como resultado, las empresas obtienen menos ingresos y muchas de ellas entran en dificultades. La respuesta será invertir todavía menos, hasta llegar al punto de desinvertir (despidiendo a trabajadores y/o cerrando sectores de actividad), lo que inevitablemente empeorará la economía en general. Y de esta forma se entra en un círculo vicioso que provoca enormes costes económicos en términos de cierres de empresas y de trabajadores despedidos.
Debido a ello, el sector público deja de recibir tantos ingresos como recibía durante la época del auge económico. Esto es así porque el sector público recauda dinero a través de impuestos que dependen de la actividad económica. A mayor actividad económica, mayores impuestos pagarán las empresas, los trabajadores, los consumidores y los propietarios del capital financiero. Y al contrario: a menor actividad económica, menores ingresos tendrá el sector público. Y esto último es precisamente lo que ocurre durante las crisis y recesiones.
Por otro lado, los gastos del sector público aumentan durante las recesiones. Esto es así fundamentalmente porque hay más desempleados que necesitan cobrar la prestación por desempleo. Además, en la situación actual hay que sumarle los gastos en los que incurre el Estado para rescatar y ayudar a las entidades financieras.
El efecto conjunto de ambos fenómenos es una disminución de los ingresos públicos y un aumento del gasto público, y por lo tanto un aumento del déficit fiscal. Es por ello que durante las recesiones económicas las cuentas públicas sufren mucho y arrojan importantes déficits fiscales.
Pero lo que provoca el déficit fiscal en el sector público es precisamente la mala situación y evolución de la actividad económica. Que el Estado gaste mucho e ingrese poco es fundamentalmente el resultado de la mala coyuntura económica. Por lo tanto, el problema no es tanto que el Estado gaste mucho o ingrese poco (y por lo tanto ver qué gasto se puede reducir o qué impuesto aumentar); el problema reside en que la economía está enferma. Si la actividad económica se recuperase, también lo harían las cuentas públicas de las administraciones. La respuesta adecuada para disminuir el déficit consiste en reactivar la economía, y no en realizar recortes de gasto público o aumentos de ingresos, porque precisamente lo que ello consigue es deteriorar aún más la economía.
Cuando la economía está inmersa en un ciclo recesivo como el que hemos descrito, donde las empresas no invierten sino que desinvierten, donde las entidades de crédito no prestan dinero y donde las familias tienen miedo de gastar mucho y por eso ahorran, las medidas de austeridad llevadas a cabo por el sector público no hacen sino empeorar la situación. Los recortes de gasto público, consistentes en su mayoría en reducir el personal de la administración o reducir sus sueldos, en anular ayudas a las familias, en reducir el gasto en sanidad, en pensiones, en educación, en prestaciones por desempleo, etc, no hace sino reducir la capacidad adquisitiva de las familias. Al tener menos dinero en sus bolsillos, las familias consumen menos, las empresas venden menos, la actividad económica se deteriora, y el sector público recauda menos. Lo que pueda ganar el sector público reduciendo este tipo de gasto público lo pierde luego porque necesita gastar más para dar prestaciones por desempleo y otras ayudas debido al mayor número de desempleados y de familias y empresas en problemas. Los datos (2) no dejan lugar a dudas al respecto:
En el gráfico se puede observar claramente lo que veníamos comentando: el aumento del gasto público se debe a la crisis económica que comienza a notarse en 2008; y que los importantes recortes en determinadas partidas presupuestarias no han conseguido hacer que el nivel de gasto público disminuya (en el último año este nivel incluso ha aumentado).
Por su parte, los impuestos que se están aumentando son precisamente los que más afectan a los trabajadores y familias de menos recursos (IVA, las rentas derivadas del trabajo, los impuestos del tabaco y de hidrocarburos, las tasas universitarias, los servicios médicos…) y ello no hace sino, de nuevo, reducir la capacidad adquisitiva de las familias. El proceso se vuelve a repetir, teniendo como consecuencia que lo que el Estado gana aumentando impuestos lo pierde luego con la reducción de ingresos derivados de otros impuestos. Además, aumentar este tipo de impuestos también fomenta el fraude fiscal, si no ahoga directamente a algunas familias que no podrán soportar el aumento de impuestos. El efecto es el mismo: los ingresos fiscales no aumentan o no lo hacen mucho. Los datos (3) no dejan lugar a dudas al respecto:
En el gráfico se puede observar claramente lo que veníamos comentando: la caída de ingresos se debe a la crisis económica que comienza a notarse en 2008; y que los importantes aumentos de impuestos no han conseguido hacer que los ingresos recuperen la cuantía que presentaban antes de la crisis.
En resumidas cuentas, aumentar los impuestos y recortar en gasto público son fenómenos perjudiciales para la actividad económica (sobre todo porque los gobiernos suelen aumentar los ingresos más regresivos, los que afectan a las capas más indefensas), ya que reducen la capacidad adquisitiva de los agentes económicos, tanto de pequeñas y medianas empresas como de las familias. El resultado es que la gente consume menos y las empresas invierten menos, lo que afecta negativamente a la economía. Con una actividad económica deteriorada, se producen menos transacciones y las administraciones públicas recaudan menos. Si el sector público recauda menos, el déficit no disminuye, porque lo que se gana reduciendo el gasto público se pierde con los menores ingresos. Es decir, reducir gastos y aumentar impuestos no tiene por qué reducir el déficit. De hecho, puede incluso aumentarlo, en cuyo caso estaríamos presenciando un círculo vicioso bastante preocupante.
En España el problema de la pérdida de poder adquisitivo es muy destacable. Esto no solo empobrece a los ciudadanos, sino también a las empresas porque no encuentran los clientes suficientes para seguir manteniendo su actividad. Así lo recoge un informe reciente del Banco Central Europeo (4), en cuyas páginas podemos observar que el principal problema de las pequeñas y medianas empresas españolas es la falta de clientes. Y en ello tienen mucha culpa los ajustes aplicados para reducir los niveles de déficit.
El caso fallido de recortar y aumentar impuestos para reducir el déficit no es exclusivamente atribuible al Estado español. Vamos más allá y echémosle un vistazo a los datos del país que ha sufrido los recortes más salvajes y colosales de todos: Grecia. En 2009 presentaba un déficit mastodóntico del 15,6% sobre el PIB. Tras cuatro años de duros recortes y aumentos de impuestos, el nivel es del 10%. Parecería que en cierto modo el ajuste fiscal ha tenido éxito si no fuera porque esa reducción la lograron en el año 2010, y desde entonces el saldo fiscal no se ha inmutado (incluso aumentó desde 2011 a 2012) –y todo ello sin mencionar el fracaso que supone no haberlo disminuido por debajo de la elevadísima cifra del 10%.
En el caso de Portugal, extraemos conclusiones similares. El gobierno portugués redujo el déficit en 5,4 puntos porcentuales desde 2010 a 2011, pero en 2012 el saldo ha vuelto a aumentar en 2 puntos, a pesar de haber incrementado la presión del ajuste fiscal en este último año.
Así las cosas, comprobamos claramente cómo las recetas de austeridad no sirven para reducir eficazmente el déficit fiscal. Y también sabemos que la forma para reducir el déficit fiscal pasa por reactivar la actividad económica; lograr que la economía deje de estar enferma. ¿Y cómo lograrlo si las malas expectativas, el miedo, los problemas económicos y la poca capacidad adquisitiva mantienen a las familias alejadas del consumo, a las empresas productivas alejadas de la inversión y a las empresas financieras alejadas de facilitar el crédito? La única respuesta la encontramos en el sector público. Recordemos que el sector privado está compuesto por una amalgama heterogénea de agentes económicos cuyas decisiones no están directamente relacionadas entre sí. En el sector privado prima la descentralización de las decisiones; lo que quiere decir que la coordinación de los agentes se muestra muy complicada. Y si las malas expectativas se generalizan, ningún agente se lanzará a realizar operaciones arriesgadas (especialmente las de inversión productiva), por muy beneficiosas que puedan ser a nivel general. Cada uno se mira su propio ombligo y se queda inactivo esperando a que las cosas mejoren para invertir o consumir. Y la acción que se requiere para reactivar la economía debe ser potente y atrevida. Por lo que si el sector privado no puede llevarla a cabo, la tendrá que llevar a cabo el sector público.
Esto podría resultar paradójico, porque este tipo de acciones de la mano del sector público aumentarían la cuantía total del gasto público, que es precisamente lo que se busca reducir. Pero es que aquí hay que tener en cuenta dos cosas: la primera, que es necesario distinguir el corto plazo del medio plazo. El déficit podría aumentar en un primer momento, pero si ello fuera debido a un programa de políticas públicas encaminadas a reactivar la economía (inversiones públicas, ayudas para aumentar la capacidad adquisitiva de las familias menos adineradas, etc), el déficit disminuiría con el tiempo porque la mejoría de la economía aumentaría los ingresos fiscales y reduciría los gastos fiscales. La segunda, que en el caso español, y también en el resto de países de la periferia europea, el total de los ingresos fiscales es muy reducido (tal y como podemos ver en otro post del argumentario). Y esto se debe a las ineficaces e injustas estructuras de estos sistemas impositivos, por lo que lo cierto es que existe margen para aumentar los ingresos fiscales sin deteriorar la actividad económica (combatiendo el fraude fiscal a las grandes fortunas y grandes empresas, y aumentando los impuestos a las rentas de capital y a las grandes empresas).
Notas:
(1) Datos extraídos de la base de datos de Eurostat. Disponible enhttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1&lang=en
(2) Ibíd.
(3) Ibíd.
(4) “Encuesta del BCE sobre el acceso de las pymes a la financiación. Análisis de resultados y evolución reciente”. Disponible enhttp://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/12/Abr/Fich/art2.pdf. Datos más recientes en el nuevo informe de abril de 2013 “Survey on the Access to finance of small and médium-sized enterprises in the Euro Area”. Disponible enhttp://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.pdf?3b7bc41a75f26b1f4ba492a29b9e7670
Escrito por Eduardo Garzón.
Todo el mundo conoce las típicas recetas que se están recomendando desde los altos círculos de poder para reducir el déficit fiscal de los Estados, en especial los de la periferia europea. Lo que nos vienen a decir es que como el déficit fiscal expresa que la administración pública en cuestión tiene más gastos que ingresos, para reducir o incluso revertir este diferencial lo que hay que hacer es disminuir los gastos, aumentar los ingresos, o ambas cosas a la vez.
Sin embargo, los datos (1) demuestran que realizar recortes en el gasto público y aumentar los impuestos no tiene por qué disminuir el déficit fiscal. Es más, pueden incluso hacer que aumente.
En España ya llevamos tres años de recortes y aumentos de impuestos orientados a disminuir el déficit, tras la primera embestida del gobierno de Zapatero en mayo de 2010. Para entonces, el déficit fiscal había alcanzado el 11,2% sobre el PIB. A finales de 2010, y a pesar de los duros recortes, el déficit sólo se redujo hasta la cota del 9,7%. Tras nuevos y agresivos recortes, un año más tarde únicamente se había reducido en 3 décimas hasta presentar un 9,4%. Por último, a final del año 2012, y después de importantes aumentos de impuestos y disminuciones de gastos, el déficit no sólo no había menguado sino que se había incrementado hasta alcanzar el 10,6%. En el caso español la evidencia empírica demuestra que los recortes no han logrado reducir eficazmente el déficit.
Vamos a ver por qué ocurre esto que parece tan contraintuitivo.
En todas las recesiones económicas siempre ocurre lo mismo: las malas expectativas provocan que las empresas se muestren reacias a invertir y que las familias moderen su consumo dando prioridad al ahorro de forma que puedan estar preparadas por si las cosas se ponen peor. Estos dos efectos son nefastos para la actividad económica de un sistema capitalista. Por un lado, si las empresas evitan invertir, no contratarán nuevos trabajadores ni comprarán a otras empresas tanta cantidad de lo que necesitan para su actividad. Esto tiene como resultado una merma en los beneficios empresariales y en la actividad económica, que se irá trasladando de empresa en empresa y de sector en sector. En el caso de las entidades de crédito (y especialmente en las crisis desencadenadas por shocks financieros) dejan de conceder tantos préstamos a familias y empresas, lo que incide negativamente en la actividad de estas empresas y en la capacidad de compra de las familias. Por otro lado, el miedo que tienen las familias a que el futuro pueda ser peor hace que la mayor parte de ellas sólo consuman lo necesario y que prefieran ahorrar más que en épocas de auge económico. Esto inevitablemente reduce el consumo total de las familias, disminuyendo a su vez las ventas que necesitan materializar las empresas para poder seguir realizando su actividad. Como resultado, las empresas obtienen menos ingresos y muchas de ellas entran en dificultades. La respuesta será invertir todavía menos, hasta llegar al punto de desinvertir (despidiendo a trabajadores y/o cerrando sectores de actividad), lo que inevitablemente empeorará la economía en general. Y de esta forma se entra en un círculo vicioso que provoca enormes costes económicos en términos de cierres de empresas y de trabajadores despedidos.
Debido a ello, el sector público deja de recibir tantos ingresos como recibía durante la época del auge económico. Esto es así porque el sector público recauda dinero a través de impuestos que dependen de la actividad económica. A mayor actividad económica, mayores impuestos pagarán las empresas, los trabajadores, los consumidores y los propietarios del capital financiero. Y al contrario: a menor actividad económica, menores ingresos tendrá el sector público. Y esto último es precisamente lo que ocurre durante las crisis y recesiones.
Por otro lado, los gastos del sector público aumentan durante las recesiones. Esto es así fundamentalmente porque hay más desempleados que necesitan cobrar la prestación por desempleo. Además, en la situación actual hay que sumarle los gastos en los que incurre el Estado para rescatar y ayudar a las entidades financieras.
El efecto conjunto de ambos fenómenos es una disminución de los ingresos públicos y un aumento del gasto público, y por lo tanto un aumento del déficit fiscal. Es por ello que durante las recesiones económicas las cuentas públicas sufren mucho y arrojan importantes déficits fiscales.
Pero lo que provoca el déficit fiscal en el sector público es precisamente la mala situación y evolución de la actividad económica. Que el Estado gaste mucho e ingrese poco es fundamentalmente el resultado de la mala coyuntura económica. Por lo tanto, el problema no es tanto que el Estado gaste mucho o ingrese poco (y por lo tanto ver qué gasto se puede reducir o qué impuesto aumentar); el problema reside en que la economía está enferma. Si la actividad económica se recuperase, también lo harían las cuentas públicas de las administraciones. La respuesta adecuada para disminuir el déficit consiste en reactivar la economía, y no en realizar recortes de gasto público o aumentos de ingresos, porque precisamente lo que ello consigue es deteriorar aún más la economía.
Cuando la economía está inmersa en un ciclo recesivo como el que hemos descrito, donde las empresas no invierten sino que desinvierten, donde las entidades de crédito no prestan dinero y donde las familias tienen miedo de gastar mucho y por eso ahorran, las medidas de austeridad llevadas a cabo por el sector público no hacen sino empeorar la situación. Los recortes de gasto público, consistentes en su mayoría en reducir el personal de la administración o reducir sus sueldos, en anular ayudas a las familias, en reducir el gasto en sanidad, en pensiones, en educación, en prestaciones por desempleo, etc, no hace sino reducir la capacidad adquisitiva de las familias. Al tener menos dinero en sus bolsillos, las familias consumen menos, las empresas venden menos, la actividad económica se deteriora, y el sector público recauda menos. Lo que pueda ganar el sector público reduciendo este tipo de gasto público lo pierde luego porque necesita gastar más para dar prestaciones por desempleo y otras ayudas debido al mayor número de desempleados y de familias y empresas en problemas. Los datos (2) no dejan lugar a dudas al respecto:
En el gráfico se puede observar claramente lo que veníamos comentando: el aumento del gasto público se debe a la crisis económica que comienza a notarse en 2008; y que los importantes recortes en determinadas partidas presupuestarias no han conseguido hacer que el nivel de gasto público disminuya (en el último año este nivel incluso ha aumentado).
Por su parte, los impuestos que se están aumentando son precisamente los que más afectan a los trabajadores y familias de menos recursos (IVA, las rentas derivadas del trabajo, los impuestos del tabaco y de hidrocarburos, las tasas universitarias, los servicios médicos…) y ello no hace sino, de nuevo, reducir la capacidad adquisitiva de las familias. El proceso se vuelve a repetir, teniendo como consecuencia que lo que el Estado gana aumentando impuestos lo pierde luego con la reducción de ingresos derivados de otros impuestos. Además, aumentar este tipo de impuestos también fomenta el fraude fiscal, si no ahoga directamente a algunas familias que no podrán soportar el aumento de impuestos. El efecto es el mismo: los ingresos fiscales no aumentan o no lo hacen mucho. Los datos (3) no dejan lugar a dudas al respecto:
En el gráfico se puede observar claramente lo que veníamos comentando: la caída de ingresos se debe a la crisis económica que comienza a notarse en 2008; y que los importantes aumentos de impuestos no han conseguido hacer que los ingresos recuperen la cuantía que presentaban antes de la crisis.
En resumidas cuentas, aumentar los impuestos y recortar en gasto público son fenómenos perjudiciales para la actividad económica (sobre todo porque los gobiernos suelen aumentar los ingresos más regresivos, los que afectan a las capas más indefensas), ya que reducen la capacidad adquisitiva de los agentes económicos, tanto de pequeñas y medianas empresas como de las familias. El resultado es que la gente consume menos y las empresas invierten menos, lo que afecta negativamente a la economía. Con una actividad económica deteriorada, se producen menos transacciones y las administraciones públicas recaudan menos. Si el sector público recauda menos, el déficit no disminuye, porque lo que se gana reduciendo el gasto público se pierde con los menores ingresos. Es decir, reducir gastos y aumentar impuestos no tiene por qué reducir el déficit. De hecho, puede incluso aumentarlo, en cuyo caso estaríamos presenciando un círculo vicioso bastante preocupante.
En España el problema de la pérdida de poder adquisitivo es muy destacable. Esto no solo empobrece a los ciudadanos, sino también a las empresas porque no encuentran los clientes suficientes para seguir manteniendo su actividad. Así lo recoge un informe reciente del Banco Central Europeo (4), en cuyas páginas podemos observar que el principal problema de las pequeñas y medianas empresas españolas es la falta de clientes. Y en ello tienen mucha culpa los ajustes aplicados para reducir los niveles de déficit.
El caso fallido de recortar y aumentar impuestos para reducir el déficit no es exclusivamente atribuible al Estado español. Vamos más allá y echémosle un vistazo a los datos del país que ha sufrido los recortes más salvajes y colosales de todos: Grecia. En 2009 presentaba un déficit mastodóntico del 15,6% sobre el PIB. Tras cuatro años de duros recortes y aumentos de impuestos, el nivel es del 10%. Parecería que en cierto modo el ajuste fiscal ha tenido éxito si no fuera porque esa reducción la lograron en el año 2010, y desde entonces el saldo fiscal no se ha inmutado (incluso aumentó desde 2011 a 2012) –y todo ello sin mencionar el fracaso que supone no haberlo disminuido por debajo de la elevadísima cifra del 10%.
En el caso de Portugal, extraemos conclusiones similares. El gobierno portugués redujo el déficit en 5,4 puntos porcentuales desde 2010 a 2011, pero en 2012 el saldo ha vuelto a aumentar en 2 puntos, a pesar de haber incrementado la presión del ajuste fiscal en este último año.
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Así las cosas, comprobamos claramente cómo las recetas de austeridad no sirven para reducir eficazmente el déficit fiscal. Y también sabemos que la forma para reducir el déficit fiscal pasa por reactivar la actividad económica; lograr que la economía deje de estar enferma. ¿Y cómo lograrlo si las malas expectativas, el miedo, los problemas económicos y la poca capacidad adquisitiva mantienen a las familias alejadas del consumo, a las empresas productivas alejadas de la inversión y a las empresas financieras alejadas de facilitar el crédito? La única respuesta la encontramos en el sector público. Recordemos que el sector privado está compuesto por una amalgama heterogénea de agentes económicos cuyas decisiones no están directamente relacionadas entre sí. En el sector privado prima la descentralización de las decisiones; lo que quiere decir que la coordinación de los agentes se muestra muy complicada. Y si las malas expectativas se generalizan, ningún agente se lanzará a realizar operaciones arriesgadas (especialmente las de inversión productiva), por muy beneficiosas que puedan ser a nivel general. Cada uno se mira su propio ombligo y se queda inactivo esperando a que las cosas mejoren para invertir o consumir. Y la acción que se requiere para reactivar la economía debe ser potente y atrevida. Por lo que si el sector privado no puede llevarla a cabo, la tendrá que llevar a cabo el sector público.
Esto podría resultar paradójico, porque este tipo de acciones de la mano del sector público aumentarían la cuantía total del gasto público, que es precisamente lo que se busca reducir. Pero es que aquí hay que tener en cuenta dos cosas: la primera, que es necesario distinguir el corto plazo del medio plazo. El déficit podría aumentar en un primer momento, pero si ello fuera debido a un programa de políticas públicas encaminadas a reactivar la economía (inversiones públicas, ayudas para aumentar la capacidad adquisitiva de las familias menos adineradas, etc), el déficit disminuiría con el tiempo porque la mejoría de la economía aumentaría los ingresos fiscales y reduciría los gastos fiscales. La segunda, que en el caso español, y también en el resto de países de la periferia europea, el total de los ingresos fiscales es muy reducido (tal y como podemos ver en otro post del argumentario). Y esto se debe a las ineficaces e injustas estructuras de estos sistemas impositivos, por lo que lo cierto es que existe margen para aumentar los ingresos fiscales sin deteriorar la actividad económica (combatiendo el fraude fiscal a las grandes fortunas y grandes empresas, y aumentando los impuestos a las rentas de capital y a las grandes empresas).
Notas:
(1) Datos extraídos de la base de datos de Eurostat. Disponible enhttp://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=gov_dd_edpt1&lang=en
(2) Ibíd.
(3) Ibíd.
(4) “Encuesta del BCE sobre el acceso de las pymes a la financiación. Análisis de resultados y evolución reciente”. Disponible enhttp://www.bde.es/f/webbde/SES/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/BoletinEconomico/12/Abr/Fich/art2.pdf. Datos más recientes en el nuevo informe de abril de 2013 “Survey on the Access to finance of small and médium-sized enterprises in the Euro Area”. Disponible enhttp://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.pdf?3b7bc41a75f26b1f4ba492a29b9e7670
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