¿Se imaginan a un individuo responsable de haber cometido múltiples y gravísimas actividades delictivas y que se hallase en libertad, a pesar de haber sido perfectamente identificado y localizado? ¿Se imaginan, además, que esa localización fuese un Estado aparentemente democrático, y que sus autoridades no hiciesen nada por detenerlo, sino más bien todo lo contrario?
Pues bien, ese individuo existe. Y no, no es Edward Snowden.
Se trata de Luis Clemente Faustino Posada Carriles , ciudadano de origen cubano acusado de innumerables acciones terroristas contra los intereses de Cuba y otros países latinoamericanos.
Entre otras actividades, es conocida su implicación -reconocida en documentos desclasificados por la CIA- en el atentado cometido en 1976 contra un vuelo de Cubana de Aviación, en el que murieron 73 personas. Así mismo, es recordada su participación en el adiestramiento de los terroristas centroamericanos condenados por la colocación de bombas en 1997 -con resultado de un turista italiano fallecido- en hoteles de una cadena española en la ciudad de La Habana.
Igualmente participó en el intento de asesinato del ex presidente cubano Fidel Castro durante la Cumbre Iberoamericana celebrada en el año 2000 en Panamá; delito por el que fue condenado a 8 años de prisión y convenientemente indultado por la entonces presidenta panameña Mireya Moscoso. Sin olvidarnos, por supuesto, de su intervención en el asesinato en 1976 de Orlando Letelier, ex-canciller chileno en el gobierno de Salvador Allende.
Posada Carriles adquirió sus conocimientos militares directamente del gobierno estadounidense -fue entrenado en los 60 en la base norteamericana de Fort Benning- y recibía financiación para sus actividades, como él mismo ha reconocido, a través de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA). Esta organización, formada por cubanos exiliados en los Estados Unidos y seguidores del ex-dictador Fulgencio Batista, recibe anualmente sustanciosas ayudas del gobierno norteamericano. En un artículo publicado en el Miami Herald en 1998, el propio Posada reconocía lo siguiente: « La CIA nos enseñó de todo. Nos enseñó sobre explosivos, asesinatos, bombas, sabotajes. Cuando los cubanos trabajaban para la CIA , se les llamaba patriotas».
Este individuo, que ya pasó algunos períodos en cárceles latinoamericanas -de las que ha llegado a protagonizar una fuga financiada por la FNCA, como sucedió en Venezuela en 1985-, fue detenido en EEUU por infringir las leyes migratorias -y no por su implicación en la muerte de cientos de personas-, y a los pocos meses era puesto en libertad -ya que, según palabras de la jueza encargada del caso, el terrorista Posada era « viejo, inválido y tenía fuertes vínculos con la comunidad ». A ctualmente pasa sus días en Miami, participando públicamente en las actividades organizadas por la oposición cubano-americana de Florida.
Resulta paradójico que el mismo gobierno que ampara a terroristas como Posada Carriles, que ha sido infructuosamente reclamado en innumerables ocasiones por los gobiernos de Cuba y Venezuela para responder por sus gravísimos crímenes, sea el mismo que persiga a Edward Snowden, ciudadano norteamericano que ha denunciado una de las mayores redes de espionaje jamás organizadas por un Estado.
Snowden, ex-trabajador de la Agencia de Seguridad Nacional de los EEUU –la NSA, es sus siglas en inglés- revelaba hace unas semanas al diario británico The Guardian la existencia de una orden ejecutiva que permitía a la NSA vigilar las comunicaciones de numerosos servidores norteamericanos y de otras nacionalidades. Días después el propio Snowden revelaba al semanario germano Der Spiegel que la citada agencia habría espiado también conversaciones de mandatarios de la Unión Europea y de Naciones Unidas.
Es este gobierno, el mismo que se niega a extraditar al terrorista Posada, el que persigue a ciudadanos como Edward Snowden o Julian Assange, el fundador de Wikileaks, y el que somete a torturas, como denuncian Amnistía Internacional y Human Rights Watch, a ciudadanos como Bradley Manning, el analista de inteligencia del Ejército estadounidense detenido por denunciar las barbaridades realizadas por su país en Iraq y Afganistán, y que en breve podría ser condenado a cadena perpetua por un tribunal militar estadounidense.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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