Un estudio sobre los paraísos
fiscales(1) que publicó en semanas recientes el Tax Justice Network
-TJN- revela la gravedad de la fuga de capitales y de la evasión
tributaria, que alcanza dimensiones mucho mayores de lo que antes se
había estimado. Estos datos confirman, además, que constituye uno de los
problemas económicos más graves que enfrentan los países en desarrollo,
y por ende contribuye a agudizar la pobreza.
El estudio hace un estimado -que
considera conservador- de que para 2010, el monto de fondos de la
riqueza privada que se encuentra invertido en más de 80 jurisdicciones
offshore (extraterritoriales) -donde las cuentas se manejan bajo reserva
y prácticamente libre de impuestos-, fluctúa entre 21 y 32 billones de
dólares (o sea, millones de millones).
De este total, alrededor de un tercio,
esto es entre 7,3 y 9,3 billones de dólares, provendría de 139 países de
bajo o mediano ingreso. Es más, el 61% de este monto corresponde a un
grupo de solo 10 países, que incluye a Brasil, México, Venezuela y
Argentina. Se trata principalmente de rentas financieras acumuladas
desde los años '70 por las élites privadas de estos países, y que no se
han registrado en sus países de origen. Estas cifras abarcan solo los
activos financieros; no se ha calculado otro tipo de inversiones, por
ejemplo en oro, bienes raíces, yates, etc.
Al hacer un balance de activos y
pasivos, el estudio demuestra que gran parte de los países considerados
deudores en realidad serían prestamistas netos, si estos recursos no se
hubiesen sustraído de su sistema financiero. En efecto, los 139 países
mencionados, que incluyen a todas las principales economías en
desarrollo, "registraban una deuda externa bruta agregada de US$4,08
billones en 2010". Al restar las reservas en el exterior de estos
países, invertidas mayoritariamente en valores en el Primer Mundo, se
constata que "su deuda externa neta agregada suma una cifra negativa de
US$ 2,8 billones para 2010". De allí se concluye que, si a ello se suman
los recursos desviados al sistema offshore, estos países supuestamente
endeudados, "no tienen nada de deudores: son prestamistas netos, del
tenor de $10,1 a $13,1 billones".
El problema, sin embargo, es que "los
activos de estos países están en manos de un pequeño número de
individuos ricos mientras que las deudas recaen en la gente ordinaria de
estos países a través de sus gobiernos".
La pérdida en términos tributarios es
también enorme: teniendo en cuenta las ganancias no declaradas que han
generado estas inversiones offshore desde 1970, la pérdida en los
últimos 40 años podría alcanzar alrededor de US$ 3,7 billones, estima el
estudio.
El TJN -red internacional dedicada a la
justicia tributaria, con sede en el Reino Unido- desarrolló una
metodología nueva para hacer estos cálculos, que estima mucho más
verídica que los métodos que han utilizado tradicionalmente las
instituciones financieras internacionales. Por lo mismo, expresa una
fuerte crítica a estos organismos, pues, "han prestado una mínima
atención a este 'agujero negro' de la economía global", siendo que ellos
"tienen un acceso fácil no solo a los recursos analíticos, sino también
a muchos de los datos primarios que se requieren para cuantificar con
más precisión las dimensiones de este problema". Y pregunta: "¿Por qué
se hacen la vista gorda?"
La pérdida para los países en desarrollo
es aún mayor, si a ello le sumamos el hecho que la mayoría de acuerdos
de inversión extranjera -incluidos los TLCs- se acompañan de acuerdos de
doble imposición. Estos acuerdos generalmente prevén que los
inversionistas extranjeros puedan tributar en su país de origen, y no en
el país que les provee los recursos, mano de obra, servicios, etc. con
los cuales realizan sus ganancias. Muchas veces, mediante subterfugios
como la subfacturación de exportaciones o la sobrefacturación de
importaciones, estas empresas terminan sin pagar en ninguno de los dos
países: o sea, se produce una doble evasión, y estas rentas se desvían
hacia los paraísos fiscales.
Cambiar los esquemas de negociación
Una cosa es reconocer el problema pero
otro es lo que los países latinoamericanos puedan hacer para comenzar a
solucionarlo. En entrevista con ALAI, David Spencer, abogado
norteamericano especializado en legislación financiera y asesor de TJN,
opina que una mayor colaboración entre gobiernos de la región podría
mejorar su capacidad de negociación. Considera que UNASUR, por ejemplo,
podría intensificar esfuerzos en este sentido. A la vez, le llama la
atención la escasa colaboración que se da en el seno de grupos como el
G77, para abordar este tema ante las instancias correspondientes de la
ONU. Una de las soluciones que sugiere Spencer es insistir que los
centros financieros provean información a otros países sobre los activos
que sus residentes mantienen en su sistema financiero.
El abogado reconoce, sin embargo, que
existe una fuerte resistencia de las economías avanzadas para abordar el
tema con seriedad, pues ellas "se benefician enormemente de este flujo
de capitales hacia sus instituciones financieras: del City Bank en Nueva
York a City Bank Cayman Islands; o del Morgan Bank a Morgan Panamá, por
ejemplo. Estas instituciones financieras dependen fuertemente de los
depósitos de latinoamericanos ricos, y no quieren detener el flujo de
fondos"; hecho que se traduce en presiones sobre sus gobiernos para que
las cosas no cambien.
La OCDE (Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a las principales
economías desarrolladas) en principio ha expresado preocupación por esta
fuga de capitales; pero poco ha hecho para impedirla. Spencer reconoce
que la OCDE estableció una especie de "lista negra" de 40 países
considerados paraísos fiscales, pero puso como requisito para que un
país sea borrado de la lista, que firme al menos 12 acuerdos de
intercambio de información. Lo que hicieron estos paraísos fiscales fue
firmar acuerdos entre ellos, y así casi todos salieron de la lista, sin
que nada haya cambiado.
Spencer señala que una puerta de
negociación posible es el hecho que a EEUU, por ejemplo, también le
interesa obtener información tributaria sobre sus residentes con activos
en América Latina. Entonces esto hace posible establecer acuerdos de
intercambio de información fiscal. En cambio resulta mucho más complejo
hacerlo con los paraísos fiscales, donde no se aplican las mismas
reglas. Y de hecho, gran parte de los fondos regionales sustraídos se
encuentran en países como las Islas Caimán, Bermuda, Bahamas, las Islas
Vírgenes Británicas o Panamá.
Para TJN, la búsqueda de soluciones como
éstas a la fuga de capitales y la evasión fiscal debería constar entre
las primeras prioridades de las políticas mundiales de reducción de la
pobreza.
Por Sally Burch, para ALAI - Agencia Latinoamericana de Información
(1) James S. Henry, The Price of Off-shore Revisited, Tax Justice Network, Julio 2012.
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