Las multitudinarias protestas en las principales urbes del país vecino pusieron de manifiesto la necesidad del gobierno brasileño de realizar dos reformas que viene postergando hace tiempo, en pos de la necesaria “conciliación” con los factores de poder que garantizarían la “gobernabilidad”.
En primer lugar, una reforma política, capaz de terminar con el financiamiento privado de las campañas políticas que da origen a casos resonantes de corrupción como el mensalão de 2005, así como idónea para establecer una mayor vinculación entre las aspiraciones de la ciudadanía y el funcionamiento parlamentario. Desde el mencionado mensalão en 2005, con el propósito de garantizar la gobernabilidad, el gobierno Lula se vio obligado a ceder importantes ministerios al PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño). Sin embargo, este partido, de amplia representación parlamentaria, se beneficia de la continuidad del statu-quo y del esquema político de intercambios partidarios que incluyen fondos de origen oscuro. La reforma política forma parte de las aspiraciones del PT desde su llegada al gobierno en 2003. No obstante, su realización es impedida por las propias necesidades del gobierno de no entrar en tensión con el PMDB -que se resiste a la reforma- para sostener la integridad de su coalición política.
En segundo lugar, para contrarrestar el moralismo denuncista que adoptan frente al gobierno los grandes medios, sería necesario realizar una reforma comunicacional capaz de regular los medios de comunicación, ya que en Brasil, desde la dictadura brasileña, las principales revistas, periódicos, y canales de televisión se encuentran concentrados en manos de unas pocas familias. Esta reivindicación forma parte del programa histórico del PT. Sin embargo, el denominado por Venício Lima “coronelismo electrónico”, que supone la utilización por parte de las elites políticas regionales de las concesiones de radiodifusión y los medios -consolidado desde la gestión del conservador Ministro de Comunicaciones Antonio Magalhaes durante el gobierno Sarney- supone una red de intereses creados contra la cual resulta difícil avanzar.
La apelación a un plebiscito popular, donde la heterogeneidad de las reivindicaciones de las protestas pueda ser canalizada desde el gobierno brasileño en la aspiración de realizar una reforma política, podría suponer un avance en pos de reestructurar la conservadora configuración actual del orden político brasileño. Sin embargo, no será una apuesta fácil para el gobierno Dilma, que corre el riesgo de hacer crujir su coalición gubernamental.
Ariel Goldstein es Sociólogo (UBA). Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Iealc).
En primer lugar, una reforma política, capaz de terminar con el financiamiento privado de las campañas políticas que da origen a casos resonantes de corrupción como el mensalão de 2005, así como idónea para establecer una mayor vinculación entre las aspiraciones de la ciudadanía y el funcionamiento parlamentario. Desde el mencionado mensalão en 2005, con el propósito de garantizar la gobernabilidad, el gobierno Lula se vio obligado a ceder importantes ministerios al PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño). Sin embargo, este partido, de amplia representación parlamentaria, se beneficia de la continuidad del statu-quo y del esquema político de intercambios partidarios que incluyen fondos de origen oscuro. La reforma política forma parte de las aspiraciones del PT desde su llegada al gobierno en 2003. No obstante, su realización es impedida por las propias necesidades del gobierno de no entrar en tensión con el PMDB -que se resiste a la reforma- para sostener la integridad de su coalición política.
En segundo lugar, para contrarrestar el moralismo denuncista que adoptan frente al gobierno los grandes medios, sería necesario realizar una reforma comunicacional capaz de regular los medios de comunicación, ya que en Brasil, desde la dictadura brasileña, las principales revistas, periódicos, y canales de televisión se encuentran concentrados en manos de unas pocas familias. Esta reivindicación forma parte del programa histórico del PT. Sin embargo, el denominado por Venício Lima “coronelismo electrónico”, que supone la utilización por parte de las elites políticas regionales de las concesiones de radiodifusión y los medios -consolidado desde la gestión del conservador Ministro de Comunicaciones Antonio Magalhaes durante el gobierno Sarney- supone una red de intereses creados contra la cual resulta difícil avanzar.
La apelación a un plebiscito popular, donde la heterogeneidad de las reivindicaciones de las protestas pueda ser canalizada desde el gobierno brasileño en la aspiración de realizar una reforma política, podría suponer un avance en pos de reestructurar la conservadora configuración actual del orden político brasileño. Sin embargo, no será una apuesta fácil para el gobierno Dilma, que corre el riesgo de hacer crujir su coalición gubernamental.
Ariel Goldstein es Sociólogo (UBA). Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (Iealc).
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