Más Europa neoliberal, más paro, más pobreza, más desprotección social
Los pasados 8 y 9 de
diciembre tuvo lugar en Bruselas un nuevo Consejo Europeo, en el que
participaron los presidentes de gobierno de los 27 estados de la Unión
Europea, así como las autoridades de la Unión. Mucho se ha hablado
de lo ocurrido en dicho Consejo. Sin embargo, en los medios de
comunicación se ha resaltado más la falta de acuerdo del gobierno de
Reino Unido que los contenidos reales de lo decidido en dicha cumbre.
Los gobiernos de la Unión Europea, con el “liderazgo” de Merkel y Sarkozy, se han enfrascado en la aplicación de las políticas de recorte más radicales. Las medidas que se han planteado en los últimos años se han venido justificando como las necesarias y dolorosas recetas para salir de la crisis.
Sin embargo, es evidente que las políticas antisociales que se están poniendo en marcha:
Es necesario un cambio radical de las políticas de los gobiernos de la Unión Europea. Pero las conclusiones del Consejo Europeo del 8 y 9 de diciembre son para echarse a temblar. En el mismo los gobiernos de la Unión Europea se ratifican en todo lo hecho hasta ahora, y se conjuran para dar una nueva vuelta de tuerca en la misma dirección. Es un empujón más hacia el precipicio de la descomposición social europea.
Los elementos más sustanciales de lo aprobado en dicha Cumbre están en la “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona del Euro”. En este documento los gobiernos se reafirman en la política aplicada y decidida en los últimos años. Y dicen que se basarán en lo decidido en los últimos 18 meses. Citan, por ejemplo, el Pacto por el Euro Plus, que no es sino la adopción de una serie de medidas para reducir los salarios, aumentar la flexibilidad laboral, recortar las pensiones y otras prestaciones sociales, e impulsar el recorte de las prestaciones sanitarias y el copago en las mismas.
El nuevo pacto presupuestario acordado supone que los gobiernos se comprometen a establecer una nueva norma presupuestaria, que obligue al equilibrio o al superávit presupuestario (el déficit estructural no podrá superar el 0,5% del PIB, frente al ya restrictivo 3% del Tratado de la Unión). Esta nueva norma incorporará, además, mecanismos de corrección automáticos, que se activarán si se supera dicho nivel de déficit.
Llama la atención que los gobiernos hayan decidido permitir que se les intervenga. Han decidido que sea la Comisión Europea la que decida los principios del mecanismo de corrección, que la Comisión y el Consejo acepten (o no) y supervisen los programas de ajuste y los plantes presupuestarios de los gobiernos que estén siendo objeto de un procedimiento por déficit excesivo (en la actualidad la práctica totalidad de los de la Unión Europea). También han acordado que la reducción del déficit público se hará en cada estado siguiendo el calendario propuesto por la Comisión. La Comisión impondrá a los gobiernos sanciones económicas y las medidas que esto gobiernos han de adoptar, salvo que una mayoría cualificada de estados miembros se opongan a ello.
De este modo los estados ceden soberanía y dan poder de control a la Comisión y al Consejo, pero con un claro objetivo: aplicar la disciplina presupuestaria y justificar los recortes presupuestarios y de derechos laborales y sociales en base a una supuesta obligación europea. Es necesario resaltar la responsabilidad política de los gobiernos en este tema. No se trata de un modelo aséptico. Es un modelo que trata de alejar la responsabilidad de los espacios en los que la sociedad está organizada, para evitar la respuesta social.
Respecto al Mecanismo Europeo de Financiación (por el que se quieren destinar 500.000 millones de euros para “rescatar” gobiernos) hay que destacar que los gobiernos han aprovechado para, respecto a la participación del sector privado (es decir, el impago de la deuda pública a entidades financieras privadas), señalar que se adhieren “firmemente a las prácticas y principios consagrados del Fondo Monetario Internacional, lo que quedará reflejado sin ambigüedad…Reafirmamos con claridad que las decisiones adoptadas…sobre la deuda griega tienen un carácter único y excepcional; se incluirán cláusulas de actuación colectiva normalizadas” para que eso sea así. Es decir, se comprometen a impedir el impago de la deuda, que es una medida que en nuestra opinión debe aplicarse si se considera que dicha deuda es ilegítima, tras un proceso de auditoría pública con participación social.
En todo caso, la hipocresía de esta construcción europea se evidencia al contraponer la rapidez con la que el Banco Central Europeo ha decidido prestar 500.000 millones de euros a las entidades financieras al 1% (sin condicionar en absoluto su labor) con la lentitud con la que se está discutiendo dicho Mecanismo de Financiación, que lleva meses en debate, y con las condiciones que se ponen a los gobiernos para prestarles dinero. El colmo es que el Banco Central Europeo no presta a los gobiernos, pero presta a los bancos al 1%, para que éstos les presten a los gobiernos al 5 al 6 o al 7%. Es evidente al servicio de quienes están las instituciones europeas.
Los gobiernos de la Unión dan la espalda a las necesidades y a las luchas de los pueblos. Señalar, como lo hacen, que se congratulan de las medidas adoptadas por Italia, del compromiso del nuevo gobierno griego así como del positivo avance logrado por Irlanda y Portugal en aplicación de sus programas, es afirmar que están muy contentos con los nefastos efectos económicos, sociales y políticos de sus políticas. Es necesario movilizarse para cambiarlas, ya que la clase política dirigente europea nos lleva al empobrecimiento generalizado.
Idoia Intxaurbe y Mikel Noval son miembros del Gabinete de Estudios de ELA
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
Los gobiernos de la Unión Europea, con el “liderazgo” de Merkel y Sarkozy, se han enfrascado en la aplicación de las políticas de recorte más radicales. Las medidas que se han planteado en los últimos años se han venido justificando como las necesarias y dolorosas recetas para salir de la crisis.
Sin embargo, es evidente que las políticas antisociales que se están poniendo en marcha:
- Están agravando la crisis. La Unión Europea está entrando en una recesión. Esto ya nadie lo pone en duda. Es decir, el argumento de que así se sale de la crisis es falso.
- Están suponiendo un empobrecimiento generalizado de la mayoría de la población. Aumenta el paro; los trabajadores y trabajadoras pierden poder adquisitivo, se precariza su empleo de distintas formas; las pensiones se congelan o incluso se recortan; otras prestaciones sociales siguen por el mismo camino y se anuncian nuevos recortes; se plantea extender y ampliar el copago sanitario, como acaban de hacer en Portugal.
- Las políticas de privatización y subcontratación hacen que una minoría haga negocio con las necesidades de la gente.
- Están destruyendo países enteros. La situación de Grecia, Portugal, Irlanda es tremendamente grave. A estos hay que sumar lo ocurrido o lo que puede suceder en Italia o España. Pero no es una lucha entre países. En todas partes (Francia y Alemania incluidas) las clases populares están pagando las consecuencias de una política inmoral.
- Llevan a un descrédito absoluto de la clase política, que deja de ser representativa de la sociedad. Entre quienes tienen opción de gobernar no hay diferencias. La negativa de la existencia de alternativas lleva a una crisis política de gran calado.
Es necesario un cambio radical de las políticas de los gobiernos de la Unión Europea. Pero las conclusiones del Consejo Europeo del 8 y 9 de diciembre son para echarse a temblar. En el mismo los gobiernos de la Unión Europea se ratifican en todo lo hecho hasta ahora, y se conjuran para dar una nueva vuelta de tuerca en la misma dirección. Es un empujón más hacia el precipicio de la descomposición social europea.
Los elementos más sustanciales de lo aprobado en dicha Cumbre están en la “Declaración de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Zona del Euro”. En este documento los gobiernos se reafirman en la política aplicada y decidida en los últimos años. Y dicen que se basarán en lo decidido en los últimos 18 meses. Citan, por ejemplo, el Pacto por el Euro Plus, que no es sino la adopción de una serie de medidas para reducir los salarios, aumentar la flexibilidad laboral, recortar las pensiones y otras prestaciones sociales, e impulsar el recorte de las prestaciones sanitarias y el copago en las mismas.
El nuevo pacto presupuestario acordado supone que los gobiernos se comprometen a establecer una nueva norma presupuestaria, que obligue al equilibrio o al superávit presupuestario (el déficit estructural no podrá superar el 0,5% del PIB, frente al ya restrictivo 3% del Tratado de la Unión). Esta nueva norma incorporará, además, mecanismos de corrección automáticos, que se activarán si se supera dicho nivel de déficit.
Llama la atención que los gobiernos hayan decidido permitir que se les intervenga. Han decidido que sea la Comisión Europea la que decida los principios del mecanismo de corrección, que la Comisión y el Consejo acepten (o no) y supervisen los programas de ajuste y los plantes presupuestarios de los gobiernos que estén siendo objeto de un procedimiento por déficit excesivo (en la actualidad la práctica totalidad de los de la Unión Europea). También han acordado que la reducción del déficit público se hará en cada estado siguiendo el calendario propuesto por la Comisión. La Comisión impondrá a los gobiernos sanciones económicas y las medidas que esto gobiernos han de adoptar, salvo que una mayoría cualificada de estados miembros se opongan a ello.
De este modo los estados ceden soberanía y dan poder de control a la Comisión y al Consejo, pero con un claro objetivo: aplicar la disciplina presupuestaria y justificar los recortes presupuestarios y de derechos laborales y sociales en base a una supuesta obligación europea. Es necesario resaltar la responsabilidad política de los gobiernos en este tema. No se trata de un modelo aséptico. Es un modelo que trata de alejar la responsabilidad de los espacios en los que la sociedad está organizada, para evitar la respuesta social.
Respecto al Mecanismo Europeo de Financiación (por el que se quieren destinar 500.000 millones de euros para “rescatar” gobiernos) hay que destacar que los gobiernos han aprovechado para, respecto a la participación del sector privado (es decir, el impago de la deuda pública a entidades financieras privadas), señalar que se adhieren “firmemente a las prácticas y principios consagrados del Fondo Monetario Internacional, lo que quedará reflejado sin ambigüedad…Reafirmamos con claridad que las decisiones adoptadas…sobre la deuda griega tienen un carácter único y excepcional; se incluirán cláusulas de actuación colectiva normalizadas” para que eso sea así. Es decir, se comprometen a impedir el impago de la deuda, que es una medida que en nuestra opinión debe aplicarse si se considera que dicha deuda es ilegítima, tras un proceso de auditoría pública con participación social.
En todo caso, la hipocresía de esta construcción europea se evidencia al contraponer la rapidez con la que el Banco Central Europeo ha decidido prestar 500.000 millones de euros a las entidades financieras al 1% (sin condicionar en absoluto su labor) con la lentitud con la que se está discutiendo dicho Mecanismo de Financiación, que lleva meses en debate, y con las condiciones que se ponen a los gobiernos para prestarles dinero. El colmo es que el Banco Central Europeo no presta a los gobiernos, pero presta a los bancos al 1%, para que éstos les presten a los gobiernos al 5 al 6 o al 7%. Es evidente al servicio de quienes están las instituciones europeas.
Los gobiernos de la Unión dan la espalda a las necesidades y a las luchas de los pueblos. Señalar, como lo hacen, que se congratulan de las medidas adoptadas por Italia, del compromiso del nuevo gobierno griego así como del positivo avance logrado por Irlanda y Portugal en aplicación de sus programas, es afirmar que están muy contentos con los nefastos efectos económicos, sociales y políticos de sus políticas. Es necesario movilizarse para cambiarlas, ya que la clase política dirigente europea nos lleva al empobrecimiento generalizado.
Idoia Intxaurbe y Mikel Noval son miembros del Gabinete de Estudios de ELA
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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