La anulación de la deuda alemana en Londres en 1953

Eric Toussaint

Cadtm

Desde 2010, la mayor parte de los dirigentes políticos en los países más fuertes de la zona euro, apoyados por los medios dominantes, alaban los méritos de su supuesta generosidad con respecto al pueblo griego y a otros países fragilizados de la zona euro que están en la primera plana de la actualidad (Irlanda, Portugal, España…). En este contexto, los llamados «planes de rescate» originan medidas que continúan hundiendo cada vez más la economía de los países receptores y que propugnan retrocesos sociales inéditos durante los últimos 65 años en Europa. A esto se agrega la estafa del plan de reducción de la deuda griega adoptado en marzo de 2012, que implica una reducción de las acreencias debidas por Grecia a los bancos privados del orden del 50 % /1 mientras que estas mismas acreencias ya habían perdido entre el 65 y el 75 % de su valor en el mercado secundario. La reducción de las acreencias de los bancos privados está compensada por un aumento de las acreencias públicas en manos de la Troika y lleva a nuevas medidas de una brutalidad y de una injusticia fenomenal. Este acuerdo de reducción de la deuda tiene por fin encadenar definitivamente al pueblo griego a una austeridad permanente, pero también constituye un insulto y una amenaza para todos los pueblos de Europa y del mundo. Según los servicios de estudios del FMI, en 2013 la deuda pública griega representará el 164 % del Producto Interior Bruto, es decir que la reducción anunciada en marzo de 2012 no llevará a un alivio real y durable de la carga de la deuda que pesa sobre el pueblo griego. Dada esta situación, Alexis Tsipras, en una visita al Parlamento Europeo el 27 de septiembre de 2012, señaló la necesidad de una verdadera iniciativa de reducción de la deuda griega y se refirió a la anulación de una gran parte de la deuda alemana en el marco del acuerdo de Londres de febrero de 1953. Recordemos este acuerdo.
El acuerdo de Londres de 1953 sobre la deuda alemana
El radical alivio de la deuda de la República Federal Alemana (RFA) y su rápida reconstrucción después de la segunda guerra mundial fueron posibles gracias a la voluntad política de sus acreedores, es decir, Estados Unidos y sus principales aliados occidentales (Reino Unido y Francia) dentro del marco de la guerra fría. En octubre de 1950, estos tres aliados formularon un proyecto en el que el gobierno federal alemán reconocía la existencia de deudas de los períodos anterior y posterior a la guerra. Además agregaban una declaración que estipulaba que "los tres países están de acuerdo en que el plan prevea una liquidación adecuada para Alemania de las exigencias, cuyo efecto final no debe desequilibrar la situación financiera de la economía alemana por repercusiones indeseables ni afectar excesivamente las reservas potenciales de divisas. Los tres países están convencidos de que el gobierno federal alemán comparte su posición y que la restauración de la solvencia alemana irá acompañada de un reembolso adecuado de la deuda alemana que asegure a todos los participantes una negociación justa que tenga en cuenta los problemas económicos de Alemania". /2
La deuda reclamada a Alemania correspondiente al período anterior a la guerra se elevaba a 22.600 millones de marcos incluidos los intereses. La deuda de la posguerra se estimaba en 16.200 millones de marcos. Por un acuerdo alcanzado en Londres el 27 de febrero de 1953 /3, estos montos se redujeron a 7.500 millones y 7.000 millones de marcos, respectivamente. /4 Lo que representó una reducción del 62,6 %.
El acuerdo establecía la posibilidad de suspender los pagos y renegociar las condiciones de éstos si se presentaba un cambio substancial que limitara la disponibilidad de recursos. /5
Para garantizar que la economía de Alemania occidental realmente se relanzara y constituyera un elemento estable y central en el bloque atlántico frente al bloque del Este, los aliados acreedores hicieron grandes concesiones a las autoridades y empresas alemanas, que fueron mucho más allá de la reducción de la deuda. Se partía del principio de que Alemania debía estar en condiciones de reembolsar la deuda manteniendo un alto nivel de crecimiento y una mejora de las condiciones de vida de la población. Pagar sin empobrecerse. Con este fin, los acreedores acordaron:
1.- Que Alemania reembolsara en su moneda nacional, el deutshe mark, lo esencial de la parte que se le reclamada. En forma marginal, reembolsara en divisas fuertes (dólares, francos suizos, libras esterlinas…).
2.- Que al comienzo de los años cincuenta, mientras el país todavía tenía una balanza comercial negativa (el valor de las importaciones es mayor que el de las exportaciones), las potencias acreedoras aceptaban que Alemania redujera sus importaciones puesto que podía producir muchos bienes que antes importaba. Al permitir que Alemania sustituyera importaciones por bienes de producción propia, los acreedores aceptaban reducir sus exportaciones hacia este país. En el período 1950-1951, el 41 % de las importaciones alemanas provenían del Reino Unido, de Francia y de Estados Unidos. Si se suma a esta cifra la parte de las importaciones provenientes de otros países acreedores participantes de la conferencia (Bélgica, Países Bajos, Suecia y Suiza), la suma total llegaba hasta el 66 %.
3.- Que los acreedores autorizaban que Alemania vendiera sus productos en el extranjero, estimulando incluso sus exportaciones, con el fin de conseguir una balanza comercial positiva. Estos diferentes elementos estaban consignados en la declaración antes mencionada. "La capacidad de pago de Alemania, a sus deudores privados y públicos, no significa sólo la capacidad de efectuar los pagos regularmente en marcos alemanes sin consecuencias inflacionarias, sino también que la economía del país pueda cubrir sus deudas teniendo en cuenta su balanza de pagos actual.
El establecimiento de la capacidad de pago de Alemania requería hacer frente a ciertos problemas que eran: 1) la futura capacidad productiva con una consideración particular sobre la capacidad productiva de bienes exportables y la capacidad para la sustitución de importaciones; 2) la posibilidad de vender mercaderías alemanas en el exterior; 3) las probables condiciones de comercio en el futuro; 4) las medidas fiscales y económicas internas necesarias para asegurar un superávit para exportar. "/6
Además, en caso de litigio con los acreedores, en general, los tribunales alemanes eran competentes. Se dice, explícitamente, que, en ciertos casos, "los tribunales alemanes podrán rechazar la ejecución […] la decisión de un tribunal extranjero o de una instancia arbitral." Es el caso, cuando «la ejecución de la decisión sería contraria al orden público», (p.12 del Acuerdo de Londres).
Otro elemento muy importante: el servicio de la deuda se fijaba en función de la capacidad de pago de la economía alemana, teniendo en cuenta los adelantos en la reconstrucción del país y los ingresos por exportación. Así, la relación entre servicio de la deuda e ingresos por exportación no debía superar el 5 %. Esto quiere decir que Alemania occidental no debía dedicar más de una vigésima parte de sus ingresos por exportación al pago de su deuda. En la práctica, Alemania no destinó jamás más del 4,2 % de estos ingresos al pago de la deuda (cifra alcanzada en 1959).
Y otra medida excepcional fue la aplicación de una reducción drástica del tipo de interés, que osciló entre 0 % y 5 %.
Las potencias occidentales le brindaron a Alemania del Oeste una ofrenda de un enorme valor económico: el artículo 5 del acuerdo firmado en Londres postergaba el pago de las reparaciones y de las deudas de guerra -tanto de la primera como de la segunda guerra mundial- que la República Federal Alemana debía a los países ocupados, anexados o agredidos, así como a sus poblaciones.
Finalmente, hay que tener en cuenta las donaciones en dólares de Estados Unidos a Alemania occidental: 1.173, 7 millones de dólares en el marco del Plan Marshall, entre el 3 de abril de 1948 y el 30 de junio de 1952 (o sea, cerca de 10.000 millones de dólares actuales). A los cuales se agregaban, por lo menos, 200 millones de dólares (cerca de 2.000 millones de dólares actuales), entre 1954 y 1961, principalmente a través de la Agencia Internacional de Desarrollo de Estados Unidos (USAID).
Gracias a esas condiciones excepcionales, Alemania occidental se recuperó económicamente en forma muy rápida y terminó por absorber a Alemania del Este a comienzos de 1990. Y ahora, es por lejos, la economía más fuerte de Europa.
Alemania 1953/Grecia 2010-2012
Si nos arriesgamos a hacer una comparación entre el tratamiento al que es sometida Grecia y el que se le reservó a Alemania después de la segunda guerra mundial, las diferencias y la injusticia son asombrosas. Presentamos aquí una lista no exhaustiva en 11 puntos:
1.- Proporcionalmente, la reducción de la deuda concedida a Grecia en marzo de 2012 es infinitamente menor que la otorgada a Alemania.
2.- Las condiciones sociales y económicas que se incluyen en este plan (y en los precedentes) no favorecen en absoluto el relanzamiento de la economía griega mientras que los concedidos a Alemania contribuyeron ampliamente en el relanzamiento de su economía.
3.- A Grecia se le imponen privatizaciones a favor de los inversores extranjeros, principalmente, mientras que a Alemania se la alentaba a reforzar su control sobre los sectores económicos estratégicos, con un sector público en pleno crecimiento.
4.- Las deudas bilaterales de Grecia (respecto a los países que participaron en el plan de la Troika) no se han reducido (solamente fueron las deudas con respecto a los bancos privados) mientras que las deudas bilaterales de Alemania se redujeron en un 60 % o más.
5.- Grecia debe reembolsar en euros a pesar de que está en déficit comercial -y por lo tanto con una penuria de euros- con sus socios europeos (especialmente Alemania y Francia), mientras que Alemania reembolsaría lo esencial de sus deudas en su propia moneda fuertemente devaluada.
6.- El Banco Central griego no puede prestar dinero al gobierno griego mientras que el Deutsche Bank prestaba a las autoridades alemanas y hacía funcionar (por cierto, con moderación) la máquina de fabricar billetes.
7.- Alemania estaba autorizada a no disponer más del 5 % de sus ingresos por exportación al pago de la deuda mientras que ningún límite se le ha fijado a Grecia.
8.- Los nuevos títulos de la deuda griega, que reemplazan a los antiguos debidos a los bancos, no responden más a la competencia de los tribunales griegos, sino que son competencia de las jurisdicciones de Luxemburgo y del Reino Unido –y bien sabemos cómo son favorables a los acreedores privados–, mientras que los tribunales de Alemania (la antigua potencia agresora) tenían esa competencia.
9.- En materia de reembolsos de la deuda exterior, los tribunales alemanes podían rechazar la ejecución de las sentencias de los tribunales extranjeros o de los tribunales arbitrales en el caso en que su aplicación amenazara el orden público. En Grecia, la Troika rechazó, por supuesto, que los tribunales griegos pudieran invocar razones de orden público para suspender el reembolso de la deuda. Ahora bien las enormes protestas sociales y el surgimiento pujante de las fuerzas neo-nazis son directa consecuencia de las medidas dictadas por la Troika y por el pago de la deuda. De hecho, las autoridades griegas podrían perfectamente invocar el estado de necesidad y razones de orden público para suspender el pago de la deuda y abrogar las medidas antisociales impuestas por la Troika, a pesar de las protestas de Bruselas, del FMI y de los «mercados financieros» que dichos actos provocarían.
10.-En el caso de Alemania, el acuerdo establecía la posibilidad de suspender los pagos para poder renegociar las condiciones si se producía un cambio substancial que limitase la disponibilidad de recursos. Nada de eso está previsto para Grecia.
11.-En el acuerdo sobre la deuda alemana, está explícitamente previsto que el país pudiera producir en su territorio lo que antes importaba con el fin de alcanzar un superávit comercial y de reforzar así a sus productores locales. En cambio, la filosofía de los acuerdos impuestos a Grecia y las reglas de la Unión Europea prohíben a las autoridades griegas ayudar, subvencionar y proteger a sus productores locales, ya sea en agricultura, industria, o servicios frente a la competencia de los otros países de la UE (que son los principales socios comerciales de Grecia).
Se podría agregar que Alemania, después de la segunda guerra mundial, recibió donaciones en una cantidad considerable, especialmente, como ya vimos, en el marco del Plan Marshall.
Se puede comprender por qué el líder de Syriza, Alexis Tsipras, hace referencia al acuerdo de Londres de 1953 cuando se dirige a la opinión pública europea. La injusticia con la que es tratado el pueblo griego (así como los otros pueblos cuyas autoridades siguen las recomendaciones de la Troika) debe despertar la conciencia de una parte de la opinión pública. Pero no alberguemos ilusiones, las razones que empujaron a las potencias occidentales a tratar Alemania del Oeste de la manera que lo hicieron después de la segunda guerra mundial no son de recibo en el caso griego.
Para conseguir una verdadera solución al drama de la deuda y de la austeridad, serán necesarias más y más potentes movilizaciones sociales en Grecia y en el resto de la Unión Europea así como el ascenso al poder de un gobierno popular en Atenas. Las autoridades griegas (apoyadas por el pueblo) deberán realizar un acto unilateral de desobediencia como es la suspensión del reembolso de la deuda y abrogación de las medidas antisociales. Esto forzaría a los acreedores a hacer concesiones de envergadura y finalmente se podría imponer la anulación de la deuda ilegítima. La realización, a escala popular, de una auditoría ciudadana de la deuda griega debe servir a preparar el terreno.
Eric Toussaint es doctor en ciencias políticas, presidente del Comité para la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo –CADTM- de Bélgica, www.cadtm.org, miembro del Consejo Científico de ATTAC Francia). Damien Millet y Eric Toussaint han dirigido el libro colectivo La Deuda o la Vida (Editorial Icaria, Economía, ISBN: 9788498883848, Año Publicación: 2011, páginas: 336, que recibió el Prix du livre politique à la Foire du livre politique de Liège en 2011).
Notas:
1/ Las acreencias de los bancos privados sobre Grecia pasaron, más o menos, de 200.000 a 100.000 millones de euros. La deuda pública total de Grecia sobrepasa los 305.000 millones de euros.
2/ «Deutsche Auslandsschulden», 1951, pp. 7 y sig., in Philipp Hersel, El acuerdo de Londres de 1953 (III), http://www.lainsignia.org/2003/ener...
3/ Véase el texto completo en francés del Acuerdo de Londres 27 de febrero de 1953: http://www.admin.ch/ch/f/rs/i9/0.94...
4/ El dólar US valía en esa época 4,2 DM. La deuda de Alemania occidental después de la reducción (o sea, 14.500 millones de DM) equivalía a 3.450 millones de dólares.
5/ Los acreedores se negaron siempre a incluir cláusulas de este tipo en los contratos con países en desarrollo o países como Grecia, Portugal, Irlanda, y los de Europe centrale y oriental.
6/ «Deutsche Auslandsschulden», 1951, pp. 64 y sig., in Philipp Hersel, El acuerdo de Londres de 1953 (IV), 8 de enero de 2003, http://www.lainsignia.org/2003/ener...
Fuente: http://cadtm.org/Grecia-Alemania-Quien-debe-a-quien,8390
Traducción: Griselda Piñero

The Slow Death of California's Higher Education

California has slashed higher ed spending, while prison spending has quintupled.

—By Andy Kroll

| Tue Oct. 2, 2012 11:12 AM PDT

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Pimentel Hall at University of California, Berkeley TheRealMichaelMoore / Flickr

This story first appeared on the TomDispatch website.
It was the greatest education system the world had ever seen. They built it into the eucalyptus-dotted Berkeley hills and under the bright lights of Los Angeles, down in the valley in Fresno and in the shadows of the San Bernardino Mountains. Hundreds of college campuses, large and small, two-year and four-year, stretching from California's emerald forests in the north to the heat-scorched Inland Empire in the south. Each had its own DNA, but common to all was this: they promised a "public" education, accessible and affordable, to those with means and those without, a door with a welcome mat into the ivory tower, an invitation to a better life.
Then California bled that system dry. Over three decades, voters starved their state—and so their colleges and universities—of cash. Politicians siphoned away what money remained and spent it more on imprisoning people, not educating them. College administrators grappled with shriveling state support by jacking up tuitions, tacking on new fees, and so asking more each year from increasingly pinched students and families. Today, many of those students stagger under a heap of debt as they linger on waiting lists to get into the over-subscribed classes they need to graduate.

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California's public higher education system is, in other words, dying a slow death. The promise of a cheap, quality education is slipping away for the working and middle classes, for immigrants, for the very people whom the University of California's creators held in mind when they began their grand experiment 144 years ago. And don't think the slow rot of public education is unique to California: that state's woes are the nation's.
Dream Deferred
Rachel Baltazar lives this grim reality. In 2010, after a decade working as a preschool teacher and a teacher's assistant, the 28-year-old Baltazar went back to school, choosing De Anza, a two-year community college near San Jose. She remembers the sticker shock when she first arrived on campus—the cost per class had spiked startlingly since she graduated from high school in 2000. She would live lean, pick up side jobs, sacrifice what she could to get a degree. "I was willing to be poor and not know if I'm gonna make it," she told me on a recent morning, her roommate's cat meowing in the background. "I wanted that degree so I could have a better future."

She squeezed 20 units of classes into a quarter (not the 12 to 15 of the average student). She worried each week about having enough money for rent, books, food. Still, she thrived. She founded De Anza's Women Empowered Club, won the school's President's Award for overcoming adversity, and planned to transfer to nearby Santa Clara University to double major in psychology and women's studies—until, that is, a state-funded "Cal Grant" fell through.
She met all the qualifications, she told me, but Cal Grant officials informed her that she was too old. The likely culprit, whatever they claimed: the endless state budget cuts that had forced officials to scale back the Cal Grant program. The experience, she said, shook her fundamental belief in the promise California made to its students: "The impression you have is, 'I do a great job at De Anza and I'll get to the next level.' The reality is there might not be a place for you."
This is something new in what was once known as "the golden state." For nearly as long as colleges and universities operated in California, there was a place for every student with the grades to get in. Classes were cheap, professors accessible, and enrollments grew at a rapid clip. When my own father started at Mt. San Antonio College in southern California in August 1976, anyone 18 or older could enroll, and a semester's worth of classes cost at most $24. Then, like so many Californians, he transferred to a four-year college, the University of California-Davis, and paid a similarly paltry $220 a quarter. Davis's 2012 per-quarter tuition price: $4,620.
Today, public education in California is ever less public. It is cheaper for a middle-class student to attend Harvard (about $17,000 for tuition, room, and board with the typical financial-help program included) than Cal State East Bay, a mid-tier school that'll run that same middle-class student $24,000 a year. That speaks to Harvard's largesse when it comes to financial aid, but also the relentless rise of tuition costs in California. For the first time in generations, California's community colleges and state universities are turning away qualified new students and shrinking their enrollments as state funding continues its long, slow decline. Many students who do gain admission struggle to enroll in the classes they need—which, by the way, cost more than they ever have. "We're in a new era," says John Aubrey Douglass, an expert on the history of higher education in California. He's not exaggerating. Not a bit.
"In the Valley with the People"
California would not exist as we know it today without higher education. At its peak, the state's constellation of community colleges and Cal State and University of California campuses had no rival. It was the crown jewel of American education.
Abraham Lincoln launched the college-building craze when, in 1862, as the bullets flew and the bodies fell on the battlefields of the Civil War, he signed the Morrill Act, giving every state a huge tract of federal land with which to build a public university. In 1869, California joined the craze by opening the University of California. One newspaper editorial hailed it as "the perfect structure, a magazine of new thoughts and new motives, ready for the new and bright day of the future." Another supporter declared that it would be a "mighty anchor in the stream of time."
Yet not until California's trust-busting Progressive politicians claimed power in the early 1900s did the populist promise of the state's higher education system begin to take shape. The Progressives saw higher education as a path to the middle class—and with an educated middle class they were convinced they could loosen the stranglehold corporate powers like the Southern Pacific Railroad had on the state. "The university was their Progressive dream come true," historian Kevin Starr has written.
State support for the University of California soared from a few hundred thousand dollars in 1900 to more than $3 million by 1920. As future UC president Clark Kerr would write, "The campus is no longer on the hill with the aristocracy but in the valley with the people."
Down in that valley, more and more people wanted an education. New campuses sprouted statewide before World War II, and then in its wake were flooded with returning GIs and former war workers. Governor Earl Warren used those colleges and universities as "shock absorbers" when the state's wartime economy-on-steroids slowed. He put his money on a novel concept: California would educate its way out of any post-war slump.
The education system exploded in the 1940s and 1950s. Students poured into classrooms. But not until Kerr became president did he and other education leaders attempt to create a systemic blueprint for growth with what was called the "California Master Plan for Higher Education." Under this plan, the brightest students were to attend a flagship UC school, the next-smartest group would go to a Cal State school, and the remainder would start at a two-year community college with an eye toward transferring to a four-year college.
The Master Plan brought order to a rapidly growing system. It was hailed around the world as a stroke of genius when it came to educating young people. In 1960, Time magazine even put Kerr on its cover, bestowing on him the title of "master planner." (Kerr was a complicated figure. He later clashed with UC-Berkeley's famed Free Speech Movement, yet FBI director J. Edgar Hoover believed he was too close to campus activists and secretly pushed for his ouster. The college's board of regents unceremoniously fired him in 1967.)

This was the heyday of California higher education. Enrollment grew by 300% between 1930 and 1960, and the state's share of college funding kept pace. But that all started to change on June 6, 1978, when California voters approved Proposition 13, a ballot measure that limited property tax assessments. More importantly, it handcuffed state lawmakers by requiring a two-thirds supermajority any time they wanted to increase taxes, and made a two-thirds vote among citizens necessary to raise local taxes. Prop. 13 kicked off California's "tax revolt" of the 1970s and 1980s, a slew of ballot measures that choked off revenue for state and local governments and left lawmakers scrambling to fill the gap. It was the beginning of the demise of public higher education in California.
"We're Just Getting Chainsawed"
Journalist Peter Schrag describes what followed as the "Mississippification" of California. Hot with the fever of an anti-tax, small-government movement, Californians began the long, slow burn-down of the state's higher education system. As Jeff Bleich, a former Cal State trustee and former counsel to President Obama, put it in 2009, California higher education "is being starved to death by a public that thinks any government service—even public education—is not worth paying for. And by political leaders who do not lead but instead give in to our worst, shortsighted instincts."
The numbers tell the story. In 2011, public colleges and universities received 13% less in state money than they had in 1980 (when adjusted for inflation). In 1980, 15% of the state budget had gone to higher education; by 2011, that number had dropped to 9%. Between the 2010-11 and 2011-12 state budgets, lawmakers sliced away another $1.5 billion in funding, the largest such reduction in any high-population state in the country.
Dianne Klein, a spokeswoman for the office of University of California president Mark Yudof, couldn't contain her dismay when reacting to recent cuts. "Here we have the world's best public university system, and we're just getting chainsawed," she told the Daily Californian. "Public education is dying, and perhaps we are reaching a tipping point."
According to a 2010 report by the Public Policy Institute of California, young adults in California are less likely to graduate from college than their parents. Among the 20 most populous states, California ranked 18th in 2010 in its rate of students going straight from high school to college; factor in all states and California ranked 40th. According to the institute, this crumbling bridge between high school and college means California could face a shortfall of a million skilled workers by 2025.
And what awaits the students who do make it into the ivory tower? Let me paint you a grim picture. Colleges are filling the gap in state funding by leaning ever harder on students and their families to pay more in tuition and fees. Thirty years ago, the state accounted for nearly 70% of public higher education funding; today, it's 25%. In the last five years alone, student fees have doubled for University of California and Cal State students. For community college students, they've leapt by 80%.
Students increasingly hunt for grants and scholarships to cover some part of their growing share of the tab, but far more often their only option is to take out loans. According to the Project on Student Debt, in 2010 nearly half of all graduates of public and private four-year schools in California were saddled with an average debt load of $18,000. Nationally, a record one-in-five college graduates has student loan debt, and in 2010, the national average for debt owed was $26,682, according to a recent report from the Pew Research Center.
In California, community colleges have always been the most democratic of California's higher education options. They educate the majority of students, offer the most classes, and provide students with job training or a launching pad to a four-year college. They have, however, taken a Mike Tyson-esque beating in California's budget crises, losing $809 million—or 12% of their state funding—since 2008.
That's meant reduced class offerings, fewer sections of the classes that remain, and the laying off of faculty and staff. At the start of the 2012-13 school year, 85% of California's 112 community colleges had waiting lists of students trying to get into overbooked classes. In all, 470,000 community college students were stuck in such a situation. Eighty-two percent of these colleges said they weren't offering any winter semester classes at all. Enrollment is down at community colleges by 17%. "We're at the breaking point," Jack Scott, the recently retired community college chancellor, told the Los Angeles Times in September.
Marianet Tirado, a student at Los Angeles Trade Tech, told the Times that class shortages meant it could take her three to four years to get her two-year associate's degree. Tirado's situation is increasingly commonplace. "It's hard to explain to my mom that I'm trying to go to school but the classes are not there," she said.
The budget cuts have also hit faculty and staff hard. Seventy percent of community colleges said in a recent survey that they'd cut hours for support staffs. On Cal State campuses, the faculty-student ratio has jumped from 21 students per faculty member in 1980 to 32-to-1 in 2010—and the same trend can be seen among the system's elite schools, with the faculty-student ratio there inching up from 16-to-1 to 21-to-1 over the same period. As faculty members deal with larger class size, more papers to read, more tests to grade, their pay has failed to keep pace. Salaries for Cal State professors haven't budged from the $75,000 to $93,000 range for the last 30 years. Adjust for inflation and CSU professors earned less in 2010 than they did in 1980.
So where did all that money go? Here's a hint: Look for the men who wear orange jumpsuits, sleep stacked atop each other in triple-decker bunk beds, and each year gobble up an ever greater share of California's ever scarcer finances.
The State's higher education and prison systems are a study in opposites. The prison system saw its state funding in dollars leap 436% between 1980 and 2011. Back then, spending on prisons was a mere 3% of California's budget; it's now 10%. According to the nonpartisan transparency group California Common Sense, the prison population expanded at eight times the growth rate of California's population. In May 2011, the US Supreme Court ordered the state to immediately shrink its prison population because its treatment of prisoners constituted cruel and unusual punishment. At the time, its 33 prisons held 143,321 inmates (official capacity: 80,000).
If money talks, then California's message is plain enough: prisoners matter more than students. Put another way: college is the past, jail is the future.
Anger and disillusionment over California's abandonment of its students, teachers, and staff boiled over in 2011. Protests sprung up at campuses across the state. Students shut down a meeting of the University of California's Board of Regents, walked out of classes at San Francisco State, and clashed with truncheon-swinging police in Long Beach and Berkeley.
But the most indelible of these protests unfolded on the campus of UC-Davis, an hour's drive northeast of San Francisco. Student protesters there disobeyed campus rules by staging a peaceful sit-in on a footpath in the campus quad. For their efforts Lt. John Pike, a barrel-chested, helmeted, mustachioed campus cop, doused them with pepper spray. He did so in a manner so nonchalant that it triggered immediate shock and outrage; photos and videos of the incident shot across the globe in meme form. There was Lt. Pike pepper-spraying God in Michaelangelo's "Creation of Adam," soaking the Declaration of Independence in John Trumbull's 1817 painting, feeding the raging flames that swallowed up the Buddhist monk Thich Quang Duc after he had set himself ablaze in Saigon in 1963.
A rallying cry for the dozen or so students who occupied that path was the price of an education. In just eight years, tuition at UC-Davis had more than doubled.
Back to School—or Not?
Rachel Baltazar did not show up for fall classes at Santa Clara University. Without the state grant she'd hoped for, she returned to De Anza for a third year. She's starting a paid internship in which she'll school students in how to better navigate the world of college financial aid. "I want to try to help people understand what their options are," she told me. "I don't want somebody else to be in my shoes. It was so hard."
Recently, Baltazar and a friend traveled down the coast to Santa Cruz. She stopped in a tourist shop, and a postcard on a rack caught her eye. It listed a smattering of facts from 1981, the year she was born. Her gaze settled on one particular figure: Harvard University tuition was then $6,000. The nation's oldest and most prestigious university had cost just six grand. That's $15,206 in today's dollars. She couldn't believe it. At De Anza, Baltazar said she spent $18,000 a year in tuition and living costs.
Baltazar told me that she's still set on getting her bachelor's degree. She'll try again for Santa Clara, and also apply to state schools. She's not picky; she can't afford to be. "I will apply to anybody who will take me and help me pay for it," she said.
Like a lot of young people in California, Baltazar clings to the dream of public higher education, but in her life, as in those of so many others across the state, it's curdling into something more like a nightmare. "I went to school in California because I knew there were more financial aid options, I knew about the Cal Grant, and I thought, 'I should be able to get these things,'" she told me. "In California, the education system is great—if you can afford it. If you can't afford it, it's kind of a moot point."
California once led the way into a system of unparalleled public higher education. It now seems determined to lead the way out of it.
Andy Kroll is a staff reporter in D.C. bureau of Mother Jones magazine. He's the son of two graduates of California's higher education system, and he himself graduated from a public institution, the University of Michigan. An associate editor at TomDispatch, he writes about politics, money, and the economy, and can be reached at akroll (at) motherjones (dot) com.To stay on top of important articles like these, sign up to receive the latest updates from TomDispatch.com here.

Por que a reeleição de FHC nunca chegou ao STF?

Análise & Opinião| 17/09/2012 | Copyleft

A campanha à reeleição de Fernando Henrique Cardoso é considerada por especialistas a mais cara da história do país e nasceu contaminada. Segundo denúncia publicada na época pela Folha de S. Paulo, a aprovação da emenda que possibilitou a reeleição contou com a compra do voto de vários parlamentares na Câmara dos Deputados, por R$ 200 mil cada um.

Laurez Cerqueira

Quem não sabe como são feitas as salsichas, as leis e as eleições? A novidade é que parte do Ministério Público e parte do Supremo Tribunal Federal resolveram julgar o “caixa dois”, feito para as eleições municipais de 2004, curvando-se à versão sobre o “mensalão” criada por Roberto Jefferson, pela oposição e por parte da imprensa que sempre tratou o PT como um intruso na política brasileira. Um precedente perigoso que coloca o STF acima dos demais poderes da República. O alvo é o PT. Destruir o PT.

Afinal, a elite não acreditava que os de baixo fossem capazes de se organizar num partido politico de massa para fazer a luta social e eleitoral no país das desigualdades. Naquela eleição, em 2004, apesar de tudo, a esquerda cresceu eleitoralmente e em seguida reelegeu Lula.

Agora, como num delírio narcísico diante do espelho (câmeras de tv, internet) ministros do STF, enrolados nas suas capas pretas, parecem fazer o jogo de setores da imprensa, que querem fazer valer a todo custo a versão do “Mensalão” e patrocinam um triste espetáculo. A hipocrisia, o cinismo, aparecem reluzentes nas faces de alguns inquisidores como se o financiamento de campanhas eleitorais por meio de “caixa dois” fosse uma invenção do PT. As câmeras têm revelado com riqueza de detalhes aspectos sombrios do caráter de personagens centrais do julgamento no STF.


As investigações foram cirúrgicas e não foram além da superfície do sereno mar que encobre o financiamento das campanhas eleitorais de todos os partidos políticos.
 Não há nenhum questionamento sobre os demais partidos, como se os de oposição (PSDB, DEM, PPS) tivessem financiado as eleições de 2004 na mais perfeita ordem.

Especialistas da Universidade de São Paulo (USP) calcularam que nas eleições municipais de 2004 cerca de 400 mil políticos empregaram algo em torno de 12 milhões a 16 milhões de trabalhadores, para disputar 55 mil vagas de vereador e 5.600 cargos de prefeito no país.

A infra-estrutura das campanhas eleitorais municipais de 2004 - propaganda dos candidatos veiculada pelos mais variados meios de comunicação - comícios, shows, alugueis, equipamentos de comitês eleitorais, assessores, enfim, custou cerca de 5 bilhões de reais. O total gasto atingiu a cifra de 41 reais por eleitor. 
Especialistas estimam que, por baixo, mais da metade do dinheiro envolvido em campanhas não aparece nas prestações de contas.

Cerca de 70% a 80% das despesas dos candidatos não foram registradas como manda a lei. O que daria em média geral 1 real para o caixa oficial e 3 reais para o caixa dois. Quem adota o caixa dois costuma dizer que as contribuições sem registro são feitas a pedido dos contribuintes que não querem se expor como se o problema fosse a Lei Eleitoral.


O professor David Samuels, da Universidade de Minnesota, pesquisador do processo eleitoral no Brasil, analisou o perfil de doadores oficiais a partir dos registros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e chegou a conclusão que as candidaturas a presidência da República são financiadas com maior volume de recursos do setor financeiro e da indústria pesada, como a de aço e a petroquímica. Isso porque a Presidência da República é quem responde pela macroeconomia (juros, tarifas, câmbio e política de exportação). Além disso, lida com marco regulatório e concessão de subsídios. Os setores financiadores das campanhas à presidência da República costumam ser os mesmos das candidaturas ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados porque os assuntos tratados no Senado e na Câmara são também do âmbito da União; já as candidaturas a governador recebem mais recursos de empreiteiras, isso porque as grandes obras estão mais concentradas nos Estados; os candidatos a prefeito e vereador recebem mais recursos das empresas de transporte e de coleta de lixo.


A campanha à reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso é considerada por especialistas a mais cara da história do país e nasceu contaminada. Segundo denúncia publicada na época pelo jornal Folha de São Paulo, assinada pelo repórter Fernando Rodrigues, a aprovação da emenda que possibilitou a reeleição contou com a compra do voto de vários parlamentares na Câmara dos Deputados, por R$ 200 mil cada um.

Naquele momento, Sérgio Motta, ministro das Comunicações havia declarado que o projeto dos tucanos era permanecer no poder por no mínimo 20 anos. Disse isso depois das privatizações dentre outras áreas, a de telecomunicações.


No início da campanha presidencial de 1998, o comitê eleitoral responsável pelas articulações da reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso elaborou um orçamento minucioso de gastos e concluiu que, para cobrir todas as despesas do pleito, seria necessário R$ 73 milhões. Esse orçamento prévio foi comunicado ao Tribunal Superior Eleitoral.

Passadas as eleições o comitê fez as contas e encaminhou a declaração oficial de doações ao TSE, informando que o total arrecadado e gasto na campanha foi de R$ 43,022 milhões. 
A revista Época, de 30 de novembro de 1998, informou que a equipe que cuidou das finanças, coordenada pelo ex-ministro Bresser Pereira, dias depois do envio da lista ao Tribunal, refez as contas e concluiu que os gastos foram R$ 45,931 milhões, uma quantia muito superior ao total declarado ao TSE.

Esse desencontro de valores, entre o que se arrecadou, o que se gastou e o que se declarou ao TSE jamais foi explicado pelos coordenadores. Paira sobre esse assunto uma nuvem de mistério. Curioso é que na campanha de 1998 o candidato Fernando Henrique Cardoso viajou menos, fez menos comícios do que em 1994, mas gastou R$ 10 milhões a mais. 
Bresser Pereira conta que, diante do volume das dívidas deixadas pelo comitê, ele foi obrigado a reunir a equipe financeira e colocá-la de novo em campo para arrecadar mais dinheiro dos empresários para cobrir o rombo. 


A revista Época informou ainda que as solicitações foram deliberadamente concentradas nos grupos empresariais que compraram as estatais. Na segunda quinzena de outubro daquele ano (período proibido pela lei) foram arrecadados R$ 8,2 milhões. Essa decisão foi absolutamente ilegal e contrariou a legislação eleitoral, mas mesmo assim a arrecadação de recurso foi feita. 


Dentre as empresas que doaram recursos após o pleito, constam a Vale do Rio Doce, Companhia Petroquímica do Sul (Copesul) e Telebras. As subsidiárias da Vale do Rio Doce doaram R$ 1,5 milhão. Os donos da Copesul, R$ 1 milhão e os grupos La Fonte/Jereissati/Andrade Gutierrez e Inepar, que haviam comprado as empresas do sistema Telebras, doaram R$ 2,5 milhões. No final da ofensiva dos coletores, os dirigentes do comitê disseram que ficou faltando R$ 2,9 milhões para liquidar as contas.


Na mesma matéria, a Época destacou o setor financeiro como o que mais contribuiu para a campanha à reeleição de Fernando Henrique Cardoso. Em 1994, os banqueiros deram R$ 7,1 milhões. De cada R$ 10,00 que entraram no caixa da campanha, R$ 4,30 originaram do setor financeiro. Em 1998, a aposta do setor no candidato à reeleição atingiu 43% (R$ 18,6 milhões) mais que o dobro da campanha anterior. Apenas cinco conglomerados financeiros contribuíram com quase R$ 10 milhões. Somados, responderam por 66,1% das doações feitas pelo setor financeiro e 28,6% do total de contribuições declaradas na campanha presidencial, informou a revista.


As controvérsias sobre o financiamento da milionária campanha à reeleição de Fernando Henrique Cardoso não pararam por aí. Para complicar ainda mais a vida do tucanato a Folha de São Paulo, de 12 de novembro de 2000, publicou uma vasta matéria com informações comprometedoras, obtidas de planilhas eletrônicas datadas de 30 de setembro de 1998, vazadas do comitê eleitoral do candidato tucano. Essas planilhas revelam a existência de uma contabilidade paralela de arrecadações e gastos da campanha. 
O jornal informou que pelo menos R$ 10,120 milhões deixaram de ser declarados ao TSE e que, de cada R$ 5,00 arrecadados R$ 1,00 era desviado para uma contabilidade particular desconhecida.

Além dos R$ 10,120 milhões não declarados oficialmente ao Tribunal, feitos os cálculos, tomando por base a planilha completa, ficou de fora R$ 4,726 milhões, doados por empresas que constam da lista do TSE, com valores menores do que os da planilha, que aparecem sob a rubrica de uma associação de classe de empreiteiros.
O dinheiro arrecadado pelo comitê financeiro, descrito em 34 registros na planilha principal obtida pelo jornal, totalizara R$ 53,120 milhões. Vale lembrar que na data constante da planilha, a qual os repórteres tiveram acesso, o comitê ainda não havia registrado todas as contribuições o que leva a crer que o volume de recursos não declarados devia ser muito maior, levando em consideração que o orçamento estimado inicialmente pelo comitê para os gastos, e comunicado ao TSE, era de R$ 73 milhões.

Nota-se que havia margem suficiente para declarar os recursos constantes na contabilidade paralela em questão e a equipe financeira não o fez. As razões não foram esclarecidas à imprensa, que insistentemente tentou sem sucesso obter explicações dos responsáveis pelas contas. Toda essa história acabou envolta num manto de mistério.


A imprensa, na época da divulgação das planilhas pelo jornal, andou escarafunchando a lista de contribuintes da campanha da reeleição e trouxe à baila informações preciosas. Os colaboradores ao ver seus nomes e os nomes de suas empresas publicados nos jornais não conseguiram esconder o constrangimento. Muitos deles acabaram dando informações contraditórias. A lista mais parecia um condomínio de interesses escusos. 
A maior doação constante na planilha publicada foi de R$ 3 milhões e não está registrada no TSE.

O jornal atribuiu à época essa contribuição ao então ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Andrea Matarazzo. Ele negou dizendo que não participou do grupo de arrecadadores e que apenas realizou alguns jantares com empresários. Mas, membros da equipe financeira como Bresser Pereira e o publicitário Luiz Fernando Furquim afirmam que Andrea Matarazzo fazia parte sim do grupo de coletores. Um detalhe: na planilha não consta registro da procedência do dinheiro.


O publicitário Roberto Duailibi, dono da agência DPZ, em entrevista à Folha de São Paulo, disse no primeiro momento que havia contribuído com R$ 7.500 mil. Quando ficou sabendo que a sua doação não estava registrada no TSE ligou para o jornal e disse que a empresa dele não havia contribuído com a campanha. Porém, consta na planilha que a DPZ contribuiu com R$ 200 mil. Outro publicitário, Geraldo Alonso, da agência Publicis Norton disse ao jornal que contribuiu para a campanha com serviços de publicidade. O valor do trabalho prestado pela agência dele registrado na planilha foi de R$ 50 mil. Em seguida ele negou que havia prestado serviços.


A empresa Atlântica Empreendimentos Imobiliários, da banqueira Kátia Almeida Braga, (Grupo Icatu), uma das coletoras de recursos, disse que contribuiu com R$ 100 mil e que tinha recibo emitido pelo PSDB. Esse valor aparece na planilha e não foi registrado na contabilidade oficial. Numa investida no Rio de Janeiro, Kátia Almeida Braga procurou dezoito empresários. Uma das empresa da lista era a Sacre, de Salvatore Cacchiola, aquele banqueiro do caso Marka e FonteCindan, que fugiu para a Itália depois do escânddalo financeiro. Kátia Braga conseguiu que a empresa dele doasse R$ 50 mil para a campanha.

Outra empresa que chamou atenção na lista de contribuintes da campanha de Fernando Henrique Cardoso foi a Vasp, de Wagner Canhedo, um dos acusados de integrar o esquema PC no governo Collor e que responde até hoje vários processos na justiça. A empresa de Canhedo era devedora na época de mais de R$ 3 bilhões ao governo. Canhedo doou R$ 150 mil e não consta na declaração do TSE. No caso da Vasp a lei proíbe doações, mas a direção da empresa confirmou a doação à Folha de São Paulo.


Além desses casos existem muitas outras irregularidades reveladas pela imprensa, como por exemplo, doações feitas por universidades e escolas privadas. A legislação proíbe instituições de ensino de participar de financeiramento de campanhas eleitorais, mas o presidente da Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), Edson Franco, confirmou a jornalistas que diversas instituições foram procuradas pelo ex-ministro Bresser Pereira e que várias delas fizeram doações. Ele citou a Unip, de João Carlos Di Gênio e a Faculdade Anhembi-Morumbi. Todos esses casos nunca foram investigados, o Minitério Público e o STF não se interessam por esse assunto.


A diferença do caixa dois da reeleição do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso do caixa dois das eleições municipais de 2004 é que o PT dançou, foi investigado e está sendo julgado, enquanto os tucanos e o PFL flanam na desgraça do PT. 
O deputado José Dirceu, em seu depoimento no Conselho de Ética, lembrou que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse certa vez que não admitiu a instalação de CPIs durante seu governo porque sabia que uma CPI o derrubaria.


Portanto, o financiamento de campanhas eleitorais por meio de caixa-dois é uma prática conhecida e só veio a público porque parte da cúpula do PT resolveu participar da festa e se deu mal. Agora o partido está sendo ridicularizado como se fosse um penetra.

Financiamento público já!





(*) Jornalista e escritor, autor, entre outros trabalhos de Florestan Fernandes – vida e obra, Florestan Fernandes – um mestre radical e O Outro Lado do Real, em parceria com o deputado Henrique Fontana.

A presença da Opus Dei na política no Brasil e AL

Título original: A Ópus Dei na América Latina

  A Opus Dei actua também no monopólio da imprensa. Controla o jornal "El Observador", de Montevidéu, e exerce influência sobre órgãos tradicionais da oligarquia como "El Mercurio", no Chile, "La Nación", na Argentina e "O Estado de São Paulo", no Brasil. 


O elo com a imprensa é o curso de pós-graduação em jornalismo da Universidade de Navarra em São Paulo, coordenado por Carlos Alberto di Franco, numerário e comentarista do "Estadão" e da Rádio Eldorado. 


O segundo homem da Opus Dei na imprensa brasileira é o também numerário Guilherme Doring Cunha Pereira, herdeiro do principal grupo de comunicação do Paraná ("Gazeta do Povo"). 


Os jornalistas Alberto Dines e Mário Augusto Jakobskind denunciam que a organização controla também a Sociedade Interamericana de Imprensa – SIP (na sigla em espanhol). 

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Analisando a estrutura de classes dos países latino-americanos, Darcy Ribeiro identificava como segmento hegemónico dentro das classes dominantes o corpo de gerência das transnacionais. Ponta de lança do imperialismo, é ele quem dita ordens e impõe ideologias às demais fracções e, em muitos casos, organiza-as politicamente. A desnacionalização das economias latino-americanas na década de 90 agravou este quadro. A alteração de mais relevo no perfil da classe dominante verificada no bojo deste processo é o crescimento da influência da Opus Dei. Sustentada pelo capital espanhol, a organização controla jornais, universidades, tribunais e entidades de classe, sendo hoje peça chave para se compreender o processo político no continente, inclusive no Brasil, onde quer eleger Geraldo Alckmin presidente da República.

Procissão Católica na Espanha, berço da Opus Dei.

Mas o que é afinal, a Opus Dei (em latim, Obra de Deus)?
Em seu campo original de actuação, é a vanguarda das tendências mais conservadoras da Igreja Católica. "Este concílio, minhas filhas, é o concílio do diabo" teria dito seu fundador, Josemaria Escrivá de Balaguer, sobre o Vaticano II, no relato do jornalista argentino Emilio J. Corbiere no seu livro "Opus Dei. El totalitarismo católico".
Fundada na Espanha em 1928, a organização foi reconhecida pelo Vaticano em 1947. Em 1982, foi declarada uma prelatura pessoal, o que, sob o Direito canónico, significa que só presta contas ao papa e que seus membros não se submetem à jurisdição dos bispos. "A relação entre Karol Wojtyla e a Opus Dei" conta o teólogo espanhol Juan José Tamayo Acosta "atinge seu êxito nos anos 80-90, com a irresistível ascensão da Obra à cúpula do Vaticano, a partir de onde interveio altivamente, primeiro no esboço e depois na colocação em prática do processo de restauração da Igreja católica sob o protagonismo do papa e a orientação teológica do cardeal alemão Ratzinger."

Fontes ligadas à Igreja Católica atribuem o poder da Obra à quitação da dívida do Banco Ambrosiano, fraudulentamente falido em 1982.

Obscurantismo e misoginia são traços que marcam a organização. Exemplos podem ser encontrados nas denúncias de ex-adeptos como Jean Lauand, professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo – Universidade de São Paulo (USP), que recentemente escreveu junto com mais dois ex-membros, o juizMárcio Fernandes e o médico Dário Fortes Ferreira, o livro "Opus Dei – os bastidores". Em entrevista ao programa Biblioteca Sonora, da Rádio USP, Jean Lauand conta que a Obra tem um "Index" de livros proibidos que abrange praticamente toda a filosofia ocidental desde Descartes. Noutra entrevista, à revista Época, Jean Lauand denuncia as estratégias de fanatização dos chamados numerários, leigos celibatários que vivem em casas da organização: "Os homens podem dormir em colchões normais, as mulheres têm de dormir em tábuas. São proibidas de segurar crianças no colo e de ir a casamentos". É obrigatório o uso de cinturões com pontas de ferro fortemente atados à coxa, como prática de mortificação que visa refrear o desejo. Mas os danos infligidos pelo fanatismo não se limitam ao corpo.

No site que mantém com outros dissidentes (http://www.opuslivre.org/), Jean Lauand revela que a Obra conta com médicos especialmente encarregados de receitar psicotrópicos a numerários em crise nervosa.

A captação de numerários dá-se entre estudantes de universidades e escolas secundárias de elite. Centros de estudos e obras de caridade servem de fachada. A Opus Dei tem forte presença na USP, em especial na Faculdade de Direito, onde parte do corpo docente é composta por membros e simpatizantes,como o numerário Inácio Poveda e o director Eduardo Marchi. Outro expoente da organização na USP é Luiz Eugênio Garcez Leite, professor da Faculdade de Medicina e autor de panfletos contra a educação mista. A Obra actua também na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Universidade de Campinas (Unicamp) e Universidade de Brasília (UnB).

Fazendo a América

Mas a Opus Dei é mais que um tema de saúde pública. Ela tem, desde a origem, uma clara dimensão política. Durante a ditadura de Franco, praticamente fundiu-se ao Estado espanhol, ao qual forneceu ministros e dirigentes de empresas e órgãos governamentais.No fim da década de 40, inicia sua expansão rumo à América Latina. Não foi difícil conquistar adeptos entre oligarquias como as da Cidade do México, Buenos Aires e Lima, que sempre buscaram diferenciar-se de seus povos apegando-se a um conceito conservador de pretensa hispanidade. Um dos elementos definidores desse conceito é exactamente o integralismo católico.

Alberto Moncada, outro dissidente, conta em seu livro "La evolución del Opus Dei": "os jesuítas decidiram que seu papel na América Latina não deveria continuar sendo a educação dos filhos da burguesia, e então apareceu para a Opus Dei a ocasião de substituí-los – ocasião que não hesitou em aproveitar".

No Brasil, a organização deitou raízes em São Paulo no começo da década de 50, concentrando sua actuação no meio jurídico. O promotor aposentado e ex-deputado federal Hélio Bicudo conta que por duas vezes juízes tentaram cooptá-lo. Seu expoente de maior destaque foi José Geraldo Rodrigues Alckmin, nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)por Médici em 1972 e tio do actual governador de São Paulo. Acontece que nos anos 70, o poder da Opus Dei era embrionário. Tinha quadros em posições importantes, mas sem actuação coordenada. Além disso, dividia com a Tradição, Família e Propriedade (T.F.P.) as simpatias dos católicos de extrema-direita.

Era natural, da mesma forma, que, alguns quadros dos regimes nascidos dos golpes de Estado de 1966 e 1976, na Argentina, e 1973, no Uruguai, fossem também quadros da Opus Dei. Mas segundo se lê no livro de Emilio J. Corbiere , sua actuação era ainda dispersa, o que não os impediu de controlar a Educação na Argentina durante o período Onganí (1966-70).

Já no Chile, a Opus Dei foi para o pinochetismo o que havia sido para o franquismo na Espanha. O principal ideólogo do regime,Jaime Guzmá, era membro activo da organização, assim como centenas de quadros civis e militares.

No México, a Obra conseguiu fazer Miguel de la Madrid presidente da República em 1982, iniciando a reversão da rígida separação entre Estado e Igreja imposta por Benito Juárez entre 1857 e 1861.

Internacional reaccionária

A Opus Dei não criou o reacionarismo católico, antes, teve nele sua base de cultura. Mas sistematizou-o doutrinariamente e organizou politicamente seus adeptos de uma forma quase militar. Hoje, funciona como uma espécie de Internacional reaccionária, congregando, coordenadamente, adeptos em todo o mundo.

Concorrem para isto, nos anos 90, o ápice do poder da Obra no Vaticano e a invasão da América Latina por transnacionais espanholas.

A Argentina entregou suas estatais de telefonia, petróleo, aviação e energia á Telefónica, Repsol, Iberia e Endesa, respectivamente. A Telefónica controla o sector também no Peru e em São Paulo. A Iberia já havia engolido a LAN, do Chile, onde a geração de energia também é controlada pela Endesa. Bancos espanhóis também chegaram ao continente neste processo.

No Brasil, o Santander comprou o Banespa e o Meridional, enquanto que o BBVA recebeu os activos do Excel através do Proer, no governo de Fernando Henrique Cardoso.

"A Opus Dei tem sido para o modelo neoliberal o que foram os dominicanos e franciscanos para as cruzadas e os jesuítas frente à Reforma de Lutero" compara José Steinsleger, colunista do diário mexicano "La Jornada".
A organização actua também no monopólio da imprensa. Controla o jornal "El Observador", de Montevidéu, e exerce influência sobre órgãos tradicionais da oligarquia como "El Mercurio", no Chile, "La Nación", na Argentina e "O Estado de São Paulo", no Brasil. O elo com a imprensa é o curso de pós-graduação em jornalismo da Universidade de Navarra em São Paulo, coordenado por Carlos Alberto di Franco, numerário e comentarista do "Estadão" e da Rádio Eldorado. O segundo homem da Opus Dei na imprensa brasileira é o também numerário Guilherme Doring Cunha Pereira, herdeiro do principal grupo de comunicação do Paraná ("Gazeta do Povo"). Os jornalistas Alberto Dines e Mário Augusto Jakobskind denunciam que a organização controla também a Sociedade Interamericana de Imprensa – SIP (na sigla em espanhol).

Sedeada na Espanha, a Universidade de Navarra é a jóia da coroa da Opus Dei no negócio do ensino. Sua receita anual é de 240 milhões de euros. Além disso, a Obra controla as universidades Austral (Argentina), Montevideo (Uruguai), de Piura (Peru), de Los Andes (Chile), Pan Americana (México) e Católica André Bello (Venezuela).

Dentro da igreja católica, a Opus Dei emplacou, na última década, vários bispos e Cardeais na América Latina. O mais notável éJuan Luís Cipriani, de Lima, no Peru, amigo íntimo da ditadura de Alberto Fujimori. Em seu estudo "El totalitarismo católico em el Peru", o jornalista Herbert Mujica denuncia que quando o Movimento Revolucionário Tupac Amaru tomou a embaixada do Japão, em 1997, Juan Luís Cipriani, valendo-se da condição de mediador do conflito, instalou equipamentos de escuta que possibilitaram à polícia invadir a casa e matar os ocupantes.

Na Venezuela, a Obra teve papel essencial no fracassado golpe de 2002 contra Hugo Chávez. Um dos articuladores da tentativa foiJosé Rodríguez Iturbe, nomeado ministro das Relações Exteriores. Também participou da articulação à embaixada da Espanha, governada na época pelo neo-franquista Partido Popular (PP).

Após os reveses na Venezuela, as esperanças da Opus Dei voltaram-se para Joaquím Laví, no Chile, e Geraldo Alckmin, no Brasil, hoje seus quadros políticos de maior destaque.Joaquím Laví foi derrotado nas últimas eleições presidenciais chilenas em Dezembro. Resta o Brasil, onde a Obra tenta fazer deGeraldo Alckmin presidente e formar um eixo geopolítico com os governos Álvaro Uribe (Colombia) e Vicente Fox (México), aos quais está intimamente associada.

Entranhas mafiosas

Além das dimensões religiosa e política, a Opus Dei tem uma terceira face: a de sociedade secreta de cunho mafioso. Em seus estatutos secretos, redigidos em 1950 e publicados em 1986 pelo jornal italiano "L´Expresso", a Obra determina que "os membros numerários e supernumerários saibam que devem observar sempre um prudente silêncio sobre os nomes dos outros associados e que não deverão revelar nunca a ninguém que eles próprios pertencem à Opus Dei."

Inimiga jurada da Maçonaria, ela copia sua estrutura fechada o que frequentemente serve para encobrir actos criminosos.

Entre os católicos, a Opus Dei é conhecida como "Santa Máfia",Emilio J. Corbiere lembra os casos de fraude e remessa ilegal de divisas nas empresas espanholas Matesa e Rumasa, em 1969, onde parte dos activos desviados financiaram a Universidade de Navarra. Bancos espanhóis são suspeitos de lavagem de dinheiro do narcotráfico e da máfia russa. A Opus Dei também esteve envolvida nos episódios de falência fraudulenta dos bancosComercial (Uruguai, pertencente à família Peirano, dona de "El Observador") e de Crédito Provincial (Argentina).

Na Argentina os responsáveis pelas desnacionalizações da petrolífera YPF e das Aerolineas Argentinas, compradas por empresas espanholas, em dois dos maiores escândalos de corrupção da história do país, tiveram sua impunidade assegurada pela Suprema Corte, onde pontificava António Boggiano, membro da Opus Dei.

No Brasil, as pretensões de controlo sobre o Judiciário esbarram no poder dos Maçons.

A Opus Dei controla, porém, o Tribunal de Justiça de São Paulo através da manipulação de promoções. Segundo fontes do meio jurídico paulista, de 25 a 40% dos juízes de primeira instância no estado pertencem à organização – proporção que se repete entre os promotores, no tribunal, a proporção sobe para 50 a 75%.

Recentemente, o tribunal, em julgamento secreto, decidiu pelo arquivamento de denúncia contra Saulo Castro Abreu Filho, braço direito de Geraldo Alckmin, acusado de organizar grupos de extermínio desde a secretaria de Segurança, e contra dois juízes acusados de participação na montagem desses grupos.

A fusão dos tribunais de Justiça e de Alçada, determinada pela Emenda Constitucional n.º 45, foi uma medida da equipe do ministro da Justiça, Mácio Thomaz Bastos, para reduzir o poder da Obra no judiciário paulista, cuja orientação excessivamente conservadora, principalmente em questões criminais e de família, é motivo de alarme entre profissionais da área jurídica.

por Henrique Júdice Magalhães

Blog GeoSapiens leia Como a Obra faz sofrer a família

O "mensalão" e o veredicto da história -Mauro Santayana

Por Mauro Santayana, em seublog:

Cabe aos tribunais julgar os atos humanos admitidos previamente como criminosos. Cabe aos cidadãos, nos regimes republicanos e democráticos, julgar os homens públicos, mediante o voto. Não é fácil separar os dois juízos, quando sabemos que os julgadores são seres humanos e também cidadãos, e, assim, podem ser contaminados pelas paixões ideológicas ou partidárias – isso, sem falar na inevitável posição de classe. Dessa forma, por mais empenhados sejam em buscar a verdade, os juízes estão sujeitos ao erro. O magistrado perfeito, se existisse, teria que encabrestar a própria consciência, impondo-lhe sujeitar-se à ditadura das provas.

Mesmo assim, como a literatura jurídica registra, as provas circunstanciais costumam ser tão frágeis quanto as testemunhais, e erros judiciários terríveis se cometem, muitos deles levando inocentes à fogueira, à forca, à cadeira elétrica.

Estamos assistindo a uma confusão perigosa no caso da Ação 470, que deveria ser vista como qualquer outra. Há o deliberado interesse de transformar o julgamento de alguns réus, cada um deles responsável pelo seu próprio delito – se delito houve – no julgamento de um partido, de um governo e de um homem público. Não é a primeira vez que isso ocorre em nosso país. O caso mais clamoroso foi o de Vargas em 1954 – e a analogia procede, apesar da reação de muitos, que não viveram aqueles dias dramáticos, como este colunista viveu. Ainda que as versões sobre o atentado contra Lacerda capenguem no charco da dúvida, a orquestração dos meios de comunicação conservadores, alimentada por recursos forâneos – como documentos posteriores demonstraram – se concentrou em culpar o presidente Vargas.

Quando recordamos os fatos – que se repetiram em 1964, contra Jango – e vamos um pouco além das aparências, comprova-se que não era a cabeça de Vargas que os conspiradores estrangeiros e seus sequazes nacionais queriam. Eles queriam, como antes e depois, cortar as pernas do Brasil. Em 1954, era-lhes crucial impedir a concretização do projeto nacional do político missioneiro – que um de seus contemporâneos, conforme registra o mais recente biógrafo de Vargas, Lira Neto, considerava o mais mineiro dos gaúchos. Vargas, que sempre pensou com argúcia, e teve a razão nacional como o próprio sentido de viver, só encontrou uma forma de vencer os adversários, a de denunciar, com o suicídio, o complô contra o Brasil.

Os golpistas, que se instalaram no Catete com a figura minúscula de Café Filho, continuaram insistindo, mas foram outra vez derrotados em 11 de novembro de 1955. Hábil articulação entre Jango, Oswaldo Aranha e Tancredo, ainda nas ruas de São Borja, depois do sepultamento de Vargas, levara ao lançamento imediato da candidatura de Juscelino, preenchendo assim o vácuo de expectativa de poder que os conspiradores pró-ianques pretendiam ocupar. Juscelino não era Vargas, e mesmo que tivesse a mesma alma, não era assistido pelas mesmas circunstâncias e teve, como todos sabemos, que negociar. E deu outro passo efetivo na construção nacional do Brasil.

Os anos sessenta foram desastrosos para toda a América Latina. Em nosso caso, além do cerco norte-americano ao continente, agravado pelo espantalho da Revolução Cubana (que não seria ameaça alguma, se os ianques não houvessem sido tão açodados), tivemos um presidente paranóico, com ímpetos bonapartistas, mas sem a espada nem a inteligência de Napoleão, Jânio Quadros. Hoje está claro que seu gesto de 25 de agosto de 1961, por mais pensado tenha sido, não passou de delírio psicótico. A paranóia (razão lateral, segundo a etimologia), de acordo com os grandes psiquiatras, é a lucidez apodrecida.

Admitamos que Jango não teve o pulso que a ocasião reclamava. Ele poderia ter governado com o estado de sítio, como fizera Bernardes. Jango, no entanto, não contava – como contava o presidente de então – com a aquiescência de maioria parlamentar, nem com a feroz vigilância de seu conterrâneo, o Procurador Criminal da República, que se tornaria, depois, o exemplo do grande advogado e defensor dos direitos do fraco, o jurista Heráclito Sobral Pinto. Jango era um homem bom, acossado à direita pelos golpistas de sempre, e à esquerda pelo radicalismo infantil de alguns, estimulado pelos agentes provocadores. Tal como Vargas, ele temia que uma guerra civil levasse à intervenção militar estrangeira e ao esquartejamento do país.

Vozes sensatas do Brasil, começam a levantar-se contra a nova orquestração da direita, e na advertência necessária aos ministros do STF. Com todo o respeito à independência e ao saber dos membros do mais alto tribunal da República, é preciso que o braço da justiça não vá alem do perímetro de suas atribuições.

É um risco terrível admitir a velha doutrina (que pode ser encontrada já em Dante em seu ensaio sobre a monarquia) do domínio do fato. É claro que, ao admitir-se que José Dirceu tinha o domínio do fato, como chefe da Casa Civil, o próximo passo é encontrar quem, sobre ele, exercia domínio maior. Mas, nesse caso, e com o apelo surrado ao data venia, teremos que chamar o povo ao banco dos réus: ao eleger Lula por duas vezes, os brasileiros assumiram o domínio do fato.

Os meios de comunicação sofrem dois desvios à sua missão histórica de informar e formar opinião. Uma delas é a de seus acionistas, sobretudo depois que os jornais se tornaram empresas modernas e competitivas, e outra a dos próprios jornalistas. A profissão tem o seu charme, e muitos de nossos colegas se deixam seduzir pelo convívio com os poderosos e, naturalmente, pelos seus interesses.

O poder executivo, o parlamento e o poder judiciário estão sujeitos aos erros, à vaidade de seus titulares, aos preconceitos de classe e, em alguns casos, raros, mas inevitáveis, ao insistente, embora dissimulado, racismo residual da sociedade brasileira.

Lula, ao impor-se à vida política nacional, despertou a reação de classe dos abastados e o preconceito intelectual de alguns acadêmicos sôfregos em busca do poder. Ele cometeu erros, mas muito menos graves e danosos ao país do que os de seu antecessor. Os saldos de seu governo estão à vista de todos, com a diminuição da desigualdade secular, a presença brasileira no mundo e o retorno do sentimento de auto-estima do brasileiro, registrado nos governos de Vargas e de Juscelino.

É isso que ficará na História. O resto não passará de uma nota de pé de página, se merecer tanto.